Decreto Nº 2.173 de fecha 30 de diciembre de 2015, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.210 Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 2015, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.220 Extraordinario de fecha 15 de marzo de 2016.
☑ Vigente ☞ FICHA TÉCNICA
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Procuraduría General de la República es un Organismo de rango constitucional, que no puede permanecer ajeno a las efectivas transformaciones, tanto orgánicas como normativas de la Administración Pública, las cuales ameritan que la Institución se mantenga en constante actualización a los fines de la adecuación a una nueva concepción de nuestro ordenamiento jurídico y el perfeccionamiento de las competencias atribuidas a este Organismo, que día a día debe desplegar con firmeza la doble función que le asigna la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la representación y defensa judicial y extrajudicial y el rol de órgano superior de consulta de la Administración Pública.
Así, la institución debe afianzar el derecho a la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela o el derecho de nuestro pueblo a la libre determinación, ya que este derecho tiene un lugar privilegiado en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1.966, y en muchos otros tratados internacionales, así pues se regula la posibilidad de que la Procuraduría extienda su rol como garante de los intereses de la República a través de sus servidores quienes con ocasión de su gestión pudieran ser afectados por acciones injerencistas de Poderes Extranjeros. Es por ello que puede afirmarse que el derecho de los pueblos a la autodeterminación constituye la base fundamental del Derecho Internacional Contemporáneo; sin embargo, es frecuente observar como los principios democráticos y los derechos humanos son vaciados de contenido por la promoción y la puesta en práctica de un orden económico injusto y desigual, derivado de la privatización y la mercantilización de casi todos los ámbitos de la vida, en detrimento de la soberanía por excelencia de los Estados, menoscabando el derecho a la defensa de sus intereses, entre ellos los intereses patrimoniales.
A fin de rehabilitar el derecho a la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales, y sus riquezas, componente esencial del derecho a la autodeterminación, se considera entonces que siendo deber constitucional de la Procuraduría General de la República asesorar, defender y representar judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República, ésta debe velar por la protección de la soberanía y de esta manera evitar que gobierno extranjero alguno pueda intervenir en el libre y soberano ejercicio de ese derecho fundamental.
De esta manera, uno de los objetivos de este Decreto Ley es garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el refuerzo de la actuación frente a acciones o amenazas injerencistas de estados o poderes extranjeros, siendo el deber de la Procuraduría General de la República velar por la protección de estos derechos, y como consecuencia de ello, incidir en el reconocimiento expreso de su carácter constitucional de representante exclusivo -judicial y extrajudicial-, tanto a nivel nacional como internacional, en la defensa de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República. Se instituye entonces, en este Decreto Ley, de manera formal, el deber de la Procuraduría General de la República de velar por el derecho a la soberanía del pueblo y su autodeterminación, pudiendo actuar de oficio o a instancias de las máximas autoridades en pro de ese derecho; incluyéndose además, un Capítulo que tiende a facilitar aún más, la actuación judicial de este organismo a nivel internacional, a través de la posibilidad de convertir recursos en divisas para sufragar los gastos asociados a la representación de la República cuando trascienda las fronteras patrias.
Por otra parte, se regula lo relativo a las faltas del Procurador o Procuradora General de la República, clasificando las faltas en absolutas y temporales, estableciendo en forma legal y expresa, la suplencia de las faltas temporales e interinarias a cargo del Viceprocurador o Viceprocuradora General de la República, esto como necesaria garantía a la permanente protección de los intereses de la República.
Decreto Nº 2.173 30 de diciembre de 2015
NICOLÁS MADURO MOROS
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia, política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, y en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 1º de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos, con Rango, Valor y Fuerza de Ley, para reforzar la soberanía y protección del pueblo venezolano y el orden constitucional de la República, en Consejo de Ministros.
DICTO
El siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
TÍTULO I
Objeto
Potestad constitucional
Las potestades y competencias de representación y defensa previstas en este artículo no podrán ser ejercidas por ningún otro órgano o funcionario del Estado, sin que medie previa y expresa sustitución otorgada por el Procurador o Procuradora General de la República.
Principio de Colaboración
Informes de los sustitutos y periodicidad
Opinión previa de la Procuraduría General de la República por actos de convenimiento
El incumplimiento de la obligación prevista en este artículo acarreará al funcionario que realice el acto, las responsabilidades administrativas, civiles y penales que le sean imputables, por los daños causados a los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República.
Acceso a los expedientes
Gratuidad e información a la Procuraduría General de la República
Orden Público
TÍTULO II
CAPÍTULO I
Competencias
1. Representar y defender judicial y extrajudicialmente la afectación directa o indirecta de los derechos e intereses patrimoniales de la República, tanto nacional como internacionalmente.
2. Representar y defender a la República, en los juicios que se susciten entre ésta y personas públicas o privadas, por nulidad, caducidad, resolución, alcance, interpretación y cumplimiento de contratos que suscriban los órganos del Poder Público Nacional; así como todo lo atinente al régimen de tierras baldías y contratos en materia minera, energética y ambiental que celebre el Ejecutivo Nacional.
3. Representar y defender a la República en los juicios de nulidad incoados contra los actos administrativos del Poder Ejecutivo Nacional.
4. Redactar y suscribir, conforme a las instrucciones de las máximas autoridades de los órganos del Poder Público Nacional, los documentos contentivos de actos, contratos o negocios de su respectiva gestión, relacionados con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, cuya competencia no les esté atribuida expresamente por mandato constitucional o legal.
5. Emitir opinión jurídica sobre los proyectos de los convenios o tratados internacionales a ser suscritos por la República, cuyo contenido esté vinculado con sus derechos, bienes e intereses patrimoniales, así como participar en las negociaciones de los convenios o tratados internacionales a ser suscritos por la República.
6. Redactar y suscribir los documentos de transferencias de titularidad de las tierras, en la cual estén involucrados los derechos e intereses patrimoniales de la República.
7. Recibir y tramitar a través de los organismos competentes, las denuncias sobre hechos o actos que, a su juicio, afecten los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República.
8. Demandar la nulidad de cualquier acto de los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad.
9. Las demás que atribuyan las leyes y demás actos normativos.
CAPÍTULO II
Competencias específicas en materia de ingresos públicos
1. Representar y defender judicial y extrajudicialmente, los derechos e intereses de la República, relacionados con los ingresos públicos nacionales; y
2. Redactar, conforme a las instrucciones impartidas por el Ejecutivo Nacional, los documentos contentivos de actos, contratos o negocios relacionados con los ingresos públicos nacionales.
CAPÍTULO III
Competencias específicas en materia de contratos
Cláusulas de arbitraje
Remisión por parte de máximas autoridades
CAPÍTULO IV
Competencias específicas en la actuación internacional
Representaciones internacionales
Fondo
CAPÍTULO V
Sistema Integral de Asesoría Jurídica
El Procurador o la Procuradora General de la República mediante Resolución, fijará todo lo relativo al funcionamiento del referido Sistema. Autorización para suscribir Contratos por honorarios profesionales de asesoría jurídica y de representación judicial
Artículo 18. Los contratos bajo la modalidad de honorarios profesionales de asesoría jurídica y de representación judicial, a ser suscritos por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional central y descentralizada, requieren la autorización previa y expresa de la Procuraduría General de la República, de conformidad con la normativa correspondiente.
El incumplimiento de la obligación prevista en este artículo, acarreará al funcionario competente las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes.
Debida Justificación
Registro
Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional central y descentralizada deben informar periódicamente a la Procuraduría General de la República sobre las actuaciones desempeñadas por los asesores y representantes como resultados de la ejecución de los contratos.
El Procurador o la Procuradora General de la República establecerá lo relativo al funcionamiento del Registro y las formas de supervisión y seguimiento de la ejecución de los contratos.
CAPÍTULO VI
Sección Primera
Función asesora
Los institutos autónomos, empresas del Estado, fundaciones y asociaciones civiles del Estado y demás establecimientos públicos nacionales deben tramitar sus consultas a través del respetivo órgano de adscripción. Dichas consultas serán remitidas a la Procuraduría General de la República por las máximas autoridades de los órganos de adscripción, acompañadas de los expedientes respectivos, debidamente sustanciados, los cuales deberán contener la opinión jurídica de los titulares de sus correspondientes consultorías jurídicas.
Los Estados y los Municipios tramitarán sus consultas a través de sus máximas autoridades ejecutivas, acompañadas del expediente respectivo debidamente sustanciado, el cual debe contener la opinión jurídica de sus correspondientes órganos asesores.
Obligaciones de los Consultores Jurídicos
1. Sustanciar y foliar los expedientes a ser sometidos a la consideración de la Procuraduría General de la República y realizar oportunamente la remisión de éstos cuando le fuera requerida;
2. Remitir, en cada caso, la opinión jurídica actualizada que les merezca el asunto sometido a consulta a la Procuraduría General de la República, así como los documentos y demás recaudos que sustenten dicha opinión;
3. Remitir las exposiciones de motivos de los proyectos de instrumentos jurídicos a ser sometidos al estudio y consideración jurídica de la Procuraduría General de la República, debidamente conformados por la respectiva Consultoría Jurídica;
4. Remitir los recaudos sobre los asuntos que deba conocer la Procuraduría General de la República y que ésta les requiera; y
5. Atender oportunamente las convocatorias que le efectuare la Procuraduría General de la República a fin de tratar asuntos relativos al desempeño de sus funciones.
Los funcionarios referidos en el encabezamiento de este artículo, deben enviar a la Procuraduría General de la República copia de los dictámenes y opiniones emitidos en el desempeño de sus funciones, relacionados con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, a los fines de coordinar y armonizar los criterios jurídicos de la Administración Pública.
Devolución de expedientes
Revisión previa de proyectos de leyes
Igualmente, en atención al principio de colaboración entre los Poderes Públicos, la Procuraduría General de la República podrá participar en los procesos de formación de leyes en el seno de la Asamblea Nacional.
Sección Segunda
Función del Consejo de Asesoría Jurídica de la Administración Pública Nacional
Corresponde al Procurador o Procuradora General de la República designar al secretario del Consejo de Asesoría Jurídica de la Administración Pública Nacional.
Convocatoria
La asistencia a las reuniones del Consejo de Asesoría Jurídica de la Administración Pública Nacional tiene carácter obligatorio. No obstante, sus miembros pueden hacerse representar por otro funcionario, cuando así lo autorice expresamente la máxima autoridad del organismo respectivo.
Disentimiento de criterios
Reuniones
El desarrollo de las reuniones del Consejo de Asesoría Jurídica de la Administración Pública Nacional podrá ser registrado y grabado, a objeto de conservar el contenido de los asuntos tratados.
Reglamento Interno
TÍTULO III
CAPÍTULO I
Plena representación
Autonomía
Alcance de la autonomía organizativa
Alcance de la autonomía funcional y administrativa
Alcance de la autonomía presupuestaria
1. El Procurador o Procuradora General de la República elabora el proyecto anual de presupuesto de ingresos y gastos de la Procuraduría General de la República y lo remite al Ejecutivo Nacional para su incorporación al respectivo Proyecto de Ley de Presupuesto Anual.
2. Es atribución del Procurador o Procuradora General de la República suscribir y ejecutar los contratos y ordenar los gastos inherentes a la ejecución presupuestaria del Organismo, sin perjuicio de las competencias y potestades que corresponden a los órganos de control presupuestario del Estado.
3. La Procuraduría General de la República, como Organismo con autonomía funcional, podrá dictar sus normas de modificaciones presupuestarias, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico aplicable.
Reglamento Interno
Encargados de las unidades jurídicas
Sustitución en abogados
Auxiliares del Procurador o Procuradora General de la República
1. El Consultor Jurídico o Consultora Jurídica de la Vicepresidencia de la República y los consultores jurídicos o consultoras jurídicas de los ministerios o de sus órganos desconcentrados, en quienes el Procurador o Procuradora General de la República pueda sustituir, mediante oficio, su representación para que atiendan judicialmente aquellos asuntos relacionados con dichos órganos.
2. Los abogados distintos a los funcionarios de la Procuraduría General de la República, contratados para prestar servicios temporales, o para atender determinados asuntos dentro del territorio nacional en defensa de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, en quienes el Procurador o Procuradora General de la República haya sustituido su representación, mediante poder otorgado con las formalidades legales correspondientes.
3. Los funcionarios, funcionarias o autoridades públicas en quienes el Procurador o Procuradora General de la República haya otorgado sustitución.
Requisitos para ser Consultor o Consultora Jurídica
1. Ser venezolano mayor de veinticinco (25) años de edad.
2. Haber ejercido la abogacía al menos 5 años.
Confidencialidad
Exenciones
Interés directo en el derecho de acceso a los documentos
Las modalidades y procedimientos para el cumplimiento de lo previsto en este artículo se regularán mediante instructivo dictado por el Procurador o Procuradora General de la República.
CAPÍTULO II
Del Procurador o Procuradora General de la República
Requisitos para ser Procurador o Procuradora General de la República
1. Ser venezolano o venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad.
2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad.
3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince (15) años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica o haber sido profesor universitario en ciencia jurídica, durante un mínimo de quince (15) años y tener la categoría de profesor titular o ser o haber sido juez superior, con un mínimo de quince (15) años en el ejercicio de la carrera judicial y con reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.
Prohibición para ser nombrado Procurador o Procuradora General de la República
Impedimento por destitución
Incompatibilidades
Competencias específicas
1. Nombrar y remover al Viceprocurador o Viceprocuradora General de la República, así como a los demás funcionarios y funcionarias que ejercen cargos de alto nivel en el organismo, aprobar los nombramientos, ascensos, cambios de grado, traslados, jubilaciones, retiros, destituciones y demás actos relativos a la Carrera de la Procuraduría General de la República;
2. Dictar el reglamento interno relativo a la estructura organizativa de la Procuraduría General de la República y la distribución de competencias entre las unidades que la conforman, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales;
3. Dictar el estatuto relativo al Sistema de la Carrera y de remuneraciones de la Procuraduría General de la República; previa aprobación del Presidente de la República, en Consejo de Ministros;
4. Elaborar y presentar al Ejecutivo Nacional el proyecto de presupuesto anual de la Procuraduría General de la República;
5. Elaborar el plan estratégico anual de la Procuraduría General de la República; y aplicar los programas de modernización tecnológica que requiera el mejoramiento organizativo y funcional del Organismo;
6. Comprometer y ejecutar el presupuesto anual de la Procuraduría General de la República y suscribir los contratos que requiera su funcionamiento;
7. Crear y dirigir los comités de asesores que considere convenientes para el mejor cumplimiento de las funciones de la Procuraduría General de la República;
8. Designar representantes de la Procuraduría General de la República ante los distintos organismos nacionales o internacionales;
9. Crear oficinas para que ejerzan con carácter permanente las funciones de la Procuraduría General de la República en las regiones o Estados; así como, establecer sedes y representaciones a nivel internacional, siempre a los fines de atender los asuntos relacionados con la representación y defensa de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República;
10. Participar, en coordinación con los organismos responsables de las relaciones internacionales y comerciales de la República, en la elaboración de los proyectos de tratados o convenios internacionales, cuyo contenido esté relacionado con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República;
11. Delegar atribuciones en los funcionarios del Organismo, así como la firma de los documentos que estime necesarios. La resolución mediante la cual se otorgue la delegación debe publicarse en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela;
12. Delegar en los funcionarios del Organismo y sustituir en los funcionarios de otros organismos del Estado la representación y defensa judicial y extrajudicial de la República;
13. Otorgar poderes o mandatos a particulares, cuando la representación y defensa del interés de la República así lo requiera;
14. Aprobar los manuales de procedimientos que requiera el funcionamiento de la Procuraduría General de la República;
15. Establecer directrices de integración y coordinación con las consultorías jurídicas de los órganos del Poder Público Nacional, con las Procuradurías de los Estados y Sindicaturas Municipales, para la mejor defensa de los derechos, bienes e intereses de la República;
16. Las demás que le atribuyan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y demás actos normativos.
Faltas absolutas y temporales
1. En caso de faltas absolutas:
1.1. La Muerte.
1.2. La renuncia al cargo.
1.3. La destitución.
1.4. El cese definitivo, por cualquier causa, del ejercicio de sus funciones.
2. En caso de faltas temporales:
2.1. La separación del ejercicio del cargo en virtud de licencia.
2.2. El uso del derecho a las vacaciones.
2.3. La suspensión pronunciada en juicio penal.
2.4. La separación temporal, por cualquier causa, del ejercicio de sus funciones.
Las faltas temporales del Procurador o Procuradora General de la República, y la interinaria en caso de falta absoluta, serán suplidas por el Viceprocurador o la Viceprocuradora General de la República, hasta tanto se provea la vacante.
Si se ausentare temporalmente el Viceprocurador o Viceprocuradora General de la República, mientras suple la falta del Procurador o la Procuradora General de la República, podrá designar a funcionario de su confianza previa autorización del Presidente o Presidenta de la República para suplir tal falta, por un plazo máximo de hasta quince (15) días.
Otorgamiento de poderes
El Procurador o Procuradora General de la República puede otorgar poder a los Embajadores y Cónsules de la República acreditados en País extranjero, para que éstos, asistidos de abogado, representen a la República, judicial o extrajudicialmente, en los asuntos inherentes a las respectivas representaciones diplomáticas o consulares.
Delegación
Fe pública
Igualmente, el Procurador o la Procuradora podrá solicitar en casos de urgencia que así lo requieran, el oficio de los notarios públicos o notarias públicas, de los funcionarios o funcionarias consulares en ejercicio de sus funciones notariales, así como de los registradores públicos o registradoras públicas para autenticar o protocolizar los actos a ser suscritos en el ejercicio de sus competencias, estando los referidos funcionarios en la obligación de prestar la mayor colaboración y celeridad para el trámite de los actos que se le soliciten, incluso a trasladarse cuando sea requerido a solicitud del Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre.
CAPÍTULO III
Del Sistema de carrera de la Procuraduría General de la República
Conformación del Sistema
Funcionarios de Carrera de la Procuraduría General de la República
Son funcionarios o funcionarias de carrera de la Procuraduría General de la República, los que ingresen al Organismo de conformidad con los requisitos y condiciones establecidos en el Estatuto del Personal de la Procuraduría General de la República, dictado por el Procurador o Procuradora General de la República.
Son de libre nombramiento y remoción los funcionarios y funcionarias que ocupan cargos cuyas funciones son de alto nivel y de confianza. Son cargos de alto nivel los cargos directivos. Son de confianza los cargos que al efecto establezca el Procurador o Procuradora General de la República.
Políticas
1. El ingreso del personal mediante concurso público.
2. El reconocimiento y la ponderación del mérito como base fundamental para la promoción dentro del Organismo.
3. Los resultados positivos de la evaluación del desempeño, como requisito fundamental para garantizar la permanencia y la promoción dentro del Organismo.
Objetivos
1. Garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso al Organismo.
2. La incorporación de personal idóneo y de alto nivel de formación, a través de la compatibilización entre los requisitos del cargo y los atributos de aptitud para desempeñarlos.
3. Garantizar al funcionario el desarrollo profesional, mediante la capacitación, el desempeño en distintas áreas profesionales del Organismo y la promoción.
4. Garantizar la igualdad de oportunidades, la promoción sobre la base de méritos, resultados positivos de la evaluación, las capacidades, las aptitudes y las actitudes.
5. Procurar remuneraciones acordes al nivel de formación profesional y a la magnitud y complejidad de las funciones realizadas.
6. Garantizar al Organismo su funcionamiento, mediante la aplicación de factores de eficiencia y de eficacia.
Derechos
Contratación
CAPÍTULO IV
Derecho a la Jubilación
Igualmente, tendrá derecho a la jubilación el funcionario o funcionaria que tenga cumplidos treinta (30) años de servicio, cualquiera que sea su edad, siempre que al menos, los últimos cinco (5) años, hubieren sido prestados a la Procuraduría General de la República.
A los efectos de esta disposición, se computarán los años de servicio, ininterrumpidos o no, que los funcionarios o las funcionarias hayan prestado en otros organismos del sector público a los cuales se refiere la Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. Igualmente se computará, a los fines de la jubilación, el tiempo de servicio prestado como personal contratado en la Procuraduría General de la República o en cualquier organismo público.
Si del cómputo total efectuado sobre el tiempo de servicio, resultara una fracción igual o mayor de seis (6) meses, ésta se contará igualmente como un año de servicio.
Supuestos especiales
Procedencia de la jubilación y de la jubilación por vía de gracia
Nacimiento del derecho a la jubilación y principio de aplicación de la ley más favorableArtículo 63. El derecho a solicitar y obtener la jubilación, nace para los funcionarios o las funcionarias de la Procuraduría General de la República, desde el momento en que cumple la edad y el tiempo de servicio requeridos para ello, según la ley y este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
Si cumplidos los requisitos para solicitar la jubilación, se modificare la ley o las disposiciones estatutarias concernientes a tal beneficio, la nueva regulación sólo podrá aplicarse retroactivamente a quienes fueren acreedores del derecho a jubilarse, si consagrare un régimen que les fuera más favorable.
Reingreso de funcionarios jubilados
La prestación, por parte de los jubilados y jubiladas de la Procuraduría General de la República, de funciones públicas remuneradas, permanentes o transitorias, distintas a las exceptuadas expresamente en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea por que tenga su origen por elección o por nombramiento de autoridad competente, al servicio de la República, de las Entidades Federales, de los Municipios, o de algún instituto o establecimiento público sometido por ley a control de tutela o de cualquier otro tipo, por parte de dichas entidades, o en la dirección y administración de las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones y otras personas jurídicas indicadas en la Ley Contra la Corrupción que, a los efectos de esa Ley le dan el carácter de funcionario público, produce la suspensión del pago del monto de la jubilación que le fuera concedida por la Procuraduría General de la República durante todo el tiempo que permanezca en el cargo, el cual se restablecerá al cesar en esas funciones, en el mismo porcentaje acordado inicialmente, salvo las variaciones previstas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
A los fines indicados, el o la jubilada deberá hacer del conocimiento de la Procuraduría General de la República, tanto la aceptación del respectivo cargo como la conclusión del mismo. Las cantidades percibidas por el o la jubilada, en contravención de esta disposición deberán ser reintegradas al Tesoro Nacional, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que pudieren incurrir por ello.
Los beneficiarios de jubilaciones otorgadas conforme a otras normas dictadas por Organismos del Sector Público, podrán ingresar a la Procuraduría General de la República como contratados, o para ejercer un cargo de libre nombramiento y remoción, siempre que, en este último caso, presenten constancia de haber solicitado y obtenido la suspensión del pago de las mismas, durante el tiempo de su servicio a la institución. El Procurador o la Procuradora General de la República, tomando en cuenta las circunstancias del caso concreto, podrá acordar variaciones o complementos de aquellas jubilaciones.
Monto de la Jubilación
Este porcentaje será incrementado en uno y medio por ciento (1,50%) por cada año que sobrepase los veinte (20) años de servicio mínimo exigidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, hasta un tope del noventa por ciento (90%).
Concepto de sueldo o remuneración
Variaciones de sueldo
En caso de haberse producido alguna variación de la respectiva jubilación o pensión, las variaciones posteriores se calcularán sobre el monto de la última de ellas.
Las variaciones efectuadas en cada oportunidad, de acuerdo con lo previsto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, serán participadas por escrito, al respectivo interesado por la Gerencia de Recursos Humanos del organismo.
TÍTULO IV
CAPÍTULO I
Manifestación por escrito
Formación del expediente
Opinión jurídica y su carácter vinculante
No se requiere la opinión de la Procuraduría General de la República, cuando se trate de reclamaciones cuyo monto sea igual o inferior a quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.) y hayan sido declaradas procedentes por la máxima autoridad del órgano respectivo.
Notificación
Respuesta al órgano
Procedencia de acudir a la vía judicial
Declaratoria de inadmisibilidad en caso de incumplimiento de formalidades
CAPÍTULO II
Sección Primera
Competencia de representación y defensa judicial
Intervención en procesos judiciales
Privilegios y prerrogativas procesales
Notificaciones y citaciones
Presentación de actuaciones procesales
Falta de asistencia a los actos
Obligación de remisión de información y documentación
Autorización expresa del Procurador o Procuradora General de la República
Excepción a la prestación de caución
Consulta de sentencia definitiva en contra de la República
Agotamiento de recursos
Acuse de recepción de recursos
Inaplicación de medidas preventivas o ejecutivas
Costas
Inadmisibilidad de compensación contra la República
Absolución de posiciones juradas
Número de representantes
Sección Segunda
Amparo constitucional
Citaciones al Procurador o Procuradora General de la República
De la citación
El Procurador o Procuradora General de la República puede darse por citado, sin que sea necesario dejar transcurrir el lapso indicado en este artículo.
Recurso de invalidación
Reconvención contra la República
Citación en garantía o en saneamiento
Salvo lo dispuesto en este artículo, el procedimiento para la intervención forzada se regirá conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.
De la Notificación al Procurador o Procuradora General de la República
La falta de notificación es causal de reposición y ésta puede ser declarada de oficio por el Tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República.
Informe sobre ejecución de sentencia
Procedimiento para ejecución
1. Si se trata de cantidades de dinero, el Tribunal, a petición de la parte interesada, debe ordenar que se incluya el monto a pagar en la partida respectiva de los próximos dos ejercidos presupuestarios, a cuyo efecto debe enviar al Procurador o Procuradora General de la República copia certificada de la decisión, la cual debe ser remitida al órgano o ente correspondiente. El monto que se ordene pagar debe ser cargado a una partida presupuestaria no imputable a programas.
2. Si se trata de entrega de bienes, el Tribunal debe poner en posesión de los mismos a quien corresponda. Si tales bienes estuvieren afectados al uso público, a actividades de utilidad pública o a un servicio público, el Tribunal debe acordar la fijación del precio mediante avalúo realizado por tres peritos, nombrados uno por cada parte y el tercero de común acuerdo. En caso de desacuerdo, el tercer perito es nombrado por el Tribunal.
Corrección monetaria
Estimación del valor sobre actuaciones
Sección Tercera
Medidas Cautelares
1. El embargo;
2. La prohibición de enajenar y gravar;
3. El secuestro;
4. Cualquier medida nominada e innominada que sea necesaria para la defensa de los derechos, bienes e intereses de la República.
Examen previo de medidas preventivas solicitadas
Podrán suspenderse las medidas decretadas cuando hubiere caución o garantía suficiente para responder a la República de los daños y perjuicios que se le causaren, aceptada por el Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, en resguardo de los bienes, derechos e intereses patrimoniales de la República.
Medidas sobre bienes
Límite de las medidas preventivas
Sección Cuarta
Intervención en juicio
Notificación sobre demandas al Procurador o Procuradora General de la República
El proceso se suspenderá por un lapso de noventa (90) días continuos, el cual comienza a transcurrir a partir de la fecha de la consignación de la notificación, practicada en el respectivo expediente. Vencido este lapso, el Procurador o Procuradora se tendrá por notificado. Esta suspensión es aplicable únicamente a las demandas cuya cuantía es superior a un mil Unidades Tributarias (1.000 U.T).
El Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratificación de la suspensión, o su renuncia a lo que quede del referido lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado.
Obligación de notificación por parte de los funcionarios judiciales
En tales casos, el proceso se suspenderá por un lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha de la consignación de la notificación practicada en el respectivo expediente. El Procurador o Procuradora General de la República, o quien actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratificación de la suspensión o su renuncia a lo que quede del lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado.
Causal de reposiciónArtículo 110. La falta de notificación al Procurador o Procuradora General de la República, así como las notificaciones defectuosas, son causal de reposición en cualquier estado y grado de la causa, la cual podrá ser declarada de oficio por el tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República.
Notificación y envío de documentos
Adoptadas las previsiones del caso el organismo correspondiente debe comunicar al Procurador o Procuradora General de la República, quien a su vez debe informar al juez de la causa.
Cuando se decrete, la ejecución voluntaria o forzosa de sentencias contra los entes que integran la Administración Pública Descentralizada, el tribunal encargado procederá conforme al procedimiento establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
Procedencia de ejecución
TÍTULO V
Multa por incumplimiento
La sanción prevista en el este artículo será aplicada por el superior jerárquico del funcionario objeto de la misma, a requerimiento motivado del Procurador o Procuradora General de la República. Igual sanción se aplicará al superior jerárquico que no dé cumplimiento a esta medida o la retarde injustificadamente, sin perjuicio de las demás sanciones y procedimientos disciplinarios establecidos en las leyes.
Retardo en respuesta de requerimientos
Falta de colaboración con la Procuraduría General de la República
Suministro de datos y documentos falsos
Divulgación de información
Negligencia de sustitutos
La sanción será aplicada por el Procurador o Procuradora General de la República mediante resolución motivada, previa instrucción del procedimiento sumario establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Se deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.892 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008.
DISPOSICIÓN FINAL
Única. Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los treinta días del mes de diciembre de dos mil quince. Años 205° de la Independencia, 156° de la Federación y 16º de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo de la República y Primer Vicepresidente del Consejo de Ministros, JORGE ALBERTO ARREAZA MONSERRAT
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Decreto Nº 2.173 de fecha 30 de diciembre de 2015, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.210 Extraordinario de fecha 30 de diciembre de 2015, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.220 Extraordinario de fecha 15 de marzo de 2016.
☑ Vigente ☞ FICHA TÉCNICA
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Procuraduría General de la República es un Organismo de rango constitucional, que no puede permanecer ajeno a las efectivas transformaciones, tanto orgánicas como normativas de la Administración Pública, las cuales ameritan que la Institución se mantenga en constante actualización a los fines de la adecuación a una nueva concepción de nuestro ordenamiento jurídico y el perfeccionamiento de las competencias atribuidas a este Organismo, que día a día debe desplegar con firmeza la doble función que le asigna la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la representación y defensa judicial y extrajudicial y el rol de órgano superior de consulta de la Administración Pública.
Así, la institución debe afianzar el derecho a la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela o el derecho de nuestro pueblo a la libre determinación, ya que este derecho tiene un lugar privilegiado en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1.966, y en muchos otros tratados internacionales, así pues se regula la posibilidad de que la Procuraduría extienda su rol como garante de los intereses de la República a través de sus servidores quienes con ocasión de su gestión pudieran ser afectados por acciones injerencistas de Poderes Extranjeros. Es por ello que puede afirmarse que el derecho de los pueblos a la autodeterminación constituye la base fundamental del Derecho Internacional Contemporáneo; sin embargo, es frecuente observar como los principios democráticos y los derechos humanos son vaciados de contenido por la promoción y la puesta en práctica de un orden económico injusto y desigual, derivado de la privatización y la mercantilización de casi todos los ámbitos de la vida, en detrimento de la soberanía por excelencia de los Estados, menoscabando el derecho a la defensa de sus intereses, entre ellos los intereses patrimoniales.
A fin de rehabilitar el derecho a la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales, y sus riquezas, componente esencial del derecho a la autodeterminación, se considera entonces que siendo deber constitucional de la Procuraduría General de la República asesorar, defender y representar judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República, ésta debe velar por la protección de la soberanía y de esta manera evitar que gobierno extranjero alguno pueda intervenir en el libre y soberano ejercicio de ese derecho fundamental.
De esta manera, uno de los objetivos de este Decreto Ley es garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el refuerzo de la actuación frente a acciones o amenazas injerencistas de estados o poderes extranjeros, siendo el deber de la Procuraduría General de la República velar por la protección de estos derechos, y como consecuencia de ello, incidir en el reconocimiento expreso de su carácter constitucional de representante exclusivo -judicial y extrajudicial-, tanto a nivel nacional como internacional, en la defensa de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República. Se instituye entonces, en este Decreto Ley, de manera formal, el deber de la Procuraduría General de la República de velar por el derecho a la soberanía del pueblo y su autodeterminación, pudiendo actuar de oficio o a instancias de las máximas autoridades en pro de ese derecho; incluyéndose además, un Capítulo que tiende a facilitar aún más, la actuación judicial de este organismo a nivel internacional, a través de la posibilidad de convertir recursos en divisas para sufragar los gastos asociados a la representación de la República cuando trascienda las fronteras patrias.
Por otra parte, se regula lo relativo a las faltas del Procurador o Procuradora General de la República, clasificando las faltas en absolutas y temporales, estableciendo en forma legal y expresa, la suplencia de las faltas temporales e interinarias a cargo del Viceprocurador o Viceprocuradora General de la República, esto como necesaria garantía a la permanente protección de los intereses de la República.
Decreto Nº 2.173 30 de diciembre de 2015
NICOLÁS MADURO MOROS
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia, política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, y en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 1º de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos, con Rango, Valor y Fuerza de Ley, para reforzar la soberanía y protección del pueblo venezolano y el orden constitucional de la República, en Consejo de Ministros.
DICTO
El siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
TÍTULO I
Objeto
Potestad constitucional
Las potestades y competencias de representación y defensa previstas en este artículo no podrán ser ejercidas por ningún otro órgano o funcionario del Estado, sin que medie previa y expresa sustitución otorgada por el Procurador o Procuradora General de la República.
Principio de Colaboración
Informes de los sustitutos y periodicidad
Opinión previa de la Procuraduría General de la República por actos de convenimiento
El incumplimiento de la obligación prevista en este artículo acarreará al funcionario que realice el acto, las responsabilidades administrativas, civiles y penales que le sean imputables, por los daños causados a los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República.
Acceso a los expedientes
Gratuidad e información a la Procuraduría General de la República
Orden Público
TÍTULO II
CAPÍTULO I
Competencias
1. Representar y defender judicial y extrajudicialmente la afectación directa o indirecta de los derechos e intereses patrimoniales de la República, tanto nacional como internacionalmente.
2. Representar y defender a la República, en los juicios que se susciten entre ésta y personas públicas o privadas, por nulidad, caducidad, resolución, alcance, interpretación y cumplimiento de contratos que suscriban los órganos del Poder Público Nacional; así como todo lo atinente al régimen de tierras baldías y contratos en materia minera, energética y ambiental que celebre el Ejecutivo Nacional.
3. Representar y defender a la República en los juicios de nulidad incoados contra los actos administrativos del Poder Ejecutivo Nacional.
4. Redactar y suscribir, conforme a las instrucciones de las máximas autoridades de los órganos del Poder Público Nacional, los documentos contentivos de actos, contratos o negocios de su respectiva gestión, relacionados con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, cuya competencia no les esté atribuida expresamente por mandato constitucional o legal.
5. Emitir opinión jurídica sobre los proyectos de los convenios o tratados internacionales a ser suscritos por la República, cuyo contenido esté vinculado con sus derechos, bienes e intereses patrimoniales, así como participar en las negociaciones de los convenios o tratados internacionales a ser suscritos por la República.
6. Redactar y suscribir los documentos de transferencias de titularidad de las tierras, en la cual estén involucrados los derechos e intereses patrimoniales de la República.
7. Recibir y tramitar a través de los organismos competentes, las denuncias sobre hechos o actos que, a su juicio, afecten los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República.
8. Demandar la nulidad de cualquier acto de los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad.
9. Las demás que atribuyan las leyes y demás actos normativos.
CAPÍTULO II
Competencias específicas en materia de ingresos públicos
1. Representar y defender judicial y extrajudicialmente, los derechos e intereses de la República, relacionados con los ingresos públicos nacionales; y
2. Redactar, conforme a las instrucciones impartidas por el Ejecutivo Nacional, los documentos contentivos de actos, contratos o negocios relacionados con los ingresos públicos nacionales.
CAPÍTULO III
Competencias específicas en materia de contratos
Cláusulas de arbitraje
Remisión por parte de máximas autoridades
CAPÍTULO IV
Competencias específicas en la actuación internacional
Representaciones internacionales
Fondo
CAPÍTULO V
Sistema Integral de Asesoría Jurídica
El Procurador o la Procuradora General de la República mediante Resolución, fijará todo lo relativo al funcionamiento del referido Sistema. Autorización para suscribir Contratos por honorarios profesionales de asesoría jurídica y de representación judicial
Artículo 18. Los contratos bajo la modalidad de honorarios profesionales de asesoría jurídica y de representación judicial, a ser suscritos por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional central y descentralizada, requieren la autorización previa y expresa de la Procuraduría General de la República, de conformidad con la normativa correspondiente.
El incumplimiento de la obligación prevista en este artículo, acarreará al funcionario competente las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes.
Debida Justificación
Registro
Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional central y descentralizada deben informar periódicamente a la Procuraduría General de la República sobre las actuaciones desempeñadas por los asesores y representantes como resultados de la ejecución de los contratos.
El Procurador o la Procuradora General de la República establecerá lo relativo al funcionamiento del Registro y las formas de supervisión y seguimiento de la ejecución de los contratos.
CAPÍTULO VI
Sección Primera
Función asesora
Los institutos autónomos, empresas del Estado, fundaciones y asociaciones civiles del Estado y demás establecimientos públicos nacionales deben tramitar sus consultas a través del respetivo órgano de adscripción. Dichas consultas serán remitidas a la Procuraduría General de la República por las máximas autoridades de los órganos de adscripción, acompañadas de los expedientes respectivos, debidamente sustanciados, los cuales deberán contener la opinión jurídica de los titulares de sus correspondientes consultorías jurídicas.
Los Estados y los Municipios tramitarán sus consultas a través de sus máximas autoridades ejecutivas, acompañadas del expediente respectivo debidamente sustanciado, el cual debe contener la opinión jurídica de sus correspondientes órganos asesores.
Obligaciones de los Consultores Jurídicos
1. Sustanciar y foliar los expedientes a ser sometidos a la consideración de la Procuraduría General de la República y realizar oportunamente la remisión de éstos cuando le fuera requerida;
2. Remitir, en cada caso, la opinión jurídica actualizada que les merezca el asunto sometido a consulta a la Procuraduría General de la República, así como los documentos y demás recaudos que sustenten dicha opinión;
3. Remitir las exposiciones de motivos de los proyectos de instrumentos jurídicos a ser sometidos al estudio y consideración jurídica de la Procuraduría General de la República, debidamente conformados por la respectiva Consultoría Jurídica;
4. Remitir los recaudos sobre los asuntos que deba conocer la Procuraduría General de la República y que ésta les requiera; y
5. Atender oportunamente las convocatorias que le efectuare la Procuraduría General de la República a fin de tratar asuntos relativos al desempeño de sus funciones.
Los funcionarios referidos en el encabezamiento de este artículo, deben enviar a la Procuraduría General de la República copia de los dictámenes y opiniones emitidos en el desempeño de sus funciones, relacionados con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, a los fines de coordinar y armonizar los criterios jurídicos de la Administración Pública.
Devolución de expedientes
Revisión previa de proyectos de leyes
Igualmente, en atención al principio de colaboración entre los Poderes Públicos, la Procuraduría General de la República podrá participar en los procesos de formación de leyes en el seno de la Asamblea Nacional.
Sección Segunda
Función del Consejo de Asesoría Jurídica de la Administración Pública Nacional
Corresponde al Procurador o Procuradora General de la República designar al secretario del Consejo de Asesoría Jurídica de la Administración Pública Nacional.
Convocatoria
La asistencia a las reuniones del Consejo de Asesoría Jurídica de la Administración Pública Nacional tiene carácter obligatorio. No obstante, sus miembros pueden hacerse representar por otro funcionario, cuando así lo autorice expresamente la máxima autoridad del organismo respectivo.
Disentimiento de criterios
Reuniones
El desarrollo de las reuniones del Consejo de Asesoría Jurídica de la Administración Pública Nacional podrá ser registrado y grabado, a objeto de conservar el contenido de los asuntos tratados.
Reglamento Interno
TÍTULO III
CAPÍTULO I
Plena representación
Autonomía
Alcance de la autonomía organizativa
Alcance de la autonomía funcional y administrativa
Alcance de la autonomía presupuestaria
1. El Procurador o Procuradora General de la República elabora el proyecto anual de presupuesto de ingresos y gastos de la Procuraduría General de la República y lo remite al Ejecutivo Nacional para su incorporación al respectivo Proyecto de Ley de Presupuesto Anual.
2. Es atribución del Procurador o Procuradora General de la República suscribir y ejecutar los contratos y ordenar los gastos inherentes a la ejecución presupuestaria del Organismo, sin perjuicio de las competencias y potestades que corresponden a los órganos de control presupuestario del Estado.
3. La Procuraduría General de la República, como Organismo con autonomía funcional, podrá dictar sus normas de modificaciones presupuestarias, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico aplicable.
Reglamento Interno
Encargados de las unidades jurídicas
Sustitución en abogados
Auxiliares del Procurador o Procuradora General de la República
1. El Consultor Jurídico o Consultora Jurídica de la Vicepresidencia de la República y los consultores jurídicos o consultoras jurídicas de los ministerios o de sus órganos desconcentrados, en quienes el Procurador o Procuradora General de la República pueda sustituir, mediante oficio, su representación para que atiendan judicialmente aquellos asuntos relacionados con dichos órganos.
2. Los abogados distintos a los funcionarios de la Procuraduría General de la República, contratados para prestar servicios temporales, o para atender determinados asuntos dentro del territorio nacional en defensa de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, en quienes el Procurador o Procuradora General de la República haya sustituido su representación, mediante poder otorgado con las formalidades legales correspondientes.
3. Los funcionarios, funcionarias o autoridades públicas en quienes el Procurador o Procuradora General de la República haya otorgado sustitución.
Requisitos para ser Consultor o Consultora Jurídica
1. Ser venezolano mayor de veinticinco (25) años de edad.
2. Haber ejercido la abogacía al menos 5 años.
Confidencialidad
Exenciones
Interés directo en el derecho de acceso a los documentos
Las modalidades y procedimientos para el cumplimiento de lo previsto en este artículo se regularán mediante instructivo dictado por el Procurador o Procuradora General de la República.
CAPÍTULO II
Del Procurador o Procuradora General de la República
Requisitos para ser Procurador o Procuradora General de la República
1. Ser venezolano o venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad.
2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad.
3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince (15) años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica o haber sido profesor universitario en ciencia jurídica, durante un mínimo de quince (15) años y tener la categoría de profesor titular o ser o haber sido juez superior, con un mínimo de quince (15) años en el ejercicio de la carrera judicial y con reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.
Prohibición para ser nombrado Procurador o Procuradora General de la República
Impedimento por destitución
Incompatibilidades
Competencias específicas
1. Nombrar y remover al Viceprocurador o Viceprocuradora General de la República, así como a los demás funcionarios y funcionarias que ejercen cargos de alto nivel en el organismo, aprobar los nombramientos, ascensos, cambios de grado, traslados, jubilaciones, retiros, destituciones y demás actos relativos a la Carrera de la Procuraduría General de la República;
2. Dictar el reglamento interno relativo a la estructura organizativa de la Procuraduría General de la República y la distribución de competencias entre las unidades que la conforman, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales;
3. Dictar el estatuto relativo al Sistema de la Carrera y de remuneraciones de la Procuraduría General de la República; previa aprobación del Presidente de la República, en Consejo de Ministros;
4. Elaborar y presentar al Ejecutivo Nacional el proyecto de presupuesto anual de la Procuraduría General de la República;
5. Elaborar el plan estratégico anual de la Procuraduría General de la República; y aplicar los programas de modernización tecnológica que requiera el mejoramiento organizativo y funcional del Organismo;
6. Comprometer y ejecutar el presupuesto anual de la Procuraduría General de la República y suscribir los contratos que requiera su funcionamiento;
7. Crear y dirigir los comités de asesores que considere convenientes para el mejor cumplimiento de las funciones de la Procuraduría General de la República;
8. Designar representantes de la Procuraduría General de la República ante los distintos organismos nacionales o internacionales;
9. Crear oficinas para que ejerzan con carácter permanente las funciones de la Procuraduría General de la República en las regiones o Estados; así como, establecer sedes y representaciones a nivel internacional, siempre a los fines de atender los asuntos relacionados con la representación y defensa de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República;
10. Participar, en coordinación con los organismos responsables de las relaciones internacionales y comerciales de la República, en la elaboración de los proyectos de tratados o convenios internacionales, cuyo contenido esté relacionado con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República;
11. Delegar atribuciones en los funcionarios del Organismo, así como la firma de los documentos que estime necesarios. La resolución mediante la cual se otorgue la delegación debe publicarse en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela;
12. Delegar en los funcionarios del Organismo y sustituir en los funcionarios de otros organismos del Estado la representación y defensa judicial y extrajudicial de la República;
13. Otorgar poderes o mandatos a particulares, cuando la representación y defensa del interés de la República así lo requiera;
14. Aprobar los manuales de procedimientos que requiera el funcionamiento de la Procuraduría General de la República;
15. Establecer directrices de integración y coordinación con las consultorías jurídicas de los órganos del Poder Público Nacional, con las Procuradurías de los Estados y Sindicaturas Municipales, para la mejor defensa de los derechos, bienes e intereses de la República;
16. Las demás que le atribuyan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y demás actos normativos.
Faltas absolutas y temporales
1. En caso de faltas absolutas:
1.1. La Muerte.
1.2. La renuncia al cargo.
1.3. La destitución.
1.4. El cese definitivo, por cualquier causa, del ejercicio de sus funciones.
2. En caso de faltas temporales:
2.1. La separación del ejercicio del cargo en virtud de licencia.
2.2. El uso del derecho a las vacaciones.
2.3. La suspensión pronunciada en juicio penal.
2.4. La separación temporal, por cualquier causa, del ejercicio de sus funciones.
Las faltas temporales del Procurador o Procuradora General de la República, y la interinaria en caso de falta absoluta, serán suplidas por el Viceprocurador o la Viceprocuradora General de la República, hasta tanto se provea la vacante.
Si se ausentare temporalmente el Viceprocurador o Viceprocuradora General de la República, mientras suple la falta del Procurador o la Procuradora General de la República, podrá designar a funcionario de su confianza previa autorización del Presidente o Presidenta de la República para suplir tal falta, por un plazo máximo de hasta quince (15) días.
Otorgamiento de poderes
El Procurador o Procuradora General de la República puede otorgar poder a los Embajadores y Cónsules de la República acreditados en País extranjero, para que éstos, asistidos de abogado, representen a la República, judicial o extrajudicialmente, en los asuntos inherentes a las respectivas representaciones diplomáticas o consulares.
Delegación
Fe pública
Igualmente, el Procurador o la Procuradora podrá solicitar en casos de urgencia que así lo requieran, el oficio de los notarios públicos o notarias públicas, de los funcionarios o funcionarias consulares en ejercicio de sus funciones notariales, así como de los registradores públicos o registradoras públicas para autenticar o protocolizar los actos a ser suscritos en el ejercicio de sus competencias, estando los referidos funcionarios en la obligación de prestar la mayor colaboración y celeridad para el trámite de los actos que se le soliciten, incluso a trasladarse cuando sea requerido a solicitud del Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre.
CAPÍTULO III
Del Sistema de carrera de la Procuraduría General de la República
Conformación del Sistema
Funcionarios de Carrera de la Procuraduría General de la República
Son funcionarios o funcionarias de carrera de la Procuraduría General de la República, los que ingresen al Organismo de conformidad con los requisitos y condiciones establecidos en el Estatuto del Personal de la Procuraduría General de la República, dictado por el Procurador o Procuradora General de la República.
Son de libre nombramiento y remoción los funcionarios y funcionarias que ocupan cargos cuyas funciones son de alto nivel y de confianza. Son cargos de alto nivel los cargos directivos. Son de confianza los cargos que al efecto establezca el Procurador o Procuradora General de la República.
Políticas
1. El ingreso del personal mediante concurso público.
2. El reconocimiento y la ponderación del mérito como base fundamental para la promoción dentro del Organismo.
3. Los resultados positivos de la evaluación del desempeño, como requisito fundamental para garantizar la permanencia y la promoción dentro del Organismo.
Objetivos
1. Garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso al Organismo.
2. La incorporación de personal idóneo y de alto nivel de formación, a través de la compatibilización entre los requisitos del cargo y los atributos de aptitud para desempeñarlos.
3. Garantizar al funcionario el desarrollo profesional, mediante la capacitación, el desempeño en distintas áreas profesionales del Organismo y la promoción.
4. Garantizar la igualdad de oportunidades, la promoción sobre la base de méritos, resultados positivos de la evaluación, las capacidades, las aptitudes y las actitudes.
5. Procurar remuneraciones acordes al nivel de formación profesional y a la magnitud y complejidad de las funciones realizadas.
6. Garantizar al Organismo su funcionamiento, mediante la aplicación de factores de eficiencia y de eficacia.
Derechos
Contratación
CAPÍTULO IV
Derecho a la Jubilación
Igualmente, tendrá derecho a la jubilación el funcionario o funcionaria que tenga cumplidos treinta (30) años de servicio, cualquiera que sea su edad, siempre que al menos, los últimos cinco (5) años, hubieren sido prestados a la Procuraduría General de la República.
A los efectos de esta disposición, se computarán los años de servicio, ininterrumpidos o no, que los funcionarios o las funcionarias hayan prestado en otros organismos del sector público a los cuales se refiere la Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. Igualmente se computará, a los fines de la jubilación, el tiempo de servicio prestado como personal contratado en la Procuraduría General de la República o en cualquier organismo público.
Si del cómputo total efectuado sobre el tiempo de servicio, resultara una fracción igual o mayor de seis (6) meses, ésta se contará igualmente como un año de servicio.
Supuestos especiales
Procedencia de la jubilación y de la jubilación por vía de gracia
Nacimiento del derecho a la jubilación y principio de aplicación de la ley más favorableArtículo 63. El derecho a solicitar y obtener la jubilación, nace para los funcionarios o las funcionarias de la Procuraduría General de la República, desde el momento en que cumple la edad y el tiempo de servicio requeridos para ello, según la ley y este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
Si cumplidos los requisitos para solicitar la jubilación, se modificare la ley o las disposiciones estatutarias concernientes a tal beneficio, la nueva regulación sólo podrá aplicarse retroactivamente a quienes fueren acreedores del derecho a jubilarse, si consagrare un régimen que les fuera más favorable.
Reingreso de funcionarios jubilados
La prestación, por parte de los jubilados y jubiladas de la Procuraduría General de la República, de funciones públicas remuneradas, permanentes o transitorias, distintas a las exceptuadas expresamente en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea por que tenga su origen por elección o por nombramiento de autoridad competente, al servicio de la República, de las Entidades Federales, de los Municipios, o de algún instituto o establecimiento público sometido por ley a control de tutela o de cualquier otro tipo, por parte de dichas entidades, o en la dirección y administración de las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones y otras personas jurídicas indicadas en la Ley Contra la Corrupción que, a los efectos de esa Ley le dan el carácter de funcionario público, produce la suspensión del pago del monto de la jubilación que le fuera concedida por la Procuraduría General de la República durante todo el tiempo que permanezca en el cargo, el cual se restablecerá al cesar en esas funciones, en el mismo porcentaje acordado inicialmente, salvo las variaciones previstas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
A los fines indicados, el o la jubilada deberá hacer del conocimiento de la Procuraduría General de la República, tanto la aceptación del respectivo cargo como la conclusión del mismo. Las cantidades percibidas por el o la jubilada, en contravención de esta disposición deberán ser reintegradas al Tesoro Nacional, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que pudieren incurrir por ello.
Los beneficiarios de jubilaciones otorgadas conforme a otras normas dictadas por Organismos del Sector Público, podrán ingresar a la Procuraduría General de la República como contratados, o para ejercer un cargo de libre nombramiento y remoción, siempre que, en este último caso, presenten constancia de haber solicitado y obtenido la suspensión del pago de las mismas, durante el tiempo de su servicio a la institución. El Procurador o la Procuradora General de la República, tomando en cuenta las circunstancias del caso concreto, podrá acordar variaciones o complementos de aquellas jubilaciones.
Monto de la Jubilación
Este porcentaje será incrementado en uno y medio por ciento (1,50%) por cada año que sobrepase los veinte (20) años de servicio mínimo exigidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, hasta un tope del noventa por ciento (90%).
Concepto de sueldo o remuneración
Variaciones de sueldo
En caso de haberse producido alguna variación de la respectiva jubilación o pensión, las variaciones posteriores se calcularán sobre el monto de la última de ellas.
Las variaciones efectuadas en cada oportunidad, de acuerdo con lo previsto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, serán participadas por escrito, al respectivo interesado por la Gerencia de Recursos Humanos del organismo.
TÍTULO IV
CAPÍTULO I
Manifestación por escrito
Formación del expediente
Opinión jurídica y su carácter vinculante
No se requiere la opinión de la Procuraduría General de la República, cuando se trate de reclamaciones cuyo monto sea igual o inferior a quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.) y hayan sido declaradas procedentes por la máxima autoridad del órgano respectivo.
Notificación
Respuesta al órgano
Procedencia de acudir a la vía judicial
Declaratoria de inadmisibilidad en caso de incumplimiento de formalidades
CAPÍTULO II
Sección Primera
Competencia de representación y defensa judicial
Intervención en procesos judiciales
Privilegios y prerrogativas procesales
Notificaciones y citaciones
Presentación de actuaciones procesales
Falta de asistencia a los actos
Obligación de remisión de información y documentación
Autorización expresa del Procurador o Procuradora General de la República
Excepción a la prestación de caución
Consulta de sentencia definitiva en contra de la República
Agotamiento de recursos
Acuse de recepción de recursos
Inaplicación de medidas preventivas o ejecutivas
Costas
Inadmisibilidad de compensación contra la República
Absolución de posiciones juradas
Número de representantes
Sección Segunda
Amparo constitucional
Citaciones al Procurador o Procuradora General de la República
De la citación
El Procurador o Procuradora General de la República puede darse por citado, sin que sea necesario dejar transcurrir el lapso indicado en este artículo.
Recurso de invalidación
Reconvención contra la República
Citación en garantía o en saneamiento
Salvo lo dispuesto en este artículo, el procedimiento para la intervención forzada se regirá conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.
De la Notificación al Procurador o Procuradora General de la República
La falta de notificación es causal de reposición y ésta puede ser declarada de oficio por el Tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República.
Informe sobre ejecución de sentencia
Procedimiento para ejecución
1. Si se trata de cantidades de dinero, el Tribunal, a petición de la parte interesada, debe ordenar que se incluya el monto a pagar en la partida respectiva de los próximos dos ejercidos presupuestarios, a cuyo efecto debe enviar al Procurador o Procuradora General de la República copia certificada de la decisión, la cual debe ser remitida al órgano o ente correspondiente. El monto que se ordene pagar debe ser cargado a una partida presupuestaria no imputable a programas.
2. Si se trata de entrega de bienes, el Tribunal debe poner en posesión de los mismos a quien corresponda. Si tales bienes estuvieren afectados al uso público, a actividades de utilidad pública o a un servicio público, el Tribunal debe acordar la fijación del precio mediante avalúo realizado por tres peritos, nombrados uno por cada parte y el tercero de común acuerdo. En caso de desacuerdo, el tercer perito es nombrado por el Tribunal.
Corrección monetaria
Estimación del valor sobre actuaciones
Sección Tercera
Medidas Cautelares
1. El embargo;
2. La prohibición de enajenar y gravar;
3. El secuestro;
4. Cualquier medida nominada e innominada que sea necesaria para la defensa de los derechos, bienes e intereses de la República.
Examen previo de medidas preventivas solicitadas
Podrán suspenderse las medidas decretadas cuando hubiere caución o garantía suficiente para responder a la República de los daños y perjuicios que se le causaren, aceptada por el Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, en resguardo de los bienes, derechos e intereses patrimoniales de la República.
Medidas sobre bienes
Límite de las medidas preventivas
Sección Cuarta
Intervención en juicio
Notificación sobre demandas al Procurador o Procuradora General de la República
El proceso se suspenderá por un lapso de noventa (90) días continuos, el cual comienza a transcurrir a partir de la fecha de la consignación de la notificación, practicada en el respectivo expediente. Vencido este lapso, el Procurador o Procuradora se tendrá por notificado. Esta suspensión es aplicable únicamente a las demandas cuya cuantía es superior a un mil Unidades Tributarias (1.000 U.T).
El Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratificación de la suspensión, o su renuncia a lo que quede del referido lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado.
Obligación de notificación por parte de los funcionarios judiciales
En tales casos, el proceso se suspenderá por un lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha de la consignación de la notificación practicada en el respectivo expediente. El Procurador o Procuradora General de la República, o quien actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratificación de la suspensión o su renuncia a lo que quede del lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado.
Causal de reposiciónArtículo 110. La falta de notificación al Procurador o Procuradora General de la República, así como las notificaciones defectuosas, son causal de reposición en cualquier estado y grado de la causa, la cual podrá ser declarada de oficio por el tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República.
Notificación y envío de documentos
Adoptadas las previsiones del caso el organismo correspondiente debe comunicar al Procurador o Procuradora General de la República, quien a su vez debe informar al juez de la causa.
Cuando se decrete, la ejecución voluntaria o forzosa de sentencias contra los entes que integran la Administración Pública Descentralizada, el tribunal encargado procederá conforme al procedimiento establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
Procedencia de ejecución
TÍTULO V
Multa por incumplimiento
La sanción prevista en el este artículo será aplicada por el superior jerárquico del funcionario objeto de la misma, a requerimiento motivado del Procurador o Procuradora General de la República. Igual sanción se aplicará al superior jerárquico que no dé cumplimiento a esta medida o la retarde injustificadamente, sin perjuicio de las demás sanciones y procedimientos disciplinarios establecidos en las leyes.
Retardo en respuesta de requerimientos
Falta de colaboración con la Procuraduría General de la República
Suministro de datos y documentos falsos
Divulgación de información
Negligencia de sustitutos
La sanción será aplicada por el Procurador o Procuradora General de la República mediante resolución motivada, previa instrucción del procedimiento sumario establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Se deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.892 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008.
DISPOSICIÓN FINAL
Única. Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los treinta días del mes de diciembre de dos mil quince. Años 205° de la Independencia, 156° de la Federación y 16º de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo de la República y Primer Vicepresidente del Consejo de Ministros, JORGE ALBERTO ARREAZA MONSERRAT
☞Visualiza la versión original publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
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DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Procuraduría General de la República es un Organismo de rango constitucional, que no puede permanecer ajeno a las efectivas transformaciones, tanto orgánicas como normativas de la Administración Pública, las cuales ameritan que la Institución se mantenga en constante actualización a los fines de la adecuación a una nueva concepción de nuestro ordenamiento jurídico y el perfeccionamiento de las competencias atribuidas a este Organismo, que día a día debe desplegar con firmeza la doble función que le asigna la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la representación y defensa judicial y extrajudicial y el rol de órgano superior de consulta de la Administración Pública.
Así, la institución debe afianzar el derecho a la autodeterminación de la República Bolivariana de Venezuela o el derecho de nuestro pueblo a la libre determinación, ya que este derecho tiene un lugar privilegiado en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1.966, y en muchos otros tratados internacionales, así pues se regula la posibilidad de que la Procuraduría extienda su rol como garante de los intereses de la República a través de sus servidores quienes con ocasión de su gestión pudieran ser afectados por acciones injerencistas de Poderes Extranjeros. Es por ello que puede afirmarse que el derecho de los pueblos a la autodeterminación constituye la base fundamental del Derecho Internacional Contemporáneo; sin embargo, es frecuente observar como los principios democráticos y los derechos humanos son vaciados de contenido por la promoción y la puesta en práctica de un orden económico injusto y desigual, derivado de la privatización y la mercantilización de casi todos los ámbitos de la vida, en detrimento de la soberanía por excelencia de los Estados, menoscabando el derecho a la defensa de sus intereses, entre ellos los intereses patrimoniales.
A fin de rehabilitar el derecho a la soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales, y sus riquezas, componente esencial del derecho a la autodeterminación, se considera entonces que siendo deber constitucional de la Procuraduría General de la República asesorar, defender y representar judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República, ésta debe velar por la protección de la soberanía y de esta manera evitar que gobierno extranjero alguno pueda intervenir en el libre y soberano ejercicio de ese derecho fundamental.
De esta manera, uno de los objetivos de este Decreto Ley es garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el refuerzo de la actuación frente a acciones o amenazas injerencistas de estados o poderes extranjeros, siendo el deber de la Procuraduría General de la República velar por la protección de estos derechos, y como consecuencia de ello, incidir en el reconocimiento expreso de su carácter constitucional de representante exclusivo -judicial y extrajudicial-, tanto a nivel nacional como internacional, en la defensa de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República. Se instituye entonces, en este Decreto Ley, de manera formal, el deber de la Procuraduría General de la República de velar por el derecho a la soberanía del pueblo y su autodeterminación, pudiendo actuar de oficio o a instancias de las máximas autoridades en pro de ese derecho; incluyéndose además, un Capítulo que tiende a facilitar aún más, la actuación judicial de este organismo a nivel internacional, a través de la posibilidad de convertir recursos en divisas para sufragar los gastos asociados a la representación de la República cuando trascienda las fronteras patrias.
Por otra parte, se regula lo relativo a las faltas del Procurador o Procuradora General de la República, clasificando las faltas en absolutas y temporales, estableciendo en forma legal y expresa, la suplencia de las faltas temporales e interinarias a cargo del Viceprocurador o Viceprocuradora General de la República, esto como necesaria garantía a la permanente protección de los intereses de la República.
Decreto Nº 2.173 30 de diciembre de 2015
NICOLÁS MADURO MOROS
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia, política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la Patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, y en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 1º de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos, con Rango, Valor y Fuerza de Ley, para reforzar la soberanía y protección del pueblo venezolano y el orden constitucional de la República, en Consejo de Ministros.
DICTO
El siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
TÍTULO I
Objeto
Potestad constitucional
Las potestades y competencias de representación y defensa previstas en este artículo no podrán ser ejercidas por ningún otro órgano o funcionario del Estado, sin que medie previa y expresa sustitución otorgada por el Procurador o Procuradora General de la República.
Principio de Colaboración
Informes de los sustitutos y periodicidad
Opinión previa de la Procuraduría General de la República por actos de convenimiento
El incumplimiento de la obligación prevista en este artículo acarreará al funcionario que realice el acto, las responsabilidades administrativas, civiles y penales que le sean imputables, por los daños causados a los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República.
Acceso a los expedientes
Gratuidad e información a la Procuraduría General de la República
Orden Público
TÍTULO II
CAPÍTULO I
Competencias
1. Representar y defender judicial y extrajudicialmente la afectación directa o indirecta de los derechos e intereses patrimoniales de la República, tanto nacional como internacionalmente.
2. Representar y defender a la República, en los juicios que se susciten entre ésta y personas públicas o privadas, por nulidad, caducidad, resolución, alcance, interpretación y cumplimiento de contratos que suscriban los órganos del Poder Público Nacional; así como todo lo atinente al régimen de tierras baldías y contratos en materia minera, energética y ambiental que celebre el Ejecutivo Nacional.
3. Representar y defender a la República en los juicios de nulidad incoados contra los actos administrativos del Poder Ejecutivo Nacional.
4. Redactar y suscribir, conforme a las instrucciones de las máximas autoridades de los órganos del Poder Público Nacional, los documentos contentivos de actos, contratos o negocios de su respectiva gestión, relacionados con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, cuya competencia no les esté atribuida expresamente por mandato constitucional o legal.
5. Emitir opinión jurídica sobre los proyectos de los convenios o tratados internacionales a ser suscritos por la República, cuyo contenido esté vinculado con sus derechos, bienes e intereses patrimoniales, así como participar en las negociaciones de los convenios o tratados internacionales a ser suscritos por la República.
6. Redactar y suscribir los documentos de transferencias de titularidad de las tierras, en la cual estén involucrados los derechos e intereses patrimoniales de la República.
7. Recibir y tramitar a través de los organismos competentes, las denuncias sobre hechos o actos que, a su juicio, afecten los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República.
8. Demandar la nulidad de cualquier acto de los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad.
9. Las demás que atribuyan las leyes y demás actos normativos.
CAPÍTULO II
Competencias específicas en materia de ingresos públicos
1. Representar y defender judicial y extrajudicialmente, los derechos e intereses de la República, relacionados con los ingresos públicos nacionales; y
2. Redactar, conforme a las instrucciones impartidas por el Ejecutivo Nacional, los documentos contentivos de actos, contratos o negocios relacionados con los ingresos públicos nacionales.
CAPÍTULO III
Competencias específicas en materia de contratos
Cláusulas de arbitraje
Remisión por parte de máximas autoridades
CAPÍTULO IV
Competencias específicas en la actuación internacional
Representaciones internacionales
Fondo
CAPÍTULO V
Sistema Integral de Asesoría Jurídica
El Procurador o la Procuradora General de la República mediante Resolución, fijará todo lo relativo al funcionamiento del referido Sistema. Autorización para suscribir Contratos por honorarios profesionales de asesoría jurídica y de representación judicial
Artículo 18. Los contratos bajo la modalidad de honorarios profesionales de asesoría jurídica y de representación judicial, a ser suscritos por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional central y descentralizada, requieren la autorización previa y expresa de la Procuraduría General de la República, de conformidad con la normativa correspondiente.
El incumplimiento de la obligación prevista en este artículo, acarreará al funcionario competente las responsabilidades administrativas, civiles y penales correspondientes.
Debida Justificación
Registro
Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional central y descentralizada deben informar periódicamente a la Procuraduría General de la República sobre las actuaciones desempeñadas por los asesores y representantes como resultados de la ejecución de los contratos.
El Procurador o la Procuradora General de la República establecerá lo relativo al funcionamiento del Registro y las formas de supervisión y seguimiento de la ejecución de los contratos.
CAPÍTULO VI
Sección Primera
Función asesora
Los institutos autónomos, empresas del Estado, fundaciones y asociaciones civiles del Estado y demás establecimientos públicos nacionales deben tramitar sus consultas a través del respetivo órgano de adscripción. Dichas consultas serán remitidas a la Procuraduría General de la República por las máximas autoridades de los órganos de adscripción, acompañadas de los expedientes respectivos, debidamente sustanciados, los cuales deberán contener la opinión jurídica de los titulares de sus correspondientes consultorías jurídicas.
Los Estados y los Municipios tramitarán sus consultas a través de sus máximas autoridades ejecutivas, acompañadas del expediente respectivo debidamente sustanciado, el cual debe contener la opinión jurídica de sus correspondientes órganos asesores.
Obligaciones de los Consultores Jurídicos
1. Sustanciar y foliar los expedientes a ser sometidos a la consideración de la Procuraduría General de la República y realizar oportunamente la remisión de éstos cuando le fuera requerida;
2. Remitir, en cada caso, la opinión jurídica actualizada que les merezca el asunto sometido a consulta a la Procuraduría General de la República, así como los documentos y demás recaudos que sustenten dicha opinión;
3. Remitir las exposiciones de motivos de los proyectos de instrumentos jurídicos a ser sometidos al estudio y consideración jurídica de la Procuraduría General de la República, debidamente conformados por la respectiva Consultoría Jurídica;
4. Remitir los recaudos sobre los asuntos que deba conocer la Procuraduría General de la República y que ésta les requiera; y
5. Atender oportunamente las convocatorias que le efectuare la Procuraduría General de la República a fin de tratar asuntos relativos al desempeño de sus funciones.
Los funcionarios referidos en el encabezamiento de este artículo, deben enviar a la Procuraduría General de la República copia de los dictámenes y opiniones emitidos en el desempeño de sus funciones, relacionados con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, a los fines de coordinar y armonizar los criterios jurídicos de la Administración Pública.
Devolución de expedientes
Revisión previa de proyectos de leyes
Igualmente, en atención al principio de colaboración entre los Poderes Públicos, la Procuraduría General de la República podrá participar en los procesos de formación de leyes en el seno de la Asamblea Nacional.
Sección Segunda
Función del Consejo de Asesoría Jurídica de la Administración Pública Nacional
Corresponde al Procurador o Procuradora General de la República designar al secretario del Consejo de Asesoría Jurídica de la Administración Pública Nacional.
Convocatoria
La asistencia a las reuniones del Consejo de Asesoría Jurídica de la Administración Pública Nacional tiene carácter obligatorio. No obstante, sus miembros pueden hacerse representar por otro funcionario, cuando así lo autorice expresamente la máxima autoridad del organismo respectivo.
Disentimiento de criterios
Reuniones
El desarrollo de las reuniones del Consejo de Asesoría Jurídica de la Administración Pública Nacional podrá ser registrado y grabado, a objeto de conservar el contenido de los asuntos tratados.
Reglamento Interno
TÍTULO III
CAPÍTULO I
Plena representación
Autonomía
Alcance de la autonomía organizativa
Alcance de la autonomía funcional y administrativa
Alcance de la autonomía presupuestaria
1. El Procurador o Procuradora General de la República elabora el proyecto anual de presupuesto de ingresos y gastos de la Procuraduría General de la República y lo remite al Ejecutivo Nacional para su incorporación al respectivo Proyecto de Ley de Presupuesto Anual.
2. Es atribución del Procurador o Procuradora General de la República suscribir y ejecutar los contratos y ordenar los gastos inherentes a la ejecución presupuestaria del Organismo, sin perjuicio de las competencias y potestades que corresponden a los órganos de control presupuestario del Estado.
3. La Procuraduría General de la República, como Organismo con autonomía funcional, podrá dictar sus normas de modificaciones presupuestarias, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico aplicable.
Reglamento Interno
Encargados de las unidades jurídicas
Sustitución en abogados
Auxiliares del Procurador o Procuradora General de la República
1. El Consultor Jurídico o Consultora Jurídica de la Vicepresidencia de la República y los consultores jurídicos o consultoras jurídicas de los ministerios o de sus órganos desconcentrados, en quienes el Procurador o Procuradora General de la República pueda sustituir, mediante oficio, su representación para que atiendan judicialmente aquellos asuntos relacionados con dichos órganos.
2. Los abogados distintos a los funcionarios de la Procuraduría General de la República, contratados para prestar servicios temporales, o para atender determinados asuntos dentro del territorio nacional en defensa de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República, en quienes el Procurador o Procuradora General de la República haya sustituido su representación, mediante poder otorgado con las formalidades legales correspondientes.
3. Los funcionarios, funcionarias o autoridades públicas en quienes el Procurador o Procuradora General de la República haya otorgado sustitución.
Requisitos para ser Consultor o Consultora Jurídica
1. Ser venezolano mayor de veinticinco (25) años de edad.
2. Haber ejercido la abogacía al menos 5 años.
Confidencialidad
Exenciones
Interés directo en el derecho de acceso a los documentos
Las modalidades y procedimientos para el cumplimiento de lo previsto en este artículo se regularán mediante instructivo dictado por el Procurador o Procuradora General de la República.
CAPÍTULO II
Del Procurador o Procuradora General de la República
Requisitos para ser Procurador o Procuradora General de la República
1. Ser venezolano o venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad.
2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad.
3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince (15) años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica o haber sido profesor universitario en ciencia jurídica, durante un mínimo de quince (15) años y tener la categoría de profesor titular o ser o haber sido juez superior, con un mínimo de quince (15) años en el ejercicio de la carrera judicial y con reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.
Prohibición para ser nombrado Procurador o Procuradora General de la República
Impedimento por destitución
Incompatibilidades
Competencias específicas
1. Nombrar y remover al Viceprocurador o Viceprocuradora General de la República, así como a los demás funcionarios y funcionarias que ejercen cargos de alto nivel en el organismo, aprobar los nombramientos, ascensos, cambios de grado, traslados, jubilaciones, retiros, destituciones y demás actos relativos a la Carrera de la Procuraduría General de la República;
2. Dictar el reglamento interno relativo a la estructura organizativa de la Procuraduría General de la República y la distribución de competencias entre las unidades que la conforman, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales;
3. Dictar el estatuto relativo al Sistema de la Carrera y de remuneraciones de la Procuraduría General de la República; previa aprobación del Presidente de la República, en Consejo de Ministros;
4. Elaborar y presentar al Ejecutivo Nacional el proyecto de presupuesto anual de la Procuraduría General de la República;
5. Elaborar el plan estratégico anual de la Procuraduría General de la República; y aplicar los programas de modernización tecnológica que requiera el mejoramiento organizativo y funcional del Organismo;
6. Comprometer y ejecutar el presupuesto anual de la Procuraduría General de la República y suscribir los contratos que requiera su funcionamiento;
7. Crear y dirigir los comités de asesores que considere convenientes para el mejor cumplimiento de las funciones de la Procuraduría General de la República;
8. Designar representantes de la Procuraduría General de la República ante los distintos organismos nacionales o internacionales;
9. Crear oficinas para que ejerzan con carácter permanente las funciones de la Procuraduría General de la República en las regiones o Estados; así como, establecer sedes y representaciones a nivel internacional, siempre a los fines de atender los asuntos relacionados con la representación y defensa de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República;
10. Participar, en coordinación con los organismos responsables de las relaciones internacionales y comerciales de la República, en la elaboración de los proyectos de tratados o convenios internacionales, cuyo contenido esté relacionado con los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República;
11. Delegar atribuciones en los funcionarios del Organismo, así como la firma de los documentos que estime necesarios. La resolución mediante la cual se otorgue la delegación debe publicarse en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela;
12. Delegar en los funcionarios del Organismo y sustituir en los funcionarios de otros organismos del Estado la representación y defensa judicial y extrajudicial de la República;
13. Otorgar poderes o mandatos a particulares, cuando la representación y defensa del interés de la República así lo requiera;
14. Aprobar los manuales de procedimientos que requiera el funcionamiento de la Procuraduría General de la República;
15. Establecer directrices de integración y coordinación con las consultorías jurídicas de los órganos del Poder Público Nacional, con las Procuradurías de los Estados y Sindicaturas Municipales, para la mejor defensa de los derechos, bienes e intereses de la República;
16. Las demás que le atribuyan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y demás actos normativos.
Faltas absolutas y temporales
1. En caso de faltas absolutas:
1.1. La Muerte.
1.2. La renuncia al cargo.
1.3. La destitución.
1.4. El cese definitivo, por cualquier causa, del ejercicio de sus funciones.
2. En caso de faltas temporales:
2.1. La separación del ejercicio del cargo en virtud de licencia.
2.2. El uso del derecho a las vacaciones.
2.3. La suspensión pronunciada en juicio penal.
2.4. La separación temporal, por cualquier causa, del ejercicio de sus funciones.
Las faltas temporales del Procurador o Procuradora General de la República, y la interinaria en caso de falta absoluta, serán suplidas por el Viceprocurador o la Viceprocuradora General de la República, hasta tanto se provea la vacante.
Si se ausentare temporalmente el Viceprocurador o Viceprocuradora General de la República, mientras suple la falta del Procurador o la Procuradora General de la República, podrá designar a funcionario de su confianza previa autorización del Presidente o Presidenta de la República para suplir tal falta, por un plazo máximo de hasta quince (15) días.
Otorgamiento de poderes
El Procurador o Procuradora General de la República puede otorgar poder a los Embajadores y Cónsules de la República acreditados en País extranjero, para que éstos, asistidos de abogado, representen a la República, judicial o extrajudicialmente, en los asuntos inherentes a las respectivas representaciones diplomáticas o consulares.
Delegación
Fe pública
Igualmente, el Procurador o la Procuradora podrá solicitar en casos de urgencia que así lo requieran, el oficio de los notarios públicos o notarias públicas, de los funcionarios o funcionarias consulares en ejercicio de sus funciones notariales, así como de los registradores públicos o registradoras públicas para autenticar o protocolizar los actos a ser suscritos en el ejercicio de sus competencias, estando los referidos funcionarios en la obligación de prestar la mayor colaboración y celeridad para el trámite de los actos que se le soliciten, incluso a trasladarse cuando sea requerido a solicitud del Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre.
CAPÍTULO III
Del Sistema de carrera de la Procuraduría General de la República
Conformación del Sistema
Funcionarios de Carrera de la Procuraduría General de la República
Son funcionarios o funcionarias de carrera de la Procuraduría General de la República, los que ingresen al Organismo de conformidad con los requisitos y condiciones establecidos en el Estatuto del Personal de la Procuraduría General de la República, dictado por el Procurador o Procuradora General de la República.
Son de libre nombramiento y remoción los funcionarios y funcionarias que ocupan cargos cuyas funciones son de alto nivel y de confianza. Son cargos de alto nivel los cargos directivos. Son de confianza los cargos que al efecto establezca el Procurador o Procuradora General de la República.
Políticas
1. El ingreso del personal mediante concurso público.
2. El reconocimiento y la ponderación del mérito como base fundamental para la promoción dentro del Organismo.
3. Los resultados positivos de la evaluación del desempeño, como requisito fundamental para garantizar la permanencia y la promoción dentro del Organismo.
Objetivos
1. Garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso al Organismo.
2. La incorporación de personal idóneo y de alto nivel de formación, a través de la compatibilización entre los requisitos del cargo y los atributos de aptitud para desempeñarlos.
3. Garantizar al funcionario el desarrollo profesional, mediante la capacitación, el desempeño en distintas áreas profesionales del Organismo y la promoción.
4. Garantizar la igualdad de oportunidades, la promoción sobre la base de méritos, resultados positivos de la evaluación, las capacidades, las aptitudes y las actitudes.
5. Procurar remuneraciones acordes al nivel de formación profesional y a la magnitud y complejidad de las funciones realizadas.
6. Garantizar al Organismo su funcionamiento, mediante la aplicación de factores de eficiencia y de eficacia.
Derechos
Contratación
CAPÍTULO IV
Derecho a la Jubilación
Igualmente, tendrá derecho a la jubilación el funcionario o funcionaria que tenga cumplidos treinta (30) años de servicio, cualquiera que sea su edad, siempre que al menos, los últimos cinco (5) años, hubieren sido prestados a la Procuraduría General de la República.
A los efectos de esta disposición, se computarán los años de servicio, ininterrumpidos o no, que los funcionarios o las funcionarias hayan prestado en otros organismos del sector público a los cuales se refiere la Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. Igualmente se computará, a los fines de la jubilación, el tiempo de servicio prestado como personal contratado en la Procuraduría General de la República o en cualquier organismo público.
Si del cómputo total efectuado sobre el tiempo de servicio, resultara una fracción igual o mayor de seis (6) meses, ésta se contará igualmente como un año de servicio.
Supuestos especiales
Procedencia de la jubilación y de la jubilación por vía de gracia
Nacimiento del derecho a la jubilación y principio de aplicación de la ley más favorableArtículo 63. El derecho a solicitar y obtener la jubilación, nace para los funcionarios o las funcionarias de la Procuraduría General de la República, desde el momento en que cumple la edad y el tiempo de servicio requeridos para ello, según la ley y este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
Si cumplidos los requisitos para solicitar la jubilación, se modificare la ley o las disposiciones estatutarias concernientes a tal beneficio, la nueva regulación sólo podrá aplicarse retroactivamente a quienes fueren acreedores del derecho a jubilarse, si consagrare un régimen que les fuera más favorable.
Reingreso de funcionarios jubilados
La prestación, por parte de los jubilados y jubiladas de la Procuraduría General de la República, de funciones públicas remuneradas, permanentes o transitorias, distintas a las exceptuadas expresamente en este Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea por que tenga su origen por elección o por nombramiento de autoridad competente, al servicio de la República, de las Entidades Federales, de los Municipios, o de algún instituto o establecimiento público sometido por ley a control de tutela o de cualquier otro tipo, por parte de dichas entidades, o en la dirección y administración de las sociedades civiles y mercantiles, fundaciones y otras personas jurídicas indicadas en la Ley Contra la Corrupción que, a los efectos de esa Ley le dan el carácter de funcionario público, produce la suspensión del pago del monto de la jubilación que le fuera concedida por la Procuraduría General de la República durante todo el tiempo que permanezca en el cargo, el cual se restablecerá al cesar en esas funciones, en el mismo porcentaje acordado inicialmente, salvo las variaciones previstas en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
A los fines indicados, el o la jubilada deberá hacer del conocimiento de la Procuraduría General de la República, tanto la aceptación del respectivo cargo como la conclusión del mismo. Las cantidades percibidas por el o la jubilada, en contravención de esta disposición deberán ser reintegradas al Tesoro Nacional, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales en que pudieren incurrir por ello.
Los beneficiarios de jubilaciones otorgadas conforme a otras normas dictadas por Organismos del Sector Público, podrán ingresar a la Procuraduría General de la República como contratados, o para ejercer un cargo de libre nombramiento y remoción, siempre que, en este último caso, presenten constancia de haber solicitado y obtenido la suspensión del pago de las mismas, durante el tiempo de su servicio a la institución. El Procurador o la Procuradora General de la República, tomando en cuenta las circunstancias del caso concreto, podrá acordar variaciones o complementos de aquellas jubilaciones.
Monto de la Jubilación
Este porcentaje será incrementado en uno y medio por ciento (1,50%) por cada año que sobrepase los veinte (20) años de servicio mínimo exigidos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, hasta un tope del noventa por ciento (90%).
Concepto de sueldo o remuneración
Variaciones de sueldo
En caso de haberse producido alguna variación de la respectiva jubilación o pensión, las variaciones posteriores se calcularán sobre el monto de la última de ellas.
Las variaciones efectuadas en cada oportunidad, de acuerdo con lo previsto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, serán participadas por escrito, al respectivo interesado por la Gerencia de Recursos Humanos del organismo.
TÍTULO IV
CAPÍTULO I
Manifestación por escrito
Formación del expediente
Opinión jurídica y su carácter vinculante
No se requiere la opinión de la Procuraduría General de la República, cuando se trate de reclamaciones cuyo monto sea igual o inferior a quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.) y hayan sido declaradas procedentes por la máxima autoridad del órgano respectivo.
Notificación
Respuesta al órgano
Procedencia de acudir a la vía judicial
Declaratoria de inadmisibilidad en caso de incumplimiento de formalidades
CAPÍTULO II
Sección Primera
Competencia de representación y defensa judicial
Intervención en procesos judiciales
Privilegios y prerrogativas procesales
Notificaciones y citaciones
Presentación de actuaciones procesales
Falta de asistencia a los actos
Obligación de remisión de información y documentación
Autorización expresa del Procurador o Procuradora General de la República
Excepción a la prestación de caución
Consulta de sentencia definitiva en contra de la República
Agotamiento de recursos
Acuse de recepción de recursos
Inaplicación de medidas preventivas o ejecutivas
Costas
Inadmisibilidad de compensación contra la República
Absolución de posiciones juradas
Número de representantes
Sección Segunda
Amparo constitucional
Citaciones al Procurador o Procuradora General de la República
De la citación
El Procurador o Procuradora General de la República puede darse por citado, sin que sea necesario dejar transcurrir el lapso indicado en este artículo.
Recurso de invalidación
Reconvención contra la República
Citación en garantía o en saneamiento
Salvo lo dispuesto en este artículo, el procedimiento para la intervención forzada se regirá conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil.
De la Notificación al Procurador o Procuradora General de la República
La falta de notificación es causal de reposición y ésta puede ser declarada de oficio por el Tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República.
Informe sobre ejecución de sentencia
Procedimiento para ejecución
1. Si se trata de cantidades de dinero, el Tribunal, a petición de la parte interesada, debe ordenar que se incluya el monto a pagar en la partida respectiva de los próximos dos ejercidos presupuestarios, a cuyo efecto debe enviar al Procurador o Procuradora General de la República copia certificada de la decisión, la cual debe ser remitida al órgano o ente correspondiente. El monto que se ordene pagar debe ser cargado a una partida presupuestaria no imputable a programas.
2. Si se trata de entrega de bienes, el Tribunal debe poner en posesión de los mismos a quien corresponda. Si tales bienes estuvieren afectados al uso público, a actividades de utilidad pública o a un servicio público, el Tribunal debe acordar la fijación del precio mediante avalúo realizado por tres peritos, nombrados uno por cada parte y el tercero de común acuerdo. En caso de desacuerdo, el tercer perito es nombrado por el Tribunal.
Corrección monetaria
Estimación del valor sobre actuaciones
Sección Tercera
Medidas Cautelares
1. El embargo;
2. La prohibición de enajenar y gravar;
3. El secuestro;
4. Cualquier medida nominada e innominada que sea necesaria para la defensa de los derechos, bienes e intereses de la República.
Examen previo de medidas preventivas solicitadas
Podrán suspenderse las medidas decretadas cuando hubiere caución o garantía suficiente para responder a la República de los daños y perjuicios que se le causaren, aceptada por el Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, en resguardo de los bienes, derechos e intereses patrimoniales de la República.
Medidas sobre bienes
Límite de las medidas preventivas
Sección Cuarta
Intervención en juicio
Notificación sobre demandas al Procurador o Procuradora General de la República
El proceso se suspenderá por un lapso de noventa (90) días continuos, el cual comienza a transcurrir a partir de la fecha de la consignación de la notificación, practicada en el respectivo expediente. Vencido este lapso, el Procurador o Procuradora se tendrá por notificado. Esta suspensión es aplicable únicamente a las demandas cuya cuantía es superior a un mil Unidades Tributarias (1.000 U.T).
El Procurador o Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratificación de la suspensión, o su renuncia a lo que quede del referido lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado.
Obligación de notificación por parte de los funcionarios judiciales
En tales casos, el proceso se suspenderá por un lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha de la consignación de la notificación practicada en el respectivo expediente. El Procurador o Procuradora General de la República, o quien actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratificación de la suspensión o su renuncia a lo que quede del lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado.
Causal de reposiciónArtículo 110. La falta de notificación al Procurador o Procuradora General de la República, así como las notificaciones defectuosas, son causal de reposición en cualquier estado y grado de la causa, la cual podrá ser declarada de oficio por el tribunal o a instancia del Procurador o Procuradora General de la República.
Notificación y envío de documentos
Adoptadas las previsiones del caso el organismo correspondiente debe comunicar al Procurador o Procuradora General de la República, quien a su vez debe informar al juez de la causa.
Cuando se decrete, la ejecución voluntaria o forzosa de sentencias contra los entes que integran la Administración Pública Descentralizada, el tribunal encargado procederá conforme al procedimiento establecido en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
Procedencia de ejecución
TÍTULO V
Multa por incumplimiento
La sanción prevista en el este artículo será aplicada por el superior jerárquico del funcionario objeto de la misma, a requerimiento motivado del Procurador o Procuradora General de la República. Igual sanción se aplicará al superior jerárquico que no dé cumplimiento a esta medida o la retarde injustificadamente, sin perjuicio de las demás sanciones y procedimientos disciplinarios establecidos en las leyes.
Retardo en respuesta de requerimientos
Falta de colaboración con la Procuraduría General de la República
Suministro de datos y documentos falsos
Divulgación de información
Negligencia de sustitutos
La sanción será aplicada por el Procurador o Procuradora General de la República mediante resolución motivada, previa instrucción del procedimiento sumario establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Se deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.892 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008.
DISPOSICIÓN FINAL
Única. Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los treinta días del mes de diciembre de dos mil quince. Años 205° de la Independencia, 156° de la Federación y 16º de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo de la República y Primer Vicepresidente del Consejo de Ministros, JORGE ALBERTO ARREAZA MONSERRAT
☞Visualiza la versión original publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
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![Código Orgánico Tributario <span face=""b612" , sans-serif"><span style="color: black; font-weight: normal;"><i>[</i></span><span style="color: #04ff00;"><b><i>Vigente</i></b></span><span style="color: black; font-weight: normal;"><i>]</i></span></span>](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm2wrYpAyvnOmkY7Y7qU5DdgcZ8Ilaqsh07Rwa2Fl6mSnnh66f-EVVbwt-NTDOlkJaQNm5oGRb_LCggDoxvLB2-_JxB8OIuQop9fjS3cY16hq9uQDiytwT4Inivxz3HAknYZcLMI56wws/w100/ANC_opt4x4.jpg)
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