Ley Aprobatoria del Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Venezuela y la República Portuguesa, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.340 Extraordinario de fecha 28 de noviembre de 1991, y en el Diário da República Portuguesa – I Série-A, nº 127 págs. 2651-2666.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
El Congreso de la República de Venezuela
Decreta
la siguiente,
LEY APROBATORIA DEL ACUERDO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA
ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere el Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Venezuela y la República Portuguesa, suscrito en Caracas, el 21 de julio de mil novecientos ochenta y nueve.
“CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA
El Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República Portuguesa:
Deseando promover el bienestar de las personas que se trasladen entre los dos países o que trabajen en los respectivos territorios;
Deseando garantizar que esa personas gocen de iguales derechos al amparo de las respectivas legislaciones de Seguridad Social o de Seguro social;
Decididos a asegurar a los trabajadores de cada uno de los dos países que ejerzan o hayan ejercido actividad en el otro país, la conservación de los derechos de Seguridad Social o de Seguro Social, adquiridos o en vía de adquisición;
Han acordado celebrar el siguiente Convenio
CAPÍTULO IDISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Definiciones
1. Los términos que se enumeran a continuación tienen a efecto de la aplicación del presente Convenio el siguiente significado:
a) “Territorio” se refiere:
i) Respecto de Portugal: al territorio de Portugal en el continente europeo y a los archipiélagos de Azores y Madeira;ii) Respecto de Venezuela: al territorio de la República de Venezuela;
b) “Legislación”: leyes, reglamentos y demás disposiciones citadas en el artículo 2, vigentes en los territorios, o parcelas territoriales, de una u otra Parte Contratante;
c) “Autoridad competente”: respecto de Portugal, el Ministerio del Empleo y Seguridad Social, o autoridad correspondiente; respecto de Venezuela, el Ministerio de Trabajo;
d) “Institución”: organismo o autoridad responsable de la aplicación de la legislación a que se refiere el artículo 2;
e) “Institución competente”: institución que debe entender en cada caso concreto, de conformidad con la legislación aplicable;
f) “Organismo de enlace”: organismo de coordinación entre entidades que intervengan en la aplicación del Convenio y de información a los interesados sobre derechos y obligaciones derivados del mismo;
g) “Trabajador”: toda persona que como consecuencia de realizar o haber realizado una actividad por cuenta propia o ajena está o ha estado sujeta a la legislación señalada en el artículo 2;
h) “Familiares”: se refiere a las personas definidas o admitidas como tales, o designadas como miembros del grupo familiar en la legislación aplicable por la institución competente encargada de la concesión de las prestaciones; pero, si esta legislación solamente considera como miembros del grupo familiar a las personas que viven con el asegurado bajo el mismo techo, tal condición, a los efectos del presente Convenio, será considerada satisfecha en el caso de que dichas personas están principalmente a cargo del asegurado;
i) “Periodo de seguro”: periodo de cotización o periodo asimilado considerado como tal por cada legislación;
j) “Prestaciones”: cualquier prestación en dinero prevista por las legislaciones mencionadas en el artículo 2, incluido todo complemento, suplemento o revalorización.
2. Cualquier otro término o expresión no definidos en el presente convenio tendrán el significado que les fuere asignado en la legislación aplicable.
Artículo 2. Campo de aplicación por la materia
1. El Presente Convenio se aplica a la legislación que regula:
A) En Venezuela: el régimen del Seguro Social en lo atinente a las prestaciones en caso de:
a) Incapacidad temporal;b) Incapacidad parcial o invalidez;c) Vejez;d) Sobrevivientes;e) Asignación por defunción
B) En Portugal:
a) El régimen general y los regímenes especiales de Seguridad Social relativos a las prestaciones de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, sobrevivientes y subsidio funerario;b) Las prestaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
2. De igual manera será aplicable a la legislación que complete o modifique las prestaciones o regímenes a que se refiere el numeral anterior.
Artículo 3. Campo de aplicación personal
1. Las disposiciones del presente Convenio se aplican a las personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de la Seguridad social, o Seguro Social, de una u otra Parte Contratante y, de igual manera, a sus familiares y sobrevivientes calificados.
2. Las personas que hayan estado sujetas a la legislación de la Seguridad social, o Seguro social, de una de las Partes Contratantes y que se residencien en el territorio de l a otra Parte podrán inscribirse en el seguro del régimen facultativo de este país en las mismas condiciones que sus nacionales, para lo cual se tomarán en cuenta, si fuese necesario, los periodos de seguro cumplidos bajo la legislación de la primera Parte.
Si la legislación prevé un determinado plazo para solicitar la inscripción de este seguro, el mismo comenzará a contarse a partir de la fecha de la última cotización efectuada en cualquiera de las Partes.
Artículo 4. Igualdad de trato
Los nacionales de una Parte Contratante disfrutarán de igualdad de trato respecto a los de la otra Parte en lo concerniente a los derechos y obligaciones derivados de las legislaciones expresadas en el artículo 2.
Artículo 5. Legislación aplicable
Los trabajadores ocupados en el territorio de una de las Partes Contratantes estarán sujetos a la legislación de Seguridad social de esa Parte.
Artículo 6. Legislación aplicable: excepciones.
Se exceptúan de la aplicación del artículo anterior los trabajadores siguientes:
a) El trabajador que preste servicios en el territorio de una de las Partes contratantes para una entidad patronal con sede en ella, y que sea enviado a realizar un trabajo temporal en el territorio de la otra Parte, sigue sujeto a la legislación de la primera Parte, siempre que la duración del trabajo no exceda de 24 meses. En caso de que dicho trabajo se prolongue más allá de los 24 meses, debido a alguna causa imprevisible, las autoridades competentes de ambas Partes, de común acuerdo, podrán autorizar la prórroga de esta situación para un nuevo periodo de un año;
b) El personal de tripulación de las empresas de transporte aéreo y navegación o pesca marítima sigue sujeto a la legislación de la Parte contratante en cuyo territorio se halla la sede o domicilio de la respectiva entidad patronal;
c) Los representantes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera se regirán por lo establecido en los Convenios de viene sobre Relaciones diplomáticas, del 18 de abril de 1961, y sobre Relaciones consulares, del 24 de abril de 1963;
d) Los funcionarios públicos de una Parte, no incluidos en la letra c) de éste artículo, que sean destinados al territorio de la otra Parte quedarán sometidos a la legislación de la Parte a la que pertenece la Administración de la cual dependen;
e) El personal administrativo y técnico de las embajadas y consulados de una de las Partes Contratantes, al igual que los miembros de su personal de servicio, así como los trabajadores domésticos que estén colocados al servicio exclusivo de los representantes diplomáticos o funcionarios consulares de carrera, cuando sean nacionales del Estado acreditante, podrán optar por la aplicación de la legislación de dicho Estado. Esta opción se ejercerá dentro de los tres primeros meses a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, según el caso, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de iniciación del trabajo en el territorio de la parte donde desarrollan su actividad.
Artículo 7. Prestaciones de residentes extranjeros
1. Las pensiones, subsidios, rentas e indemnizaciones adquiridas en virtud de la legislación de una Parte Contratante no estarán sujetas a reducción, modificación, suspensión o retención por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de la otra Parte.
2. Las prestaciones económicas debidas por una de las Partes Contratantes, en aplicación del presente convenio, se harán efectivas a los beneficiarios que residan en el territorio de la otra Parte o de un tercer país.
CAPÍTULO IIPRESTACIONES EN DINERO POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD
Artículo 8. Las prestaciones en dinero por enfermedad y maternidad estarán a cargo de la institución competente de la Parte cuya legislación sea aplicable al trabajador de acuerdo con los artículos 5 y 6 de este Convenio.
Para la concesión de las mismas se tendrá en cuenta, si es necesario, la totalización de periodos de seguro en la forma establecida en el artículo 9.
CAPÍTULO IIIPRESTACIONES DE INCAPACIDAD PARCIAL, INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVIENTES
Artículo 9. Totalización
Para la adquisición, conservación y recuperación del derecho a las prestaciones reguladas en este capítulo, cuando un trabajador haya estado sometido sucesiva o alternativamente a la legislación de las dos Partes Contratantes, los periodos de seguro cumplidos en virtud de la legislación de cada una de las Partes serán totalizadas cuando sea necesario y siempre que no coincidan.
Artículo 10. Regulación de prestación
El trabajador que haya estado sucesiva o alternativamente sometido a la legislación de una y otra Parte Contratante causará derecho a las prestaciones reguladas en este capítulo, en las condiciones siguientes:
1. Si se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de una o de ambas Partes Contratantes para causar derecho a las prestaciones, la institución o las instituciones competentes aplicarán su propia legislación interna teniendo en cuenta únicamente los periodos de seguro cumplidos bajo dicha legislación.
2. Si no se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de una o ambas Partes Contratantes para causar derecho a las prestaciones, la institución o las instituciones competentes totalizarán con los propios los periodos de seguro cumplidos bajo la legislación de la otra Parte.
Artículo 11. Calificación de periodos de seguro
A los fines de la totalización prevista en el artículo 10:
a) En el caso de que un periodo de seguro cumplido en un régimen obligatorio de una Parte se superponga con un periodo de seguro cumplido en un régimen voluntario de la otra Parte, únicamente será considerado el cumplimiento en un régimen obligatorio;
b) En el caso de que un mismo periodo fuere simultáneamente considerado como un periodo equivalente en la legislación de los dos países, únicamente será considerado por la Parte en la cual el asegurado haya cumplido un periodo obligatorio en último lugar, antes del periodo en cuestión; cuando el asegurado no haya cumplido periodos obligatorios anteriores en ninguna de las Partes el periodo equivalente será considerado por la Parte en la cual haya cumplido posteriormente, por primera vez, un periodo obligatorio;
c) Los periodos de seguro cumplidos en una de las Partes, bajo un régimen en relación al cual no se aplica el presente Convenio, pero que son tomadas en cuenta para un régimen de esa Parte en relación al cual se aplica dicho Convenio, deben ser considerados como periodos de seguro para efectos de la totalización por la otra Parte.
Artículo 12. Periodos de seguro en régimen especial
Cuando la legislación de una de las Partes Contratantes haga depender la concesión de las prestaciones de la condición de que los periodos de seguro hayan sido cumplidos en una profesión sujeta a un régimen especial, los periodos cumplidos bajo la legislación de la otra Parte únicamente serán tomados en cuenta para la concesión de esas prestaciones si dichos periodos han sido cumplidos bajo un régimen correspondiente o, en su defecto en la misma profesión. En el caso de que el asegurado no llene las condiciones exigidas para beneficiarse de las referidas prestaciones, aun totalizando los periodos así cumplidos bajo las legislaciones de ambos países, esos periodos serán tomados en cuenta para la concesión de las prestaciones del régimen general.
Artículo 13. Condiciones más favorables
Si la legislación de una Parte contratante establece condiciones más favorables para conceder prestaciones al trabajador que haya ejercido una actividad en medios insalubres o capaces de producir una vejez prematura, la institución de dicha Parte tendrá en cuenta los periodos de seguro acreditados en la otra Parte duran te el ejercicio de esa misma actividad y con los riesgos indicados.
Artículo 14. Periodos de seguro inferiores a un año
1. Si la duración total de los periodos de seguro cumplidos bajo la legislación de una Parte Contratante no llega a un año y si, teniendo en cuenta únicamente estos periodos, no se adquiere ningún derecho según su legislación, no estará obligada esta Parte a conceder prestaciones en razón de dichos periodos. Sin embargo, estos periodos serán tomados en consideración por la institución de la otra Parte para la adquisición del derecho a la persona cuando se aplique el artículo 10, aparte 2.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando existan periodos de seguro inferiores a un año, cumplidos bajo la legislación de ambas Partes, éstos deberán totalizarse de acuerdo con el artículo 10, aparte 2, si con dicha totalización se adquiere derecho a prestaciones bajo la legislación de una o de ambas Partes.
Artículo 15. Liquidación de prestaciones
1. La Parte Contratante que haya procedido a la totalización de los periodos de seguro procederá a la liquidación de las prestaciones a las cuales el interesado tenga derecho, bajo la respectiva legislación, de la siguiente forma:
a) Calculará previamente el monto teórico de la prestación a la que el interesado tendría derecho en el caso de que todos los periodos de seguro hubiesen sido cumplidos exclusivamente bajo la legislación aplicable por ella;
b) Fijará, seguidamente, la prestación a cancelar al interesado, deduciéndola del monto teórico calculado según se indica en el literal a), en la proporción de la duración de los periodos de seguro cumplidos bajo su propia legislación, relacionada con la duración total de los periodos de seguro cumplidos bajo las legislaciones de ambas Partes.
2. Cuando, en virtud de la legislación de una de las Partes Contratantes, el cálculo de las prestaciones debe ser efectuado con base en el salario prometido de todo o parte del periodo de seguro, dicho salario promedio será determinado de acuerdo a los salarios pagados durante el periodo de seguro cumplido bajo la legislación de la referida Parte.
3. Si la suma de las prestaciones a conceder por las instituciones de las Partes Contratantes es inferior al monto mínimo vigente en la Parte donde el interesado resida, la diferencia será soportada por la institución de esa última Parte.
Artículo 16. Cálculo de prestaciones
1. Para determinar la base de cálculo o reguladora de la prestación, cada institución competente aplicará su legislación.
2. Cuando todo o parte del periodo de cotización que ha de tomarse para el cálculo de la base reguladora de prestaciones se hubiera cumplido en Portugal, la institución competente de Venezuela determinará la pensión considerando que en dicho periodo las cotizaciones han sido efectuadas a razón del salario mínimo existente en Venezuela.
CAPÍTULO IVACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Artículo 17. Legislación aplicable
1. El derecho a las prestaciones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional será determinado por la legislación de la Parte Contratante a la que el trabajador se hallare sometido en la fecha de producirse el accidente o declararse la enfermedad, a menos que la enfermedad haya sido contraída en la otra Parte, en cuyo caso la prestación estará a cargo de ésta, de acuerdo con su legislación.
2. Si la persona no alcanzara derecho a prestaciones de enfermedad profesional al amparo de la legislación de la Parte que indica el párrafo anterior, sus derechos serán examinados por la otra Parte de acuerdo con su legislación, siempre que hubiese ejercido una actividad susceptible de provocar dicha enfermedad bajo la legislación de esta última Parte.
3. Cuando la legislación de una de las Partes subordine la concesión de las prestaciones de enfermedad profesional a la condición de que la enfermedad considerada haya sido comprobada por primera vez en su territorio, esta condición se considerará cumplida cuando la enfermedad haya sido comprobada por primera vez en el territorio de la otra Parte.
Artículo 18. Evaluación de accidentes anteriores
En el supuesto de que un trabajador hubiere sufrido un accidente de trabajo, o una enfermedad profesional, respecto de las cuales se aplicara la legislación de una de las Partes Contratantes y posteriormente sufriere otros accidentes de trabajo o enfermedad profesional respecto de las cuales ha de aplicarse ña legislación de la otra Parte Contratante, la Institución Competente de esta última Parte, a los efectos de determinar el grado de incapacidad de dicho trabajador, tendrá en cuenta el primer infortunio como si hubiera ocurrido bajo su legislación pero sólo asumirá el pago correspondiente a la incapacidad derivada del segundo infortunio.
Artículo 19. Agravación de Enfermedad
En caso de agravación de una enfermedad profesional que haya dado lugar a pensión según la legislación de una de las dos Partes Contratantes, cuando el beneficiario reside en el territorio de la otra, serán aplicables las siguientes re glas:
A) Si el trabajador no ha ejercido en el lugar de su nueva residencia una actividad susceptible de agravar esta enfermedad profesional, la institución de la primera Parte tomará a su cargo la agravación de la enfermedad en los términos de su propia legislación;
B) Si el trabajador ha ejercido en el lugar de su nueva residencia una actividad susceptible de agravar esta enfermedad profesional:
a) La institución de la primera Parte conservará a su cargo la prestación debida al trabajador en virtud de su propia legislación, como si la enfermedad no hubiera sufrido agravación;
b) La institución de la otra Parte donde el trabajador ha realizado en último lugar esa actividad tomará a su cargo la prestación correspondiente a la agravación. El importe de esta prestación se determinará de acuerdo con la legislación de esta última Parte como si la enfermedad se hubiera producido en su territorio y será igual a la diferencia entre el importe de la prestación debida al trabajador después de producirse la agravación y el que le hubiere correspondido antes de producirse dicha agravación.
CAPÍTULO VSUBSIDIO FUNERARIO O ASIGNACIÓN POR DEFUNCIÓN
Artículo 20. Legislación aplicable. Totalización
1. Los subsidios funerarios o asignaciones por defunción se regirán por la legislación que fuere aplicable al trabajador en la fecha del fallecimiento.
El reconocimiento y cálculo de la prestación se realizarán totalizando, si fuera necesario, los periodos de seguro cumplidos por el causante de la prestación bajo la legislación de la otra Parte, de acuerdo con el artículo 9.
2. En los casos de fallecimiento de un pensionado que lo fuera de ambas Partes Contratantes, el reconocimiento de la prestación se regulará por la legislación de la Parte en cuyo territorio residiera el pensionado en el momento de su fallecimiento.
3. Si el fallecimiento del pensionado tuviera lugar en un tercer país, la legislación aplicable, en el caso de que tuviera derecho a la prestación en ambas Partes Contratantes, sería la de la Parte donde figuró asegurado por última vez el trabajador.
CAPÍTULO VIDISPOSICIONES DIVERSAS
Artículo 21. Condiciones
Cuando, según la legislación de una de las Partes Contratantes, el disfrute de una prestación de la Seguridad Social o Seguro Social, o la obtención de ingresos de otra naturaleza, o la realización de una actividad lucrativa, produzcan efectos jurídicos sobre el derecho a una prestación, o sobre la afiliación al sistema de la Seguridad Social, o Seguro Social, estas situaciones tendrán efectos jurídicos aunque se produzcan o se hayan producido en el territorio de la otra Parte.
Artículo 22. Revalorización de prestaciones
Las prestaciones reconocidas por aplicación de las normas del capítulo II se revalorizarán con la misma periodicidad y en idéntica cuantía que las previstas en la respectiva legislación interna.
Sin embargo, cuando la cuantía de una pensión haya sido determinada bajo el régimen de prorrata previsto en el aparte 1 del artículo 15, el importe de la revalorización se efectuará mediante la aplicación de la misma regla de proporcionalidad citada en los mencionados aparte y artículo.
Artículo 23. Trámite de documentos
Las peticiones, declaraciones o recursos que deban presentarse, en determinado plazo, a las autoridades competentes e instituciones de una Parte Contratante tienen la misma validez cuando se presenten dentro del mismo plazo a las autoridades competentes e instituciones de la otra Parte.
En el acuerdo administrativo a que se refiere el artículo 27 se establecerán normas para la tramitación de los documentos.
Artículo 24. Beneficios de derechos, legalización y traducción de documentos
1. Los beneficios de exenciones o reducciones de tasas, timbre, derechos de secretaría o de registro u otros análogos previstos en la legislación de una de las Partes Contratantes para los certificados y documentos que se expidan en aplicación de la legislación de esa Parte se extenderán a los documentos y certificados que hayan de expedirse para la aplicación de la legislación de la otra Parte, o del presente convenio.
2. Todos los actos administrativos y documentos que se expidan en aplicación del presente Convenio serán dispensados de los requisitos de legalización o visado, pero serán traducidos por intérpretes públicos cuando cualquiera de las dos Partes lo considere necesario.
Artículo 25. Pago de prestaciones en moneda nacional
Las instituciones deudoras de prestaciones quedarán válidamente liberadas cuando efectúen el pago en la moneda de su país.
Artículo 26. Buenos oficios y colaboración
Las autoridades competentes e instituciones de ambas Partes se prestarán sus buenos oficios y la más amplia colaboración técnica y administrativa para la aplicación del presente convenio dentro del marco de su propia legislación.
Artículo 27. Acuerdos administrativos
Las autoridades competentes e instituciones de ambas Partes elaborarán conjuntamente acuerdos administrativos para la aplicación y ejecución del presente convenio.
Artículo 28. Medidas para el cumplimiento del Convenio
Las autoridades competentes de las dos Partes se comprometen a tomar las siguientes medidas para el debido cumplimiento del presente Convenio:
a) Designar a los organismos de enlace;b) Comunicar las medidas adoptadas internamente para la aplicación de este Convenio;c) Notificarse todas las disposiciones legislativas y reglamentarias que modifiquen las que se mencionan en el artículo 2.
Artículo 29. Comunicación directa
Para la debida aplicación y cumplimiento de este Convenio, las autoridades competentes, organismos de enlace e instituciones de las dos Partes se comunicarán directamente entre sí.
Artículo 30. Solución de controversias
Las diferencias que puedan surgir en la interpretación y aplicación del presente Convenio se resolverán en la medida de lo posible por las autoridades competentes de ambas Partes. Las controversias que subsistan serán resueltas por la vía diplomática.
CAPÍTULO VIIDISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Artículo 31. Periodos y contingencias anteriores
1. Los periodos de seguro cumplidos según la legislación de las Partes Contratantes antes de la fecha de vigencia del presente Convenio serán tomados en consideración para la determinación del derecho a las prestaciones que se reconozcan en virtud del mismo. No obstante, la institución de Venezuela n o computará periodos de seguro anteriores al 1º de enero de 1967.
2. La aplicación del presente Convenio otorgará derechos a prestaciones por contingencias acaecidas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. Sin embargo, el pago de las mismas no se hará con efecto retroactivo a dicha fecha.
Artículo 32. Coincidencia de periodos anteriores
No obstante lo dispuesto en el capítulo III del presente Convenio si coincidiesen periodos de seguro en ambas Partes Contratantes, efectuados antes de la entrada en vigor del Convenio, cada una de las Partes tomará en consideración los periodos cotizados según su legislación a efectos de la aplicación del artículo 10.
Artículo 33. Revisión de solicitudes anteriores
Las solicitudes de prestaciones que hayan sido examinadas por cada una de las Partes antes de la entrada en vigor del Convenio podrán ser revisadas a petición de los interesados con arreglo a lo dispuesto en el mismo.
Artículo 34. Entrada en vigor
El presente Convenio estará sujeto al cumplimiento de los requisitos constitucionales de cada una de las Partes para su entrada en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de la última comunicación.
Artículo 35. Duración
1. El presente convenio se establece por un año a partir de la fecha de su entrada en vigor y se prorrogará automáticamente de año en año, salvo denuncia que deberá ser notificada seis meses antes de la expiración del plazo.
2. En el supuesto de cesar la vigencia del Convenio, las disposiciones del mismo se seguirán aplicando a los derechos adquiridos bajo su amparo.
Igualmente, en este caso, las Partes Contratantes acordarán las disposiciones que garanticen los derechos en vías de adquisición derivados de los periodos de seguro cumplidos con anterioridad a la fecha de terminación del Convenio.
En fe de lo cual los abajo firmantes, en uso de sus plenas atribuciones, firman el presente convenio. Hecho en la ciudad de Caracas, a los 21 días del mes de julio de 1989, en dos ejemplares igualmente auténticos, cada uno de ellos, en castellano y portugués.”
Por el Gobierno de la República de Venezuela
MARISELA PADRÓN QUEROMinistra del Trabajo
Por el Gobierno de la República Portuguesa
JOSÉ ALBINO DA SILVA PENEDAMinistro del Empleo y de la Seguridad Social
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas a los tres días del mes de julio de mil novecientos noventa y uno, Años 181º de la Independencia y 132º de la Federación.
El PresidentePEDRO GARCIA MONTECINOS
El VicepresidenteLUIS ENRIQUE OBERTO G.
Los SecretariosJOSE RAFAEL QUIROZ SERRANOJOSE RAFAEL GARCÍA
Palacio de Miraflores, en Caracas a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno. Años 181º de la Independencia y 132º de la Federación.
Cúmplase(L.S.)CARLOS ANDRES PÉREZ
Refrendado
El Ministro de Relaciones ExterioresARMANDO DURÁNEl Ministro del TrabajoJESUS RUBÉN RODRIGUEZ
Decreto n.º 27/92Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República da Venezuela respectivo Acordo Administrativo de aplicação
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo único. São aprovados a Convenção sobre a Segurança Social entre a República Portuguesa e a República da Venezuela, assinada em Caracas em 21 de Julho de 1989, para ratificação, e o Acordo Administrativo para aplicação da referida Convenção, assinado em Lisboa em 5 de Março de 1990, cujos textos originais, nas línguas portuguesa e castelhana, seguem em anexo ao presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 5 de Março de 1992. - Aníbal António Cavaco Silva - João de Deus Rogado Salvador Pinheiro - José Albino da Silva Peneda.
Ratificado em 9 de Abril de 1992.Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 11 de Abril de 1992.O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.
CONVENÇÃO SOBRE SEGURANÇA SOCIAL ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA DA VENEZUELA
O Governo da República Portuguesa e o Governo da República da Venezuela:Desejando promover o bem-estar das pessoas que se desloquem entre os dois países ou que trabalhem nos respectivos territórios;
Desejando garantir que essas pessoas gozem de iguais direitos ao abrigo das respectivas legislações de segurança social ou de seguro social;
Decididos a assegurar aos trabalhadores de cada um dos países que exerçam ou tenham exercido actividade no outro país a conservação dos direitos de segurança social ou de seguro social, adquiridos ou em vias de aquisição;
acordaram em celebrar a seguinte Convenção:
CAPÍTULO IDisposições gerais
Artigo 1.º Definições
1 - Os termos que a seguir se enumeram têm, para efeitos da aplicação da presente Convenção, o seguinte significado:a) «Território» designa:i) Relativamente a Portugal - o território de Portugal no continente europeu e os arquipélagos dos Açores e da Madeira;ii) Relativamente à Venezuela - o território da República da Venezuela;b) «Legislação» - leis, regulamentos e outras disposições citadas no artigo 2.º, vigentes nos territórios, ou parcelas territoriais, de uma ou outra Parte Contratante;c) «Autoridade competente» - relativamente a Portugal, o Ministério do Emprego e da Segurança Social, ou a autoridade correspondente; relativamente à Venezuela, o Ministério do Trabalho;d) «Instituição» - organismo ou autoridade responsável pela aplicação da legislação a que se refere o artigo 2.º;e) «Instituição competente» - instituição que deve emitir parecer, em cada caso concreto, de acordo com a legislação aplicável;f) «Organismo de ligação» - organismo de coordenação entre entidades que intervenham na aplicação da Convenção e na informação aos interessados sobre os direitos e as obrigações decorrentes da mesma:g) «Trabalhador» - qualquer pessoa que em consequência de exercer ou ter exercido uma actividade por conta própria ou por conta de outrem esteja, ou tenha estado abrangida, pela legislação mencionada no artigo 2.º;h) «Familiares» - designa as pessoas consideradas como tais, ou definidas como membros do agregado familiar pela legislação aplicável pela instituição competente encarregada da concessão dasprestações; todavia, se esta legislação apenas considerar como membros do agregado familiar as pessoas que vivem em comunhão de mesa e habitação com o segurado, esta condição, para efeitos da presente Convenção, considera-se cumprida quando essas pessoas estiverem de modo principal a cargo do segurado;i) «Período de seguro» - período de contribuição ou período equivalente considerado como tal por cada uma das legislações;j) «Prestações» - qualquer prestação pecuniária prevista pelas legislações mencionadas no artigo 2.º, incluindo quaisquer complementos, suplementos ou actualizações.2 - Qualquer outro termo ou expressão não definidos na presente Convenção terão o significado que lhes for atribuído pela legislação aplicável.
Artigo 2.º Campo de aplicação material
1 - A presente Convenção aplica-se à legislação que regula:A) Na Venezuela - o regime de seguro social relativo às prestações de:a) Incapacidade temporária;b) Incapacidade parcial ou invalidez;c) Velhice;d) Sobrevivência;e) Prestação por morte;B) Em Portugal:a) O regime geral e os regimes especiais de segurança social relativos às prestações de doença e maternidade, invalidez, velhice, sobrevivência e subsídio de funeral;b) Às prestações de acidentes de trabalho e doenças profissionais.2 - De igual forma será aplicável à legislação que complete ou modifique as prestações ou regimes a que se refere o número anterior.
Artigo 3.º Campo de aplicação pessoal
1 - As disposições da presente Convenção são aplicáveis às pessoas que estejam ou tenham estado abrangidas pela legislação de segurança social, ou seguro social, de uma ou outra Parte Contratante, bem como aos seus familiares e sobreviventes qualificados.2 - As pessoas que tenham estado abrangidas pela legislação de segurança social, ou seguro social, de uma das Partes Contratantes e que transfiram a sua residência para o território da outra Parte poderão inscrever-se no seguro de regime facultativo deste país nas mesmas condições que os seus nacionais, para o que serão tomados em consideração, se necessário, os períodos de seguro cumpridos ao abrigo da legislação da primeira Parte.Se a legislação prevê um determinado prazo para se requerer a inscrição neste seguro, o mesmo começará a contar a partir da data da última contribuição efectuada em qualquer das Partes.
Artigo 4.º Igualdade de tratamento
Os nacionais de uma Parte Contratante beneficiarão de igualdade de tratamento em relação aos da outra Parte, no que respeita aos direitos e obrigações decorrentes das legislações mencionadas no artigo 2.º
Artigo 5.º Legislação aplicável
Os trabalhadores ocupados no território de uma das Partes Contratantes estarão sujeitos à legislação de segurança social dessa Parte.
Artigo 6.º Legislação aplicável: excepções
Exceptuam-se da aplicação do artigo anterior os seguintes trabalhadores:a) O trabalhador que preste serviço no território de uma das Partes Contratantes para uma entidade patronal com sede nessa mesma Parte e que seja enviado para exercer um trabalho temporário no território da outra Parte continua sujeito à legislação da primeira Parte, desde que a duração do trabalho não exceda 24 meses. No caso de o referido trabalho se prolongar para além dos 24 meses, por motivo imprevisível, as autoridades competentes de ambas as Partes, de comum acordo, poderão autorizar a prorrogação dessa situação por um novo período de um ano;b) O pessoal de tripulação das empresas de transporte aéreo e navegação ou pesca marítima continua abrangido pela legislação da Parte Contratante em cujo território se encontra a sede ou domicílio da respectiva entidade patronal;c) Os representantes diplomáticos e funcionários consulares de carreira reger-se-ão pelo estabelecido nas Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 18 de Abril de 1961, e sobre Relações Consulares, de 24 de Abril de 1963;d) Os funcionários públicos de uma Parte, não incluídos na alínea c) deste artigo, que prestem serviço no território da outra Parte permanecerão abrangidos pela legislação da Parte a que pertence a Administração da qual dependem;e) O pessoal administrativo e técnico das embaixadas e consulados de uma das Partes Contratantes, bem como o pessoal ao seu serviço e os trabalhadores domésticos que estejam colocados ao serviço exclusivo dos representantes diplomáticos ou funcionários consulares de carreira, quando sejam nacionais do Estado acreditante, poderão optar pela aplicação da legislação do referido Estado. Esta opção exercer-se-á nos três primeiros meses a partir da entrada em vigor da presente Convenção, ou, conforme o caso, nos três meses seguintes à data de início do trabalho no território da Parte onde exercem a sua actividade.
Artigo 7.º Prestações de residentes estrangeiros
1 - As pensões, subsídios, rendas e indemnizações adquiridos ao abrigo da legislação de uma Parte Contratante não estarão sujeitos a redução, modificação, suspensão ou retenção pelo facto de o beneficiário residir no território da outra Parte.2 - As prestações pecuniárias devidas por uma das Partes Contratantes, por aplicação da presente Convenção, serão pagas aos beneficiários que residam no território da outra Parte ou em terceiro país.
CAPÍTULO IIPrestações pecuniárias por doença e maternidade
Artigo 8.º
As prestações pecuniárias por doença e maternidade estarão a cargo da instituição competente da Parte cuja legislação seja aplicável ao trabalhador, em conformidade com os artigos 5.º e 6.º da presente Convenção.Para a concessão das mesmas ter-se-á em conta, se necessário, a totalização dos períodos de seguro conforme é estabelecido no artigo 9.º
CAPÍTULO IIIPrestações por incapacidade parcial, invalidez, velhice e sobrevivência
Artigo 9.º Totalização
Para aquisição, manutenção e recuperação do direito às prestações reguladas no presente capítulo, quando um trabalhador tenha estado abrangido sucessiva ou alternadamente pela legislação das duas Partes Contratantes, os períodos de seguros cumpridos por força da legislação de cada uma das Partes serão totalizados, quando necessário e sempre que não se sobreponham.
Artigo 10.º Direito às prestações
O trabalhador que tenha estado sucessiva ou alternadamente abrangido pela legislação de uma e outra Parte Contratante abrirá direito às prestações reguladas no presente capítulo, nas condições seguintes:
1) Se estiverem cumpridas as condições exigidas pela legislação de uma ou de ambas as Partes Contratantes para abertura do direito às prestações, a instituição ou as instituições competentes aplicarão a sua própria legislação interna tomando em consideração apenas os períodos de seguro cumpridos ao abrigo dessa mesma legislação;2) Se não estiverem cumpridas as condições exigidas pela legislação de uma ou de ambas as Partes Contratantes para a abertura do direito às prestações, a instituição ou as instituições competentes totalizarão com os seus próprios períodos de seguro os períodos cumpridos ao abrigo da legislação da outra Parte.
Artigo 11.º Períodos de seguro a tomar em consideração
Para efeitos da totalização prevista no artigo 10.º:a) No caso de um período de seguro cumprido num regime obrigatório de uma Parte Contratante se sobrepor a um período de seguro cumprido num regime voluntário da outra Parte, apenas será tomado em consideração o período cumprido no regime obrigatório;b) No caso de um mesmo período ser simultaneamente considerado como período equivalente ao abrigo da legislação dos dois países, apenas será tomado em conta pela Parte ao abrigo de cuja legislação tenha sido cumprido um período obrigatório em último lugar, antes do período em questão; quando o segurado não tiver cumprido períodos obrigatórios anteriores em nenhuma das Partes, o período equivalente será tomado em consideração pela Parte em que tenha cumprido posteriormente, pela primeira vez, um período obrigatório;c) Os períodos de seguro cumpridos numa das Partes, ao abrigo de um regime em relação ao qual não se aplique a presente Convenção, mas que são tomados em consideração para um regime dessa Parte em relação ao qual se aplica a referida Convenção, devem ser tomados em consideração como períodos de seguro, para efeitos de totalizarão, pela outra Parte.
Artigo 12.º Períodos de seguro em regime especial
Quando a legislação de uma das Partes Contratantes fizer depender a concessão das prestações da condição de os períodos de seguro terem sido cumpridos numa profissão abrangida por um regime especial, os períodos cumpridos ao abrigo da legislação da outra Parte apenas serão tomados em consideração para a concessão dessas prestações se os referidos períodos tiverem sido cumpridos ao abrigo de um regime correspondente ou, na sua falta, na mesma profissão. No caso de o segurado não preencher as condições exigidas para beneficiar das referidas prestações, ainda que totalizando os períodos assim cumpridos ao abrigo das legislações de ambos os países, esses períodos serão tomados em consideração para a concessão das prestações do regime geral.
Artigo 13.º Condições mais favoráveis
Se a legislação de uma Parte Contratante estabelecer condições mais favoráveis para a concessão de prestações ao trabalhador que tenha exercido uma actividade em meios insalubres ou susceptíveis de causar velhice prematura, a instituição da referida Parte tomará em consideração os períodos de seguro cumpridos na outra Parte durante o exercício dessa mesma actividade e com os riscos mencionados.
Artigo 14.º Períodos de seguro inferiores a um ano
1 - Se o total dos períodos de seguro cumpridos ao abrigo da legislação de uma Parte Contratante for inferior a um ano e se, tomando em consideração apenas esses períodos, não houver lugar à abertura de direito ao abrigo dessa legislação, essa Parte não será obrigada a conceder prestações pelos referidos períodos. No entanto, aqueles períodos serão tomados em consideração pela instituição da outra Parte para abertura do direito à pensão quando o n.º 2 do artigo 10.º for aplicável.2 - Não obstante o disposto no parágrafo anterior, quando existam períodos de seguro inferiores a um ano cumpridos ao abrigo da legislação de ambas as Partes, estes deverão ser totalizados em conformidade com o n.º 2 do artigo 10.º se mediante a referida totalização houver lugar à abertura de direito a prestações ao abrigo da legislação de uma ou de ambas as Partes.
Artigo 15.º Liquidação de prestações
1 - A Parte Contratante que tenha procedido à totalizarão dos períodos de seguro procederá à liquidação das prestações a que o interessado tenha direito ao abrigo da respectiva legislação, do modo seguinte:a) Calculará previamente o montante teórico da prestação à qual o interessado teria direito como se todos os períodos de seguro tivessem sido cumpridos exclusivamente ao abrigo da legislação por ela aplicável;b) Determinará, seguidamente, a prestação a conceder ao interessado reduzindo o montante teórico calculado como se indica na alínea a), na proporção da duração dos período de seguro cumpridos ao abrigo da sua própria legislação, relativamente ao total dos períodos de seguro cumpridos ao abrigo das legislações de ambas as Partes.2 - Quando, por força da legislação de uma das Partes Contratantes, o cálculo das prestações deva ser efectuado com base no salário médio de todo ou parte do período de seguro, o referido salário médio será determinado em conformidade com os salários recebidos durante o período de seguro cumprido ao abrigo da legislação da referida Parte.3 - Se a soma das prestações a conceder pelas instituições das Partes Contratantes for inferior ao montante mínimo vigente na Parte onde o interessado resida, a diferença será suportada pela instituição dessa última Parte.
Artigo 16.º Cálculo de prestações
1 - Para determinar a base de cálculo ou reguladora da prestação, cada instituição competente aplicará a sua legislação.2 - Quando o período de contribuição a tomar em consideração para o cálculo da base reguladora de prestações tiver sido total ou parcialmente cumprido em Portugal, a instituição competente da Venezuela determinará a pensão considerando que no referido período as contribuições foram efectuadas com base no salário mínimo da Venezuela.
CAPÍTULO IVAcidentes de trabalho e doenças profissionais
Artigo 17.º Legislação aplicável
1 - O direito às prestações por acidente de trabalho ou doença profissional será determinado pela legislação da Parte Contratante pela qual o trabalhador se encontra abrangido à data em que ocorreu o acidente ou em que se declarou a doença, a menos que a doença tenha sido contraída na outra Parte, e neste caso a prestação ficará a cargo desta, em conformidade com a sua legislação.2 - Se a pessoa não tiver direito a prestações por doença profissional ao abrigo da legislação da Parte mencionada no número anterior, os seus direitos serão analisados pela outra Parte em conformidade com a sua legislação, sempre que a pessoa em causa tenha exercido uma actividade susceptível de provocar a referida doença, ao abrigo da legislação desta última Parte.3 - Quando a legislação de uma das Partes subordina a concessão das prestações por doença profissional à condição de que a doença considerada tenha sido comprovada pela primeira vez no seu território, esta condição considerar-se-á cumprida quando a doença tiver sido comprovada pela primeira vez no território da outra Parte.
Artigo 18.º Avaliação de acidentes anteriores
No caso de um trabalhador ter sofrido um acidente de trabalho ou uma doença profissional abrangidos pela legislação de uma das Partes Contratantes e posteriormente tiver sofrido outro acidente de trabalho ou doença profissional abrangidos pela legislação da outra Parte Contratante, a instituição competente desta última Parte, para efeitos de determinar o grau de incapacidade do referido trabalhador, tomará em consideração a primeira eventualidade como se tivesse ocorrido ao abrigo da sua legislação assegurando apenas o pagamento correspondente à incapacidade decorrente da segunda eventualidade.
Artigo 19.º Agravamento de doença
No caso de agravamento de uma doença profissional que tenha dado lugar a pensão em conformidade com a legislação de uma das Partes Contratantes, quando o beneficiário reside no território da outra Parte, serão aplicadas as normas seguintes:A) Se o trabalhador não tiver exercido no lugar da sua nova residência uma actividade susceptível de agravar esta doença profissional, a instituição da primeira Parte tomará a seu cargo o agravamento da doença nos termos da sua própria legislação;B) Se o trabalhador tiver exercido no lugar da sua nova residência uma actividade susceptível de agravar esta doença profissional:a) A instituição da primeira Parte tomará a seu cargo a prestação devida ao trabalhador por força da sua própria legislação, como se a doença não tivesse sofrido agravamento;b) A instituição da outra Parte onde o trabalhador tenha exercido em último lugar essa actividade tomará a seu cargo a prestação correspondente ao agravamento. A importância desta prestação será determinada em conformidade com a legislação desta última Parte como se a doença tivesse ocorrido no seu território e será igual à diferença entre a importância da prestação devida ao trabalhador depois de ocorrido o agravamento e a que lhe deveria ter correspondido antes do referido agravamento.
CAPÍTULO VSubsídio de funeral ou prestação por morte
Artigo 20.º Legislação aplicável. Totalização
1 - Os subsídios de funeral ou prestações por morte são regulados pela legislação que era aplicável ao trabalhador à data da morte.O deferimento e cálculo da prestação será efectuado totalizando, se for necessário, os períodos de seguro cumpridos pelo segurado ao abrigo da legislação da outra Parte, em conformidade com o artigo 9.º2 - Nos casos se morte de um pensionista de ambas as Partes Contratantes o deferimento da prestação será regulado pela legislação da Parte em cujo território o pensionista residia aquando da sua morte.3 - Se a morte do pensionista tiver ocorrido em terceiro país, a legislação aplicável, no caso de abrir direito a prestação em ambas as Partes Contratantes, será a da Parte onde o trabalhador esteve segurado em último lugar.
CAPÍTULO VIDisposições diversas
Artigo 21.º Condições
Quando, em conformidade com a legislação de uma das Partes Contratantes, o benefício de uma prestação de segurança social ouseguro social, ou a obtenção de benefícios de outra natureza, ou o exercício de uma actividade lucrativa produzirem efeitos jurídicos sobre o direito a uma prestação, ou sobre a inscrição no sistema de segurança social ou seguro social, estas situações terão efeitos jurídicos, ainda que ocorram ou tenham ocorrido no território da outra Parte.
Artigo 22.º Actualização de prestações
As prestações concedidas por aplicação das normas do capítulo II serão actualizadas com a mesma periodicidade e no mesmo montante previstos na respectiva legislação interna.Todavia, quando o montante de uma pensão tiver sido determinada segundo o regime da proporcionalidade previsto no n.º 1 do artigo 15.º, o montante da actualização será calculado mediante a aplicação da regra de proporcionalidade citada nos referidos número e artigo.
Artigo 23.º Tramitação de documentos
Os requerimentos, declarações ou recursos que devam ser apresentados, em determinado prazo, às autoridades competentes e instituições de uma Parte Contratante têm a mesma validade quando apresentados dentro do mesmo prazo às autoridades competentes e instituições da outra Parte.No acordo administrativo a que se refere o artigo 27.º serão estabelecidas normas para a tramitação dos documentos.
Artigo 24.º Isenção de pagamentos, legalização e tradução de documentos
1 - As isenções ou reduções de taxas, selo, emolumentos de secretaria ou de registo e outros análogos previstos na legislação de uma das Partes Contratantes para os certificados e documentos emitidos por força da aplicação da legislação dessa Parte serão extensivos aos documentos e certificados emitidos por força da aplicação da legislação da outra Parte ou da presente Convenção.2 - Todos os actos administrativos e documentos emitidos por aplicação da presente Convenção serão dispensados dos requisitos de legalização ou visto, mas serão traduzidos por intérpretes oficiais quando qualquer das Partes o considere necessário.
Artigo 25.º Pagamento de prestações em moeda nacional
As instituições devedoras de prestações desonerar-se-ão delas validamente quando efectuem o pagamento em moeda do seu país.
Artigo 26.º Ajuda mútua e colaboração
As autoridades competentes e instituições de ambas as Partes prestarão mutuamente os seus bons ofícios e a mais ampla colaboração técnica e administrativa para a aplicação da presente Convenção dentro dos limites da sua própria legislação.
Artigo 27.º Acordos administrativos
As autoridades competentes e instituições de ambas as Partes elaborarão conjuntamente acordos administrativos para a aplicação e execução da presente Convenção.
Artigo 28.º Medidas para o cumprimento da Convenção
As autoridades competentes das duas Partes comprometem-se a tomar as seguintes medidas para o devido cumprimento da presente Convenção:a) Designar os organismos de ligação;b) Informar mutuamente sobre as medidas adoptadas internamente para aplicação da presente Convenção;c) Comunicar mutuamente todas as disposições legislativas e regulamentares que modifiquem as que se mencionam no artigo 2.º
Artigo 29.º Comunicação directa
Para a devida aplicação e cumprimento da presente Convenção, as autoridades competentes, organismos de ligação e instituições das duas Partes comunicarão directamente entre si.
Artigo 30.º Solução de diferendos
Os diferendos que possam surgir na interpretação e aplicação da presente Convenção serão resolvidos na medida do possível pelas autoridades competentes de ambas as Partes. Os diferendos que subsistam serão resolvidos por via diplomática.
CAPÍTULO VIIDisposições transitórias e finais
Artigo 31.º Períodos e ocorrências anteriores
1 - Os períodos de seguro cumpridas ao abrigo da legislação das Partes Contratantes antes da data da entrada em vigor da presente Convenção serão tomados em consideração para determinação do direito às prestações reconhecidas por força da mesma. Contudo, a instituição da Venezuela não tomará em consideração os períodos de seguro anteriores a 1 de Janeiro de 1967.2 - A aplicação da presente Convenção abrirá direito a prestações relativas a ocorrências anteriores à data da sua entrada em vigor. Contudo, não haverá pagamento das mesmas retroactivamente à referida data.
Artigo 32.º Sobreposição de períodos anteriores
Não obstante o disposto no capítulo III da presente Convenção, se em ambas as Partes Contratantes houver sobreposição de períodos de seguro efectuados antes da entrada em vigor da presente Convenção, cada uma das Partes tomará em consideração os períodos de contribuição em conformidade com a sua legislação, para efeitos de aplicação do artigo 10.º
Artigo 33.º Revisão de requerimentos anteriores
Os requerimentos de prestações que tenham sido analisados por cada uma das Partes antes da entrada em vigor da presente Convenção poderão a pedido dos interessados ser revistos, em conformidade com o disposto na mesma Convenção.
Artigo 34.º Entrada em vigor
A presente Convenção estará sujeita ao cumprimento das disposições constitucionais de cada uma das Partes para a sua entrada em vigor. Para o efeito, cada uma das Partes comunicará à outra o cumprimento das suas próprias disposições.A Convenção entrará em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte à data da última comunicação.
Artigo 35.º Duração
1 - A presente Convenção terá a duração de um ano a partir da data da sua entrada em vigor e será renovada automaticamente por períodos de um ano, salvo denúncia, que deverá ser notificada seis meses antes de expirar o prazo.2 - No caso de cessar a vigência da Convenção, as disposições da mesma continuarão a ser aplicadas aos direitos adquiridos nos termos da mesma Convenção.Igualmente, neste caso, as Partes Contratantes acordarão as disposições que garantam os direitos em vias de aquisição decorrentes dos períodos de seguro cumpridos anteriormente à data em que expira a Convenção.
Em fé do que os abaixo assinados, no uso das suas plenas atribuições, assinam a presente Convenção, feita na cidade de Caracas, aos 21 dias do mês de Julho do ano de 1989, em dois exemplares, em português e em castelhano, fazendo ambos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:José Albino da Silva Peneda, Ministro do Emprego e da Segurança Social.
Pelo Governo da República da Venezuela:Marisela Padrón Quero, Ministra do Trabalho.
ACORDO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO SOBRE SEGURANÇA SOCIAL ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA DA VENEZUELA.
Para efeitos da aplicação da Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República da Venezuela, as autoridades competentes das Partes Contratantes celebraram o seguinte Acordo Administrativo:
CAPÍTULO IDisposições gerais
Artigo 1.º
Para efeitos da aplicação do presente Acordo Administrativo:1) O termo «Convenção» designa a Convenção sobre Segurança Social entre a República da Venezuela e a República Portuguesa;2) O termo «Acordo» designa o presente Acordo;3) Os termos definidos no artigo 1.º da Convenção tem o mesmo significado do presente Acordo.
Artigo 2.º
1 - Os organismos de ligação a que se refere o artigo 28.º da Convenção são os seguintes:a) Em Portugal - o Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social;b) Na Venezuela - o Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.2 - As autoridades competentes comunicarão entre si qualquer alteração na designação dos organismos de ligação.3 - Os organismos de ligação designados no n.º 1 deste artigo estabelecerão os formulários e documentos necessários para aplicação da Convenção e do presente Acordo Administrativo nas matérias da sua competência.
Artigo 3.º
1 - Nos casos a que se refere o artigo 6.º, alínea a), da Convenção, a instituição competente da Parte cuja legislação continua a ser aplicável enviará, a pedido da entidade patronal, um certificado de destacamento comprovando até que data o trabalhador continua sujeito à legislação dessa Parte.O pedido deverá ser formulado antes do destacamento do interessado ou dentro dos 30 dias subsequentes.O referido certificado constituirá a prova de que o mencionado trabalhador ficará isento de vinculação obrigatória à legislação de segurança social da outra Parte.2 - O pedido de autorização de prorrogação previsto no artigo 6.º, alínea a), da Convenção deverá ser formulado pela entidade patronal antes do termo do período de dois anos referido naquele artigo. O pedido será dirigido à autoridade competente da Parte em cujo território o trabalhador esteja segurado, que decidirá sobre a prorrogação, de comum acordo com a autoridade competente da Parte onde se efectua o destacamento.3 - Se o trabalhador a que se refere o artigo 6.º, alínea a), da Convenção estiver já a prestar serviço no território da Parte para onde foi destacado na data de entrada em vigor da Convenção, o período de dois anos contar-se-á a partir desta data.4 - Nos casos a que se refere o artigo 6.º, alínea e), da Convenção, o trabalhador que exerça o direito de opção dará conhecimento à instituição competente da Parte por cuja legislação optou através da sua entidade patronal. Esta instituição comunicará imediatamente tal facto à instituição da outra Parte.
CAPÍTULO IIPrestações pecuniárias por doença e maternidade
Artigo 4.º
Quando a instituição competente de uma das Partes deva aplicar a totalização de períodos de seguro prevista no artigo 8.º da Convenção, para efeitos da concessão de prestações pecuniárias por doença e maternidade, solicitará à instituição competente da outra Parte um certificado dos períodos de seguro cumpridos ao abrigo da sua legislação, no formulário estabelecido para o efeito.
CAPÍTULO IIIPrestações por velhice, invalidez ou incapacidade parcial, morte e sobrevivência
Artigo 5.º
1 - Os pedidos de prestações por velhice, invalidez ou incapacidade parcial e sobrevivência, por exercício de actividades numa ou em ambas as Partes Contratantes, deverão ser apresentados junto da instituição competente do lugar da residência do requerente, em conformidade com a legislação aplicável por essa instituição.2 - Se o requerente residir no território de um terceiro País, deverá dirigir-se à instituição competente da Parte Contratante ao abrigo de cuja legislação o próprio, ou a pessoa da qual deriva o direito, tenha estado segurada em último lugar.3 - Quando a instituição que tiver recebido o pedido não for a competente para instruir o processo, remetê-lo-á imediatamente, juntando toda a documentação, à instituição competente, através dos organismos de ligação.4 - Quando no pedido de prestação apenas forem indicadas actividades abrangidas pelas disposições legais de uma das Partes e o mesmo for apresentado na instituição da outra Parte, esta remetê-lo-á imediatamente à instituição competente da primeira Parte, através dos organismos de ligação.
Artigo 6.º
1 - Para a instrução dos pedidos de prestações por velhice, invalidez ou incapacidade parcial e sobrevivência apresentados ao abrigo da Convenção, as instituições competentes da Venezuela e de Portugal utilizarão um formulário de ligação estabelecido para o efeito.2 - Quando se tratar de pedidos de prestações por invalidez ou incapacidade parcial, a documentação será enviada com um parecer médico onde deverão constar as causas da incapacidade do interessado e a probabilidade de recuperação.A informação médica deverá ser emitida ou certificada pelos serviços médicos da segurança social portuguesa ou pelo Instituto Venezolano de los Seguros Sociales na Venezuela.
Artigo 7.º
1 - A instituição que tiver a seu cargo a instrução do processo fará constar os dados necessários no formulário de ligação a que se refere o artigo anterior e enviará dois exemplares do mesmo à instituição competente da outra Parte com a maior brevidade possível.2 - A pedido da instituição que tiver a seu cargo a instrução do processo e para efeitos da aplicação do n.º 2 do artigo 10.º da Convenção, a instituição competente da outra Parte devolverá um exemplar do formulário de ligação no qual se certificarão os períodos de seguro cumpridos ao abrigo da sua legislação.3 - O envio do formulário de ligação substitui o envio dos documentos justificativos dos dados nele indicados. A instituição que o recebe poderá, todavia, solicitar o envio de qualquer dos referidos documentos.4 - A instituição ou instituições competentes comunicarão aos interessados as decisões adoptadas e a vias e prazos de recurso de que dispõem, de acordo com a respectiva legislação.5 - Das decisões adoptadas sobre um processo em curso serão enviadas cópias à instituição competente da outra Parte.
CAPÍTULO IVPrestações por acidente de trabalho e doença profissional
Artigo 8.º
Em caso de pedido de prestações por acidente de trabalho ou doença profissional, aplicar-se-á por analogia o disposto no artigo 5.º do presente Acordo.Em relação a Portugal, a Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais é designada como instituição competente e instituição do lugar de residência para efeitos da aplicação do presente capítulo e do capítulo IV da Convenção.
Artigo 9.º
Para efeitos da aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 17.º da Convenção, a instituição competente da Parte que tenha indeferido o pedido de prestação por doença profissional remeterá adocumentação e cópia da sua decisão à instituição competente da outra Parte.
CAPÍTULO VDisposições diversas
Artigo 10.º
As instituições competentes de ambas as Partes Contratantes poderão solicitar entre si, a qualquer momento, pareceres médicos ou comprovações de factos e actos susceptíveis de produzir a modificação, suspensão, extinção ou a manutenção dos direitos ou prestações por elas reconhecidos. As despesas daí resultantes serão suportadas pela instituição competente que solicitou o parecer ou a comprovação, segundo as tarifas oficiais da instituição que realizar o parecer médico, ou segundo o correspondente montante efectivo, no caso de o parecer médico ou a acção ter sido realizada com meios alheios à segurança social, em Portugal, ou ao Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, na Venezuela. O pagamento será efectuado logo que se recebam os documentos justificativos daquelas despesas.
Artigo 11.º
Os organismos de ligação de ambas as Partes comunicarão entre si os dados estatísticos disponíveis relativos aos pagamentos de prestações efectuados aos beneficiários durante cada ano civil, em aplicação da Convenção. Os referidos dados conterão o número de beneficiários e o valor total das prestações.
Artigo 12.º
As prestações serão pagas directamente aos beneficiários pela instituição competente.Não obstante, poder-se-á acordar, se tal for julgado mais conveniente, que o pagamento das pensões de uma Parte seja efectuado através do organismo de ligação da Parte em que resida o beneficiário.
Artigo 13.º
A pedido de qualquer das Partes, poderá reunir-se uma comissão mista presidida pelas autoridades competentes, com a finalidade de examinar as questões que possam surgir na aplicação da Convenção e do presente Acordo.
CAPÍTULO VIDisposições finais
Artigo 14.º
O presente Acordo entrará em vigor na mesma data da Convenção e terá igual duração.
Feito na cidade de Lisboa, Portugal, aos 5 dias do mês de Março do ano de 1990, em dois exemplares em português e castelhano, fazendo ambos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:José Albino da Silva Peneda, Ministro do Emprego e da Segurança Social.
Pelo Governo da República da Venezuela:Germán Lairet Urgelles, Ministro do Trabalho.
☞Visualiza la versión original publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela
☞Visualiza la versión original publicada en el Diário da República Portuguesa
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Ley Aprobatoria del Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Venezuela y la República Portuguesa, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.340 Extraordinario de fecha 28 de noviembre de 1991, y en el Diário da República Portuguesa – I Série-A, nº 127 págs. 2651-2666.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
El Congreso de la República de Venezuela
Decreta
la siguiente,
LEY APROBATORIA DEL ACUERDO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA
ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere el Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Venezuela y la República Portuguesa, suscrito en Caracas, el 21 de julio de mil novecientos ochenta y nueve.
“CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA
El Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República Portuguesa:
Deseando promover el bienestar de las personas que se trasladen entre los dos países o que trabajen en los respectivos territorios;
Deseando garantizar que esa personas gocen de iguales derechos al amparo de las respectivas legislaciones de Seguridad Social o de Seguro social;
Decididos a asegurar a los trabajadores de cada uno de los dos países que ejerzan o hayan ejercido actividad en el otro país, la conservación de los derechos de Seguridad Social o de Seguro Social, adquiridos o en vía de adquisición;
Han acordado celebrar el siguiente Convenio
CAPÍTULO IDISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Definiciones
1. Los términos que se enumeran a continuación tienen a efecto de la aplicación del presente Convenio el siguiente significado:
a) “Territorio” se refiere:
i) Respecto de Portugal: al territorio de Portugal en el continente europeo y a los archipiélagos de Azores y Madeira;ii) Respecto de Venezuela: al territorio de la República de Venezuela;
b) “Legislación”: leyes, reglamentos y demás disposiciones citadas en el artículo 2, vigentes en los territorios, o parcelas territoriales, de una u otra Parte Contratante;
c) “Autoridad competente”: respecto de Portugal, el Ministerio del Empleo y Seguridad Social, o autoridad correspondiente; respecto de Venezuela, el Ministerio de Trabajo;
d) “Institución”: organismo o autoridad responsable de la aplicación de la legislación a que se refiere el artículo 2;
e) “Institución competente”: institución que debe entender en cada caso concreto, de conformidad con la legislación aplicable;
f) “Organismo de enlace”: organismo de coordinación entre entidades que intervengan en la aplicación del Convenio y de información a los interesados sobre derechos y obligaciones derivados del mismo;
g) “Trabajador”: toda persona que como consecuencia de realizar o haber realizado una actividad por cuenta propia o ajena está o ha estado sujeta a la legislación señalada en el artículo 2;
h) “Familiares”: se refiere a las personas definidas o admitidas como tales, o designadas como miembros del grupo familiar en la legislación aplicable por la institución competente encargada de la concesión de las prestaciones; pero, si esta legislación solamente considera como miembros del grupo familiar a las personas que viven con el asegurado bajo el mismo techo, tal condición, a los efectos del presente Convenio, será considerada satisfecha en el caso de que dichas personas están principalmente a cargo del asegurado;
i) “Periodo de seguro”: periodo de cotización o periodo asimilado considerado como tal por cada legislación;
j) “Prestaciones”: cualquier prestación en dinero prevista por las legislaciones mencionadas en el artículo 2, incluido todo complemento, suplemento o revalorización.
2. Cualquier otro término o expresión no definidos en el presente convenio tendrán el significado que les fuere asignado en la legislación aplicable.
Artículo 2. Campo de aplicación por la materia
1. El Presente Convenio se aplica a la legislación que regula:
A) En Venezuela: el régimen del Seguro Social en lo atinente a las prestaciones en caso de:
a) Incapacidad temporal;b) Incapacidad parcial o invalidez;c) Vejez;d) Sobrevivientes;e) Asignación por defunción
B) En Portugal:
a) El régimen general y los regímenes especiales de Seguridad Social relativos a las prestaciones de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, sobrevivientes y subsidio funerario;b) Las prestaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
2. De igual manera será aplicable a la legislación que complete o modifique las prestaciones o regímenes a que se refiere el numeral anterior.
Artículo 3. Campo de aplicación personal
1. Las disposiciones del presente Convenio se aplican a las personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de la Seguridad social, o Seguro Social, de una u otra Parte Contratante y, de igual manera, a sus familiares y sobrevivientes calificados.
2. Las personas que hayan estado sujetas a la legislación de la Seguridad social, o Seguro social, de una de las Partes Contratantes y que se residencien en el territorio de l a otra Parte podrán inscribirse en el seguro del régimen facultativo de este país en las mismas condiciones que sus nacionales, para lo cual se tomarán en cuenta, si fuese necesario, los periodos de seguro cumplidos bajo la legislación de la primera Parte.
Si la legislación prevé un determinado plazo para solicitar la inscripción de este seguro, el mismo comenzará a contarse a partir de la fecha de la última cotización efectuada en cualquiera de las Partes.
Artículo 4. Igualdad de trato
Los nacionales de una Parte Contratante disfrutarán de igualdad de trato respecto a los de la otra Parte en lo concerniente a los derechos y obligaciones derivados de las legislaciones expresadas en el artículo 2.
Artículo 5. Legislación aplicable
Los trabajadores ocupados en el territorio de una de las Partes Contratantes estarán sujetos a la legislación de Seguridad social de esa Parte.
Artículo 6. Legislación aplicable: excepciones.
Se exceptúan de la aplicación del artículo anterior los trabajadores siguientes:
a) El trabajador que preste servicios en el territorio de una de las Partes contratantes para una entidad patronal con sede en ella, y que sea enviado a realizar un trabajo temporal en el territorio de la otra Parte, sigue sujeto a la legislación de la primera Parte, siempre que la duración del trabajo no exceda de 24 meses. En caso de que dicho trabajo se prolongue más allá de los 24 meses, debido a alguna causa imprevisible, las autoridades competentes de ambas Partes, de común acuerdo, podrán autorizar la prórroga de esta situación para un nuevo periodo de un año;
b) El personal de tripulación de las empresas de transporte aéreo y navegación o pesca marítima sigue sujeto a la legislación de la Parte contratante en cuyo territorio se halla la sede o domicilio de la respectiva entidad patronal;
c) Los representantes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera se regirán por lo establecido en los Convenios de viene sobre Relaciones diplomáticas, del 18 de abril de 1961, y sobre Relaciones consulares, del 24 de abril de 1963;
d) Los funcionarios públicos de una Parte, no incluidos en la letra c) de éste artículo, que sean destinados al territorio de la otra Parte quedarán sometidos a la legislación de la Parte a la que pertenece la Administración de la cual dependen;
e) El personal administrativo y técnico de las embajadas y consulados de una de las Partes Contratantes, al igual que los miembros de su personal de servicio, así como los trabajadores domésticos que estén colocados al servicio exclusivo de los representantes diplomáticos o funcionarios consulares de carrera, cuando sean nacionales del Estado acreditante, podrán optar por la aplicación de la legislación de dicho Estado. Esta opción se ejercerá dentro de los tres primeros meses a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, según el caso, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de iniciación del trabajo en el territorio de la parte donde desarrollan su actividad.
Artículo 7. Prestaciones de residentes extranjeros
1. Las pensiones, subsidios, rentas e indemnizaciones adquiridas en virtud de la legislación de una Parte Contratante no estarán sujetas a reducción, modificación, suspensión o retención por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de la otra Parte.
2. Las prestaciones económicas debidas por una de las Partes Contratantes, en aplicación del presente convenio, se harán efectivas a los beneficiarios que residan en el territorio de la otra Parte o de un tercer país.
CAPÍTULO IIPRESTACIONES EN DINERO POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD
Artículo 8. Las prestaciones en dinero por enfermedad y maternidad estarán a cargo de la institución competente de la Parte cuya legislación sea aplicable al trabajador de acuerdo con los artículos 5 y 6 de este Convenio.
Para la concesión de las mismas se tendrá en cuenta, si es necesario, la totalización de periodos de seguro en la forma establecida en el artículo 9.
CAPÍTULO IIIPRESTACIONES DE INCAPACIDAD PARCIAL, INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVIENTES
Artículo 9. Totalización
Para la adquisición, conservación y recuperación del derecho a las prestaciones reguladas en este capítulo, cuando un trabajador haya estado sometido sucesiva o alternativamente a la legislación de las dos Partes Contratantes, los periodos de seguro cumplidos en virtud de la legislación de cada una de las Partes serán totalizadas cuando sea necesario y siempre que no coincidan.
Artículo 10. Regulación de prestación
El trabajador que haya estado sucesiva o alternativamente sometido a la legislación de una y otra Parte Contratante causará derecho a las prestaciones reguladas en este capítulo, en las condiciones siguientes:
1. Si se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de una o de ambas Partes Contratantes para causar derecho a las prestaciones, la institución o las instituciones competentes aplicarán su propia legislación interna teniendo en cuenta únicamente los periodos de seguro cumplidos bajo dicha legislación.
2. Si no se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de una o ambas Partes Contratantes para causar derecho a las prestaciones, la institución o las instituciones competentes totalizarán con los propios los periodos de seguro cumplidos bajo la legislación de la otra Parte.
Artículo 11. Calificación de periodos de seguro
A los fines de la totalización prevista en el artículo 10:
a) En el caso de que un periodo de seguro cumplido en un régimen obligatorio de una Parte se superponga con un periodo de seguro cumplido en un régimen voluntario de la otra Parte, únicamente será considerado el cumplimiento en un régimen obligatorio;
b) En el caso de que un mismo periodo fuere simultáneamente considerado como un periodo equivalente en la legislación de los dos países, únicamente será considerado por la Parte en la cual el asegurado haya cumplido un periodo obligatorio en último lugar, antes del periodo en cuestión; cuando el asegurado no haya cumplido periodos obligatorios anteriores en ninguna de las Partes el periodo equivalente será considerado por la Parte en la cual haya cumplido posteriormente, por primera vez, un periodo obligatorio;
c) Los periodos de seguro cumplidos en una de las Partes, bajo un régimen en relación al cual no se aplica el presente Convenio, pero que son tomadas en cuenta para un régimen de esa Parte en relación al cual se aplica dicho Convenio, deben ser considerados como periodos de seguro para efectos de la totalización por la otra Parte.
Artículo 12. Periodos de seguro en régimen especial
Cuando la legislación de una de las Partes Contratantes haga depender la concesión de las prestaciones de la condición de que los periodos de seguro hayan sido cumplidos en una profesión sujeta a un régimen especial, los periodos cumplidos bajo la legislación de la otra Parte únicamente serán tomados en cuenta para la concesión de esas prestaciones si dichos periodos han sido cumplidos bajo un régimen correspondiente o, en su defecto en la misma profesión. En el caso de que el asegurado no llene las condiciones exigidas para beneficiarse de las referidas prestaciones, aun totalizando los periodos así cumplidos bajo las legislaciones de ambos países, esos periodos serán tomados en cuenta para la concesión de las prestaciones del régimen general.
Artículo 13. Condiciones más favorables
Si la legislación de una Parte contratante establece condiciones más favorables para conceder prestaciones al trabajador que haya ejercido una actividad en medios insalubres o capaces de producir una vejez prematura, la institución de dicha Parte tendrá en cuenta los periodos de seguro acreditados en la otra Parte duran te el ejercicio de esa misma actividad y con los riesgos indicados.
Artículo 14. Periodos de seguro inferiores a un año
1. Si la duración total de los periodos de seguro cumplidos bajo la legislación de una Parte Contratante no llega a un año y si, teniendo en cuenta únicamente estos periodos, no se adquiere ningún derecho según su legislación, no estará obligada esta Parte a conceder prestaciones en razón de dichos periodos. Sin embargo, estos periodos serán tomados en consideración por la institución de la otra Parte para la adquisición del derecho a la persona cuando se aplique el artículo 10, aparte 2.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando existan periodos de seguro inferiores a un año, cumplidos bajo la legislación de ambas Partes, éstos deberán totalizarse de acuerdo con el artículo 10, aparte 2, si con dicha totalización se adquiere derecho a prestaciones bajo la legislación de una o de ambas Partes.
Artículo 15. Liquidación de prestaciones
1. La Parte Contratante que haya procedido a la totalización de los periodos de seguro procederá a la liquidación de las prestaciones a las cuales el interesado tenga derecho, bajo la respectiva legislación, de la siguiente forma:
a) Calculará previamente el monto teórico de la prestación a la que el interesado tendría derecho en el caso de que todos los periodos de seguro hubiesen sido cumplidos exclusivamente bajo la legislación aplicable por ella;
b) Fijará, seguidamente, la prestación a cancelar al interesado, deduciéndola del monto teórico calculado según se indica en el literal a), en la proporción de la duración de los periodos de seguro cumplidos bajo su propia legislación, relacionada con la duración total de los periodos de seguro cumplidos bajo las legislaciones de ambas Partes.
2. Cuando, en virtud de la legislación de una de las Partes Contratantes, el cálculo de las prestaciones debe ser efectuado con base en el salario prometido de todo o parte del periodo de seguro, dicho salario promedio será determinado de acuerdo a los salarios pagados durante el periodo de seguro cumplido bajo la legislación de la referida Parte.
3. Si la suma de las prestaciones a conceder por las instituciones de las Partes Contratantes es inferior al monto mínimo vigente en la Parte donde el interesado resida, la diferencia será soportada por la institución de esa última Parte.
Artículo 16. Cálculo de prestaciones
1. Para determinar la base de cálculo o reguladora de la prestación, cada institución competente aplicará su legislación.
2. Cuando todo o parte del periodo de cotización que ha de tomarse para el cálculo de la base reguladora de prestaciones se hubiera cumplido en Portugal, la institución competente de Venezuela determinará la pensión considerando que en dicho periodo las cotizaciones han sido efectuadas a razón del salario mínimo existente en Venezuela.
CAPÍTULO IVACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Artículo 17. Legislación aplicable
1. El derecho a las prestaciones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional será determinado por la legislación de la Parte Contratante a la que el trabajador se hallare sometido en la fecha de producirse el accidente o declararse la enfermedad, a menos que la enfermedad haya sido contraída en la otra Parte, en cuyo caso la prestación estará a cargo de ésta, de acuerdo con su legislación.
2. Si la persona no alcanzara derecho a prestaciones de enfermedad profesional al amparo de la legislación de la Parte que indica el párrafo anterior, sus derechos serán examinados por la otra Parte de acuerdo con su legislación, siempre que hubiese ejercido una actividad susceptible de provocar dicha enfermedad bajo la legislación de esta última Parte.
3. Cuando la legislación de una de las Partes subordine la concesión de las prestaciones de enfermedad profesional a la condición de que la enfermedad considerada haya sido comprobada por primera vez en su territorio, esta condición se considerará cumplida cuando la enfermedad haya sido comprobada por primera vez en el territorio de la otra Parte.
Artículo 18. Evaluación de accidentes anteriores
En el supuesto de que un trabajador hubiere sufrido un accidente de trabajo, o una enfermedad profesional, respecto de las cuales se aplicara la legislación de una de las Partes Contratantes y posteriormente sufriere otros accidentes de trabajo o enfermedad profesional respecto de las cuales ha de aplicarse ña legislación de la otra Parte Contratante, la Institución Competente de esta última Parte, a los efectos de determinar el grado de incapacidad de dicho trabajador, tendrá en cuenta el primer infortunio como si hubiera ocurrido bajo su legislación pero sólo asumirá el pago correspondiente a la incapacidad derivada del segundo infortunio.
Artículo 19. Agravación de Enfermedad
En caso de agravación de una enfermedad profesional que haya dado lugar a pensión según la legislación de una de las dos Partes Contratantes, cuando el beneficiario reside en el territorio de la otra, serán aplicables las siguientes re glas:
A) Si el trabajador no ha ejercido en el lugar de su nueva residencia una actividad susceptible de agravar esta enfermedad profesional, la institución de la primera Parte tomará a su cargo la agravación de la enfermedad en los términos de su propia legislación;
B) Si el trabajador ha ejercido en el lugar de su nueva residencia una actividad susceptible de agravar esta enfermedad profesional:
a) La institución de la primera Parte conservará a su cargo la prestación debida al trabajador en virtud de su propia legislación, como si la enfermedad no hubiera sufrido agravación;
b) La institución de la otra Parte donde el trabajador ha realizado en último lugar esa actividad tomará a su cargo la prestación correspondiente a la agravación. El importe de esta prestación se determinará de acuerdo con la legislación de esta última Parte como si la enfermedad se hubiera producido en su territorio y será igual a la diferencia entre el importe de la prestación debida al trabajador después de producirse la agravación y el que le hubiere correspondido antes de producirse dicha agravación.
CAPÍTULO VSUBSIDIO FUNERARIO O ASIGNACIÓN POR DEFUNCIÓN
Artículo 20. Legislación aplicable. Totalización
1. Los subsidios funerarios o asignaciones por defunción se regirán por la legislación que fuere aplicable al trabajador en la fecha del fallecimiento.
El reconocimiento y cálculo de la prestación se realizarán totalizando, si fuera necesario, los periodos de seguro cumplidos por el causante de la prestación bajo la legislación de la otra Parte, de acuerdo con el artículo 9.
2. En los casos de fallecimiento de un pensionado que lo fuera de ambas Partes Contratantes, el reconocimiento de la prestación se regulará por la legislación de la Parte en cuyo territorio residiera el pensionado en el momento de su fallecimiento.
3. Si el fallecimiento del pensionado tuviera lugar en un tercer país, la legislación aplicable, en el caso de que tuviera derecho a la prestación en ambas Partes Contratantes, sería la de la Parte donde figuró asegurado por última vez el trabajador.
CAPÍTULO VIDISPOSICIONES DIVERSAS
Artículo 21. Condiciones
Cuando, según la legislación de una de las Partes Contratantes, el disfrute de una prestación de la Seguridad Social o Seguro Social, o la obtención de ingresos de otra naturaleza, o la realización de una actividad lucrativa, produzcan efectos jurídicos sobre el derecho a una prestación, o sobre la afiliación al sistema de la Seguridad Social, o Seguro Social, estas situaciones tendrán efectos jurídicos aunque se produzcan o se hayan producido en el territorio de la otra Parte.
Artículo 22. Revalorización de prestaciones
Las prestaciones reconocidas por aplicación de las normas del capítulo II se revalorizarán con la misma periodicidad y en idéntica cuantía que las previstas en la respectiva legislación interna.
Sin embargo, cuando la cuantía de una pensión haya sido determinada bajo el régimen de prorrata previsto en el aparte 1 del artículo 15, el importe de la revalorización se efectuará mediante la aplicación de la misma regla de proporcionalidad citada en los mencionados aparte y artículo.
Artículo 23. Trámite de documentos
Las peticiones, declaraciones o recursos que deban presentarse, en determinado plazo, a las autoridades competentes e instituciones de una Parte Contratante tienen la misma validez cuando se presenten dentro del mismo plazo a las autoridades competentes e instituciones de la otra Parte.
En el acuerdo administrativo a que se refiere el artículo 27 se establecerán normas para la tramitación de los documentos.
Artículo 24. Beneficios de derechos, legalización y traducción de documentos
1. Los beneficios de exenciones o reducciones de tasas, timbre, derechos de secretaría o de registro u otros análogos previstos en la legislación de una de las Partes Contratantes para los certificados y documentos que se expidan en aplicación de la legislación de esa Parte se extenderán a los documentos y certificados que hayan de expedirse para la aplicación de la legislación de la otra Parte, o del presente convenio.
2. Todos los actos administrativos y documentos que se expidan en aplicación del presente Convenio serán dispensados de los requisitos de legalización o visado, pero serán traducidos por intérpretes públicos cuando cualquiera de las dos Partes lo considere necesario.
Artículo 25. Pago de prestaciones en moneda nacional
Las instituciones deudoras de prestaciones quedarán válidamente liberadas cuando efectúen el pago en la moneda de su país.
Artículo 26. Buenos oficios y colaboración
Las autoridades competentes e instituciones de ambas Partes se prestarán sus buenos oficios y la más amplia colaboración técnica y administrativa para la aplicación del presente convenio dentro del marco de su propia legislación.
Artículo 27. Acuerdos administrativos
Las autoridades competentes e instituciones de ambas Partes elaborarán conjuntamente acuerdos administrativos para la aplicación y ejecución del presente convenio.
Artículo 28. Medidas para el cumplimiento del Convenio
Las autoridades competentes de las dos Partes se comprometen a tomar las siguientes medidas para el debido cumplimiento del presente Convenio:
a) Designar a los organismos de enlace;b) Comunicar las medidas adoptadas internamente para la aplicación de este Convenio;c) Notificarse todas las disposiciones legislativas y reglamentarias que modifiquen las que se mencionan en el artículo 2.
Artículo 29. Comunicación directa
Para la debida aplicación y cumplimiento de este Convenio, las autoridades competentes, organismos de enlace e instituciones de las dos Partes se comunicarán directamente entre sí.
Artículo 30. Solución de controversias
Las diferencias que puedan surgir en la interpretación y aplicación del presente Convenio se resolverán en la medida de lo posible por las autoridades competentes de ambas Partes. Las controversias que subsistan serán resueltas por la vía diplomática.
CAPÍTULO VIIDISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Artículo 31. Periodos y contingencias anteriores
1. Los periodos de seguro cumplidos según la legislación de las Partes Contratantes antes de la fecha de vigencia del presente Convenio serán tomados en consideración para la determinación del derecho a las prestaciones que se reconozcan en virtud del mismo. No obstante, la institución de Venezuela n o computará periodos de seguro anteriores al 1º de enero de 1967.
2. La aplicación del presente Convenio otorgará derechos a prestaciones por contingencias acaecidas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. Sin embargo, el pago de las mismas no se hará con efecto retroactivo a dicha fecha.
Artículo 32. Coincidencia de periodos anteriores
No obstante lo dispuesto en el capítulo III del presente Convenio si coincidiesen periodos de seguro en ambas Partes Contratantes, efectuados antes de la entrada en vigor del Convenio, cada una de las Partes tomará en consideración los periodos cotizados según su legislación a efectos de la aplicación del artículo 10.
Artículo 33. Revisión de solicitudes anteriores
Las solicitudes de prestaciones que hayan sido examinadas por cada una de las Partes antes de la entrada en vigor del Convenio podrán ser revisadas a petición de los interesados con arreglo a lo dispuesto en el mismo.
Artículo 34. Entrada en vigor
El presente Convenio estará sujeto al cumplimiento de los requisitos constitucionales de cada una de las Partes para su entrada en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de la última comunicación.
Artículo 35. Duración
1. El presente convenio se establece por un año a partir de la fecha de su entrada en vigor y se prorrogará automáticamente de año en año, salvo denuncia que deberá ser notificada seis meses antes de la expiración del plazo.
2. En el supuesto de cesar la vigencia del Convenio, las disposiciones del mismo se seguirán aplicando a los derechos adquiridos bajo su amparo.
Igualmente, en este caso, las Partes Contratantes acordarán las disposiciones que garanticen los derechos en vías de adquisición derivados de los periodos de seguro cumplidos con anterioridad a la fecha de terminación del Convenio.
En fe de lo cual los abajo firmantes, en uso de sus plenas atribuciones, firman el presente convenio. Hecho en la ciudad de Caracas, a los 21 días del mes de julio de 1989, en dos ejemplares igualmente auténticos, cada uno de ellos, en castellano y portugués.”
Por el Gobierno de la República de Venezuela
MARISELA PADRÓN QUEROMinistra del Trabajo
Por el Gobierno de la República Portuguesa
JOSÉ ALBINO DA SILVA PENEDAMinistro del Empleo y de la Seguridad Social
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas a los tres días del mes de julio de mil novecientos noventa y uno, Años 181º de la Independencia y 132º de la Federación.
El PresidentePEDRO GARCIA MONTECINOS
El VicepresidenteLUIS ENRIQUE OBERTO G.
Los SecretariosJOSE RAFAEL QUIROZ SERRANOJOSE RAFAEL GARCÍA
Palacio de Miraflores, en Caracas a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno. Años 181º de la Independencia y 132º de la Federación.
Cúmplase(L.S.)CARLOS ANDRES PÉREZ
Refrendado
El Ministro de Relaciones ExterioresARMANDO DURÁNEl Ministro del TrabajoJESUS RUBÉN RODRIGUEZ
Decreto n.º 27/92Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República da Venezuela respectivo Acordo Administrativo de aplicação
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo único. São aprovados a Convenção sobre a Segurança Social entre a República Portuguesa e a República da Venezuela, assinada em Caracas em 21 de Julho de 1989, para ratificação, e o Acordo Administrativo para aplicação da referida Convenção, assinado em Lisboa em 5 de Março de 1990, cujos textos originais, nas línguas portuguesa e castelhana, seguem em anexo ao presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 5 de Março de 1992. - Aníbal António Cavaco Silva - João de Deus Rogado Salvador Pinheiro - José Albino da Silva Peneda.
Ratificado em 9 de Abril de 1992.Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 11 de Abril de 1992.O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.
CONVENÇÃO SOBRE SEGURANÇA SOCIAL ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA DA VENEZUELA
O Governo da República Portuguesa e o Governo da República da Venezuela:Desejando promover o bem-estar das pessoas que se desloquem entre os dois países ou que trabalhem nos respectivos territórios;
Desejando garantir que essas pessoas gozem de iguais direitos ao abrigo das respectivas legislações de segurança social ou de seguro social;
Decididos a assegurar aos trabalhadores de cada um dos países que exerçam ou tenham exercido actividade no outro país a conservação dos direitos de segurança social ou de seguro social, adquiridos ou em vias de aquisição;
acordaram em celebrar a seguinte Convenção:
CAPÍTULO IDisposições gerais
Artigo 1.º Definições
1 - Os termos que a seguir se enumeram têm, para efeitos da aplicação da presente Convenção, o seguinte significado:a) «Território» designa:i) Relativamente a Portugal - o território de Portugal no continente europeu e os arquipélagos dos Açores e da Madeira;ii) Relativamente à Venezuela - o território da República da Venezuela;b) «Legislação» - leis, regulamentos e outras disposições citadas no artigo 2.º, vigentes nos territórios, ou parcelas territoriais, de uma ou outra Parte Contratante;c) «Autoridade competente» - relativamente a Portugal, o Ministério do Emprego e da Segurança Social, ou a autoridade correspondente; relativamente à Venezuela, o Ministério do Trabalho;d) «Instituição» - organismo ou autoridade responsável pela aplicação da legislação a que se refere o artigo 2.º;e) «Instituição competente» - instituição que deve emitir parecer, em cada caso concreto, de acordo com a legislação aplicável;f) «Organismo de ligação» - organismo de coordenação entre entidades que intervenham na aplicação da Convenção e na informação aos interessados sobre os direitos e as obrigações decorrentes da mesma:g) «Trabalhador» - qualquer pessoa que em consequência de exercer ou ter exercido uma actividade por conta própria ou por conta de outrem esteja, ou tenha estado abrangida, pela legislação mencionada no artigo 2.º;h) «Familiares» - designa as pessoas consideradas como tais, ou definidas como membros do agregado familiar pela legislação aplicável pela instituição competente encarregada da concessão dasprestações; todavia, se esta legislação apenas considerar como membros do agregado familiar as pessoas que vivem em comunhão de mesa e habitação com o segurado, esta condição, para efeitos da presente Convenção, considera-se cumprida quando essas pessoas estiverem de modo principal a cargo do segurado;i) «Período de seguro» - período de contribuição ou período equivalente considerado como tal por cada uma das legislações;j) «Prestações» - qualquer prestação pecuniária prevista pelas legislações mencionadas no artigo 2.º, incluindo quaisquer complementos, suplementos ou actualizações.2 - Qualquer outro termo ou expressão não definidos na presente Convenção terão o significado que lhes for atribuído pela legislação aplicável.
Artigo 2.º Campo de aplicação material
1 - A presente Convenção aplica-se à legislação que regula:A) Na Venezuela - o regime de seguro social relativo às prestações de:a) Incapacidade temporária;b) Incapacidade parcial ou invalidez;c) Velhice;d) Sobrevivência;e) Prestação por morte;B) Em Portugal:a) O regime geral e os regimes especiais de segurança social relativos às prestações de doença e maternidade, invalidez, velhice, sobrevivência e subsídio de funeral;b) Às prestações de acidentes de trabalho e doenças profissionais.2 - De igual forma será aplicável à legislação que complete ou modifique as prestações ou regimes a que se refere o número anterior.
Artigo 3.º Campo de aplicação pessoal
1 - As disposições da presente Convenção são aplicáveis às pessoas que estejam ou tenham estado abrangidas pela legislação de segurança social, ou seguro social, de uma ou outra Parte Contratante, bem como aos seus familiares e sobreviventes qualificados.2 - As pessoas que tenham estado abrangidas pela legislação de segurança social, ou seguro social, de uma das Partes Contratantes e que transfiram a sua residência para o território da outra Parte poderão inscrever-se no seguro de regime facultativo deste país nas mesmas condições que os seus nacionais, para o que serão tomados em consideração, se necessário, os períodos de seguro cumpridos ao abrigo da legislação da primeira Parte.Se a legislação prevê um determinado prazo para se requerer a inscrição neste seguro, o mesmo começará a contar a partir da data da última contribuição efectuada em qualquer das Partes.
Artigo 4.º Igualdade de tratamento
Os nacionais de uma Parte Contratante beneficiarão de igualdade de tratamento em relação aos da outra Parte, no que respeita aos direitos e obrigações decorrentes das legislações mencionadas no artigo 2.º
Artigo 5.º Legislação aplicável
Os trabalhadores ocupados no território de uma das Partes Contratantes estarão sujeitos à legislação de segurança social dessa Parte.
Artigo 6.º Legislação aplicável: excepções
Exceptuam-se da aplicação do artigo anterior os seguintes trabalhadores:a) O trabalhador que preste serviço no território de uma das Partes Contratantes para uma entidade patronal com sede nessa mesma Parte e que seja enviado para exercer um trabalho temporário no território da outra Parte continua sujeito à legislação da primeira Parte, desde que a duração do trabalho não exceda 24 meses. No caso de o referido trabalho se prolongar para além dos 24 meses, por motivo imprevisível, as autoridades competentes de ambas as Partes, de comum acordo, poderão autorizar a prorrogação dessa situação por um novo período de um ano;b) O pessoal de tripulação das empresas de transporte aéreo e navegação ou pesca marítima continua abrangido pela legislação da Parte Contratante em cujo território se encontra a sede ou domicílio da respectiva entidade patronal;c) Os representantes diplomáticos e funcionários consulares de carreira reger-se-ão pelo estabelecido nas Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 18 de Abril de 1961, e sobre Relações Consulares, de 24 de Abril de 1963;d) Os funcionários públicos de uma Parte, não incluídos na alínea c) deste artigo, que prestem serviço no território da outra Parte permanecerão abrangidos pela legislação da Parte a que pertence a Administração da qual dependem;e) O pessoal administrativo e técnico das embaixadas e consulados de uma das Partes Contratantes, bem como o pessoal ao seu serviço e os trabalhadores domésticos que estejam colocados ao serviço exclusivo dos representantes diplomáticos ou funcionários consulares de carreira, quando sejam nacionais do Estado acreditante, poderão optar pela aplicação da legislação do referido Estado. Esta opção exercer-se-á nos três primeiros meses a partir da entrada em vigor da presente Convenção, ou, conforme o caso, nos três meses seguintes à data de início do trabalho no território da Parte onde exercem a sua actividade.
Artigo 7.º Prestações de residentes estrangeiros
1 - As pensões, subsídios, rendas e indemnizações adquiridos ao abrigo da legislação de uma Parte Contratante não estarão sujeitos a redução, modificação, suspensão ou retenção pelo facto de o beneficiário residir no território da outra Parte.2 - As prestações pecuniárias devidas por uma das Partes Contratantes, por aplicação da presente Convenção, serão pagas aos beneficiários que residam no território da outra Parte ou em terceiro país.
CAPÍTULO IIPrestações pecuniárias por doença e maternidade
Artigo 8.º
As prestações pecuniárias por doença e maternidade estarão a cargo da instituição competente da Parte cuja legislação seja aplicável ao trabalhador, em conformidade com os artigos 5.º e 6.º da presente Convenção.Para a concessão das mesmas ter-se-á em conta, se necessário, a totalização dos períodos de seguro conforme é estabelecido no artigo 9.º
CAPÍTULO IIIPrestações por incapacidade parcial, invalidez, velhice e sobrevivência
Artigo 9.º Totalização
Para aquisição, manutenção e recuperação do direito às prestações reguladas no presente capítulo, quando um trabalhador tenha estado abrangido sucessiva ou alternadamente pela legislação das duas Partes Contratantes, os períodos de seguros cumpridos por força da legislação de cada uma das Partes serão totalizados, quando necessário e sempre que não se sobreponham.
Artigo 10.º Direito às prestações
O trabalhador que tenha estado sucessiva ou alternadamente abrangido pela legislação de uma e outra Parte Contratante abrirá direito às prestações reguladas no presente capítulo, nas condições seguintes:
1) Se estiverem cumpridas as condições exigidas pela legislação de uma ou de ambas as Partes Contratantes para abertura do direito às prestações, a instituição ou as instituições competentes aplicarão a sua própria legislação interna tomando em consideração apenas os períodos de seguro cumpridos ao abrigo dessa mesma legislação;2) Se não estiverem cumpridas as condições exigidas pela legislação de uma ou de ambas as Partes Contratantes para a abertura do direito às prestações, a instituição ou as instituições competentes totalizarão com os seus próprios períodos de seguro os períodos cumpridos ao abrigo da legislação da outra Parte.
Artigo 11.º Períodos de seguro a tomar em consideração
Para efeitos da totalização prevista no artigo 10.º:a) No caso de um período de seguro cumprido num regime obrigatório de uma Parte Contratante se sobrepor a um período de seguro cumprido num regime voluntário da outra Parte, apenas será tomado em consideração o período cumprido no regime obrigatório;b) No caso de um mesmo período ser simultaneamente considerado como período equivalente ao abrigo da legislação dos dois países, apenas será tomado em conta pela Parte ao abrigo de cuja legislação tenha sido cumprido um período obrigatório em último lugar, antes do período em questão; quando o segurado não tiver cumprido períodos obrigatórios anteriores em nenhuma das Partes, o período equivalente será tomado em consideração pela Parte em que tenha cumprido posteriormente, pela primeira vez, um período obrigatório;c) Os períodos de seguro cumpridos numa das Partes, ao abrigo de um regime em relação ao qual não se aplique a presente Convenção, mas que são tomados em consideração para um regime dessa Parte em relação ao qual se aplica a referida Convenção, devem ser tomados em consideração como períodos de seguro, para efeitos de totalizarão, pela outra Parte.
Artigo 12.º Períodos de seguro em regime especial
Quando a legislação de uma das Partes Contratantes fizer depender a concessão das prestações da condição de os períodos de seguro terem sido cumpridos numa profissão abrangida por um regime especial, os períodos cumpridos ao abrigo da legislação da outra Parte apenas serão tomados em consideração para a concessão dessas prestações se os referidos períodos tiverem sido cumpridos ao abrigo de um regime correspondente ou, na sua falta, na mesma profissão. No caso de o segurado não preencher as condições exigidas para beneficiar das referidas prestações, ainda que totalizando os períodos assim cumpridos ao abrigo das legislações de ambos os países, esses períodos serão tomados em consideração para a concessão das prestações do regime geral.
Artigo 13.º Condições mais favoráveis
Se a legislação de uma Parte Contratante estabelecer condições mais favoráveis para a concessão de prestações ao trabalhador que tenha exercido uma actividade em meios insalubres ou susceptíveis de causar velhice prematura, a instituição da referida Parte tomará em consideração os períodos de seguro cumpridos na outra Parte durante o exercício dessa mesma actividade e com os riscos mencionados.
Artigo 14.º Períodos de seguro inferiores a um ano
1 - Se o total dos períodos de seguro cumpridos ao abrigo da legislação de uma Parte Contratante for inferior a um ano e se, tomando em consideração apenas esses períodos, não houver lugar à abertura de direito ao abrigo dessa legislação, essa Parte não será obrigada a conceder prestações pelos referidos períodos. No entanto, aqueles períodos serão tomados em consideração pela instituição da outra Parte para abertura do direito à pensão quando o n.º 2 do artigo 10.º for aplicável.2 - Não obstante o disposto no parágrafo anterior, quando existam períodos de seguro inferiores a um ano cumpridos ao abrigo da legislação de ambas as Partes, estes deverão ser totalizados em conformidade com o n.º 2 do artigo 10.º se mediante a referida totalização houver lugar à abertura de direito a prestações ao abrigo da legislação de uma ou de ambas as Partes.
Artigo 15.º Liquidação de prestações
1 - A Parte Contratante que tenha procedido à totalizarão dos períodos de seguro procederá à liquidação das prestações a que o interessado tenha direito ao abrigo da respectiva legislação, do modo seguinte:a) Calculará previamente o montante teórico da prestação à qual o interessado teria direito como se todos os períodos de seguro tivessem sido cumpridos exclusivamente ao abrigo da legislação por ela aplicável;b) Determinará, seguidamente, a prestação a conceder ao interessado reduzindo o montante teórico calculado como se indica na alínea a), na proporção da duração dos período de seguro cumpridos ao abrigo da sua própria legislação, relativamente ao total dos períodos de seguro cumpridos ao abrigo das legislações de ambas as Partes.2 - Quando, por força da legislação de uma das Partes Contratantes, o cálculo das prestações deva ser efectuado com base no salário médio de todo ou parte do período de seguro, o referido salário médio será determinado em conformidade com os salários recebidos durante o período de seguro cumprido ao abrigo da legislação da referida Parte.3 - Se a soma das prestações a conceder pelas instituições das Partes Contratantes for inferior ao montante mínimo vigente na Parte onde o interessado resida, a diferença será suportada pela instituição dessa última Parte.
Artigo 16.º Cálculo de prestações
1 - Para determinar a base de cálculo ou reguladora da prestação, cada instituição competente aplicará a sua legislação.2 - Quando o período de contribuição a tomar em consideração para o cálculo da base reguladora de prestações tiver sido total ou parcialmente cumprido em Portugal, a instituição competente da Venezuela determinará a pensão considerando que no referido período as contribuições foram efectuadas com base no salário mínimo da Venezuela.
CAPÍTULO IVAcidentes de trabalho e doenças profissionais
Artigo 17.º Legislação aplicável
1 - O direito às prestações por acidente de trabalho ou doença profissional será determinado pela legislação da Parte Contratante pela qual o trabalhador se encontra abrangido à data em que ocorreu o acidente ou em que se declarou a doença, a menos que a doença tenha sido contraída na outra Parte, e neste caso a prestação ficará a cargo desta, em conformidade com a sua legislação.2 - Se a pessoa não tiver direito a prestações por doença profissional ao abrigo da legislação da Parte mencionada no número anterior, os seus direitos serão analisados pela outra Parte em conformidade com a sua legislação, sempre que a pessoa em causa tenha exercido uma actividade susceptível de provocar a referida doença, ao abrigo da legislação desta última Parte.3 - Quando a legislação de uma das Partes subordina a concessão das prestações por doença profissional à condição de que a doença considerada tenha sido comprovada pela primeira vez no seu território, esta condição considerar-se-á cumprida quando a doença tiver sido comprovada pela primeira vez no território da outra Parte.
Artigo 18.º Avaliação de acidentes anteriores
No caso de um trabalhador ter sofrido um acidente de trabalho ou uma doença profissional abrangidos pela legislação de uma das Partes Contratantes e posteriormente tiver sofrido outro acidente de trabalho ou doença profissional abrangidos pela legislação da outra Parte Contratante, a instituição competente desta última Parte, para efeitos de determinar o grau de incapacidade do referido trabalhador, tomará em consideração a primeira eventualidade como se tivesse ocorrido ao abrigo da sua legislação assegurando apenas o pagamento correspondente à incapacidade decorrente da segunda eventualidade.
Artigo 19.º Agravamento de doença
No caso de agravamento de uma doença profissional que tenha dado lugar a pensão em conformidade com a legislação de uma das Partes Contratantes, quando o beneficiário reside no território da outra Parte, serão aplicadas as normas seguintes:A) Se o trabalhador não tiver exercido no lugar da sua nova residência uma actividade susceptível de agravar esta doença profissional, a instituição da primeira Parte tomará a seu cargo o agravamento da doença nos termos da sua própria legislação;B) Se o trabalhador tiver exercido no lugar da sua nova residência uma actividade susceptível de agravar esta doença profissional:a) A instituição da primeira Parte tomará a seu cargo a prestação devida ao trabalhador por força da sua própria legislação, como se a doença não tivesse sofrido agravamento;b) A instituição da outra Parte onde o trabalhador tenha exercido em último lugar essa actividade tomará a seu cargo a prestação correspondente ao agravamento. A importância desta prestação será determinada em conformidade com a legislação desta última Parte como se a doença tivesse ocorrido no seu território e será igual à diferença entre a importância da prestação devida ao trabalhador depois de ocorrido o agravamento e a que lhe deveria ter correspondido antes do referido agravamento.
CAPÍTULO VSubsídio de funeral ou prestação por morte
Artigo 20.º Legislação aplicável. Totalização
1 - Os subsídios de funeral ou prestações por morte são regulados pela legislação que era aplicável ao trabalhador à data da morte.O deferimento e cálculo da prestação será efectuado totalizando, se for necessário, os períodos de seguro cumpridos pelo segurado ao abrigo da legislação da outra Parte, em conformidade com o artigo 9.º2 - Nos casos se morte de um pensionista de ambas as Partes Contratantes o deferimento da prestação será regulado pela legislação da Parte em cujo território o pensionista residia aquando da sua morte.3 - Se a morte do pensionista tiver ocorrido em terceiro país, a legislação aplicável, no caso de abrir direito a prestação em ambas as Partes Contratantes, será a da Parte onde o trabalhador esteve segurado em último lugar.
CAPÍTULO VIDisposições diversas
Artigo 21.º Condições
Quando, em conformidade com a legislação de uma das Partes Contratantes, o benefício de uma prestação de segurança social ouseguro social, ou a obtenção de benefícios de outra natureza, ou o exercício de uma actividade lucrativa produzirem efeitos jurídicos sobre o direito a uma prestação, ou sobre a inscrição no sistema de segurança social ou seguro social, estas situações terão efeitos jurídicos, ainda que ocorram ou tenham ocorrido no território da outra Parte.
Artigo 22.º Actualização de prestações
As prestações concedidas por aplicação das normas do capítulo II serão actualizadas com a mesma periodicidade e no mesmo montante previstos na respectiva legislação interna.Todavia, quando o montante de uma pensão tiver sido determinada segundo o regime da proporcionalidade previsto no n.º 1 do artigo 15.º, o montante da actualização será calculado mediante a aplicação da regra de proporcionalidade citada nos referidos número e artigo.
Artigo 23.º Tramitação de documentos
Os requerimentos, declarações ou recursos que devam ser apresentados, em determinado prazo, às autoridades competentes e instituições de uma Parte Contratante têm a mesma validade quando apresentados dentro do mesmo prazo às autoridades competentes e instituições da outra Parte.No acordo administrativo a que se refere o artigo 27.º serão estabelecidas normas para a tramitação dos documentos.
Artigo 24.º Isenção de pagamentos, legalização e tradução de documentos
1 - As isenções ou reduções de taxas, selo, emolumentos de secretaria ou de registo e outros análogos previstos na legislação de uma das Partes Contratantes para os certificados e documentos emitidos por força da aplicação da legislação dessa Parte serão extensivos aos documentos e certificados emitidos por força da aplicação da legislação da outra Parte ou da presente Convenção.2 - Todos os actos administrativos e documentos emitidos por aplicação da presente Convenção serão dispensados dos requisitos de legalização ou visto, mas serão traduzidos por intérpretes oficiais quando qualquer das Partes o considere necessário.
Artigo 25.º Pagamento de prestações em moeda nacional
As instituições devedoras de prestações desonerar-se-ão delas validamente quando efectuem o pagamento em moeda do seu país.
Artigo 26.º Ajuda mútua e colaboração
As autoridades competentes e instituições de ambas as Partes prestarão mutuamente os seus bons ofícios e a mais ampla colaboração técnica e administrativa para a aplicação da presente Convenção dentro dos limites da sua própria legislação.
Artigo 27.º Acordos administrativos
As autoridades competentes e instituições de ambas as Partes elaborarão conjuntamente acordos administrativos para a aplicação e execução da presente Convenção.
Artigo 28.º Medidas para o cumprimento da Convenção
As autoridades competentes das duas Partes comprometem-se a tomar as seguintes medidas para o devido cumprimento da presente Convenção:a) Designar os organismos de ligação;b) Informar mutuamente sobre as medidas adoptadas internamente para aplicação da presente Convenção;c) Comunicar mutuamente todas as disposições legislativas e regulamentares que modifiquem as que se mencionam no artigo 2.º
Artigo 29.º Comunicação directa
Para a devida aplicação e cumprimento da presente Convenção, as autoridades competentes, organismos de ligação e instituições das duas Partes comunicarão directamente entre si.
Artigo 30.º Solução de diferendos
Os diferendos que possam surgir na interpretação e aplicação da presente Convenção serão resolvidos na medida do possível pelas autoridades competentes de ambas as Partes. Os diferendos que subsistam serão resolvidos por via diplomática.
CAPÍTULO VIIDisposições transitórias e finais
Artigo 31.º Períodos e ocorrências anteriores
1 - Os períodos de seguro cumpridas ao abrigo da legislação das Partes Contratantes antes da data da entrada em vigor da presente Convenção serão tomados em consideração para determinação do direito às prestações reconhecidas por força da mesma. Contudo, a instituição da Venezuela não tomará em consideração os períodos de seguro anteriores a 1 de Janeiro de 1967.2 - A aplicação da presente Convenção abrirá direito a prestações relativas a ocorrências anteriores à data da sua entrada em vigor. Contudo, não haverá pagamento das mesmas retroactivamente à referida data.
Artigo 32.º Sobreposição de períodos anteriores
Não obstante o disposto no capítulo III da presente Convenção, se em ambas as Partes Contratantes houver sobreposição de períodos de seguro efectuados antes da entrada em vigor da presente Convenção, cada uma das Partes tomará em consideração os períodos de contribuição em conformidade com a sua legislação, para efeitos de aplicação do artigo 10.º
Artigo 33.º Revisão de requerimentos anteriores
Os requerimentos de prestações que tenham sido analisados por cada uma das Partes antes da entrada em vigor da presente Convenção poderão a pedido dos interessados ser revistos, em conformidade com o disposto na mesma Convenção.
Artigo 34.º Entrada em vigor
A presente Convenção estará sujeita ao cumprimento das disposições constitucionais de cada uma das Partes para a sua entrada em vigor. Para o efeito, cada uma das Partes comunicará à outra o cumprimento das suas próprias disposições.A Convenção entrará em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte à data da última comunicação.
Artigo 35.º Duração
1 - A presente Convenção terá a duração de um ano a partir da data da sua entrada em vigor e será renovada automaticamente por períodos de um ano, salvo denúncia, que deverá ser notificada seis meses antes de expirar o prazo.2 - No caso de cessar a vigência da Convenção, as disposições da mesma continuarão a ser aplicadas aos direitos adquiridos nos termos da mesma Convenção.Igualmente, neste caso, as Partes Contratantes acordarão as disposições que garantam os direitos em vias de aquisição decorrentes dos períodos de seguro cumpridos anteriormente à data em que expira a Convenção.
Em fé do que os abaixo assinados, no uso das suas plenas atribuições, assinam a presente Convenção, feita na cidade de Caracas, aos 21 dias do mês de Julho do ano de 1989, em dois exemplares, em português e em castelhano, fazendo ambos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:José Albino da Silva Peneda, Ministro do Emprego e da Segurança Social.
Pelo Governo da República da Venezuela:Marisela Padrón Quero, Ministra do Trabalho.
ACORDO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO SOBRE SEGURANÇA SOCIAL ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA DA VENEZUELA.
Para efeitos da aplicação da Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República da Venezuela, as autoridades competentes das Partes Contratantes celebraram o seguinte Acordo Administrativo:
CAPÍTULO IDisposições gerais
Artigo 1.º
Para efeitos da aplicação do presente Acordo Administrativo:1) O termo «Convenção» designa a Convenção sobre Segurança Social entre a República da Venezuela e a República Portuguesa;2) O termo «Acordo» designa o presente Acordo;3) Os termos definidos no artigo 1.º da Convenção tem o mesmo significado do presente Acordo.
Artigo 2.º
1 - Os organismos de ligação a que se refere o artigo 28.º da Convenção são os seguintes:a) Em Portugal - o Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social;b) Na Venezuela - o Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.2 - As autoridades competentes comunicarão entre si qualquer alteração na designação dos organismos de ligação.3 - Os organismos de ligação designados no n.º 1 deste artigo estabelecerão os formulários e documentos necessários para aplicação da Convenção e do presente Acordo Administrativo nas matérias da sua competência.
Artigo 3.º
1 - Nos casos a que se refere o artigo 6.º, alínea a), da Convenção, a instituição competente da Parte cuja legislação continua a ser aplicável enviará, a pedido da entidade patronal, um certificado de destacamento comprovando até que data o trabalhador continua sujeito à legislação dessa Parte.O pedido deverá ser formulado antes do destacamento do interessado ou dentro dos 30 dias subsequentes.O referido certificado constituirá a prova de que o mencionado trabalhador ficará isento de vinculação obrigatória à legislação de segurança social da outra Parte.2 - O pedido de autorização de prorrogação previsto no artigo 6.º, alínea a), da Convenção deverá ser formulado pela entidade patronal antes do termo do período de dois anos referido naquele artigo. O pedido será dirigido à autoridade competente da Parte em cujo território o trabalhador esteja segurado, que decidirá sobre a prorrogação, de comum acordo com a autoridade competente da Parte onde se efectua o destacamento.3 - Se o trabalhador a que se refere o artigo 6.º, alínea a), da Convenção estiver já a prestar serviço no território da Parte para onde foi destacado na data de entrada em vigor da Convenção, o período de dois anos contar-se-á a partir desta data.4 - Nos casos a que se refere o artigo 6.º, alínea e), da Convenção, o trabalhador que exerça o direito de opção dará conhecimento à instituição competente da Parte por cuja legislação optou através da sua entidade patronal. Esta instituição comunicará imediatamente tal facto à instituição da outra Parte.
CAPÍTULO IIPrestações pecuniárias por doença e maternidade
Artigo 4.º
Quando a instituição competente de uma das Partes deva aplicar a totalização de períodos de seguro prevista no artigo 8.º da Convenção, para efeitos da concessão de prestações pecuniárias por doença e maternidade, solicitará à instituição competente da outra Parte um certificado dos períodos de seguro cumpridos ao abrigo da sua legislação, no formulário estabelecido para o efeito.
CAPÍTULO IIIPrestações por velhice, invalidez ou incapacidade parcial, morte e sobrevivência
Artigo 5.º
1 - Os pedidos de prestações por velhice, invalidez ou incapacidade parcial e sobrevivência, por exercício de actividades numa ou em ambas as Partes Contratantes, deverão ser apresentados junto da instituição competente do lugar da residência do requerente, em conformidade com a legislação aplicável por essa instituição.2 - Se o requerente residir no território de um terceiro País, deverá dirigir-se à instituição competente da Parte Contratante ao abrigo de cuja legislação o próprio, ou a pessoa da qual deriva o direito, tenha estado segurada em último lugar.3 - Quando a instituição que tiver recebido o pedido não for a competente para instruir o processo, remetê-lo-á imediatamente, juntando toda a documentação, à instituição competente, através dos organismos de ligação.4 - Quando no pedido de prestação apenas forem indicadas actividades abrangidas pelas disposições legais de uma das Partes e o mesmo for apresentado na instituição da outra Parte, esta remetê-lo-á imediatamente à instituição competente da primeira Parte, através dos organismos de ligação.
Artigo 6.º
1 - Para a instrução dos pedidos de prestações por velhice, invalidez ou incapacidade parcial e sobrevivência apresentados ao abrigo da Convenção, as instituições competentes da Venezuela e de Portugal utilizarão um formulário de ligação estabelecido para o efeito.2 - Quando se tratar de pedidos de prestações por invalidez ou incapacidade parcial, a documentação será enviada com um parecer médico onde deverão constar as causas da incapacidade do interessado e a probabilidade de recuperação.A informação médica deverá ser emitida ou certificada pelos serviços médicos da segurança social portuguesa ou pelo Instituto Venezolano de los Seguros Sociales na Venezuela.
Artigo 7.º
1 - A instituição que tiver a seu cargo a instrução do processo fará constar os dados necessários no formulário de ligação a que se refere o artigo anterior e enviará dois exemplares do mesmo à instituição competente da outra Parte com a maior brevidade possível.2 - A pedido da instituição que tiver a seu cargo a instrução do processo e para efeitos da aplicação do n.º 2 do artigo 10.º da Convenção, a instituição competente da outra Parte devolverá um exemplar do formulário de ligação no qual se certificarão os períodos de seguro cumpridos ao abrigo da sua legislação.3 - O envio do formulário de ligação substitui o envio dos documentos justificativos dos dados nele indicados. A instituição que o recebe poderá, todavia, solicitar o envio de qualquer dos referidos documentos.4 - A instituição ou instituições competentes comunicarão aos interessados as decisões adoptadas e a vias e prazos de recurso de que dispõem, de acordo com a respectiva legislação.5 - Das decisões adoptadas sobre um processo em curso serão enviadas cópias à instituição competente da outra Parte.
CAPÍTULO IVPrestações por acidente de trabalho e doença profissional
Artigo 8.º
Em caso de pedido de prestações por acidente de trabalho ou doença profissional, aplicar-se-á por analogia o disposto no artigo 5.º do presente Acordo.Em relação a Portugal, a Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais é designada como instituição competente e instituição do lugar de residência para efeitos da aplicação do presente capítulo e do capítulo IV da Convenção.
Artigo 9.º
Para efeitos da aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 17.º da Convenção, a instituição competente da Parte que tenha indeferido o pedido de prestação por doença profissional remeterá adocumentação e cópia da sua decisão à instituição competente da outra Parte.
CAPÍTULO VDisposições diversas
Artigo 10.º
As instituições competentes de ambas as Partes Contratantes poderão solicitar entre si, a qualquer momento, pareceres médicos ou comprovações de factos e actos susceptíveis de produzir a modificação, suspensão, extinção ou a manutenção dos direitos ou prestações por elas reconhecidos. As despesas daí resultantes serão suportadas pela instituição competente que solicitou o parecer ou a comprovação, segundo as tarifas oficiais da instituição que realizar o parecer médico, ou segundo o correspondente montante efectivo, no caso de o parecer médico ou a acção ter sido realizada com meios alheios à segurança social, em Portugal, ou ao Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, na Venezuela. O pagamento será efectuado logo que se recebam os documentos justificativos daquelas despesas.
Artigo 11.º
Os organismos de ligação de ambas as Partes comunicarão entre si os dados estatísticos disponíveis relativos aos pagamentos de prestações efectuados aos beneficiários durante cada ano civil, em aplicação da Convenção. Os referidos dados conterão o número de beneficiários e o valor total das prestações.
Artigo 12.º
As prestações serão pagas directamente aos beneficiários pela instituição competente.Não obstante, poder-se-á acordar, se tal for julgado mais conveniente, que o pagamento das pensões de uma Parte seja efectuado através do organismo de ligação da Parte em que resida o beneficiário.
Artigo 13.º
A pedido de qualquer das Partes, poderá reunir-se uma comissão mista presidida pelas autoridades competentes, com a finalidade de examinar as questões que possam surgir na aplicação da Convenção e do presente Acordo.
CAPÍTULO VIDisposições finais
Artigo 14.º
O presente Acordo entrará em vigor na mesma data da Convenção e terá igual duração.
Feito na cidade de Lisboa, Portugal, aos 5 dias do mês de Março do ano de 1990, em dois exemplares em português e castelhano, fazendo ambos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:José Albino da Silva Peneda, Ministro do Emprego e da Segurança Social.
Pelo Governo da República da Venezuela:Germán Lairet Urgelles, Ministro do Trabalho.
☞Visualiza la versión original publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela
☞Visualiza la versión original publicada en el Diário da República Portuguesa
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA
El Congreso de la República de Venezuela
Decreta
la siguiente,
LEY APROBATORIA DEL ACUERDO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA
ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a Venezuela se refiere el Acuerdo de Seguridad Social entre la República de Venezuela y la República Portuguesa, suscrito en Caracas, el 21 de julio de mil novecientos ochenta y nueve.
“CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA
El Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República Portuguesa:
Deseando promover el bienestar de las personas que se trasladen entre los dos países o que trabajen en los respectivos territorios;
Deseando garantizar que esa personas gocen de iguales derechos al amparo de las respectivas legislaciones de Seguridad Social o de Seguro social;
Decididos a asegurar a los trabajadores de cada uno de los dos países que ejerzan o hayan ejercido actividad en el otro país, la conservación de los derechos de Seguridad Social o de Seguro Social, adquiridos o en vía de adquisición;
Han acordado celebrar el siguiente Convenio
CAPÍTULO IDISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Definiciones
1. Los términos que se enumeran a continuación tienen a efecto de la aplicación del presente Convenio el siguiente significado:
a) “Territorio” se refiere:
i) Respecto de Portugal: al territorio de Portugal en el continente europeo y a los archipiélagos de Azores y Madeira;ii) Respecto de Venezuela: al territorio de la República de Venezuela;
b) “Legislación”: leyes, reglamentos y demás disposiciones citadas en el artículo 2, vigentes en los territorios, o parcelas territoriales, de una u otra Parte Contratante;
c) “Autoridad competente”: respecto de Portugal, el Ministerio del Empleo y Seguridad Social, o autoridad correspondiente; respecto de Venezuela, el Ministerio de Trabajo;
d) “Institución”: organismo o autoridad responsable de la aplicación de la legislación a que se refiere el artículo 2;
e) “Institución competente”: institución que debe entender en cada caso concreto, de conformidad con la legislación aplicable;
f) “Organismo de enlace”: organismo de coordinación entre entidades que intervengan en la aplicación del Convenio y de información a los interesados sobre derechos y obligaciones derivados del mismo;
g) “Trabajador”: toda persona que como consecuencia de realizar o haber realizado una actividad por cuenta propia o ajena está o ha estado sujeta a la legislación señalada en el artículo 2;
h) “Familiares”: se refiere a las personas definidas o admitidas como tales, o designadas como miembros del grupo familiar en la legislación aplicable por la institución competente encargada de la concesión de las prestaciones; pero, si esta legislación solamente considera como miembros del grupo familiar a las personas que viven con el asegurado bajo el mismo techo, tal condición, a los efectos del presente Convenio, será considerada satisfecha en el caso de que dichas personas están principalmente a cargo del asegurado;
i) “Periodo de seguro”: periodo de cotización o periodo asimilado considerado como tal por cada legislación;
j) “Prestaciones”: cualquier prestación en dinero prevista por las legislaciones mencionadas en el artículo 2, incluido todo complemento, suplemento o revalorización.
2. Cualquier otro término o expresión no definidos en el presente convenio tendrán el significado que les fuere asignado en la legislación aplicable.
Artículo 2. Campo de aplicación por la materia
1. El Presente Convenio se aplica a la legislación que regula:
A) En Venezuela: el régimen del Seguro Social en lo atinente a las prestaciones en caso de:
a) Incapacidad temporal;b) Incapacidad parcial o invalidez;c) Vejez;d) Sobrevivientes;e) Asignación por defunción
B) En Portugal:
a) El régimen general y los regímenes especiales de Seguridad Social relativos a las prestaciones de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, sobrevivientes y subsidio funerario;b) Las prestaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
2. De igual manera será aplicable a la legislación que complete o modifique las prestaciones o regímenes a que se refiere el numeral anterior.
Artículo 3. Campo de aplicación personal
1. Las disposiciones del presente Convenio se aplican a las personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de la Seguridad social, o Seguro Social, de una u otra Parte Contratante y, de igual manera, a sus familiares y sobrevivientes calificados.
2. Las personas que hayan estado sujetas a la legislación de la Seguridad social, o Seguro social, de una de las Partes Contratantes y que se residencien en el territorio de l a otra Parte podrán inscribirse en el seguro del régimen facultativo de este país en las mismas condiciones que sus nacionales, para lo cual se tomarán en cuenta, si fuese necesario, los periodos de seguro cumplidos bajo la legislación de la primera Parte.
Si la legislación prevé un determinado plazo para solicitar la inscripción de este seguro, el mismo comenzará a contarse a partir de la fecha de la última cotización efectuada en cualquiera de las Partes.
Artículo 4. Igualdad de trato
Los nacionales de una Parte Contratante disfrutarán de igualdad de trato respecto a los de la otra Parte en lo concerniente a los derechos y obligaciones derivados de las legislaciones expresadas en el artículo 2.
Artículo 5. Legislación aplicable
Los trabajadores ocupados en el territorio de una de las Partes Contratantes estarán sujetos a la legislación de Seguridad social de esa Parte.
Artículo 6. Legislación aplicable: excepciones.
Se exceptúan de la aplicación del artículo anterior los trabajadores siguientes:
a) El trabajador que preste servicios en el territorio de una de las Partes contratantes para una entidad patronal con sede en ella, y que sea enviado a realizar un trabajo temporal en el territorio de la otra Parte, sigue sujeto a la legislación de la primera Parte, siempre que la duración del trabajo no exceda de 24 meses. En caso de que dicho trabajo se prolongue más allá de los 24 meses, debido a alguna causa imprevisible, las autoridades competentes de ambas Partes, de común acuerdo, podrán autorizar la prórroga de esta situación para un nuevo periodo de un año;
b) El personal de tripulación de las empresas de transporte aéreo y navegación o pesca marítima sigue sujeto a la legislación de la Parte contratante en cuyo territorio se halla la sede o domicilio de la respectiva entidad patronal;
c) Los representantes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera se regirán por lo establecido en los Convenios de viene sobre Relaciones diplomáticas, del 18 de abril de 1961, y sobre Relaciones consulares, del 24 de abril de 1963;
d) Los funcionarios públicos de una Parte, no incluidos en la letra c) de éste artículo, que sean destinados al territorio de la otra Parte quedarán sometidos a la legislación de la Parte a la que pertenece la Administración de la cual dependen;
e) El personal administrativo y técnico de las embajadas y consulados de una de las Partes Contratantes, al igual que los miembros de su personal de servicio, así como los trabajadores domésticos que estén colocados al servicio exclusivo de los representantes diplomáticos o funcionarios consulares de carrera, cuando sean nacionales del Estado acreditante, podrán optar por la aplicación de la legislación de dicho Estado. Esta opción se ejercerá dentro de los tres primeros meses a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, según el caso, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de iniciación del trabajo en el territorio de la parte donde desarrollan su actividad.
Artículo 7. Prestaciones de residentes extranjeros
1. Las pensiones, subsidios, rentas e indemnizaciones adquiridas en virtud de la legislación de una Parte Contratante no estarán sujetas a reducción, modificación, suspensión o retención por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de la otra Parte.
2. Las prestaciones económicas debidas por una de las Partes Contratantes, en aplicación del presente convenio, se harán efectivas a los beneficiarios que residan en el territorio de la otra Parte o de un tercer país.
CAPÍTULO IIPRESTACIONES EN DINERO POR ENFERMEDAD Y MATERNIDAD
Artículo 8. Las prestaciones en dinero por enfermedad y maternidad estarán a cargo de la institución competente de la Parte cuya legislación sea aplicable al trabajador de acuerdo con los artículos 5 y 6 de este Convenio.
Para la concesión de las mismas se tendrá en cuenta, si es necesario, la totalización de periodos de seguro en la forma establecida en el artículo 9.
CAPÍTULO IIIPRESTACIONES DE INCAPACIDAD PARCIAL, INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVIENTES
Artículo 9. Totalización
Para la adquisición, conservación y recuperación del derecho a las prestaciones reguladas en este capítulo, cuando un trabajador haya estado sometido sucesiva o alternativamente a la legislación de las dos Partes Contratantes, los periodos de seguro cumplidos en virtud de la legislación de cada una de las Partes serán totalizadas cuando sea necesario y siempre que no coincidan.
Artículo 10. Regulación de prestación
El trabajador que haya estado sucesiva o alternativamente sometido a la legislación de una y otra Parte Contratante causará derecho a las prestaciones reguladas en este capítulo, en las condiciones siguientes:
1. Si se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de una o de ambas Partes Contratantes para causar derecho a las prestaciones, la institución o las instituciones competentes aplicarán su propia legislación interna teniendo en cuenta únicamente los periodos de seguro cumplidos bajo dicha legislación.
2. Si no se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de una o ambas Partes Contratantes para causar derecho a las prestaciones, la institución o las instituciones competentes totalizarán con los propios los periodos de seguro cumplidos bajo la legislación de la otra Parte.
Artículo 11. Calificación de periodos de seguro
A los fines de la totalización prevista en el artículo 10:
a) En el caso de que un periodo de seguro cumplido en un régimen obligatorio de una Parte se superponga con un periodo de seguro cumplido en un régimen voluntario de la otra Parte, únicamente será considerado el cumplimiento en un régimen obligatorio;
b) En el caso de que un mismo periodo fuere simultáneamente considerado como un periodo equivalente en la legislación de los dos países, únicamente será considerado por la Parte en la cual el asegurado haya cumplido un periodo obligatorio en último lugar, antes del periodo en cuestión; cuando el asegurado no haya cumplido periodos obligatorios anteriores en ninguna de las Partes el periodo equivalente será considerado por la Parte en la cual haya cumplido posteriormente, por primera vez, un periodo obligatorio;
c) Los periodos de seguro cumplidos en una de las Partes, bajo un régimen en relación al cual no se aplica el presente Convenio, pero que son tomadas en cuenta para un régimen de esa Parte en relación al cual se aplica dicho Convenio, deben ser considerados como periodos de seguro para efectos de la totalización por la otra Parte.
Artículo 12. Periodos de seguro en régimen especial
Cuando la legislación de una de las Partes Contratantes haga depender la concesión de las prestaciones de la condición de que los periodos de seguro hayan sido cumplidos en una profesión sujeta a un régimen especial, los periodos cumplidos bajo la legislación de la otra Parte únicamente serán tomados en cuenta para la concesión de esas prestaciones si dichos periodos han sido cumplidos bajo un régimen correspondiente o, en su defecto en la misma profesión. En el caso de que el asegurado no llene las condiciones exigidas para beneficiarse de las referidas prestaciones, aun totalizando los periodos así cumplidos bajo las legislaciones de ambos países, esos periodos serán tomados en cuenta para la concesión de las prestaciones del régimen general.
Artículo 13. Condiciones más favorables
Si la legislación de una Parte contratante establece condiciones más favorables para conceder prestaciones al trabajador que haya ejercido una actividad en medios insalubres o capaces de producir una vejez prematura, la institución de dicha Parte tendrá en cuenta los periodos de seguro acreditados en la otra Parte duran te el ejercicio de esa misma actividad y con los riesgos indicados.
Artículo 14. Periodos de seguro inferiores a un año
1. Si la duración total de los periodos de seguro cumplidos bajo la legislación de una Parte Contratante no llega a un año y si, teniendo en cuenta únicamente estos periodos, no se adquiere ningún derecho según su legislación, no estará obligada esta Parte a conceder prestaciones en razón de dichos periodos. Sin embargo, estos periodos serán tomados en consideración por la institución de la otra Parte para la adquisición del derecho a la persona cuando se aplique el artículo 10, aparte 2.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando existan periodos de seguro inferiores a un año, cumplidos bajo la legislación de ambas Partes, éstos deberán totalizarse de acuerdo con el artículo 10, aparte 2, si con dicha totalización se adquiere derecho a prestaciones bajo la legislación de una o de ambas Partes.
Artículo 15. Liquidación de prestaciones
1. La Parte Contratante que haya procedido a la totalización de los periodos de seguro procederá a la liquidación de las prestaciones a las cuales el interesado tenga derecho, bajo la respectiva legislación, de la siguiente forma:
a) Calculará previamente el monto teórico de la prestación a la que el interesado tendría derecho en el caso de que todos los periodos de seguro hubiesen sido cumplidos exclusivamente bajo la legislación aplicable por ella;
b) Fijará, seguidamente, la prestación a cancelar al interesado, deduciéndola del monto teórico calculado según se indica en el literal a), en la proporción de la duración de los periodos de seguro cumplidos bajo su propia legislación, relacionada con la duración total de los periodos de seguro cumplidos bajo las legislaciones de ambas Partes.
2. Cuando, en virtud de la legislación de una de las Partes Contratantes, el cálculo de las prestaciones debe ser efectuado con base en el salario prometido de todo o parte del periodo de seguro, dicho salario promedio será determinado de acuerdo a los salarios pagados durante el periodo de seguro cumplido bajo la legislación de la referida Parte.
3. Si la suma de las prestaciones a conceder por las instituciones de las Partes Contratantes es inferior al monto mínimo vigente en la Parte donde el interesado resida, la diferencia será soportada por la institución de esa última Parte.
Artículo 16. Cálculo de prestaciones
1. Para determinar la base de cálculo o reguladora de la prestación, cada institución competente aplicará su legislación.
2. Cuando todo o parte del periodo de cotización que ha de tomarse para el cálculo de la base reguladora de prestaciones se hubiera cumplido en Portugal, la institución competente de Venezuela determinará la pensión considerando que en dicho periodo las cotizaciones han sido efectuadas a razón del salario mínimo existente en Venezuela.
CAPÍTULO IVACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
Artículo 17. Legislación aplicable
1. El derecho a las prestaciones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional será determinado por la legislación de la Parte Contratante a la que el trabajador se hallare sometido en la fecha de producirse el accidente o declararse la enfermedad, a menos que la enfermedad haya sido contraída en la otra Parte, en cuyo caso la prestación estará a cargo de ésta, de acuerdo con su legislación.
2. Si la persona no alcanzara derecho a prestaciones de enfermedad profesional al amparo de la legislación de la Parte que indica el párrafo anterior, sus derechos serán examinados por la otra Parte de acuerdo con su legislación, siempre que hubiese ejercido una actividad susceptible de provocar dicha enfermedad bajo la legislación de esta última Parte.
3. Cuando la legislación de una de las Partes subordine la concesión de las prestaciones de enfermedad profesional a la condición de que la enfermedad considerada haya sido comprobada por primera vez en su territorio, esta condición se considerará cumplida cuando la enfermedad haya sido comprobada por primera vez en el territorio de la otra Parte.
Artículo 18. Evaluación de accidentes anteriores
En el supuesto de que un trabajador hubiere sufrido un accidente de trabajo, o una enfermedad profesional, respecto de las cuales se aplicara la legislación de una de las Partes Contratantes y posteriormente sufriere otros accidentes de trabajo o enfermedad profesional respecto de las cuales ha de aplicarse ña legislación de la otra Parte Contratante, la Institución Competente de esta última Parte, a los efectos de determinar el grado de incapacidad de dicho trabajador, tendrá en cuenta el primer infortunio como si hubiera ocurrido bajo su legislación pero sólo asumirá el pago correspondiente a la incapacidad derivada del segundo infortunio.
Artículo 19. Agravación de Enfermedad
En caso de agravación de una enfermedad profesional que haya dado lugar a pensión según la legislación de una de las dos Partes Contratantes, cuando el beneficiario reside en el territorio de la otra, serán aplicables las siguientes re glas:
A) Si el trabajador no ha ejercido en el lugar de su nueva residencia una actividad susceptible de agravar esta enfermedad profesional, la institución de la primera Parte tomará a su cargo la agravación de la enfermedad en los términos de su propia legislación;
B) Si el trabajador ha ejercido en el lugar de su nueva residencia una actividad susceptible de agravar esta enfermedad profesional:
a) La institución de la primera Parte conservará a su cargo la prestación debida al trabajador en virtud de su propia legislación, como si la enfermedad no hubiera sufrido agravación;
b) La institución de la otra Parte donde el trabajador ha realizado en último lugar esa actividad tomará a su cargo la prestación correspondiente a la agravación. El importe de esta prestación se determinará de acuerdo con la legislación de esta última Parte como si la enfermedad se hubiera producido en su territorio y será igual a la diferencia entre el importe de la prestación debida al trabajador después de producirse la agravación y el que le hubiere correspondido antes de producirse dicha agravación.
CAPÍTULO VSUBSIDIO FUNERARIO O ASIGNACIÓN POR DEFUNCIÓN
Artículo 20. Legislación aplicable. Totalización
1. Los subsidios funerarios o asignaciones por defunción se regirán por la legislación que fuere aplicable al trabajador en la fecha del fallecimiento.
El reconocimiento y cálculo de la prestación se realizarán totalizando, si fuera necesario, los periodos de seguro cumplidos por el causante de la prestación bajo la legislación de la otra Parte, de acuerdo con el artículo 9.
2. En los casos de fallecimiento de un pensionado que lo fuera de ambas Partes Contratantes, el reconocimiento de la prestación se regulará por la legislación de la Parte en cuyo territorio residiera el pensionado en el momento de su fallecimiento.
3. Si el fallecimiento del pensionado tuviera lugar en un tercer país, la legislación aplicable, en el caso de que tuviera derecho a la prestación en ambas Partes Contratantes, sería la de la Parte donde figuró asegurado por última vez el trabajador.
CAPÍTULO VIDISPOSICIONES DIVERSAS
Artículo 21. Condiciones
Cuando, según la legislación de una de las Partes Contratantes, el disfrute de una prestación de la Seguridad Social o Seguro Social, o la obtención de ingresos de otra naturaleza, o la realización de una actividad lucrativa, produzcan efectos jurídicos sobre el derecho a una prestación, o sobre la afiliación al sistema de la Seguridad Social, o Seguro Social, estas situaciones tendrán efectos jurídicos aunque se produzcan o se hayan producido en el territorio de la otra Parte.
Artículo 22. Revalorización de prestaciones
Las prestaciones reconocidas por aplicación de las normas del capítulo II se revalorizarán con la misma periodicidad y en idéntica cuantía que las previstas en la respectiva legislación interna.
Sin embargo, cuando la cuantía de una pensión haya sido determinada bajo el régimen de prorrata previsto en el aparte 1 del artículo 15, el importe de la revalorización se efectuará mediante la aplicación de la misma regla de proporcionalidad citada en los mencionados aparte y artículo.
Artículo 23. Trámite de documentos
Las peticiones, declaraciones o recursos que deban presentarse, en determinado plazo, a las autoridades competentes e instituciones de una Parte Contratante tienen la misma validez cuando se presenten dentro del mismo plazo a las autoridades competentes e instituciones de la otra Parte.
En el acuerdo administrativo a que se refiere el artículo 27 se establecerán normas para la tramitación de los documentos.
Artículo 24. Beneficios de derechos, legalización y traducción de documentos
1. Los beneficios de exenciones o reducciones de tasas, timbre, derechos de secretaría o de registro u otros análogos previstos en la legislación de una de las Partes Contratantes para los certificados y documentos que se expidan en aplicación de la legislación de esa Parte se extenderán a los documentos y certificados que hayan de expedirse para la aplicación de la legislación de la otra Parte, o del presente convenio.
2. Todos los actos administrativos y documentos que se expidan en aplicación del presente Convenio serán dispensados de los requisitos de legalización o visado, pero serán traducidos por intérpretes públicos cuando cualquiera de las dos Partes lo considere necesario.
Artículo 25. Pago de prestaciones en moneda nacional
Las instituciones deudoras de prestaciones quedarán válidamente liberadas cuando efectúen el pago en la moneda de su país.
Artículo 26. Buenos oficios y colaboración
Las autoridades competentes e instituciones de ambas Partes se prestarán sus buenos oficios y la más amplia colaboración técnica y administrativa para la aplicación del presente convenio dentro del marco de su propia legislación.
Artículo 27. Acuerdos administrativos
Las autoridades competentes e instituciones de ambas Partes elaborarán conjuntamente acuerdos administrativos para la aplicación y ejecución del presente convenio.
Artículo 28. Medidas para el cumplimiento del Convenio
Las autoridades competentes de las dos Partes se comprometen a tomar las siguientes medidas para el debido cumplimiento del presente Convenio:
a) Designar a los organismos de enlace;b) Comunicar las medidas adoptadas internamente para la aplicación de este Convenio;c) Notificarse todas las disposiciones legislativas y reglamentarias que modifiquen las que se mencionan en el artículo 2.
Artículo 29. Comunicación directa
Para la debida aplicación y cumplimiento de este Convenio, las autoridades competentes, organismos de enlace e instituciones de las dos Partes se comunicarán directamente entre sí.
Artículo 30. Solución de controversias
Las diferencias que puedan surgir en la interpretación y aplicación del presente Convenio se resolverán en la medida de lo posible por las autoridades competentes de ambas Partes. Las controversias que subsistan serán resueltas por la vía diplomática.
CAPÍTULO VIIDISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Artículo 31. Periodos y contingencias anteriores
1. Los periodos de seguro cumplidos según la legislación de las Partes Contratantes antes de la fecha de vigencia del presente Convenio serán tomados en consideración para la determinación del derecho a las prestaciones que se reconozcan en virtud del mismo. No obstante, la institución de Venezuela n o computará periodos de seguro anteriores al 1º de enero de 1967.
2. La aplicación del presente Convenio otorgará derechos a prestaciones por contingencias acaecidas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. Sin embargo, el pago de las mismas no se hará con efecto retroactivo a dicha fecha.
Artículo 32. Coincidencia de periodos anteriores
No obstante lo dispuesto en el capítulo III del presente Convenio si coincidiesen periodos de seguro en ambas Partes Contratantes, efectuados antes de la entrada en vigor del Convenio, cada una de las Partes tomará en consideración los periodos cotizados según su legislación a efectos de la aplicación del artículo 10.
Artículo 33. Revisión de solicitudes anteriores
Las solicitudes de prestaciones que hayan sido examinadas por cada una de las Partes antes de la entrada en vigor del Convenio podrán ser revisadas a petición de los interesados con arreglo a lo dispuesto en el mismo.
Artículo 34. Entrada en vigor
El presente Convenio estará sujeto al cumplimiento de los requisitos constitucionales de cada una de las Partes para su entrada en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de la última comunicación.
Artículo 35. Duración
1. El presente convenio se establece por un año a partir de la fecha de su entrada en vigor y se prorrogará automáticamente de año en año, salvo denuncia que deberá ser notificada seis meses antes de la expiración del plazo.
2. En el supuesto de cesar la vigencia del Convenio, las disposiciones del mismo se seguirán aplicando a los derechos adquiridos bajo su amparo.
Igualmente, en este caso, las Partes Contratantes acordarán las disposiciones que garanticen los derechos en vías de adquisición derivados de los periodos de seguro cumplidos con anterioridad a la fecha de terminación del Convenio.
En fe de lo cual los abajo firmantes, en uso de sus plenas atribuciones, firman el presente convenio. Hecho en la ciudad de Caracas, a los 21 días del mes de julio de 1989, en dos ejemplares igualmente auténticos, cada uno de ellos, en castellano y portugués.”
Por el Gobierno de la República de Venezuela
MARISELA PADRÓN QUEROMinistra del Trabajo
Por el Gobierno de la República Portuguesa
JOSÉ ALBINO DA SILVA PENEDAMinistro del Empleo y de la Seguridad Social
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas a los tres días del mes de julio de mil novecientos noventa y uno, Años 181º de la Independencia y 132º de la Federación.
El PresidentePEDRO GARCIA MONTECINOS
El VicepresidenteLUIS ENRIQUE OBERTO G.
Los SecretariosJOSE RAFAEL QUIROZ SERRANOJOSE RAFAEL GARCÍA
Palacio de Miraflores, en Caracas a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno. Años 181º de la Independencia y 132º de la Federación.
Cúmplase(L.S.)CARLOS ANDRES PÉREZ
Refrendado
El Ministro de Relaciones ExterioresARMANDO DURÁNEl Ministro del TrabajoJESUS RUBÉN RODRIGUEZ
Decreto n.º 27/92Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República da Venezuela respectivo Acordo Administrativo de aplicação
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo único. São aprovados a Convenção sobre a Segurança Social entre a República Portuguesa e a República da Venezuela, assinada em Caracas em 21 de Julho de 1989, para ratificação, e o Acordo Administrativo para aplicação da referida Convenção, assinado em Lisboa em 5 de Março de 1990, cujos textos originais, nas línguas portuguesa e castelhana, seguem em anexo ao presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 5 de Março de 1992. - Aníbal António Cavaco Silva - João de Deus Rogado Salvador Pinheiro - José Albino da Silva Peneda.
Ratificado em 9 de Abril de 1992.Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 11 de Abril de 1992.O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.
CONVENÇÃO SOBRE SEGURANÇA SOCIAL ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA DA VENEZUELA
O Governo da República Portuguesa e o Governo da República da Venezuela:Desejando promover o bem-estar das pessoas que se desloquem entre os dois países ou que trabalhem nos respectivos territórios;
Desejando garantir que essas pessoas gozem de iguais direitos ao abrigo das respectivas legislações de segurança social ou de seguro social;
Decididos a assegurar aos trabalhadores de cada um dos países que exerçam ou tenham exercido actividade no outro país a conservação dos direitos de segurança social ou de seguro social, adquiridos ou em vias de aquisição;
acordaram em celebrar a seguinte Convenção:
CAPÍTULO IDisposições gerais
Artigo 1.º Definições
1 - Os termos que a seguir se enumeram têm, para efeitos da aplicação da presente Convenção, o seguinte significado:a) «Território» designa:i) Relativamente a Portugal - o território de Portugal no continente europeu e os arquipélagos dos Açores e da Madeira;ii) Relativamente à Venezuela - o território da República da Venezuela;b) «Legislação» - leis, regulamentos e outras disposições citadas no artigo 2.º, vigentes nos territórios, ou parcelas territoriais, de uma ou outra Parte Contratante;c) «Autoridade competente» - relativamente a Portugal, o Ministério do Emprego e da Segurança Social, ou a autoridade correspondente; relativamente à Venezuela, o Ministério do Trabalho;d) «Instituição» - organismo ou autoridade responsável pela aplicação da legislação a que se refere o artigo 2.º;e) «Instituição competente» - instituição que deve emitir parecer, em cada caso concreto, de acordo com a legislação aplicável;f) «Organismo de ligação» - organismo de coordenação entre entidades que intervenham na aplicação da Convenção e na informação aos interessados sobre os direitos e as obrigações decorrentes da mesma:g) «Trabalhador» - qualquer pessoa que em consequência de exercer ou ter exercido uma actividade por conta própria ou por conta de outrem esteja, ou tenha estado abrangida, pela legislação mencionada no artigo 2.º;h) «Familiares» - designa as pessoas consideradas como tais, ou definidas como membros do agregado familiar pela legislação aplicável pela instituição competente encarregada da concessão dasprestações; todavia, se esta legislação apenas considerar como membros do agregado familiar as pessoas que vivem em comunhão de mesa e habitação com o segurado, esta condição, para efeitos da presente Convenção, considera-se cumprida quando essas pessoas estiverem de modo principal a cargo do segurado;i) «Período de seguro» - período de contribuição ou período equivalente considerado como tal por cada uma das legislações;j) «Prestações» - qualquer prestação pecuniária prevista pelas legislações mencionadas no artigo 2.º, incluindo quaisquer complementos, suplementos ou actualizações.2 - Qualquer outro termo ou expressão não definidos na presente Convenção terão o significado que lhes for atribuído pela legislação aplicável.
Artigo 2.º Campo de aplicação material
1 - A presente Convenção aplica-se à legislação que regula:A) Na Venezuela - o regime de seguro social relativo às prestações de:a) Incapacidade temporária;b) Incapacidade parcial ou invalidez;c) Velhice;d) Sobrevivência;e) Prestação por morte;B) Em Portugal:a) O regime geral e os regimes especiais de segurança social relativos às prestações de doença e maternidade, invalidez, velhice, sobrevivência e subsídio de funeral;b) Às prestações de acidentes de trabalho e doenças profissionais.2 - De igual forma será aplicável à legislação que complete ou modifique as prestações ou regimes a que se refere o número anterior.
Artigo 3.º Campo de aplicação pessoal
1 - As disposições da presente Convenção são aplicáveis às pessoas que estejam ou tenham estado abrangidas pela legislação de segurança social, ou seguro social, de uma ou outra Parte Contratante, bem como aos seus familiares e sobreviventes qualificados.2 - As pessoas que tenham estado abrangidas pela legislação de segurança social, ou seguro social, de uma das Partes Contratantes e que transfiram a sua residência para o território da outra Parte poderão inscrever-se no seguro de regime facultativo deste país nas mesmas condições que os seus nacionais, para o que serão tomados em consideração, se necessário, os períodos de seguro cumpridos ao abrigo da legislação da primeira Parte.Se a legislação prevê um determinado prazo para se requerer a inscrição neste seguro, o mesmo começará a contar a partir da data da última contribuição efectuada em qualquer das Partes.
Artigo 4.º Igualdade de tratamento
Os nacionais de uma Parte Contratante beneficiarão de igualdade de tratamento em relação aos da outra Parte, no que respeita aos direitos e obrigações decorrentes das legislações mencionadas no artigo 2.º
Artigo 5.º Legislação aplicável
Os trabalhadores ocupados no território de uma das Partes Contratantes estarão sujeitos à legislação de segurança social dessa Parte.
Artigo 6.º Legislação aplicável: excepções
Exceptuam-se da aplicação do artigo anterior os seguintes trabalhadores:a) O trabalhador que preste serviço no território de uma das Partes Contratantes para uma entidade patronal com sede nessa mesma Parte e que seja enviado para exercer um trabalho temporário no território da outra Parte continua sujeito à legislação da primeira Parte, desde que a duração do trabalho não exceda 24 meses. No caso de o referido trabalho se prolongar para além dos 24 meses, por motivo imprevisível, as autoridades competentes de ambas as Partes, de comum acordo, poderão autorizar a prorrogação dessa situação por um novo período de um ano;b) O pessoal de tripulação das empresas de transporte aéreo e navegação ou pesca marítima continua abrangido pela legislação da Parte Contratante em cujo território se encontra a sede ou domicílio da respectiva entidade patronal;c) Os representantes diplomáticos e funcionários consulares de carreira reger-se-ão pelo estabelecido nas Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 18 de Abril de 1961, e sobre Relações Consulares, de 24 de Abril de 1963;d) Os funcionários públicos de uma Parte, não incluídos na alínea c) deste artigo, que prestem serviço no território da outra Parte permanecerão abrangidos pela legislação da Parte a que pertence a Administração da qual dependem;e) O pessoal administrativo e técnico das embaixadas e consulados de uma das Partes Contratantes, bem como o pessoal ao seu serviço e os trabalhadores domésticos que estejam colocados ao serviço exclusivo dos representantes diplomáticos ou funcionários consulares de carreira, quando sejam nacionais do Estado acreditante, poderão optar pela aplicação da legislação do referido Estado. Esta opção exercer-se-á nos três primeiros meses a partir da entrada em vigor da presente Convenção, ou, conforme o caso, nos três meses seguintes à data de início do trabalho no território da Parte onde exercem a sua actividade.
Artigo 7.º Prestações de residentes estrangeiros
1 - As pensões, subsídios, rendas e indemnizações adquiridos ao abrigo da legislação de uma Parte Contratante não estarão sujeitos a redução, modificação, suspensão ou retenção pelo facto de o beneficiário residir no território da outra Parte.2 - As prestações pecuniárias devidas por uma das Partes Contratantes, por aplicação da presente Convenção, serão pagas aos beneficiários que residam no território da outra Parte ou em terceiro país.
CAPÍTULO IIPrestações pecuniárias por doença e maternidade
Artigo 8.º
As prestações pecuniárias por doença e maternidade estarão a cargo da instituição competente da Parte cuja legislação seja aplicável ao trabalhador, em conformidade com os artigos 5.º e 6.º da presente Convenção.Para a concessão das mesmas ter-se-á em conta, se necessário, a totalização dos períodos de seguro conforme é estabelecido no artigo 9.º
CAPÍTULO IIIPrestações por incapacidade parcial, invalidez, velhice e sobrevivência
Artigo 9.º Totalização
Para aquisição, manutenção e recuperação do direito às prestações reguladas no presente capítulo, quando um trabalhador tenha estado abrangido sucessiva ou alternadamente pela legislação das duas Partes Contratantes, os períodos de seguros cumpridos por força da legislação de cada uma das Partes serão totalizados, quando necessário e sempre que não se sobreponham.
Artigo 10.º Direito às prestações
O trabalhador que tenha estado sucessiva ou alternadamente abrangido pela legislação de uma e outra Parte Contratante abrirá direito às prestações reguladas no presente capítulo, nas condições seguintes:
1) Se estiverem cumpridas as condições exigidas pela legislação de uma ou de ambas as Partes Contratantes para abertura do direito às prestações, a instituição ou as instituições competentes aplicarão a sua própria legislação interna tomando em consideração apenas os períodos de seguro cumpridos ao abrigo dessa mesma legislação;2) Se não estiverem cumpridas as condições exigidas pela legislação de uma ou de ambas as Partes Contratantes para a abertura do direito às prestações, a instituição ou as instituições competentes totalizarão com os seus próprios períodos de seguro os períodos cumpridos ao abrigo da legislação da outra Parte.
Artigo 11.º Períodos de seguro a tomar em consideração
Para efeitos da totalização prevista no artigo 10.º:a) No caso de um período de seguro cumprido num regime obrigatório de uma Parte Contratante se sobrepor a um período de seguro cumprido num regime voluntário da outra Parte, apenas será tomado em consideração o período cumprido no regime obrigatório;b) No caso de um mesmo período ser simultaneamente considerado como período equivalente ao abrigo da legislação dos dois países, apenas será tomado em conta pela Parte ao abrigo de cuja legislação tenha sido cumprido um período obrigatório em último lugar, antes do período em questão; quando o segurado não tiver cumprido períodos obrigatórios anteriores em nenhuma das Partes, o período equivalente será tomado em consideração pela Parte em que tenha cumprido posteriormente, pela primeira vez, um período obrigatório;c) Os períodos de seguro cumpridos numa das Partes, ao abrigo de um regime em relação ao qual não se aplique a presente Convenção, mas que são tomados em consideração para um regime dessa Parte em relação ao qual se aplica a referida Convenção, devem ser tomados em consideração como períodos de seguro, para efeitos de totalizarão, pela outra Parte.
Artigo 12.º Períodos de seguro em regime especial
Quando a legislação de uma das Partes Contratantes fizer depender a concessão das prestações da condição de os períodos de seguro terem sido cumpridos numa profissão abrangida por um regime especial, os períodos cumpridos ao abrigo da legislação da outra Parte apenas serão tomados em consideração para a concessão dessas prestações se os referidos períodos tiverem sido cumpridos ao abrigo de um regime correspondente ou, na sua falta, na mesma profissão. No caso de o segurado não preencher as condições exigidas para beneficiar das referidas prestações, ainda que totalizando os períodos assim cumpridos ao abrigo das legislações de ambos os países, esses períodos serão tomados em consideração para a concessão das prestações do regime geral.
Artigo 13.º Condições mais favoráveis
Se a legislação de uma Parte Contratante estabelecer condições mais favoráveis para a concessão de prestações ao trabalhador que tenha exercido uma actividade em meios insalubres ou susceptíveis de causar velhice prematura, a instituição da referida Parte tomará em consideração os períodos de seguro cumpridos na outra Parte durante o exercício dessa mesma actividade e com os riscos mencionados.
Artigo 14.º Períodos de seguro inferiores a um ano
1 - Se o total dos períodos de seguro cumpridos ao abrigo da legislação de uma Parte Contratante for inferior a um ano e se, tomando em consideração apenas esses períodos, não houver lugar à abertura de direito ao abrigo dessa legislação, essa Parte não será obrigada a conceder prestações pelos referidos períodos. No entanto, aqueles períodos serão tomados em consideração pela instituição da outra Parte para abertura do direito à pensão quando o n.º 2 do artigo 10.º for aplicável.2 - Não obstante o disposto no parágrafo anterior, quando existam períodos de seguro inferiores a um ano cumpridos ao abrigo da legislação de ambas as Partes, estes deverão ser totalizados em conformidade com o n.º 2 do artigo 10.º se mediante a referida totalização houver lugar à abertura de direito a prestações ao abrigo da legislação de uma ou de ambas as Partes.
Artigo 15.º Liquidação de prestações
1 - A Parte Contratante que tenha procedido à totalizarão dos períodos de seguro procederá à liquidação das prestações a que o interessado tenha direito ao abrigo da respectiva legislação, do modo seguinte:a) Calculará previamente o montante teórico da prestação à qual o interessado teria direito como se todos os períodos de seguro tivessem sido cumpridos exclusivamente ao abrigo da legislação por ela aplicável;b) Determinará, seguidamente, a prestação a conceder ao interessado reduzindo o montante teórico calculado como se indica na alínea a), na proporção da duração dos período de seguro cumpridos ao abrigo da sua própria legislação, relativamente ao total dos períodos de seguro cumpridos ao abrigo das legislações de ambas as Partes.2 - Quando, por força da legislação de uma das Partes Contratantes, o cálculo das prestações deva ser efectuado com base no salário médio de todo ou parte do período de seguro, o referido salário médio será determinado em conformidade com os salários recebidos durante o período de seguro cumprido ao abrigo da legislação da referida Parte.3 - Se a soma das prestações a conceder pelas instituições das Partes Contratantes for inferior ao montante mínimo vigente na Parte onde o interessado resida, a diferença será suportada pela instituição dessa última Parte.
Artigo 16.º Cálculo de prestações
1 - Para determinar a base de cálculo ou reguladora da prestação, cada instituição competente aplicará a sua legislação.2 - Quando o período de contribuição a tomar em consideração para o cálculo da base reguladora de prestações tiver sido total ou parcialmente cumprido em Portugal, a instituição competente da Venezuela determinará a pensão considerando que no referido período as contribuições foram efectuadas com base no salário mínimo da Venezuela.
CAPÍTULO IVAcidentes de trabalho e doenças profissionais
Artigo 17.º Legislação aplicável
1 - O direito às prestações por acidente de trabalho ou doença profissional será determinado pela legislação da Parte Contratante pela qual o trabalhador se encontra abrangido à data em que ocorreu o acidente ou em que se declarou a doença, a menos que a doença tenha sido contraída na outra Parte, e neste caso a prestação ficará a cargo desta, em conformidade com a sua legislação.2 - Se a pessoa não tiver direito a prestações por doença profissional ao abrigo da legislação da Parte mencionada no número anterior, os seus direitos serão analisados pela outra Parte em conformidade com a sua legislação, sempre que a pessoa em causa tenha exercido uma actividade susceptível de provocar a referida doença, ao abrigo da legislação desta última Parte.3 - Quando a legislação de uma das Partes subordina a concessão das prestações por doença profissional à condição de que a doença considerada tenha sido comprovada pela primeira vez no seu território, esta condição considerar-se-á cumprida quando a doença tiver sido comprovada pela primeira vez no território da outra Parte.
Artigo 18.º Avaliação de acidentes anteriores
No caso de um trabalhador ter sofrido um acidente de trabalho ou uma doença profissional abrangidos pela legislação de uma das Partes Contratantes e posteriormente tiver sofrido outro acidente de trabalho ou doença profissional abrangidos pela legislação da outra Parte Contratante, a instituição competente desta última Parte, para efeitos de determinar o grau de incapacidade do referido trabalhador, tomará em consideração a primeira eventualidade como se tivesse ocorrido ao abrigo da sua legislação assegurando apenas o pagamento correspondente à incapacidade decorrente da segunda eventualidade.
Artigo 19.º Agravamento de doença
No caso de agravamento de uma doença profissional que tenha dado lugar a pensão em conformidade com a legislação de uma das Partes Contratantes, quando o beneficiário reside no território da outra Parte, serão aplicadas as normas seguintes:A) Se o trabalhador não tiver exercido no lugar da sua nova residência uma actividade susceptível de agravar esta doença profissional, a instituição da primeira Parte tomará a seu cargo o agravamento da doença nos termos da sua própria legislação;B) Se o trabalhador tiver exercido no lugar da sua nova residência uma actividade susceptível de agravar esta doença profissional:a) A instituição da primeira Parte tomará a seu cargo a prestação devida ao trabalhador por força da sua própria legislação, como se a doença não tivesse sofrido agravamento;b) A instituição da outra Parte onde o trabalhador tenha exercido em último lugar essa actividade tomará a seu cargo a prestação correspondente ao agravamento. A importância desta prestação será determinada em conformidade com a legislação desta última Parte como se a doença tivesse ocorrido no seu território e será igual à diferença entre a importância da prestação devida ao trabalhador depois de ocorrido o agravamento e a que lhe deveria ter correspondido antes do referido agravamento.
CAPÍTULO VSubsídio de funeral ou prestação por morte
Artigo 20.º Legislação aplicável. Totalização
1 - Os subsídios de funeral ou prestações por morte são regulados pela legislação que era aplicável ao trabalhador à data da morte.O deferimento e cálculo da prestação será efectuado totalizando, se for necessário, os períodos de seguro cumpridos pelo segurado ao abrigo da legislação da outra Parte, em conformidade com o artigo 9.º2 - Nos casos se morte de um pensionista de ambas as Partes Contratantes o deferimento da prestação será regulado pela legislação da Parte em cujo território o pensionista residia aquando da sua morte.3 - Se a morte do pensionista tiver ocorrido em terceiro país, a legislação aplicável, no caso de abrir direito a prestação em ambas as Partes Contratantes, será a da Parte onde o trabalhador esteve segurado em último lugar.
CAPÍTULO VIDisposições diversas
Artigo 21.º Condições
Quando, em conformidade com a legislação de uma das Partes Contratantes, o benefício de uma prestação de segurança social ouseguro social, ou a obtenção de benefícios de outra natureza, ou o exercício de uma actividade lucrativa produzirem efeitos jurídicos sobre o direito a uma prestação, ou sobre a inscrição no sistema de segurança social ou seguro social, estas situações terão efeitos jurídicos, ainda que ocorram ou tenham ocorrido no território da outra Parte.
Artigo 22.º Actualização de prestações
As prestações concedidas por aplicação das normas do capítulo II serão actualizadas com a mesma periodicidade e no mesmo montante previstos na respectiva legislação interna.Todavia, quando o montante de uma pensão tiver sido determinada segundo o regime da proporcionalidade previsto no n.º 1 do artigo 15.º, o montante da actualização será calculado mediante a aplicação da regra de proporcionalidade citada nos referidos número e artigo.
Artigo 23.º Tramitação de documentos
Os requerimentos, declarações ou recursos que devam ser apresentados, em determinado prazo, às autoridades competentes e instituições de uma Parte Contratante têm a mesma validade quando apresentados dentro do mesmo prazo às autoridades competentes e instituições da outra Parte.No acordo administrativo a que se refere o artigo 27.º serão estabelecidas normas para a tramitação dos documentos.
Artigo 24.º Isenção de pagamentos, legalização e tradução de documentos
1 - As isenções ou reduções de taxas, selo, emolumentos de secretaria ou de registo e outros análogos previstos na legislação de uma das Partes Contratantes para os certificados e documentos emitidos por força da aplicação da legislação dessa Parte serão extensivos aos documentos e certificados emitidos por força da aplicação da legislação da outra Parte ou da presente Convenção.2 - Todos os actos administrativos e documentos emitidos por aplicação da presente Convenção serão dispensados dos requisitos de legalização ou visto, mas serão traduzidos por intérpretes oficiais quando qualquer das Partes o considere necessário.
Artigo 25.º Pagamento de prestações em moeda nacional
As instituições devedoras de prestações desonerar-se-ão delas validamente quando efectuem o pagamento em moeda do seu país.
Artigo 26.º Ajuda mútua e colaboração
As autoridades competentes e instituições de ambas as Partes prestarão mutuamente os seus bons ofícios e a mais ampla colaboração técnica e administrativa para a aplicação da presente Convenção dentro dos limites da sua própria legislação.
Artigo 27.º Acordos administrativos
As autoridades competentes e instituições de ambas as Partes elaborarão conjuntamente acordos administrativos para a aplicação e execução da presente Convenção.
Artigo 28.º Medidas para o cumprimento da Convenção
As autoridades competentes das duas Partes comprometem-se a tomar as seguintes medidas para o devido cumprimento da presente Convenção:a) Designar os organismos de ligação;b) Informar mutuamente sobre as medidas adoptadas internamente para aplicação da presente Convenção;c) Comunicar mutuamente todas as disposições legislativas e regulamentares que modifiquem as que se mencionam no artigo 2.º
Artigo 29.º Comunicação directa
Para a devida aplicação e cumprimento da presente Convenção, as autoridades competentes, organismos de ligação e instituições das duas Partes comunicarão directamente entre si.
Artigo 30.º Solução de diferendos
Os diferendos que possam surgir na interpretação e aplicação da presente Convenção serão resolvidos na medida do possível pelas autoridades competentes de ambas as Partes. Os diferendos que subsistam serão resolvidos por via diplomática.
CAPÍTULO VIIDisposições transitórias e finais
Artigo 31.º Períodos e ocorrências anteriores
1 - Os períodos de seguro cumpridas ao abrigo da legislação das Partes Contratantes antes da data da entrada em vigor da presente Convenção serão tomados em consideração para determinação do direito às prestações reconhecidas por força da mesma. Contudo, a instituição da Venezuela não tomará em consideração os períodos de seguro anteriores a 1 de Janeiro de 1967.2 - A aplicação da presente Convenção abrirá direito a prestações relativas a ocorrências anteriores à data da sua entrada em vigor. Contudo, não haverá pagamento das mesmas retroactivamente à referida data.
Artigo 32.º Sobreposição de períodos anteriores
Não obstante o disposto no capítulo III da presente Convenção, se em ambas as Partes Contratantes houver sobreposição de períodos de seguro efectuados antes da entrada em vigor da presente Convenção, cada uma das Partes tomará em consideração os períodos de contribuição em conformidade com a sua legislação, para efeitos de aplicação do artigo 10.º
Artigo 33.º Revisão de requerimentos anteriores
Os requerimentos de prestações que tenham sido analisados por cada uma das Partes antes da entrada em vigor da presente Convenção poderão a pedido dos interessados ser revistos, em conformidade com o disposto na mesma Convenção.
Artigo 34.º Entrada em vigor
A presente Convenção estará sujeita ao cumprimento das disposições constitucionais de cada uma das Partes para a sua entrada em vigor. Para o efeito, cada uma das Partes comunicará à outra o cumprimento das suas próprias disposições.A Convenção entrará em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte à data da última comunicação.
Artigo 35.º Duração
1 - A presente Convenção terá a duração de um ano a partir da data da sua entrada em vigor e será renovada automaticamente por períodos de um ano, salvo denúncia, que deverá ser notificada seis meses antes de expirar o prazo.2 - No caso de cessar a vigência da Convenção, as disposições da mesma continuarão a ser aplicadas aos direitos adquiridos nos termos da mesma Convenção.Igualmente, neste caso, as Partes Contratantes acordarão as disposições que garantam os direitos em vias de aquisição decorrentes dos períodos de seguro cumpridos anteriormente à data em que expira a Convenção.
Em fé do que os abaixo assinados, no uso das suas plenas atribuições, assinam a presente Convenção, feita na cidade de Caracas, aos 21 dias do mês de Julho do ano de 1989, em dois exemplares, em português e em castelhano, fazendo ambos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:José Albino da Silva Peneda, Ministro do Emprego e da Segurança Social.
Pelo Governo da República da Venezuela:Marisela Padrón Quero, Ministra do Trabalho.
ACORDO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO SOBRE SEGURANÇA SOCIAL ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA DA VENEZUELA.
Para efeitos da aplicação da Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República da Venezuela, as autoridades competentes das Partes Contratantes celebraram o seguinte Acordo Administrativo:
CAPÍTULO IDisposições gerais
Artigo 1.º
Para efeitos da aplicação do presente Acordo Administrativo:1) O termo «Convenção» designa a Convenção sobre Segurança Social entre a República da Venezuela e a República Portuguesa;2) O termo «Acordo» designa o presente Acordo;3) Os termos definidos no artigo 1.º da Convenção tem o mesmo significado do presente Acordo.
Artigo 2.º
1 - Os organismos de ligação a que se refere o artigo 28.º da Convenção são os seguintes:a) Em Portugal - o Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social;b) Na Venezuela - o Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.2 - As autoridades competentes comunicarão entre si qualquer alteração na designação dos organismos de ligação.3 - Os organismos de ligação designados no n.º 1 deste artigo estabelecerão os formulários e documentos necessários para aplicação da Convenção e do presente Acordo Administrativo nas matérias da sua competência.
Artigo 3.º
1 - Nos casos a que se refere o artigo 6.º, alínea a), da Convenção, a instituição competente da Parte cuja legislação continua a ser aplicável enviará, a pedido da entidade patronal, um certificado de destacamento comprovando até que data o trabalhador continua sujeito à legislação dessa Parte.O pedido deverá ser formulado antes do destacamento do interessado ou dentro dos 30 dias subsequentes.O referido certificado constituirá a prova de que o mencionado trabalhador ficará isento de vinculação obrigatória à legislação de segurança social da outra Parte.2 - O pedido de autorização de prorrogação previsto no artigo 6.º, alínea a), da Convenção deverá ser formulado pela entidade patronal antes do termo do período de dois anos referido naquele artigo. O pedido será dirigido à autoridade competente da Parte em cujo território o trabalhador esteja segurado, que decidirá sobre a prorrogação, de comum acordo com a autoridade competente da Parte onde se efectua o destacamento.3 - Se o trabalhador a que se refere o artigo 6.º, alínea a), da Convenção estiver já a prestar serviço no território da Parte para onde foi destacado na data de entrada em vigor da Convenção, o período de dois anos contar-se-á a partir desta data.4 - Nos casos a que se refere o artigo 6.º, alínea e), da Convenção, o trabalhador que exerça o direito de opção dará conhecimento à instituição competente da Parte por cuja legislação optou através da sua entidade patronal. Esta instituição comunicará imediatamente tal facto à instituição da outra Parte.
CAPÍTULO IIPrestações pecuniárias por doença e maternidade
Artigo 4.º
Quando a instituição competente de uma das Partes deva aplicar a totalização de períodos de seguro prevista no artigo 8.º da Convenção, para efeitos da concessão de prestações pecuniárias por doença e maternidade, solicitará à instituição competente da outra Parte um certificado dos períodos de seguro cumpridos ao abrigo da sua legislação, no formulário estabelecido para o efeito.
CAPÍTULO IIIPrestações por velhice, invalidez ou incapacidade parcial, morte e sobrevivência
Artigo 5.º
1 - Os pedidos de prestações por velhice, invalidez ou incapacidade parcial e sobrevivência, por exercício de actividades numa ou em ambas as Partes Contratantes, deverão ser apresentados junto da instituição competente do lugar da residência do requerente, em conformidade com a legislação aplicável por essa instituição.2 - Se o requerente residir no território de um terceiro País, deverá dirigir-se à instituição competente da Parte Contratante ao abrigo de cuja legislação o próprio, ou a pessoa da qual deriva o direito, tenha estado segurada em último lugar.3 - Quando a instituição que tiver recebido o pedido não for a competente para instruir o processo, remetê-lo-á imediatamente, juntando toda a documentação, à instituição competente, através dos organismos de ligação.4 - Quando no pedido de prestação apenas forem indicadas actividades abrangidas pelas disposições legais de uma das Partes e o mesmo for apresentado na instituição da outra Parte, esta remetê-lo-á imediatamente à instituição competente da primeira Parte, através dos organismos de ligação.
Artigo 6.º
1 - Para a instrução dos pedidos de prestações por velhice, invalidez ou incapacidade parcial e sobrevivência apresentados ao abrigo da Convenção, as instituições competentes da Venezuela e de Portugal utilizarão um formulário de ligação estabelecido para o efeito.2 - Quando se tratar de pedidos de prestações por invalidez ou incapacidade parcial, a documentação será enviada com um parecer médico onde deverão constar as causas da incapacidade do interessado e a probabilidade de recuperação.A informação médica deverá ser emitida ou certificada pelos serviços médicos da segurança social portuguesa ou pelo Instituto Venezolano de los Seguros Sociales na Venezuela.
Artigo 7.º
1 - A instituição que tiver a seu cargo a instrução do processo fará constar os dados necessários no formulário de ligação a que se refere o artigo anterior e enviará dois exemplares do mesmo à instituição competente da outra Parte com a maior brevidade possível.2 - A pedido da instituição que tiver a seu cargo a instrução do processo e para efeitos da aplicação do n.º 2 do artigo 10.º da Convenção, a instituição competente da outra Parte devolverá um exemplar do formulário de ligação no qual se certificarão os períodos de seguro cumpridos ao abrigo da sua legislação.3 - O envio do formulário de ligação substitui o envio dos documentos justificativos dos dados nele indicados. A instituição que o recebe poderá, todavia, solicitar o envio de qualquer dos referidos documentos.4 - A instituição ou instituições competentes comunicarão aos interessados as decisões adoptadas e a vias e prazos de recurso de que dispõem, de acordo com a respectiva legislação.5 - Das decisões adoptadas sobre um processo em curso serão enviadas cópias à instituição competente da outra Parte.
CAPÍTULO IVPrestações por acidente de trabalho e doença profissional
Artigo 8.º
Em caso de pedido de prestações por acidente de trabalho ou doença profissional, aplicar-se-á por analogia o disposto no artigo 5.º do presente Acordo.Em relação a Portugal, a Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais é designada como instituição competente e instituição do lugar de residência para efeitos da aplicação do presente capítulo e do capítulo IV da Convenção.
Artigo 9.º
Para efeitos da aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 17.º da Convenção, a instituição competente da Parte que tenha indeferido o pedido de prestação por doença profissional remeterá adocumentação e cópia da sua decisão à instituição competente da outra Parte.
CAPÍTULO VDisposições diversas
Artigo 10.º
As instituições competentes de ambas as Partes Contratantes poderão solicitar entre si, a qualquer momento, pareceres médicos ou comprovações de factos e actos susceptíveis de produzir a modificação, suspensão, extinção ou a manutenção dos direitos ou prestações por elas reconhecidos. As despesas daí resultantes serão suportadas pela instituição competente que solicitou o parecer ou a comprovação, segundo as tarifas oficiais da instituição que realizar o parecer médico, ou segundo o correspondente montante efectivo, no caso de o parecer médico ou a acção ter sido realizada com meios alheios à segurança social, em Portugal, ou ao Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, na Venezuela. O pagamento será efectuado logo que se recebam os documentos justificativos daquelas despesas.
Artigo 11.º
Os organismos de ligação de ambas as Partes comunicarão entre si os dados estatísticos disponíveis relativos aos pagamentos de prestações efectuados aos beneficiários durante cada ano civil, em aplicação da Convenção. Os referidos dados conterão o número de beneficiários e o valor total das prestações.
Artigo 12.º
As prestações serão pagas directamente aos beneficiários pela instituição competente.Não obstante, poder-se-á acordar, se tal for julgado mais conveniente, que o pagamento das pensões de uma Parte seja efectuado através do organismo de ligação da Parte em que resida o beneficiário.
Artigo 13.º
A pedido de qualquer das Partes, poderá reunir-se uma comissão mista presidida pelas autoridades competentes, com a finalidade de examinar as questões que possam surgir na aplicação da Convenção e do presente Acordo.
CAPÍTULO VIDisposições finais
Artigo 14.º
O presente Acordo entrará em vigor na mesma data da Convenção e terá igual duração.
Feito na cidade de Lisboa, Portugal, aos 5 dias do mês de Março do ano de 1990, em dois exemplares em português e castelhano, fazendo ambos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:José Albino da Silva Peneda, Ministro do Emprego e da Segurança Social.
Pelo Governo da República da Venezuela:Germán Lairet Urgelles, Ministro do Trabalho.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
LEY APROBATORIA DEL ACUERDO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA
CARLOS ANDRES PÉREZ
Refrendado
El Ministro de Relaciones Exteriores
ARMANDO DURÁN
El Ministro del Trabajo
JESUS RUBÉN RODRIGUEZ
Decreto n.º 27/92
Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República da Venezuela respectivo Acordo Administrativo de aplicação
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 200.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo único. São aprovados a Convenção sobre a Segurança Social entre a República Portuguesa e a República da Venezuela, assinada em Caracas em 21 de Julho de 1989, para ratificação, e o Acordo Administrativo para aplicação da referida Convenção, assinado em Lisboa em 5 de Março de 1990, cujos textos originais, nas línguas portuguesa e castelhana, seguem em anexo ao presente decreto.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 5 de Março de 1992. - Aníbal António Cavaco Silva - João de Deus Rogado Salvador Pinheiro - José Albino da Silva Peneda.
Ratificado em 9 de Abril de 1992.
Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 11 de Abril de 1992.
O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.
CONVENÇÃO SOBRE SEGURANÇA SOCIAL ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA DA VENEZUELA
O Governo da República Portuguesa e o Governo da República da Venezuela:
Desejando promover o bem-estar das pessoas que se desloquem entre os dois países ou que trabalhem nos respectivos territórios;
Desejando garantir que essas pessoas gozem de iguais direitos ao abrigo das respectivas legislações de segurança social ou de seguro social;
Decididos a assegurar aos trabalhadores de cada um dos países que exerçam ou tenham exercido actividade no outro país a conservação dos direitos de segurança social ou de seguro social, adquiridos ou em vias de aquisição;
acordaram em celebrar a seguinte Convenção:
CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º Definições
1 - Os termos que a seguir se enumeram têm, para efeitos da aplicação da presente Convenção, o seguinte significado:
a) «Território» designa:
i) Relativamente a Portugal - o território de Portugal no continente europeu e os arquipélagos dos Açores e da Madeira;
ii) Relativamente à Venezuela - o território da República da Venezuela;
b) «Legislação» - leis, regulamentos e outras disposições citadas no artigo 2.º, vigentes nos territórios, ou parcelas territoriais, de uma ou outra Parte Contratante;
c) «Autoridade competente» - relativamente a Portugal, o Ministério do Emprego e da Segurança Social, ou a autoridade correspondente; relativamente à Venezuela, o Ministério do Trabalho;
d) «Instituição» - organismo ou autoridade responsável pela aplicação da legislação a que se refere o artigo 2.º;
e) «Instituição competente» - instituição que deve emitir parecer, em cada caso concreto, de acordo com a legislação aplicável;
f) «Organismo de ligação» - organismo de coordenação entre entidades que intervenham na aplicação da Convenção e na informação aos interessados sobre os direitos e as obrigações decorrentes da mesma:
g) «Trabalhador» - qualquer pessoa que em consequência de exercer ou ter exercido uma actividade por conta própria ou por conta de outrem esteja, ou tenha estado abrangida, pela legislação mencionada no artigo 2.º;
h) «Familiares» - designa as pessoas consideradas como tais, ou definidas como membros do agregado familiar pela legislação aplicável pela instituição competente encarregada da concessão das
prestações; todavia, se esta legislação apenas considerar como membros do agregado familiar as pessoas que vivem em comunhão de mesa e habitação com o segurado, esta condição, para efeitos da presente Convenção, considera-se cumprida quando essas pessoas estiverem de modo principal a cargo do segurado;
i) «Período de seguro» - período de contribuição ou período equivalente considerado como tal por cada uma das legislações;
j) «Prestações» - qualquer prestação pecuniária prevista pelas legislações mencionadas no artigo 2.º, incluindo quaisquer complementos, suplementos ou actualizações.
2 - Qualquer outro termo ou expressão não definidos na presente Convenção terão o significado que lhes for atribuído pela legislação aplicável.
Artigo 2.º Campo de aplicação material
1 - A presente Convenção aplica-se à legislação que regula:
A) Na Venezuela - o regime de seguro social relativo às prestações de:
a) Incapacidade temporária;
b) Incapacidade parcial ou invalidez;
c) Velhice;
d) Sobrevivência;
e) Prestação por morte;
B) Em Portugal:
a) O regime geral e os regimes especiais de segurança social relativos às prestações de doença e maternidade, invalidez, velhice, sobrevivência e subsídio de funeral;
b) Às prestações de acidentes de trabalho e doenças profissionais.
2 - De igual forma será aplicável à legislação que complete ou modifique as prestações ou regimes a que se refere o número anterior.
Artigo 3.º Campo de aplicação pessoal
1 - As disposições da presente Convenção são aplicáveis às pessoas que estejam ou tenham estado abrangidas pela legislação de segurança social, ou seguro social, de uma ou outra Parte Contratante, bem como aos seus familiares e sobreviventes qualificados.
2 - As pessoas que tenham estado abrangidas pela legislação de segurança social, ou seguro social, de uma das Partes Contratantes e que transfiram a sua residência para o território da outra Parte poderão inscrever-se no seguro de regime facultativo deste país nas mesmas condições que os seus nacionais, para o que serão tomados em consideração, se necessário, os períodos de seguro cumpridos ao abrigo da legislação da primeira Parte.
Se a legislação prevê um determinado prazo para se requerer a inscrição neste seguro, o mesmo começará a contar a partir da data da última contribuição efectuada em qualquer das Partes.
Artigo 4.º Igualdade de tratamento
Os nacionais de uma Parte Contratante beneficiarão de igualdade de tratamento em relação aos da outra Parte, no que respeita aos direitos e obrigações decorrentes das legislações mencionadas no artigo 2.º
Artigo 5.º Legislação aplicável
Os trabalhadores ocupados no território de uma das Partes Contratantes estarão sujeitos à legislação de segurança social dessa Parte.
Artigo 6.º Legislação aplicável: excepções
Exceptuam-se da aplicação do artigo anterior os seguintes trabalhadores:
a) O trabalhador que preste serviço no território de uma das Partes Contratantes para uma entidade patronal com sede nessa mesma Parte e que seja enviado para exercer um trabalho temporário no território da outra Parte continua sujeito à legislação da primeira Parte, desde que a duração do trabalho não exceda 24 meses. No caso de o referido trabalho se prolongar para além dos 24 meses, por motivo imprevisível, as autoridades competentes de ambas as Partes, de comum acordo, poderão autorizar a prorrogação dessa situação por um novo período de um ano;
b) O pessoal de tripulação das empresas de transporte aéreo e navegação ou pesca marítima continua abrangido pela legislação da Parte Contratante em cujo território se encontra a sede ou domicílio da respectiva entidade patronal;
c) Os representantes diplomáticos e funcionários consulares de carreira reger-se-ão pelo estabelecido nas Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 18 de Abril de 1961, e sobre Relações Consulares, de 24 de Abril de 1963;
d) Os funcionários públicos de uma Parte, não incluídos na alínea c) deste artigo, que prestem serviço no território da outra Parte permanecerão abrangidos pela legislação da Parte a que pertence a Administração da qual dependem;
e) O pessoal administrativo e técnico das embaixadas e consulados de uma das Partes Contratantes, bem como o pessoal ao seu serviço e os trabalhadores domésticos que estejam colocados ao serviço exclusivo dos representantes diplomáticos ou funcionários consulares de carreira, quando sejam nacionais do Estado acreditante, poderão optar pela aplicação da legislação do referido Estado. Esta opção exercer-se-á nos três primeiros meses a partir da entrada em vigor da presente Convenção, ou, conforme o caso, nos três meses seguintes à data de início do trabalho no território da Parte onde exercem a sua actividade.
Artigo 7.º Prestações de residentes estrangeiros
1 - As pensões, subsídios, rendas e indemnizações adquiridos ao abrigo da legislação de uma Parte Contratante não estarão sujeitos a redução, modificação, suspensão ou retenção pelo facto de o beneficiário residir no território da outra Parte.
2 - As prestações pecuniárias devidas por uma das Partes Contratantes, por aplicação da presente Convenção, serão pagas aos beneficiários que residam no território da outra Parte ou em terceiro país.
CAPÍTULO II
Prestações pecuniárias por doença e maternidade
Artigo 8.º
As prestações pecuniárias por doença e maternidade estarão a cargo da instituição competente da Parte cuja legislação seja aplicável ao trabalhador, em conformidade com os artigos 5.º e 6.º da presente Convenção.
Para a concessão das mesmas ter-se-á em conta, se necessário, a totalização dos períodos de seguro conforme é estabelecido no artigo 9.º
CAPÍTULO III
Prestações por incapacidade parcial, invalidez, velhice e sobrevivência
Artigo 9.º Totalização
Para aquisição, manutenção e recuperação do direito às prestações reguladas no presente capítulo, quando um trabalhador tenha estado abrangido sucessiva ou alternadamente pela legislação das duas Partes Contratantes, os períodos de seguros cumpridos por força da legislação de cada uma das Partes serão totalizados, quando necessário e sempre que não se sobreponham.
Artigo 10.º Direito às prestações
O trabalhador que tenha estado sucessiva ou alternadamente abrangido pela legislação de uma e outra Parte Contratante abrirá direito às prestações reguladas no presente capítulo, nas condições seguintes:
1) Se estiverem cumpridas as condições exigidas pela legislação de uma ou de ambas as Partes Contratantes para abertura do direito às prestações, a instituição ou as instituições competentes aplicarão a sua própria legislação interna tomando em consideração apenas os períodos de seguro cumpridos ao abrigo dessa mesma legislação;
2) Se não estiverem cumpridas as condições exigidas pela legislação de uma ou de ambas as Partes Contratantes para a abertura do direito às prestações, a instituição ou as instituições competentes totalizarão com os seus próprios períodos de seguro os períodos cumpridos ao abrigo da legislação da outra Parte.
Artigo 11.º Períodos de seguro a tomar em consideração
Para efeitos da totalização prevista no artigo 10.º:
a) No caso de um período de seguro cumprido num regime obrigatório de uma Parte Contratante se sobrepor a um período de seguro cumprido num regime voluntário da outra Parte, apenas será tomado em consideração o período cumprido no regime obrigatório;
b) No caso de um mesmo período ser simultaneamente considerado como período equivalente ao abrigo da legislação dos dois países, apenas será tomado em conta pela Parte ao abrigo de cuja legislação tenha sido cumprido um período obrigatório em último lugar, antes do período em questão; quando o segurado não tiver cumprido períodos obrigatórios anteriores em nenhuma das Partes, o período equivalente será tomado em consideração pela Parte em que tenha cumprido posteriormente, pela primeira vez, um período obrigatório;
c) Os períodos de seguro cumpridos numa das Partes, ao abrigo de um regime em relação ao qual não se aplique a presente Convenção, mas que são tomados em consideração para um regime dessa Parte em relação ao qual se aplica a referida Convenção, devem ser tomados em consideração como períodos de seguro, para efeitos de totalizarão, pela outra Parte.
Artigo 12.º Períodos de seguro em regime especial
Quando a legislação de uma das Partes Contratantes fizer depender a concessão das prestações da condição de os períodos de seguro terem sido cumpridos numa profissão abrangida por um regime especial, os períodos cumpridos ao abrigo da legislação da outra Parte apenas serão tomados em consideração para a concessão dessas prestações se os referidos períodos tiverem sido cumpridos ao abrigo de um regime correspondente ou, na sua falta, na mesma profissão. No caso de o segurado não preencher as condições exigidas para beneficiar das referidas prestações, ainda que totalizando os períodos assim cumpridos ao abrigo das legislações de ambos os países, esses períodos serão tomados em consideração para a concessão das prestações do regime geral.
Artigo 13.º Condições mais favoráveis
Se a legislação de uma Parte Contratante estabelecer condições mais favoráveis para a concessão de prestações ao trabalhador que tenha exercido uma actividade em meios insalubres ou susceptíveis de causar velhice prematura, a instituição da referida Parte tomará em consideração os períodos de seguro cumpridos na outra Parte durante o exercício dessa mesma actividade e com os riscos mencionados.
Artigo 14.º Períodos de seguro inferiores a um ano
1 - Se o total dos períodos de seguro cumpridos ao abrigo da legislação de uma Parte Contratante for inferior a um ano e se, tomando em consideração apenas esses períodos, não houver lugar à abertura de direito ao abrigo dessa legislação, essa Parte não será obrigada a conceder prestações pelos referidos períodos. No entanto, aqueles períodos serão tomados em consideração pela instituição da outra Parte para abertura do direito à pensão quando o n.º 2 do artigo 10.º for aplicável.
2 - Não obstante o disposto no parágrafo anterior, quando existam períodos de seguro inferiores a um ano cumpridos ao abrigo da legislação de ambas as Partes, estes deverão ser totalizados em conformidade com o n.º 2 do artigo 10.º se mediante a referida totalização houver lugar à abertura de direito a prestações ao abrigo da legislação de uma ou de ambas as Partes.
Artigo 15.º Liquidação de prestações
1 - A Parte Contratante que tenha procedido à totalizarão dos períodos de seguro procederá à liquidação das prestações a que o interessado tenha direito ao abrigo da respectiva legislação, do modo seguinte:
a) Calculará previamente o montante teórico da prestação à qual o interessado teria direito como se todos os períodos de seguro tivessem sido cumpridos exclusivamente ao abrigo da legislação por ela aplicável;
b) Determinará, seguidamente, a prestação a conceder ao interessado reduzindo o montante teórico calculado como se indica na alínea a), na proporção da duração dos período de seguro cumpridos ao abrigo da sua própria legislação, relativamente ao total dos períodos de seguro cumpridos ao abrigo das legislações de ambas as Partes.
2 - Quando, por força da legislação de uma das Partes Contratantes, o cálculo das prestações deva ser efectuado com base no salário médio de todo ou parte do período de seguro, o referido salário médio será determinado em conformidade com os salários recebidos durante o período de seguro cumprido ao abrigo da legislação da referida Parte.
3 - Se a soma das prestações a conceder pelas instituições das Partes Contratantes for inferior ao montante mínimo vigente na Parte onde o interessado resida, a diferença será suportada pela instituição dessa última Parte.
Artigo 16.º Cálculo de prestações
1 - Para determinar a base de cálculo ou reguladora da prestação, cada instituição competente aplicará a sua legislação.
2 - Quando o período de contribuição a tomar em consideração para o cálculo da base reguladora de prestações tiver sido total ou parcialmente cumprido em Portugal, a instituição competente da Venezuela determinará a pensão considerando que no referido período as contribuições foram efectuadas com base no salário mínimo da Venezuela.
CAPÍTULO IV
Acidentes de trabalho e doenças profissionais
Artigo 17.º Legislação aplicável
1 - O direito às prestações por acidente de trabalho ou doença profissional será determinado pela legislação da Parte Contratante pela qual o trabalhador se encontra abrangido à data em que ocorreu o acidente ou em que se declarou a doença, a menos que a doença tenha sido contraída na outra Parte, e neste caso a prestação ficará a cargo desta, em conformidade com a sua legislação.
2 - Se a pessoa não tiver direito a prestações por doença profissional ao abrigo da legislação da Parte mencionada no número anterior, os seus direitos serão analisados pela outra Parte em conformidade com a sua legislação, sempre que a pessoa em causa tenha exercido uma actividade susceptível de provocar a referida doença, ao abrigo da legislação desta última Parte.
3 - Quando a legislação de uma das Partes subordina a concessão das prestações por doença profissional à condição de que a doença considerada tenha sido comprovada pela primeira vez no seu território, esta condição considerar-se-á cumprida quando a doença tiver sido comprovada pela primeira vez no território da outra Parte.
Artigo 18.º Avaliação de acidentes anteriores
No caso de um trabalhador ter sofrido um acidente de trabalho ou uma doença profissional abrangidos pela legislação de uma das Partes Contratantes e posteriormente tiver sofrido outro acidente de trabalho ou doença profissional abrangidos pela legislação da outra Parte Contratante, a instituição competente desta última Parte, para efeitos de determinar o grau de incapacidade do referido trabalhador, tomará em consideração a primeira eventualidade como se tivesse ocorrido ao abrigo da sua legislação assegurando apenas o pagamento correspondente à incapacidade decorrente da segunda eventualidade.
Artigo 19.º Agravamento de doença
No caso de agravamento de uma doença profissional que tenha dado lugar a pensão em conformidade com a legislação de uma das Partes Contratantes, quando o beneficiário reside no território da outra Parte, serão aplicadas as normas seguintes:
A) Se o trabalhador não tiver exercido no lugar da sua nova residência uma actividade susceptível de agravar esta doença profissional, a instituição da primeira Parte tomará a seu cargo o agravamento da doença nos termos da sua própria legislação;
B) Se o trabalhador tiver exercido no lugar da sua nova residência uma actividade susceptível de agravar esta doença profissional:
a) A instituição da primeira Parte tomará a seu cargo a prestação devida ao trabalhador por força da sua própria legislação, como se a doença não tivesse sofrido agravamento;
b) A instituição da outra Parte onde o trabalhador tenha exercido em último lugar essa actividade tomará a seu cargo a prestação correspondente ao agravamento. A importância desta prestação será determinada em conformidade com a legislação desta última Parte como se a doença tivesse ocorrido no seu território e será igual à diferença entre a importância da prestação devida ao trabalhador depois de ocorrido o agravamento e a que lhe deveria ter correspondido antes do referido agravamento.
CAPÍTULO V
Subsídio de funeral ou prestação por morte
Artigo 20.º Legislação aplicável. Totalização
1 - Os subsídios de funeral ou prestações por morte são regulados pela legislação que era aplicável ao trabalhador à data da morte.
O deferimento e cálculo da prestação será efectuado totalizando, se for necessário, os períodos de seguro cumpridos pelo segurado ao abrigo da legislação da outra Parte, em conformidade com o artigo 9.º
2 - Nos casos se morte de um pensionista de ambas as Partes Contratantes o deferimento da prestação será regulado pela legislação da Parte em cujo território o pensionista residia aquando da sua morte.
3 - Se a morte do pensionista tiver ocorrido em terceiro país, a legislação aplicável, no caso de abrir direito a prestação em ambas as Partes Contratantes, será a da Parte onde o trabalhador esteve segurado em último lugar.
CAPÍTULO VI
Disposições diversas
Artigo 21.º Condições
Quando, em conformidade com a legislação de uma das Partes Contratantes, o benefício de uma prestação de segurança social ou
seguro social, ou a obtenção de benefícios de outra natureza, ou o exercício de uma actividade lucrativa produzirem efeitos jurídicos sobre o direito a uma prestação, ou sobre a inscrição no sistema de segurança social ou seguro social, estas situações terão efeitos jurídicos, ainda que ocorram ou tenham ocorrido no território da outra Parte.
Artigo 22.º Actualização de prestações
As prestações concedidas por aplicação das normas do capítulo II serão actualizadas com a mesma periodicidade e no mesmo montante previstos na respectiva legislação interna.
Todavia, quando o montante de uma pensão tiver sido determinada segundo o regime da proporcionalidade previsto no n.º 1 do artigo 15.º, o montante da actualização será calculado mediante a aplicação da regra de proporcionalidade citada nos referidos número e artigo.
Artigo 23.º Tramitação de documentos
Os requerimentos, declarações ou recursos que devam ser apresentados, em determinado prazo, às autoridades competentes e instituições de uma Parte Contratante têm a mesma validade quando apresentados dentro do mesmo prazo às autoridades competentes e instituições da outra Parte.
No acordo administrativo a que se refere o artigo 27.º serão estabelecidas normas para a tramitação dos documentos.
Artigo 24.º Isenção de pagamentos, legalização e tradução de documentos
1 - As isenções ou reduções de taxas, selo, emolumentos de secretaria ou de registo e outros análogos previstos na legislação de uma das Partes Contratantes para os certificados e documentos emitidos por força da aplicação da legislação dessa Parte serão extensivos aos documentos e certificados emitidos por força da aplicação da legislação da outra Parte ou da presente Convenção.
2 - Todos os actos administrativos e documentos emitidos por aplicação da presente Convenção serão dispensados dos requisitos de legalização ou visto, mas serão traduzidos por intérpretes oficiais quando qualquer das Partes o considere necessário.
Artigo 25.º Pagamento de prestações em moeda nacional
As instituições devedoras de prestações desonerar-se-ão delas validamente quando efectuem o pagamento em moeda do seu país.
Artigo 26.º Ajuda mútua e colaboração
As autoridades competentes e instituições de ambas as Partes prestarão mutuamente os seus bons ofícios e a mais ampla colaboração técnica e administrativa para a aplicação da presente Convenção dentro dos limites da sua própria legislação.
Artigo 27.º Acordos administrativos
As autoridades competentes e instituições de ambas as Partes elaborarão conjuntamente acordos administrativos para a aplicação e execução da presente Convenção.
Artigo 28.º Medidas para o cumprimento da Convenção
As autoridades competentes das duas Partes comprometem-se a tomar as seguintes medidas para o devido cumprimento da presente Convenção:
a) Designar os organismos de ligação;
b) Informar mutuamente sobre as medidas adoptadas internamente para aplicação da presente Convenção;
c) Comunicar mutuamente todas as disposições legislativas e regulamentares que modifiquem as que se mencionam no artigo 2.º
Artigo 29.º Comunicação directa
Para a devida aplicação e cumprimento da presente Convenção, as autoridades competentes, organismos de ligação e instituições das duas Partes comunicarão directamente entre si.
Artigo 30.º Solução de diferendos
Os diferendos que possam surgir na interpretação e aplicação da presente Convenção serão resolvidos na medida do possível pelas autoridades competentes de ambas as Partes. Os diferendos que subsistam serão resolvidos por via diplomática.
CAPÍTULO VII
Disposições transitórias e finais
Artigo 31.º Períodos e ocorrências anteriores
1 - Os períodos de seguro cumpridas ao abrigo da legislação das Partes Contratantes antes da data da entrada em vigor da presente Convenção serão tomados em consideração para determinação do direito às prestações reconhecidas por força da mesma. Contudo, a instituição da Venezuela não tomará em consideração os períodos de seguro anteriores a 1 de Janeiro de 1967.
2 - A aplicação da presente Convenção abrirá direito a prestações relativas a ocorrências anteriores à data da sua entrada em vigor. Contudo, não haverá pagamento das mesmas retroactivamente à referida data.
Artigo 32.º Sobreposição de períodos anteriores
Não obstante o disposto no capítulo III da presente Convenção, se em ambas as Partes Contratantes houver sobreposição de períodos de seguro efectuados antes da entrada em vigor da presente Convenção, cada uma das Partes tomará em consideração os períodos de contribuição em conformidade com a sua legislação, para efeitos de aplicação do artigo 10.º
Artigo 33.º Revisão de requerimentos anteriores
Os requerimentos de prestações que tenham sido analisados por cada uma das Partes antes da entrada em vigor da presente Convenção poderão a pedido dos interessados ser revistos, em conformidade com o disposto na mesma Convenção.
Artigo 34.º Entrada em vigor
A presente Convenção estará sujeita ao cumprimento das disposições constitucionais de cada uma das Partes para a sua entrada em vigor. Para o efeito, cada uma das Partes comunicará à outra o cumprimento das suas próprias disposições.
A Convenção entrará em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte à data da última comunicação.
Artigo 35.º Duração
1 - A presente Convenção terá a duração de um ano a partir da data da sua entrada em vigor e será renovada automaticamente por períodos de um ano, salvo denúncia, que deverá ser notificada seis meses antes de expirar o prazo.
2 - No caso de cessar a vigência da Convenção, as disposições da mesma continuarão a ser aplicadas aos direitos adquiridos nos termos da mesma Convenção.
Igualmente, neste caso, as Partes Contratantes acordarão as disposições que garantam os direitos em vias de aquisição decorrentes dos períodos de seguro cumpridos anteriormente à data em que expira a Convenção.
Em fé do que os abaixo assinados, no uso das suas plenas atribuições, assinam a presente Convenção, feita na cidade de Caracas, aos 21 dias do mês de Julho do ano de 1989, em dois exemplares, em português e em castelhano, fazendo ambos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
José Albino da Silva Peneda, Ministro do Emprego e da Segurança Social.
Pelo Governo da República da Venezuela:
Marisela Padrón Quero, Ministra do Trabalho.
ACORDO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO SOBRE SEGURANÇA SOCIAL ENTRE A REPÚBLICA PORTUGUESA E A REPÚBLICA DA VENEZUELA.
Para efeitos da aplicação da Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República da Venezuela, as autoridades competentes das Partes Contratantes celebraram o seguinte Acordo Administrativo:
CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Para efeitos da aplicação do presente Acordo Administrativo:
1) O termo «Convenção» designa a Convenção sobre Segurança Social entre a República da Venezuela e a República Portuguesa;
2) O termo «Acordo» designa o presente Acordo;
3) Os termos definidos no artigo 1.º da Convenção tem o mesmo significado do presente Acordo.
Artigo 2.º
1 - Os organismos de ligação a que se refere o artigo 28.º da Convenção são os seguintes:
a) Em Portugal - o Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social;
b) Na Venezuela - o Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
2 - As autoridades competentes comunicarão entre si qualquer alteração na designação dos organismos de ligação.
3 - Os organismos de ligação designados no n.º 1 deste artigo estabelecerão os formulários e documentos necessários para aplicação da Convenção e do presente Acordo Administrativo nas matérias da sua competência.
Artigo 3.º
1 - Nos casos a que se refere o artigo 6.º, alínea a), da Convenção, a instituição competente da Parte cuja legislação continua a ser aplicável enviará, a pedido da entidade patronal, um certificado de destacamento comprovando até que data o trabalhador continua sujeito à legislação dessa Parte.
O pedido deverá ser formulado antes do destacamento do interessado ou dentro dos 30 dias subsequentes.
O referido certificado constituirá a prova de que o mencionado trabalhador ficará isento de vinculação obrigatória à legislação de segurança social da outra Parte.
2 - O pedido de autorização de prorrogação previsto no artigo 6.º, alínea a), da Convenção deverá ser formulado pela entidade patronal antes do termo do período de dois anos referido naquele artigo. O pedido será dirigido à autoridade competente da Parte em cujo território o trabalhador esteja segurado, que decidirá sobre a prorrogação, de comum acordo com a autoridade competente da Parte onde se efectua o destacamento.
3 - Se o trabalhador a que se refere o artigo 6.º, alínea a), da Convenção estiver já a prestar serviço no território da Parte para onde foi destacado na data de entrada em vigor da Convenção, o período de dois anos contar-se-á a partir desta data.
4 - Nos casos a que se refere o artigo 6.º, alínea e), da Convenção, o trabalhador que exerça o direito de opção dará conhecimento à instituição competente da Parte por cuja legislação optou através da sua entidade patronal. Esta instituição comunicará imediatamente tal facto à instituição da outra Parte.
CAPÍTULO II
Prestações pecuniárias por doença e maternidade
Artigo 4.º
Quando a instituição competente de uma das Partes deva aplicar a totalização de períodos de seguro prevista no artigo 8.º da Convenção, para efeitos da concessão de prestações pecuniárias por doença e maternidade, solicitará à instituição competente da outra Parte um certificado dos períodos de seguro cumpridos ao abrigo da sua legislação, no formulário estabelecido para o efeito.
CAPÍTULO III
Prestações por velhice, invalidez ou incapacidade parcial, morte e sobrevivência
Artigo 5.º
1 - Os pedidos de prestações por velhice, invalidez ou incapacidade parcial e sobrevivência, por exercício de actividades numa ou em ambas as Partes Contratantes, deverão ser apresentados junto da instituição competente do lugar da residência do requerente, em conformidade com a legislação aplicável por essa instituição.
2 - Se o requerente residir no território de um terceiro País, deverá dirigir-se à instituição competente da Parte Contratante ao abrigo de cuja legislação o próprio, ou a pessoa da qual deriva o direito, tenha estado segurada em último lugar.
3 - Quando a instituição que tiver recebido o pedido não for a competente para instruir o processo, remetê-lo-á imediatamente, juntando toda a documentação, à instituição competente, através dos organismos de ligação.
4 - Quando no pedido de prestação apenas forem indicadas actividades abrangidas pelas disposições legais de uma das Partes e o mesmo for apresentado na instituição da outra Parte, esta remetê-lo-á imediatamente à instituição competente da primeira Parte, através dos organismos de ligação.
Artigo 6.º
1 - Para a instrução dos pedidos de prestações por velhice, invalidez ou incapacidade parcial e sobrevivência apresentados ao abrigo da Convenção, as instituições competentes da Venezuela e de Portugal utilizarão um formulário de ligação estabelecido para o efeito.
2 - Quando se tratar de pedidos de prestações por invalidez ou incapacidade parcial, a documentação será enviada com um parecer médico onde deverão constar as causas da incapacidade do interessado e a probabilidade de recuperação.
A informação médica deverá ser emitida ou certificada pelos serviços médicos da segurança social portuguesa ou pelo Instituto Venezolano de los Seguros Sociales na Venezuela.
Artigo 7.º
1 - A instituição que tiver a seu cargo a instrução do processo fará constar os dados necessários no formulário de ligação a que se refere o artigo anterior e enviará dois exemplares do mesmo à instituição competente da outra Parte com a maior brevidade possível.
2 - A pedido da instituição que tiver a seu cargo a instrução do processo e para efeitos da aplicação do n.º 2 do artigo 10.º da Convenção, a instituição competente da outra Parte devolverá um exemplar do formulário de ligação no qual se certificarão os períodos de seguro cumpridos ao abrigo da sua legislação.
3 - O envio do formulário de ligação substitui o envio dos documentos justificativos dos dados nele indicados. A instituição que o recebe poderá, todavia, solicitar o envio de qualquer dos referidos documentos.
4 - A instituição ou instituições competentes comunicarão aos interessados as decisões adoptadas e a vias e prazos de recurso de que dispõem, de acordo com a respectiva legislação.
5 - Das decisões adoptadas sobre um processo em curso serão enviadas cópias à instituição competente da outra Parte.
CAPÍTULO IV
Prestações por acidente de trabalho e doença profissional
Artigo 8.º
Em caso de pedido de prestações por acidente de trabalho ou doença profissional, aplicar-se-á por analogia o disposto no artigo 5.º do presente Acordo.
Em relação a Portugal, a Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais é designada como instituição competente e instituição do lugar de residência para efeitos da aplicação do presente capítulo e do capítulo IV da Convenção.
Artigo 9.º
Para efeitos da aplicação do disposto no n.º 2 do artigo 17.º da Convenção, a instituição competente da Parte que tenha indeferido o pedido de prestação por doença profissional remeterá a
documentação e cópia da sua decisão à instituição competente da outra Parte.
CAPÍTULO V
Disposições diversas
Artigo 10.º
As instituições competentes de ambas as Partes Contratantes poderão solicitar entre si, a qualquer momento, pareceres médicos ou comprovações de factos e actos susceptíveis de produzir a modificação, suspensão, extinção ou a manutenção dos direitos ou prestações por elas reconhecidos. As despesas daí resultantes serão suportadas pela instituição competente que solicitou o parecer ou a comprovação, segundo as tarifas oficiais da instituição que realizar o parecer médico, ou segundo o correspondente montante efectivo, no caso de o parecer médico ou a acção ter sido realizada com meios alheios à segurança social, em Portugal, ou ao Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, na Venezuela. O pagamento será efectuado logo que se recebam os documentos justificativos daquelas despesas.
Artigo 11.º
Os organismos de ligação de ambas as Partes comunicarão entre si os dados estatísticos disponíveis relativos aos pagamentos de prestações efectuados aos beneficiários durante cada ano civil, em aplicação da Convenção. Os referidos dados conterão o número de beneficiários e o valor total das prestações.
Artigo 12.º
As prestações serão pagas directamente aos beneficiários pela instituição competente.
Não obstante, poder-se-á acordar, se tal for julgado mais conveniente, que o pagamento das pensões de uma Parte seja efectuado através do organismo de ligação da Parte em que resida o beneficiário.
Artigo 13.º
A pedido de qualquer das Partes, poderá reunir-se uma comissão mista presidida pelas autoridades competentes, com a finalidade de examinar as questões que possam surgir na aplicação da Convenção e do presente Acordo.
CAPÍTULO VI
Disposições finais
Artigo 14.º
O presente Acordo entrará em vigor na mesma data da Convenção e terá igual duração.
Feito na cidade de Lisboa, Portugal, aos 5 dias do mês de Março do ano de 1990, em dois exemplares em português e castelhano, fazendo ambos igualmente fé.
Pelo Governo da República Portuguesa:
José Albino da Silva Peneda, Ministro do Emprego e da Segurança Social.
Pelo Governo da República da Venezuela:
☞Visualiza la versión original publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela
☞Visualiza la versión original publicada en el Diário da República Portuguesa
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