Decreto N° 1.407 de fecha 13 de noviembre de 2014, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.155 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014.
☑ Vigente ☞ FICHA TÉCNICA
Decreto Nº 1.407 13 de noviembre de 2014
NICOLÁS MADURO MOROS
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas bolivarianas, por mandato del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en los literales “a” y “b” del numeral 1 del artículo 1º de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, en Consejo de Ministros,
DICTO
El siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE
Artículo 1º. Se modifica el contenido del artículo 4º referente a los órganos y entes que conforman el Sector Público, el cual queda redactado en los términos siguientes:
“Órganos y entes que conforman el Sector Público
1. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional.
2. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Estadal.
3. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Distritos y Distritos Metropolitanos.
4. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley que regula la materia del Poder Público Municipal.
5. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Territorios Federales y Dependencias Federales.
6. Los institutos autónomos o públicos nacionales, estadales, distritales y municipales.
7. El Banco Central de Venezuela y el Sector Público Financiero en general.
8. Las Universidades Públicas.
9. Las sociedades mercantiles en las cuales la República o las demás personas a que se refiere el presente artículo tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social. Quedarán comprendidas además, las sociedades de propiedad totalmente estatal; cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional.
10. Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social.
11. Las personas jurídicas previstas en la ley que regula la materia del poder popular.
12. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social, así como las que se constituyan con la participación de aquéllas.
13. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto.”
Artículo 2º. Se incorpora el numeral 6 en el artículo 5º, referente a Definición, el cual queda redactado en los términos siguientes:
“Definición
1. Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos, de dominio público o de dominio privado, que hayan adquirido o adquieran los órganos y entes que conforman el Sector Público, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan.
2. Los bienes, mercancías o efectos, que se encuentran en el territorio de la República y que no tienen dueño.
3. Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos provenientes de las herencias yacentes.
4. Las mercancías que se declaren abandonadas.
5. Los bienes, mercancías o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme mediante acto administrativo o sentencia definitiva y los que mediante sentencia firme o procedimiento de ley sean puestos a la orden del Tesoro Nacional.
6. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Estado venezolano, que se encuentren en tránsito o que estén permanentemente instalados en el país ante cuyo Gobierno estén acreditados, según las disposiciones en materia del servicio exterior.
Dentro de los Bienes Públicos, se establecen las siguientes categorías:
a. Bienes Nacionales. Son Bienes Nacionales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de la República, de los institutos autónomos y de las empresas del Estado, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones del Estado.
b. Bienes Estadales. Son Bienes Estadales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los estados, de los institutos autónomos y de las empresas estadales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones estadales.
c. Bienes Municipales. Son Bienes Municipales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los municipios, de los institutos autónomos y de las empresas municipales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones municipales.
d. Bienes Distritales. Son Bienes Distritales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los distritos, de los institutos autónomos y de las empresas distritales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones distritales.
No serán catalogados como Bienes Públicos:
1. Los productos que sean adquiridos, concebidos, extraídos o fabricados por las personas, órganos y entes sujetos al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, de conformidad con su naturaleza, funciones, competencias, atribuciones o actividades comerciales, mercantiles, financieras o sociales, con destino a la venta.
2. Los artículos calificados como materiales y suministros según el Clasificador Presupuestario dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto.
3. Los bienes adquiridos con la finalidad de ser donados de forma inmediata.
4. Los bienes adquiridos en ejecución de norma expresa, en cumplimiento de fines institucionales, con el fin de ser enajenados a terceros.”
Artículo 3º. Se modifica la redacción del artículo 13 relativo a Prohibiciones, el cual queda redactado en la forma siguiente:
“Prohibiciones
Ni el Presidente o Presidenta de la República, ni el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República ni los Ministros o Ministras, Viceministros o Viceministras ni el Procurador o Procuradora General de la República, ni los Diputados o Diputadas de la Asamblea Nacional ni los Diputados o Diputadas del Parlamento Andino ni del Parlamento Latinoamericano, ni los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, ni el Fiscal o la Fiscal General de la República, ni el Contralor o Contralora General de la República, ni el Subcontralor o Subcontralora de la República, ni el Defensor o Defensora del Pueblo, ni el Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, ni los Gobernadores o Gobernadoras de los Estados, ni los Diputados o Diputadas de los Consejos Legislativos de los Estados, ni el Contralor o Contralora de los Estados, ni el Procurador o Procuradora Estadal, ni los Alcaldes o Alcaldesas de los Municipios, ni los Alcaldes o Alcaldesas de los Distritos Metropolitanos, ni los Concejales o Concejalas de los Municipios, ni el Síndico Procurador o Síndica Procuradora Municipal, ni el Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela, podrán, por si mismos, ni por medio de personas interpuestas, vender ni comprar Bienes Públicos, ni celebrar con la República, los estados, los municipios o los distritos, dependiendo del nivel al cual pertenezca el funcionario o funcionaria público, contrato de ninguna especie.
Dichas prohibiciones se aplicarán igualmente a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de todas las personas señaladas en el presente artículo, así como a las personas jurídicas en las que todas las personas antes referidas tengan una participación superior al cinco (5%) del capital social o del patrimonio según el caso, antes de adquirirse el derecho real.
Estas prohibiciones rigen hasta doce meses después de que las personas impedidas cesen o renuncien en sus respectivos cargos.
Los actos administrativos o contratos que se suscriban contraviniendo lo dispuesto en el presente artículo, son nulos de pleno derecho sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra índole a que hubiere lugar.”
Artículo 4º. Se incorpora un artículo sobre la Coordinación entre los Integrantes del Sistema de Bienes Públicos, bajo el número 20, el cual queda redactado de la manera siguiente:
“Coordinación entre los Integrantes del Sistema de Bienes Públicos
Artículo 5º. Se reubica el artículo 27, relativo a Unidades de Bienes Públicos, modificando su redacción y quedando enumerado bajo el número 21, el cual se redacta en los términos, siguientes:
“Unidades de Bienes Públicos
Dichas unidades funcionarán bajo los criterios de cooperación y colaboración entre las distintas ramas del Poder Público, fundamentándose esta en las normas, lineamientos, directrices y pautas técnicas dictadas por la Superintendencia de Bienes Públicos, sin perjuicio de la autonomía constitucional de aquellas.
Las disposiciones contempladas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y sus Reglamentos y en las normas que dicte la Superintendencia de Bienes Públicos, relativas al registro, conservación y mantenimiento de Bienes Públicos, serán de observancia obligatoria para los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos, entes públicos no territoriales, demás entes y organismos que conforman estos niveles de gobierno.”
Artículo 6º. Se modifica el artículo 20 referente a Creación, quedando bajo el número 22, redactado en la forma siguiente:
“Creación
La organización, autogestión y funcionamiento de la Superintendencia de Bienes Públicos se establece en el Reglamento interno que a tales efectos se dicte, en observancia a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.”
Artículo 7º. Se incorpora un nuevo artículo, bajo el número 23 referido a Estructura, redactado en los términos siguientes:
“Estructura
La estructura organizativa y funcional de la Superintendencia de Bienes Públicos será establecida por el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, mediante un Reglamento Interno, previa opinión favorable del ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas, el cual será publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.”
Artículo 8º. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 24, referente a Niveles Sustantivos de la Superintendencia de Bienes Públicos, el cual queda redactado del modo siguiente:
“Niveles Sustantivos de la Superintendencia de Bienes Públicos
Artículo 9º. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 25, relativo a Normas Técnicas y Capacitación, el cual queda redactado en los términos siguientes:
“Normas Técnicas y Capacitación
1. Emisión, formulación, evaluación y revisión de las normas e instrumentos complementarios, destinados a regular y controlar las actividades que realizan los órganos y entes del Sector Público respecto a sus Bienes Públicos.
2. Implementación de los Planes y Programas de formación y capacitación de los funcionarios y funcionarios públicos, además de todas aquellas personas naturales o jurídicas que la requieran; de conformidad con las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente.
3. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.”
Artículo 10. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 26, relativo al Registro de Bienes, redactado en la forma siguiente:
“Registro de Bienes
1. Registro, control y seguimiento de los bienes muebles, inmuebles activos intangibles, activos financieros y acciones del Sector Público, sean estos de dominio público o privado, con especificación del órgano y ente que ostente la titularidad de la propiedad, asignación o adscripción de los mismos; los derechos patrimoniales incorporales y los bienes georreferenciados de valor artístico e histórico.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.”
Artículo 11. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 27, referente al Registro de Peritos, el cual queda redactado en los términos siguientes:
“Registro de Peritos
1. Desarrollar y mantener el Registro de acreditación y actualización de Peritos Avaluadores y el Catastro Inmobiliario del Sector Público de conformidad con lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.”
Artículo 12. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 28, relacionado con la Gestión Patrimonial de Bienes, el cual queda redactado en el modo siguiente:
“Gestión Patrimonial de Bienes
1. Normar e implementar procedimientos para regular las medidas en cuanto a la administración de Bienes Públicos, cumpliendo lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, conforme a los actos administrativos que la Superintendencia de Bienes Públicos dicte para su aplicación en actos de adquisición, administración, disposición, registro, supervisión, inscripción, saneamiento, incorporación, desincorporación que determine el control de bienes patrimoniales.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.”
Artículo 13. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 29, referido a la Supervisión y Fiscalización de Bienes Públicos, redactado en la forma siguiente:
“Supervisión y Fiscalización de Bienes Públicos
1. La inspección, supervisión y diagnóstico permanente en cuanto al uso, conservación, mantenimiento, protección, adquisición, disposición, incorporación, enajenación, registro, guarda, control, custodia, administración y ubicación de los Bienes Públicos; la existencia de bienes ocultos, desconocidos o que sean declarados en estado de abandono, pertenecientes a los órganos y entes de la Administración Pública, y los actos y demás actividades respecto a los Bienes Públicos, ejecutados por los órganos y entes del Sector Público. Así mismo, ejercer la potestad investigativa para la tramitación de solicitudes, denuncias y contravenciones ocurridas con ocasión a la ejecución de los actos y actividades en materia de Bienes Públicos.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.”
Artículo 14. Se modifica el artículo 21, quedando bajo el número 30, referido a las competencias, redactado en los términos siguientes:
“Competencias
1. Participar en la formulación de las políticas para la administración, registro y disposición de los Bienes Públicos.
2. Proponer y promover normas legales destinadas al fortalecimiento del Sistema de Bienes Públicos, priorizando la modernización del Estado y los fines sociales que persigue el mismo.
3. Emitir opinión, asesorar y coordinar las actividades de las unidades administrativas competentes del Sector Público, en todo lo conducente al cumplimiento de las políticas y normas en materia de Bienes Públicos, sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la Procuraduría General de la República.
4. Evacuar consultas, interpretar y emitir pronunciamientos institucionales sobre Bienes Públicos, con carácter orientador, sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la Procuraduría General de la República.
5. Dictar las normas e instrucciones técnicas en las materias de su competencia.
6. Establecer, mediante las correspondientes normas técnicas, los procedimientos destinados al registro y disposición de los Bienes Públicos.
7. Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el registro, administración y disposición de Bienes Públicos, en los casos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
8. Remitir al órgano competente del Sistema Nacional de Control Fiscal las comunicaciones y/o expedientes administrativos a que haya lugar, con ocasión del incumplimiento de las normas previstas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
9. Definir los criterios para la racionalización de la construcción, reconstrucción, adaptación, adquisición, identificación, recuento físico, valuación, enajenación, conservación, mantenimiento y aprovechamiento de los inmuebles destinados al funcionamiento de los órganos y entes del Sector Público.
10. Mantener información actualizada acerca de la existencia, valor, ubicación, necesidades y excedentes de los Bienes Públicos y de su estado de conservación y funcionamiento.
11. Acceder a los registros y bases de datos de los órganos y entes que conforman el Sector Público, respecto de los actos de registro, administración y disposición de los Bienes Públicos, con las excepciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, en el marco del Sistema de Bienes Públicos y sin perjuicio de la autonomía de los diferentes niveles políticos territoriales.
12. Mantener relaciones con las dependencias correspondientes de los entes u órganos de los estados, municipios, distritos y distritos metropolitanos, así como de los entes públicos no territoriales, de modo que el registro y disposición de bienes en esas entidades pueda efectuarse en el ámbito del Sistema de Bienes Públicos.
13. Tramitar las denuncias de bienes ocultos o desconocidos, conforme a lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
14. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación o destrucción, de los bienes, mercancías o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme y los que mediante sentencia definitivamente firme o procedimiento de ley, sean puestos a la orden del Tesoro Nacional.
15. Ordenar el remate, venta, donación o destrucción, de los efectos retenidos, embargados o en situación de comiso que estén expuestos a pérdida, deterioro o corrupción, o que sean de difícil administración.
16. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación, permuta o destrucción de mercancías o bienes declaradas legalmente abandonadas o en desuso, con excepción a lo previsto en la norma que rige la materia.
17. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación o destrucción de los bienes propiedad de la República cuya administración le corresponda.
18. Autorizar, previo el cumplimiento de las formalidades presupuestarias de ley, el reintegro de sumas de dinero ingresadas al Tesoro Nacional, derivadas de la disposición de bienes provenientes de retenciones, embargos, incautaciones o comisos, cuando la respectiva medida haya sido declarada sin efecto.
19. Efectuar convenimientos, transacciones o concesión de plazos para el pago de deudas relativas a Bienes Públicos propiedad de la República, previa opinión expresa por parte de la Procuraduría General de la República.
20. Establecer e imponer las sanciones pecuniarias y administrativas a que haya lugar, de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
21. Llevar un registro actualizado de profesionales tasadores de bienes.
22. Emitir opinión en los casos que establezca el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
23. Establecer los lineamientos para el diagnóstico del estado físico, legal y administrativo de los Bienes de los órganos y entes del Sector Público, en el marco de las atribuciones conferidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
24. Crear o eliminar oficinas o dependencias de la Superintendencia de Bienes Públicos en todo el territorio de la República, previa aprobación del ministro o ministra con competencia en materia de finanzas.
25. Las atribuciones que le asignen el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, y las demás que le asignen las leyes.”
Artículo 15. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 32, referente del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, redactado de la manera siguiente:
“Superintendente o Superintendenta de Bienes Públicos
El Superintendente, o la Superintendenta de Bienes Públicos debe ser venezolano o venezolana, mayor de treinta años, profesional universitario, de reconocida solvencia moral, con experiencia en cargos gerenciales o de responsabilidad en el Sector Público o privado, relacionado con las competencias en la materia de Bienes Públicos.”
Artículo 16. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 33, referente a las Inhabilidades del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, redactado en la forma siguiente:
“Inhabilidades
1. Las personas declaradas en quiebra culpable o fraudulenta, en estado de atraso, los administradores o administradoras de la empresa en dicha situación, y los condenados o condenadas por delitos o faltas contra la propiedad, la fe pública, el patrimonio público, dentro de los cinco años siguientes a que se haya cumplido la condena.
2. Haber sido inhabilitado o destituido de cargo público o haber cesado en él por falta grave.”
Artículo 17. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 34, relacionado a las atribuciones del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, redactado en los términos siguientes:
“Atribuciones del Superintendente o Superintendenta de Bienes Públicos
1. Ejercer la dirección, actuar como autoridad y ejecutar las competencias atribuidas a la Superintendencia de Bienes Públicos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
2. Dictar los actos administrativos generales o particulares inherentes a las competencias atribuidas a la Superintendencia de Bienes Públicos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
3. Ordenar e instruir a los órganos y entes del Sector Público, la consignación en el lapso legal establecido y en el formato requerido, de los datos, documentos, informes, libros, normas, archivos físicos, digitales, estadísticos y contables, expedientes, tanto de sus oficinas como de sus sucursales, incluyendo sus sistemas de información, equipos de computación y cualesquiera otra base de datos o información que considere, en los términos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
4. Dictar las medidas preventivas que juzgue necesarias en los ámbitos jurídico, técnico y financiero, para el control, supervisión y fiscalización de los bienes públicos, corregir irregularidades o faltas de cualquier índole que advierta en las operaciones de los órganos y entes del Sector Público, establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, debiendo informar previamente al ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas.
5. Evacuar de manera oportuna y adecuada las consultas que formulen los interesados e interesadas en relación con la actividad de la Superintendencia de Bienes Públicos.
6. Iniciar, sustanciar y decidir los respectivos procedimientos administrativos, de inspección y sancionatorios, en los términos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
7. Asistir técnicamente en materia de bienes públicos, a los órganos y entes del Sector Público, a los efectos de dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
8. Planificar, elaborar y ejecutar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Superintendencia de Bienes Públicos, así como establecer los objetivos y proyectos a cumplir en cada ejercicio presupuestario, de conformidad con los lineamientos emanados del Ejecutivo Nacional.
9. Establecer el Régimen de Personal de la Superintendencia de Bienes Públicos, administrar el talento humano y dictar los actos administrativos de carácter general o particular de naturaleza funcionarial de acuerdo al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento. Asimismo, suscribir los actos referidos a la relación de empleo del personal contratado y obrero al servicio de la Superintendencia de Bienes Públicos.
10. Suscribir los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de la Superintendencia de Bienes Públicos y adquirir o enajenar los bienes y servicios requeridos por ésta.
11. Dictar el Reglamento interno de organización y funcionamiento de la Superintendencia de Bienes Públicos y los manuales de normas y procedimientos, así como las demás regulaciones necesarias para el funcionamiento de la misma.
12. Presentar al ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas, el informe de gestión, así como cualquier otra documentación, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Orgánico del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
13. Ejercer la potestad sancionatoria en los casos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
14 Asumir la administración e intervención de los bienes públicos declarados legalmente en abandono, desuso o privados de su destino útil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
15. Someter a la consideración y autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, las solicitudes de Enajenación y desincorporación de Bienes que sean propiedad, o que se encuentren adscritos a los órganos y entes del Sector Público Nacional.
16. Otorgar la opinión favorable o no a las adquisiciones de bienes inmuebles realizadas por los órganos y entes del Sector Público Nacional.
17. Delegar en funcionarios de la Superintendencia de Bienes Públicos, las funciones, atribuciones o firmas que juzgue necesario, de acuerdo con las normas legales vigentes.
18. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas en materia de mercancías declaradas legalmente abandonadas, conforme lo previsto en la norma especial que regula la materia.
19. Establecer los parámetros para el diseño y mantenimiento de los componentes de organización y funcionamiento del Registro de Peritos y el Registro General de Bienes Públicos, conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
20. Suspender a los Peritos Avaluadores certificados por la Superintendencia de Bienes Públicos, infractores del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
21. Establecer las tarifas máximas que cobrarán los peritos avaluadores por la prestación de los servicios ofertados en materia de bienes públicos, a los órganos y entes del Sector Público.
22. Establecer las directrices para el desarrollo de planes, programas y proyectos destinados a la conservación física, al orden legal y administrativo de los Bienes Públicos.
23. Designar al secretario o secretaria con su respectivo suplente, de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos.
24. Las demás que le atribuya el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.”
Artículo 18. Se modifica el artículo 24, quedando bajo el número 36, relativo al Régimen Presupuestario de la Superintendencia de Bienes Públicos, del modo siguiente:
“Régimen presupuestario de la Superintendencia de Bienes Públicos
Estará a cargo del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos la elaboración, administración, ejecución y el control del presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes Públicos.
El presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes Públicos será financiado con los aportes presupuestarios que le asigne el Ministerio con competencia en materia de finanzas, los ingresos propios que se deriven de la administración y disposición de los Bienes Públicos, los recaudados por conceptos de imposición de sanciones administrativas o pecuniarias conforme a lo que establezca el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, así como cualesquiera otros ingresos que obtenga la Superintendencia de Bienes Públicos en uso de sus atribuciones.”
Artículo 19. Se modifica el artículo 31 referente al Sistema de información, quedando bajo el número 42, del modo siguiente:
“Sistema de Información
1. Indicación de los bienes, acciones y derechos propiedad del Sector Público, sean éstos del dominio público o privado, con especificación del órgano o ente que ostente la titularidad de la propiedad, asignación o adscripción de los mismos; los derechos patrimoniales incorporales y los bienes georreferenciados de valor artístico e histórico.
2. Forma, fecha y valor de adquisición, en caso de no poseer dicho valor señalar un valor referencial de acuerdo a la fecha de adquisición.
3. Estado de conservación, uso y mantenimiento del bien.
4. Ubicación geográfica y georreferenciada del bien.
5. Responsable patrimonial del mantenimiento, conservación y protección del bien.
6. Valor de mercado actualizado del bien.
7. Cualquier otra información que se estime conveniente para la correcta ubicación y clasificación de los Bienes Públicos.
Dicho sistema se denominará Registro General de Bienes Públicos y deberá estar soportado en medios informáticos. Los requisitos de integración, seguridad y control del sistema de información indicado en el presente artículo, se establecerán mediante Providencia Administrativa emitida por la Superintendencia de Bienes Públicos.”
Artículo 20. Se modifica el artículo 33 relativo a la Veracidad y Entrega de la Información, quedando bajo el número 44, de la manera siguiente:
“Veracidad y Entrega de la información
La Superintendencia de Bienes Públicos establecerá los mecanismos y parámetros para la rendición de la información a que se refiere el presente artículo.”
Artículo 21. Se modifica el artículo 39 referente a la incorporación al Patrimonio de la República de los bienes que no tienen dueño, quedando bajo el número 50, en los términos siguientes:
“Incorporación al Patrimonio de la República de los bienes que no tienen dueño
Artículo 24. Se modifica el artículo 40 relativo a la Incorporación al Patrimonio de la República de mercancías abandonadas, quedando bajo el número 51, del modo siguiente:
“Incorporación al patrimonio de la República de mercancías abandonadas
Artículo 25. Se modifica el artículo 41 relativo a la Incorporación al Patrimonio de la República de bienes provenientes de comiso, aprehendidos o embargados, quedando bajo el número 52, de la manera siguiente:
“Incorporación al patrimonio de la República de bienes provenientes de comiso, aprehendidos o embargados
Cuando los bienes, mercancías o efectos retenidos, aprehendidos o embargados estén conformados por productos perecederos o expuestos a deterioro o descomposición, la Superintendencia de Bienes Públicos, mediante Providencia Administrativa, podrá de manera excepcional cuando sea indispensable para la conservación del bien, autorizar su uso o disposición antes de dictarse sentencia en el asunto, sin que sea necesaria la autorización previa por parte de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos.
Se exceptúa de la aplicación de este artículo, los bienes, mercancías o efectos, que sean objeto de comiso, mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme, cuyo procedimiento está previsto en las leyes especiales que regulan la materia.”
Artículo 26. Se modifica el artículo 54 referente a la Designación de Peritos, quedando bajo el número 65, en los términos siguientes:
“Designación de Peritos
1. Valuar los bienes inmuebles objeto de la operación;
2. Verificar los cánones de arrendamiento que los órganos y entes del Sector Público deban cobrar cuando tengan el carácter de arrendadores, o pagar cuando tengan el carácter de arrendatarios; y
3. Realizar los justiprecios que fueren necesarios.”
Artículo 27. Se modifica el artículo 55 relativo a la Acreditación de Peritos, quedando bajo el número 66, del modo siguiente:
“Acreditación de Peritos
Artículo 28. Se modifica el artículo 82 referente a la Adjudicación Directa de Bienes, quedando bajo el número 93, en los términos siguientes:
“Adjudicación directa de bienes
1. La venta o permuta de bienes cuyo adquiriente sea otro órgano o ente del Sector Público.
2. La venta de bienes cuyos adquirientes sean los trabajadores del órgano o ente enajenante, siempre que la enajenación de dichos bienes se realice mediante concurso en igualdad de condiciones entre todos los interesados.
3. Las relativas a la venta o permuta de bienes en producción, cuando el proceso licitatorio pudiere afectar el proceso productivo del bien.
4. La venta o permuta de bienes de cualquier tipo cuando mediante un proceso amplio de oferta pública, se determine la existencia de un solo oferente.
5. La venta o permuta de derechos litigiosos.
En cualquier caso la adjudicación directa de bienes públicos deberá contar con la autorización expresa de la máxima autoridad del respectivo órgano o ente.”
Artículo 29. Se modifica el artículo 92, relativo a las responsabilidades, quedando redactado bajo el número 103, en la forma siguiente:
“De las responsabilidades
Artículo 30. Se modifica el Título VI de los Procedimientos y de los Recursos, contentivo de los artículos 113 al 131, ambos inclusive, en los términos siguientes:
“Del inicio del procedimiento
En el segundo caso, el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos ordenará el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio y notificará a los órganos y entes, así como a los particulares cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos pudieren resultar afectados, concediéndoles un lapso de diez días hábiles para que presenten sus alegatos y argumentos.
Inicio a instancia de parte interesada
1. Fecha expresando el lugar, día, mes y año.
2. Escrito dirigido a el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos.
3. La identificación de la persona y su representante legal, de ser el caso, con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de cédula de identidad o pasaporte.
4. En caso de tratarse de órganos y entes públicos o persona jurídica de derecho privado, deberá constar el número de Registro de Información Fiscal, y la identificación de su representante legal.
5. La dirección del lugar en donde se harán las notificaciones pertinentes.
6. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando la materia objeto de la solicitud.
7. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso.
8. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias.
9. La firma de los interesados.
Remisión de expediente administrativo de las Unidades de administración y custodia de los Bienes Públicos
Asimismo, deberán incorporar al expediente aquellos documentos que tengan en su poder, relacionados directa o indirectamente, con la presunta comisión de hechos considerados como delitos, faltas o irregularidades administrativas, cometidos con ocasión a la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los bienes públicos.
A tal efecto deberán remitir el expediente administrativo a la Superintendencia de Bienes Públicos, dentro de los treinta días hábiles siguientes, a la presunta comisión del hecho, a fin de dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio.
De los errores u omisiones
Admisión de la Solicitud
Del expediente
De la notificación
De la notificación en Prensa
Lapso Probatorio
Dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de los escritos de pruebas, las partes podrán expresar si convienen en algún hecho u oponerse a las pruebas que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes.
Vencido el lapso, dentro de los tres días hábiles siguientes, el funcionario instructor del expediente, admitirá las pruebas que no sean manifiestamente ilegales o impertinentes y ordenará evacuar los medios que lo requieran, para lo cual se dispondrá de diez días hábiles siguientes, prorrogables a instancia de parte por diez días hábiles siguientes.
Acumulación de expedientes
Acceso al expediente
Pronunciamiento
El pronunciamiento de la unidad administrativa correspondiente, deberá ser remitido con el expediente administrativo al Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, a los fines de que decida a través de Providencia Administrativa debidamente motivada, estableciendo en un lapso de veinte días hábiles siguientes, las sanciones a que hubiere lugar.
Notificación de la Decisión
En caso de que el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, establezca una sanción de multa, la persona, órgano o ente infractor deberá dentro de quince días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de notificación, realizar el pago de la multa en las cuentas de la Superintendencia de Bienes Públicos y consignará el recibo de pago dentro de los tres días hábiles siguientes, ante la misma.
Recurso de Reconsideración
En el escrito, el recurrente deberá concretar las razones de hecho o de derecho en que fundamenta su pretensión, conjuntamente con la documentación que estime pertinente.
Inadmisibilidad del Recurso de Reconsideración
Suspensión de efectos
Cálculo de la multa
Para el cálculo de las sanciones comprendidas entre un mínimo y un máximo, se entenderá que lo normalmente aplicable es la mitad de la suma de ambos extremos, pero podrá reducirse hasta el límite inferior o aumentarse hasta el superior, según el mérito de las circunstancias atenuantes o agravantes en atención a la gravedad de la infracción y a los principios de proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y los fines de la norma. Cuando en un mismo caso, aparezcan circunstancias atenuantes como agravantes, deberán compensarse unas con otras.
Circunstancias atenuantes
1. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción se haya cometido sin intencionalidad por parte de quien lo cometió.
2. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción no haya causado grave perjuicio al patrimonio público o a las personas.
3. La reparación del daño por iniciativa de quien cometió el mismo.
Circunstancias agravantes
1. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción se haya cometido intencionalmente.
2. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción haya causado grave perjuicio al patrimonio público o a las personas.
3. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción haya producido ganancias o provecho para quien lo cometió o para sus cómplices si los hubiere.
4. La reincidencia.”
Artículo 31. Se suprimen los artículos 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 y 117, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos.
Artículo 32. Se suprime la Disposición Transitoria Primera del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley de Publicaciones Oficiales, imprímase en un solo texto el Decreto Nº 9.041, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.952, de fecha 26 de junio de 2012, con la reforma aquí sancionada, y en el correspondiente texto íntegro, corríjase e incorpórese donde indica, “Sistema Nacional de Bienes Públicos” por “Sistema de Bienes Públicos”, y “Superintendente Nacional de Bienes Públicos” por “Superintendente o Superintendenta de Bienes Públicos”, la enumeración, el lenguaje de género, los nombres de los Ministerios, entes u órganos, y sustitúyase las firmas, fechas y demás datos de sanción y promulgación.
Dado en Caracas, a los trece días del mes de noviembre de dos mil catorce. Años 204º de la Independencia, 155º de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo de la República, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Decreto Nº 1.407 13 de noviembre de 2014
NICOLÁS MADURO MOROS
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas bolivarianas, por mandato del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en los literales “a” y “b” del numeral 1 del artículo 1º de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, en Consejo de Ministros.
DICTO
El siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY
TÍTULO I
Capítulo I
Objeto
Ámbito de aplicación
Las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica se aplicarán sin perjuicio de las competencias de control, vigilancia y fiscalización que corresponden a la Contraloría General de la República sobre los bienes de la Nación.
Órganos y entes que conforman el Sector Público
1. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional.
2. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Estadal.
3. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Distritos y Distritos Metropolitanos.
4. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley que regula la materia del Poder Público Municipal.
5. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Territorios Federales y Dependencias Federales.
6. Los institutos autónomos o públicos nacionales, estadales, distritales y municipales.
7. El Banco Central de Venezuela y el Sector Público Financiero en general.
8. Las Universidades Públicas.
9. Las sociedades mercantiles en las cuales la República o las demás personas a que se refiere el presente artículo tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social. Quedarán comprendidas además, las sociedades de propiedad totalmente estatal; cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional.
10. Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social.
11. Las personas jurídicas previstas en la ley que regula la materia del poder popular.
12. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social, así como las que se constituyan con la participación de aquéllas.
13. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto.
Capítulo II
Definición
1. Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos, de dominio público o de dominio privado, que hayan adquirido o adquieran los órganos y entes que conforman el Sector Público, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan.
2. Los bienes, mercancías o efectos, que se encuentran en el territorio de la República y que no tienen dueño.
3. Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos provenientes de las herencias yacentes.
4. Las mercancías que se declaren abandonadas.
5. Los bienes, mercancías o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme mediante acto administrativo o sentencia definitiva y los que mediante sentencia firme o procedimiento de ley sean puestos a la orden del Tesoro Nacional.
6. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Estado venezolano, que se encuentren en tránsito o que estén permanentemente instalados en el país ante cuyo Gobierno estén acreditados, según las disposiciones en materia del servicio exterior.
Dentro de los Bienes Públicos, se establecen las siguientes categorías:
a. Bienes Nacionales. Son Bienes Nacionales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de la República, de los institutos autónomos y de las empresas del Estado, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones del Estado.
b. Bienes Estadales. Son Bienes Estadales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los estados, de los institutos autónomos y de las empresas estadales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones estadales.
c. Bienes Municipales. Son Bienes Municipales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los municipios, de los institutos autónomos y de las empresas municipales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones municipales.
d. Bienes Distritales. Son Bienes Distritales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los distritos, de los institutos autónomos y de las empresas distritales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones distritales.
No serán catalogados como Bienes Públicos:
1. Los productos que sean adquiridos, concebidos, extraídos o fabricados por las personas, órganos y entes sujetos al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, de conformidad con su naturaleza, funciones, competencias, atribuciones o actividades comerciales, mercantiles, financieras o sociales, con destino a la venta.
2. Los artículos calificados como materiales y suministros según el Clasificador Presupuestario dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto.
3. Los bienes adquiridos con la finalidad de ser donados de forma inmediata.
4. Los bienes adquiridos en ejecución de norma expresa, en cumplimiento de fines institucionales, con el fin de ser enajenados a terceros.
Clasificación
Son Bienes Públicos del dominio público:
1. Los bienes destinados al uso público, como plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas, caminos y otros.
2. Los bienes que en razón de su configuración natural, construcción o adaptación especial, o bien por su importancia histórica, científica o artística sean necesarios para un servicio público o para dar satisfacción a una necesidad pública y que no puedan ser fácilmente reemplazados en esa función.
3. Los espacios lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República; las costas marinas; el suelo y subsuelo de estos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen.
4. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental.
5. Todos aquellos bienes a los que por ley se confiera tal cualidad.
Los Bienes Públicos del dominio privado, son aquellos Bienes Públicos no incluidos en las categorías de bienes mencionadas en la enumeración anterior, los cuales, siendo propiedad del Estado o de algún ente público, no están destinados al uso público ni afectados a algún servicio público.
Desafectación de Bienes Públicos de dominio público
De igual forma, se procederá en los casos de deslinde del dominio público en que los inmuebles sobrantes pasen al dominio privado.
Afectación de Bienes Públicos de dominio privado
Prerrogativas de los bienes de dominio público
Prerrogativas de los bienes propiedad de la República
Aprovechamiento
Defensa
Prohibiciones
Ni el Presidente o Presidenta de la República, ni el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República ni los Ministros o Ministras, Viceministros o Viceministras ni el Procurador o Procuradora General de la República, ni los Diputados o Diputadas de la Asamblea Nacional ni los Diputados o Diputadas del Parlamento Andino ni del Parlamento Latinoamericano, ni los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, ni el Fiscal o la Fiscal General de la República, ni el Contralor o Contralora General de la República, ni el Subcontralor o Subcontralora de la República, ni el Defensor o Defensora del Pueblo, ni el Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, ni los Gobernadores o Gobernadoras de los Estados, ni los Diputados o Diputadas de los Consejos Legislativos de los Estados, ni el Contralor o Contralora de los Estados, ni el Procurador o Procuradora Estadal, ni los Alcaldes o Alcaldesas de los Municipios, ni los Alcaldes o Alcaldesas de los Distritos Metropolitanos, ni los Concejales o Concejalas de los Municipios, ni el Síndico Procurador o Síndica Procuradora Municipal, ni el Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela, podrán, por si mismos, ni por medio de personas interpuestas, vender ni comprar Bienes Públicos, ni celebrar con la República, los estados, los municipios o los distritos, dependiendo del nivel al cual pertenezca el funcionario o funcionaria público, contrato de ninguna especie.
Dichas prohibiciones se aplicarán igualmente a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de todas las personas señaladas en el presente artículo, así como a las personas jurídicas en las que todas las personas antes referidas tengan una participación superior al cinco (5%) del capital social o del patrimonio según el caso, antes de adquirirse el derecho real.
Estas prohibiciones rigen hasta doce meses después de que las personas impedidas cesen o renuncien en sus respectivos cargos.
Los actos administrativos o contratos que se suscriban contraviniendo lo dispuesto en el presente artículo, son nulos de pleno derecho sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra índole a que hubiere lugar.
Aplicación preferente
Supletoriedad de la ley
1. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental.
2. Los espacios lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República; las costas marinas; el suelo y subsuelo de éstos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen.
3. Los Bienes Públicos empleados directamente para la seguridad y defensa de bienes y personas.
4. El espectro radioeléctrico.
5. Las tierras baldías.
6. Las tierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras y las que por ley le deban pertenecer.
7. Los Bienes Públicos empleados directamente por las Industrias Básicas Pesadas en poder del Estado, en las labores de aprovechamiento y/o transformación de los recursos naturales a su cargo.
8. Los Bienes Públicos enmarcados en procesos de privatizaciones.
9. Los estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como las sustancias químicas, precursoras y esenciales susceptibles de ser desviadas a la fabricación ilícita de drogas.
10. Los haberes de los fondos públicos de prestaciones, pensiones y jubilaciones.
11. Los bienes de valor artístico e histórico propiedad de la República, los estados, los municipios o los distritos, sin perjuicio de que sean incluidos en los registros de bienes establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
TÍTULO II
Capítulo I
Creación
Finalidad
1. Contribuir al desarrollo de la Nación, promoviendo el saneamiento de los Bienes Públicos, a los fines de alcanzar una eficiente gestión en el uso, mantenimiento y disposición de los mismos.
2. Ordenar, integrar y simplificar los procedimientos para la adquisición, registro, administración, disposición y supervisión de los Bienes Públicos en el Sector Público, con el objeto de lograr una gestión eficiente.
Principios
1. La primacía de las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y sus normas reglamentarias y complementarias, dada la especialidad de las mismas, como parte del Sistema de Bienes Públicos, sobre las que en contravención o menoscabo de estas puedan dictarse.
2. La supervisión permanente a cargo del órgano rector, de los actos de adquisición, registro, administración y disposición respecto de los Bienes Públicos, ejecutados por los órganos y entes del Sector Público.
3. La transparencia en los procedimientos de adquisición, registro, administración y disposición de los Bienes Públicos.
4. La vigilancia por parte de los ciudadanos y ciudadanas dentro de las actividades de registro, administración y disposición de los Bienes Públicos, como principio activo de la contraloría social.
5. La eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromisos de gestión, por parte de los órganos y entes que lo conforman, bajo la orientación de las políticas y estrategias establecidas por la Superintendencia de Bienes Públicos.
6. La eficiencia en la utilización de los recursos públicos que le son asignados para el logro de sus metas y objetivos, el cual propenderá a la utilización racional de los recursos humanos, materiales y presupuestarios.
7. La responsabilidad patrimonial en la administración, uso y disposición de los bienes propiedad de los órganos y entes que lo integran, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda a sus funcionarios o funcionarias por su actuación.
Conformación
1. La Superintendencia de Bienes Públicos, como órgano rector.
2. Las máximas autoridades de los órganos y entes que conforman el Sector Público, señalados en el artículo 4° del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
3. Las Unidades encargadas de la administración y custodia de los Bienes Públicos en los órganos y entes del Poder Público Nacional, en los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos y en los entes no territoriales, como responsables patrimoniales.
Coordinación entre los Integrantes del Sistema de Bienes Públicos
Unidades de Bienes Públicos
Dichas unidades funcionarán bajo los criterios de cooperación y colaboración entre las distintas ramas del Poder Público, fundamentándose esta en las normas, lineamientos, directrices y pautas técnicas dictadas por la Superintendencia de Bienes Públicos, sin perjuicio de la autonomía constitucional de aquellas.
Las disposiciones contempladas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y sus Reglamentos y en las normas que dicte la Superintendencia de Bienes Públicos, relativas al registro, conservación y mantenimiento de Bienes Públicos, serán de observancia obligatoria para los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos, entes públicos no territoriales, demás entes y organismos que conforman estos niveles de gobierno.
Capítulo II
Creación
La organización, autogestión y funcionamiento de la Superintendencia de Bienes Públicos se establece en el Reglamento interno que a tales efectos se dicte, en observancia a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
Estructura
La estructura organizativa y funcional de la Superintendencia de Bienes Públicos será establecida por el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, mediante un Reglamento Interno, previa opinión favorable del ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas, el cual será publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Niveles Sustantivos de la Superintendencia de Bienes Públicos
Normas Técnicas y Capacitación
1. Emisión, formulación, evaluación y revisión de las normas e instrumentos complementarios, destinados a regular y controlar las actividades que realizan los órganos y entes del Sector Público respecto a sus Bienes Públicos.
2. Implementación de los Planes y Programas de formación y capacitación de los funcionarios y funcionarias públicos, además de todas aquellas personas naturales o jurídicas que la requieran; de conformidad con las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente.
3. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Registro de Bienes
1. Registro, control y seguimiento de los bienes muebles, inmuebles activos intangibles, activos financieros y acciones del Sector Público, sean estos de dominio público o privado, con especificación del órgano y ente que ostente la titularidad de la propiedad, asignación o adscripción de los mismos; los derechos patrimoniales incorporales y los bienes georreferenciados de valor artístico e histórico.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Registro de Peritos
1. Desarrollar y mantener el Registro de acreditación y actualización de Peritos Avaluadores y el Catastro Inmobiliario del Sector Público de conformidad con lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Gestión Patrimonial de Bienes
1. Normar e implementar procedimientos para regular las medidas en cuanto a la administración de Bienes Públicos, cumpliendo lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, conforme a los actos administrativos que la Superintendencia de Bienes Públicos dicte para su aplicación en actos de adquisición, administración, disposición, registro, supervisión, inscripción, saneamiento, incorporación, desincorporación que determine el control de bienes patrimoniales.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Supervisión y Fiscalización de Bienes Públicos
1. La inspección, supervisión y diagnóstico permanente en cuanto al uso, conservación, mantenimiento, protección, adquisición, disposición, incorporación, enajenación, registro, guarda, control, custodia, administración y ubicación de los Bienes Públicos; la existencia de bienes ocultos, desconocidos o que sean declarados en estado de abandono, pertenecientes a los órganos y entes de la Administración Pública, y los actos y demás actividades respecto a los Bienes Públicos, ejecutados por los órganos y entes del Sector Público. Así mismo, ejercer la potestad investigativa para la tramitación de solicitudes, denuncias y contravenciones ocurridas con ocasión a la ejecución de los actos y actividades en materia de Bienes Públicos.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Competencias
1. Participar en la formulación de las políticas para la administración, registro y disposición de los Bienes Públicos.
2. Proponer y promover normas legales destinadas al fortalecimiento del Sistema de Bienes Públicos, priorizando la modernización del Estado y los fines sociales que persigue el mismo.
3. Emitir opinión, asesorar y coordinar las actividades de las unidades administrativas competentes del Sector Público, en todo lo conducente al cumplimiento de las políticas y normas en materia de Bienes Públicos, sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la Procuraduría General de la República.
4. Evacuar consultas, interpretar y emitir pronunciamientos institucionales sobre Bienes Públicos, con carácter orientador, sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la Procuraduría General de la República.
5. Dictar las normas e instrucciones técnicas en las materias de su competencia.
6. Establecer, mediante las correspondientes normas técnicas, los procedimientos destinados al registro y disposición de los Bienes Públicos.
7. Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el registro, administración y disposición de Bienes Públicos, en los casos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
8. Remitir al órgano competente del Sistema Nacional de Control Fiscal las comunicaciones y/o expedientes administrativos a que haya lugar, con ocasión del incumplimiento de las normas previstas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
9. Definir los criterios para la racionalización de la construcción, reconstrucción, adaptación, adquisición, identificación, recuento físico, valuación, enajenación, conservación, mantenimiento y aprovechamiento de los inmuebles destinados al funcionamiento de los órganos y entes del Sector Público.
10. Mantener información actualizada acerca de la existencia, valor, ubicación, necesidades y excedentes de los Bienes Públicos y de su estado de conservación y funcionamiento.
11. Acceder a los registros y bases de datos de los órganos y entes que conforman el Sector Público, respecto de los actos de registro, administración y disposición de los Bienes Públicos, con las excepciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, en el marco del Sistema de Bienes Públicos y sin perjuicio de la autonomía de los diferentes niveles políticos territoriales.
12. Mantener relaciones con las dependencias correspondientes de los entes u órganos de los estados, municipios, distritos y distritos metropolitanos, así como de los entes públicos no territoriales, de modo que el registro y disposición de bienes en esas entidades pueda efectuarse en el ámbito del Sistema de Bienes Públicos.
13. Tramitar las denuncias de bienes ocultos o desconocidos, conforme a lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
14. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación o destrucción, de los bienes, mercancías o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme y los que mediante sentencia definitivamente firme o procedimiento de ley, sean puestos a la orden del Tesoro Nacional.
15. Ordenar el remate, venta, donación o destrucción, de los efectos retenidos, embargados o en situación de comiso que estén expuestos a pérdida, deterioro o corrupción, o que sean de difícil administración.
16. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación, permuta o destrucción de mercancías o bienes declaradas legalmente abandonadas o en desuso, con excepción a lo previsto en la norma que rige la materia.
17. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación o destrucción de los bienes propiedad de la República cuya administración le corresponda.
18. Autorizar, previo el cumplimiento de las formalidades presupuestarias de ley, el reintegro de sumas de dinero ingresadas al Tesoro Nacional, derivadas de la disposición de bienes provenientes de retenciones, embargos, incautaciones o comisos, cuando la respectiva medida haya sido declarada sin efecto.
19. Efectuar convenimientos, transacciones o concesión de plazos para el pago de deudas relativas a Bienes Públicos propiedad de la República, previa opinión expresa por parte de la Procuraduría General de la República.
20. Establecer e imponer las sanciones pecuniarias y administrativas a que haya lugar, de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
21. Llevar un registro actualizado de profesionales tasadores de bienes.
22. Emitir opinión en los casos que establezca el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
23. Establecer los lineamientos para el diagnóstico del estado físico, legal y administrativo de los Bienes de los órganos y entes del Sector Público, en el marco de las atribuciones conferidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
24. Crear o eliminar oficinas o dependencias de la Superintendencia de Bienes Públicos en todo el territorio de la República, previa aprobación del ministro o ministra con competencia en materia de finanzas.
25. Las atribuciones que le atribuya el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, y las demás que le asignen las leyes.
Deberes de la Superintendencia de Bienes Públicos
1. Cuantificar y cualificar las necesidades y excedentes inmobiliarios del Sector Público Nacional atendiendo a las características de los inmuebles requeridos y disponibles y a su localización
2. Revisar el catastro de la propiedad inmobiliaria del Sector Público Nacional, para determinar la existencia de inmuebles disponibles o, en su defecto, la necesidad de adquirir o construir otros inmuebles; y,
3. Proponer al órgano o ente interesado, los inmuebles disponibles.
Superintendente o Superintendenta de Bienes Públicos
El Superintendente, o la Superintendenta de Bienes Públicos debe ser venezolano o venezolana, mayor de treinta años, profesional universitario, de reconocida solvencia moral, con experiencia en cargos gerenciales o de responsabilidad en el Sector Público o privado, relacionado con las competencias en la materia de Bienes Públicos.
Inhabilidades
1. Las personas declaradas en quiebra culpable o fraudulenta, en estado de atraso, los administradores o administradoras de la empresa en dicha situación, y los condenados o condenadas por delitos o faltas contra la propiedad, la fe pública, el patrimonio público, dentro de los cinco años siguientes a que se haya cumplido la condena.
2. Haber sido inhabilitado o destituido de cargo público o haber cesado en él por falta grave.
Atribuciones del Superintendente o Superintendenta de Bienes Públicos
1. Ejercer la dirección, actuar como autoridad y ejecutar las competencias atribuidas a la Superintendencia de Bienes Públicos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
2. Dictar los actos administrativos generales o particulares inherentes a las competencias atribuidas a la Superintendencia de Bienes Públicos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
3. Ordenar e instruir a los órganos y entes del Sector Público, la consignación en el lapso legal establecido y en el formato requerido, de los datos, documentos, informes, libros, normas, archivos físicos, digitales, estadísticos y contables, expedientes, tanto de sus oficinas como de sus sucursales, incluyendo sus sistemas de información, equipos de computación y cualesquiera otra base de datos o información que considere, en los términos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
4. Dictar las medidas preventivas que juzgue necesarias en los ámbitos jurídico, técnico y financiero, para el control, supervisión y fiscalización de los bienes públicos, corregir irregularidades o faltas de cualquier índole que advierta en las operaciones de los órganos y entes del Sector Público, establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, debiendo informar previamente al ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas.
5. Evacuar de manera oportuna y adecuada las consultas que formulen los interesados e interesadas en relación con la actividad de la Superintendencia de Bienes Públicos.
6. Iniciar, sustanciar y decidir los respectivos procedimientos administrativos, de inspección y sancionatorios, en los términos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
7. Asistir técnicamente en materia de bienes públicos, a los órganos y entes del Sector Público, a los efectos de dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
8. Planificar, elaborar y ejecutar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Superintendencia de Bienes Públicos, así como establecer los objetivos y proyectos a cumplir en cada ejercicio presupuestario, de conformidad con los lineamientos emanados del Ejecutivo Nacional.
9. Establecer el Régimen de Personal de la Superintendencia de Bienes Públicos, administrar el talento humano y dictar los actos administrativos de carácter general o particular de naturaleza funcionarial de acuerdo al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento. Asimismo, suscribir los actos referidos a la relación de empleo del personal contratado y obrero al servicio de la Superintendencia de Bienes Públicos.
10. Suscribir los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de la Superintendencia de Bienes Públicos y adquirir o enajenar los bienes y servicios requeridos por ésta.
11. Dictar el Reglamento interno de organización y funcionamiento de la Superintendencia de Bienes Públicos y los manuales de normas y procedimientos, así como las demás regulaciones necesarias para el funcionamiento de la misma.
12. Presentar al ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas, el informe de gestión, así como cualquier otra documentación, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Orgánico del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
13. Ejercer la potestad sancionatoria en los casos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
14 Asumir la administración e intervención de los bienes públicos declarados legalmente en abandono, desuso o privados de su destino útil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
15. Someter a la consideración y autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, las solicitudes de Enajenación y desincorporación de Bienes que sean propiedad, o que se encuentren adscritos a los órganos y entes del Sector Público Nacional.
16. Otorgar la opinión favorable o no a las adquisiciones de bienes inmuebles realizadas por los órganos y entes del Sector Público Nacional.
17. Delegar en funcionarios de la Superintendencia de Bienes Públicos, las funciones, atribuciones o firmas que juzgue necesario, de acuerdo con las normas legales vigentes.
18. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas en materia de mercancías declaradas legalmente abandonadas, conforme lo previsto en la norma especial que regula la materia.
19. Establecer los parámetros para el diseño y mantenimiento de los componentes de organización y funcionamiento del Registro de Peritos y el Registro General de Bienes Públicos, conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
20. Suspender a los Peritos Avaluadores certificados por la Superintendencia de Bienes Públicos, infractores del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
21. Establecer las tarifas máximas que cobrarán los peritos avaluadores por la prestación de los servicios ofertados en materia de bienes públicos, a los órganos y entes del Sector Público.
22. Establecer las directrices para el desarrollo de planes, programas y proyectos destinados a la conservación física, al orden legal y administrativo de los Bienes Públicos.
23. Designar al secretario o secretaria con su respectivo suplente, de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos.
24. Las demás que le atribuya el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
Funciones, atribuciones y deberes comunes de los órganos y entes que conforman el Sistema de Bienes Públicos
1. Realizar el diagnóstico de los Bienes Públicos.
2. Requerir información a los particulares que ejerzan o hayan ejercido algún derecho sobre Bienes Públicos.
3. Recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía, relacionadas con el manejo y administración de los Bienes Públicos, debiendo mantener la identidad de los denunciantes y el contenido de la denuncia, protegidos por el principio de reserva.
Régimen presupuestario de la Superintendencia de Bienes Públicos
Estará a cargo del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos la elaboración, administración, ejecución y el control del presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes Públicos.
El presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes Públicos será financiado con los aportes presupuestarios que le asigne el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, los ingresos propios que se deriven de la administración y disposición de los Bienes Públicos, los recaudados por conceptos de imposición de sanciones administrativas o pecuniarias conforme a lo que establezca el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, así como cualesquiera otros ingresos que obtenga la Superintendencia de Bienes Públicos en uso de sus atribuciones.
Régimen funcionarial
Lo no contemplado en la materia dentro de dichas normas, será regulado por la Ley del Estatuto de la Función Pública y por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, en lo que le sea aplicable.
Del Estatuto Funcionarial Interno
Comisión de Enajenación de Bienes Públicos
Actuación de los particulares ante el órgano jurisdiccional
Capacitación por parte del órgano rector
TÍTULO III
Capítulo I
Sistema de Información
1. Indicación de los bienes, acciones y derechos propiedad del Sector Público, sean éstos del dominio público o privado, con especificación del órgano o ente que ostente la titularidad de la propiedad, asignación o adscripción de los mismos; los derechos patrimoniales incorporales y los bienes georreferenciados de valor artístico e histórico.
2. Forma, fecha y valor de adquisición, en caso de no poseer dicho valor señalar un valor referencial de acuerdo a la fecha de adquisición.
3. Estado de conservación, uso y mantenimiento del bien.
4. Ubicación geográfica y georreferenciada del bien.
5. Responsable patrimonial del mantenimiento, conservación y protección del bien.
6. Valor de mercado actualizado del bien.
7. Cualquier otra información que se estime conveniente para la correcta ubicación y clasificación de los Bienes Públicos.
Dicho sistema se denominará Registro General de Bienes Públicos y deberá estar soportado en medios informáticos. Los requisitos de integración, seguridad y control del sistema de información indicado en el presente artículo, se establecerán mediante Providencia Administrativa emitida por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Obligación de registro
Veracidad y Entrega de la información
La Superintendencia de Bienes Públicos establecerá los mecanismos y parámetros para la rendición de la información a que se refiere el presente artículo.
Formación del Catastro Georreferenciado
1. Los títulos por los cuales se enajene, modifique, grave o extinga el dominio, posesión y los demás derechos reales de los bienes inmuebles propiedad del Sector Publico.
2. Los contratos de comodato y de arrendamiento sobre los bienes inmuebles propiedad del Sector Público.
3. Las decisiones de ocupación y sentencias relacionadas con los bienes inmuebles propiedad del Sector Público que dicte la autoridad judicial.
4. Los títulos supletorios y justificativos de perpetua memoria promovidos para acreditar la propiedad, la posesión y el dominio del Sector Público sobre bienes inmuebles.
5. Las sentencias judiciales o de árbitros que produzcan alguno de los efectos mencionados en el numeral 1 del presente artículo.
6. Las decisiones, sentencias u actos que incorporen o desincorporen del dominio público determinados bienes inmuebles propiedad del Sector Público.
Obligación de informar
De igual manera, la Superintendencia de Bienes Públicos deberá mantener la debida coordinación y cooperación en las materias de su competencia con los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control Fiscal, con el órgano del Poder Público Nacional competente en materia de Contabilidad Pública, con el órgano del Poder Ejecutivo con competencia en materia de Control Interno, con los órganos y entes con competencia en materia de patrimonio histórico, artístico y cultural y con los órganos y entes competentes en materia de registros estadísticos y conformación de las Cuentas Nacionales y mantendrán el intercambio necesario con dichos órganos y entes, a los fines de procurar la consistencia de los registros y cifras y adecuado, cabal y oportuno registro y control de los Bienes Públicos y su respectivo valor contable.
Empresas de capital mixto minoritario
Obligación de los particulares e instituciones privadas
Transferencia de bienes
Capítulo II
Incorporación al Patrimonio de la República de los bienes que no tienen dueño
Incorporación al patrimonio de la República de mercancías abandonadas
Incorporación al patrimonio de la República de bienes provenientes de comiso, aprehendidos o embargados
Cuando los bienes, mercancías o efectos retenidos, aprehendidos o embargados estén conformados por productos perecederos o expuestos a deterioro o descomposición, la Superintendencia de Bienes Públicos, mediante Providencia Administrativa, podrá de manera excepcional cuando sea indispensable para la conservación del bien, autorizar su uso o disposición antes de dictarse sentencia en el asunto, sin que sea necesaria la autorización previa por parte de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos.
Se exceptúa de la aplicación de este artículo, los bienes, mercancías o efectos, que sean objeto de comiso, mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme, cuyo procedimiento está previsto en las leyes especiales que regulan la materia.
Construcción de bienes
Capítulo III
Propiedad y adscripción de bienes
Responsables de bienes
Quedan a salvo las responsabilidades del usuario final del Bien Público de que se trate, conforme al correcto uso que se haga del bien.
Posesión de bienes
Facultad de la República para retener los bienes que posea
Capítulo IV
Normativa aplicable a la adquisición de bienes inmuebles
Titularidad de los bienes
Modalidades de adquisición
Deber de información
Sin menoscabo de su autonomía constitucional, los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos y entes públicos no territoriales, estarán obligados a informar a la Superintendencia de Bienes Públicos, sobre la adquisición, construcción, reconstrucción o adaptación de los bienes inmuebles de su propiedad.
Visto bueno
Obligatoriedad de avalúos
En todo caso, la adquisición de bienes inmuebles deberá contar con la aprobación escrita de la máxima autoridad del órgano o ente adquirente, con indicación expresa y detallada de los términos y condiciones bajo los cuales se adquiere el bien.
Revisión de avalúos
Designación de Peritos
1. Valuar los bienes inmuebles objeto de la operación;
2. Verificar los cánones de arrendamiento que los órganos y entes del Sector Público deban cobrar cuando tengan el carácter de arrendadores, o pagar cuando tengan el carácter de arrendatarios; y
3. Realizar los justiprecios que fueren necesarios.
Acreditación de Peritos
Presentación de necesidades Inmobiliarias
Sin menoscabo de su autonomía, los órganos y entes del Sector Público distintos del Sector Público Nacional, también participará a la Superintendencia de Bienes Públicos sus necesidades inmobiliarias.
Capítulo V
Plazos
Autorización de la Procuraduría General de la República
Bienes que pueden ser arrendados
Atribuciones de la Superintendencia de Bienes Públicos
Obligatoriedad de avalúos
Comodato de bienes
1. Que el comodatario sea un órgano o ente del Sector Público.
2. Que el bien sea destinado al desarrollo de un programa de interés público.
En ambos casos, el comodato no podrá exceder de quince (15) años, debiendo prever el respectivo contrato de comodato causales de rescisión anticipada, fundadas en el incumplimiento de las obligaciones del comodatario o en razones de interés público, sin perjuicio de la figura de la incorporación prevista en el artículo 124 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
Capítulo VI
Normativa Aplicable para la concesión de Bienes Públicos
Derechos que otorgan las concesiones
Atribuciones de la Superintendencia de Bienes Públicos
1. Velar porque se inscriban en los registros de bienes de las Unidades Administrativas y en el Registro General de Bienes Públicos, los documentos en que conste el derecho de reversión y vigilar que se efectúe ante el registro inmobiliario correspondiente, la inscripción de dicho derecho, haciéndose las notas marginales necesarias.
2. Coordinar con el ente u órgano que corresponda, la imposición de gravámenes sobre los bienes inmuebles destinados o afectos a los fines de la concesión. En este caso los interesados deberán otorgar fianza a favor del ente u órgano respectivo por una cantidad igual a la del valor del bien, a fin de garantizar el derecho de reversión.
Derecho preferente
Capítulo VII
Normativa aplicable para la conservación y mantenimiento
Gastos de conservación, mantenimiento y protección
Mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático
Las Unidades Administrativas de los distintos órganos o entes del Sector Público, en su carácter de responsables por la administración de sus bienes y de los que tengan en custodia, adoptarán las medidas pertinentes a los efectos de que se incluyan en el proyecto de la Ley de Presupuesto correspondiente a cada ejercicio, los créditos necesarios para su mantenimiento y conservación.
Deber de utilidad
Obligación de registro y control
Los funcionarios públicos que tengan competencia en la conservación, mantenimiento y protección de Bienes Públicos, deberán llevar un sistema de registro que evidencie la cronología de los trabajos de mantenimiento y/o reparaciones dados a los bienes, especificando el detalle de los materiales utilizados y costos de los mismos.
Facultades de inspección
Capítulo VIII
Obligación de enajenar
Excepciones
Pérdida, deterioro u obsolescencia de bienes
Modalidades para la enajenación de bienes
1. Venta;
2. Permuta;
3. Dación en pago;
4. Aporte del bien al capital social de sociedades mercantiles del Estado;
5. Donación;
6. Mediante otros tipos de operaciones legalmente permitidas.
La enajenación de Bienes Públicos deberá realizarse conforme a las normas y procedimientos que establezca el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, su Reglamento y las disposiciones que a tal efecto dicte la Superintendencia de Bienes Públicos.
De los Peritos
Fijación del precio para los bienes propiedad del Sector Público Nacional
Venta y Permuta de bienes
Procedimiento para la enajenación de bienes bajo la modalidad de venta o permuta
1. Las características del bien;
2. El precio base fijado para la enajenación del mismo;
3. Las condiciones establecidas para su enajenación y el plazo para la recepción de las ofertas.
Una de dichas publicaciones podrá ser sustituida por una publicación en un medio digital, a tenor de lo dispuesto en la ley que regula la materia sobre mensajes de datos y firmas electrónicas.
Si no se recibieren un mínimo de dos (02) ofertas dentro del plazo que se hubiere señalado, o las mismas no fueren válidas o satisfactorias a juicio del Comité de Licitaciones, podrá procederse a la publicación de un segundo aviso conforme a lo antes indicado.
Los bienes se adjudicarán en propiedad a quien formule, a juicio del Comité de Licitación del órgano o ente la oferta más ventajosa, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en los respectivos pliegos licitatorios.
Si en las oportunidades fijadas en el presente artículo no se recibieran ofertas en tiempo hábil o éstas no fueren satisfactorias, el Comité de licitaciones podrá autorizar la enajenación del bien por un precio distinto al ya fijado, de debiéndose iniciar un nuevo proceso licitatorio.
Prohibiciones
Adjudicación directa de bienes
1. La venta o permuta de bienes cuyo adquiriente sea otro órgano o ente del Sector Público.
2. La venta de bienes cuyos adquirientes sean los trabajadores del órgano o ente enajenante, siempre que la enajenación de dichos bienes se realice mediante concurso en igualdad de condiciones entre todos los interesados.
3. Las relativas a la venta o permuta de bienes en producción, cuando el proceso licitatorio pudiere afectar el proceso productivo del bien.
4. La venta o permuta de bienes de cualquier tipo cuando mediante un proceso amplio de oferta pública, se determine la existencia de un solo oferente.
5. La venta o permuta de derechos litigiosos.
En cualquier caso la adjudicación directa de bienes públicos deberá contar con la autorización expresa de la máxima autoridad del respectivo órgano o ente.
De la autorización para la enajenación de bienes
Cuando los bienes a enajenar fueren acciones u otros títulos valor, no serán necesarias las autorizaciones a que se refiere la Ley en materia de mercados de valores.
Obligación de notificación
TÍTULO IV
Capítulo I
Derechos en Sociedades Mercantiles
Órgano de custodia de los Títulos
Autorización requerida para enajenación de títulos representativos de capital propiedad de la República
Cuando los títulos objeto de venta se coticen en Bolsa, su enajenación se hará de conformidad con las reglas de la respectiva institución bursátil.
Los títulos que no se coticen en Bolsa, se enajenarán mediante subasta pública, a menos que el Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro con competencia en materia de Finanzas, acuerde su adjudicación directa.
Capítulo II
Adquisición de los derechos de propiedad intelectual o industrial
Órgano Competente
Enajenación de los derechos de propiedad intelectual o industrial de la República
Utilización de propiedades incorporales de dominio público
TÍTULO V
Capítulo I
De las responsabilidades
Ministerio Público
Particulares
Acciones penales y civiles
Capítulo II
Imposición de sanciones
1. La naturaleza del acto u omisión.
2. La intencionalidad con la que fue cometido el hecho o la omisión.
3. La gravedad del perjuicio causado al patrimonio público o a las personas.
4. La ganancia o provecho ilegalmente obtenidos como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos del hecho.
5. La reparación del daño por iniciativa de quien cometió el mismo.
6. La reincidencia.
Explotación, uso o aprovechamiento indebido de Bienes Públicos en beneficio propio o de terceros
Faltas graves
1. Quienes realicen procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos, en contravención a lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
2. Quienes habiendo sido autorizados por la Superintendencia de Bienes Públicos para efectuar procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos, incumplan las normas dispuestas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento y las normas e instrucciones dictadas para ello por la Superintendencia de Bienes Públicos.
3. Quienes habiendo sido autorizados por la Superintendencia de Bienes Públicos para efectuar procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos, nieguen injustificadamente la participación de algún interesado.
4. Quienes incumplan el deber de suministrar a la Superintendencia de Bienes Públicos la información requerida de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
5. Quienes a requerimiento de la Superintendencia de Bienes Públicos o en cumplimiento de las normas dispuestas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, suministren o divulguen información falsa.
6. Cuando no informaren oportunamente de la comisión de hechos considerados como delitos, faltas, ilícitos o irregularidades administrativas, cometidas con ocasión a la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los Bienes Públicos.
Responsables Patrimoniales
1. Cuando no advirtieren oportunamente sobre la insuficiencia de los créditos presupuestarios destinados al mantenimiento, conservación y protección de los bienes a su cargo.
2. Cuando incurrieren en acción u omisión que tenga como resultado la falta de adecuado mantenimiento y conservación del bien.
3. Cuando no advirtieren el carácter antieconómico del mantenimiento o reparación del bien.
Incumplimiento de obligaciones contractuales
Los responsables serán sancionados con multa de Un mil Unidades Tributarias (1.000 U.T.) y la Superintendencia de Bienes Públicos declarará la inhabilitación de éstos para participar en nuevos procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos, por los siguientes lapsos:
1. De cuatro a cinco años cuando incurran en prácticas de corrupción.
2. De tres a cuatro años, cuando suministren información falsa, actúen dolosamente, de mala fe o empleen otras prácticas fraudulentas.
3. De dos a tres años cuando retiren ofertas durante su vigencia, o siendo beneficiarios de la adjudicación no suscriban el contrato o no constituyan las fianzas a que hubiere lugar dentro del plazo establecido en los pliegos de condiciones.
4. De dos a tres años cuando ejerzan recursos manifiestamente temerarios contra los actos o procedimientos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, o les sean resueltos por su incumplimiento contratos celebrados con órganos o entes regidos por la misma.
Responsabilidad de peritos avaluadores
En caso de reincidencia, la Superintendencia de Bienes Públicos excluirá al infractor por un lapso de cinco (5) años del Registro de Peritos a que se refiere el Título III, Capítulo VIII del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
El funcionario público que en el ejercicio de sus funciones como avaluador actúe con impericia, negligencia o mala fe, será responsable por los daños y perjuicios que causare al patrimonio público.
Se entiende por mala fe las siguientes circunstancias:
1. Alterar u omitir hechos esenciales del peritaje.
2. Obstaculizar el desarrollo del peritaje.
3. Que el avaluó sea elaborado en distorsión a su precio real del mercado.
TÍTULO VI
Del inicio del procedimiento
En el segundo caso, el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos ordenará el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio y notificará a los órganos y entes, así como a los particulares cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos pudieren resultar afectados, concediéndoles un lapso de diez días hábiles para que presenten sus alegatos y argumentos.
Inicio a instancia de parte interesada
1. Fecha expresando el lugar, día, mes y año.
2. Escrito dirigido a el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos.
3. La identificación de la persona y su representante legal, de ser el caso, con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de cédula de identidad o pasaporte.
4. En caso de tratarse de órganos y entes públicos o persona jurídica de derecho privado, deberá constar el número de Registro de Información Fiscal, y la identificación de su representante legal.
5. La dirección del lugar en donde se harán las notificaciones pertinentes.
6. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando la materia objeto de la solicitud.
7. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso.
8. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias.
9. La firma de los interesados.
Remisión de expediente administrativo de las Unidades de administración y custodia de los Bienes Públicos
Asimismo, deberán incorporar al expediente aquellos documentos que tengan en su poder, relacionados directa o indirectamente, con la presunta comisión de hechos considerados como delitos, faltas o irregularidades administrativas, cometidos con ocasión a la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los bienes públicos.
A tal efecto deberán remitir el expediente administrativo a la Superintendencia de Bienes Públicos, dentro de los treinta días hábiles siguientes, a la presunta comisión del hecho, a fin de dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio.
De los errores u omisiones
Admisión de la Solicitud
Del expediente
De la notificación
De la notificación en Prensa
Lapso Probatorio
Dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de los escritos de pruebas, las partes podrán expresar si convienen en algún hecho u oponerse a las pruebas que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes.
Vencido el lapso, dentro de los tres días hábiles siguientes, el funcionario instructor del expediente, admitirá las pruebas que no sean manifiestamente ilegales o impertinentes y ordenará evacuar los medios que lo requieran, para lo cual se dispondrá de diez días hábiles siguientes, prorrogables a instancia de parte por diez días hábiles siguientes.
Acumulación de expedientes
Acceso al expediente
Pronunciamiento
El pronunciamiento de la unidad administrativa correspondiente, deberá ser remitido con el expediente administrativo al Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, a los fines de que decida a través de Providencia Administrativa debidamente motivada, estableciendo en un lapso de veinte días hábiles siguientes, las sanciones a que hubiere lugar.
Notificación de la Decisión
En caso de que el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, establezca una sanción de multa, la persona, órgano o ente infractor deberá dentro de quince días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de notificación, realizar el pago de la multa en las cuentas de la Superintendencia de Bienes Públicos y consignará el recibo de pago dentro de los tres días hábiles siguientes, ante la misma.
Recurso de Reconsideración
En el escrito, el recurrente deberá concretar las razones de hecho o de derecho en que fundamenta su pretensión, conjuntamente con la documentación que estime pertinente.
Inadmisibilidad del Recurso de Reconsideración
Suspensión de efectos
Cálculo de la multa
Para el cálculo de las sanciones comprendidas entre un mínimo y un máximo, se entenderá que lo normalmente aplicable es la mitad de la suma de ambos extremos, pero podrá reducirse hasta el límite inferior o aumentarse hasta el superior, según el mérito de las circunstancias atenuantes o agravantes en atención a la gravedad de la infracción y a los principios de proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y los fines de la norma. Cuando en un mismo caso, aparezcan circunstancias atenuantes como agravantes, deberán compensarse unas con otras.
Circunstancias atenuantes
1. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción se haya cometido sin intencionalidad por parte de quien lo cometió.
2. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción no haya causado grave perjuicio al patrimonio público o a las personas.
3. La reparación del daño por iniciativa de quien cometió el mismo.
Circunstancias agravantes
1. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción se haya cometido intencionalmente.
2. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción haya causado grave perjuicio al patrimonio público o a las personas.
3. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción haya producido ganancias o provecho para quien lo cometió o para sus cómplices si los hubiere.
4. La reincidencia.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Se derogan los artículos contenidos en el Título I de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 1.660 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 1974; la Ley Orgánica que regula la Enajenación de Bienes del Sector Público no Afectos a las Industrias Básicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.951 Extraordinario, de fecha 07 de enero de 1987 y su Reglamento, dictado mediante Decreto N° 78 de fecha 20 de marzo de 1999, Gaceta Oficial N° 36.668 de fecha 24 de marzo de 1999; así como la Ley de Conservación y Mantenimiento de los Bienes Públicos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.756, de fecha 28 de agosto de 2007.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. La Superintendencia de Bienes Públicos reglamentará mediante Providencia Administrativa, los plazos para la adecuación de los inventarios y registros de los bienes públicos de los distintos órganos y entes que conforman el Sector Público, a las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título III del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
Segunda. Las solicitudes para la enajenación de Bienes Públicos que se encuentren en trámite dentro de la Secretaría Técnica de la Comisión para la Enajenación de Bienes del Sector Público no afectos a las Industrias Básicas, para la entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, pasarán a la Superintendencia de Bienes Públicos, así como los expedientes administrativos y el archivo general de los casos tramitados ante dicha Comisión.
DISPOSICIÓN FINAL
Vigencia
Dado en Caracas, a los trece días del mes de noviembre de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo de la República, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
☞Visualiza la versión original publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
El servicio de envío de los archivos de las Publicaciones Oficiales (Gaceta Oficial de la República, Gaceta Judicial, Gaceta Legislativa y Gaceta Electoral), está reservado exclusivamente a los Mecenas de Pandectas Digital, quienes gracias a su contribución, permiten que la visualización y consulta que estás haciendo de este documento sea de acceso público, libre y totalmente gratuita.
Te invitamos a que te conviertas tú también en Mecenas de este proyecto, y así podrás recibir en tu correo los archivos de las Publicaciones Oficiales que vayamos incorporando a nuestra compilación.
Visítanos en www.patreon.com/pandectasdigital para obtener toda la información sobre ésta y otras de las ventajas de convertirte en Mecenas.
full-width
Decreto N° 1.407 de fecha 13 de noviembre de 2014, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.155 Extraordinario de fecha 19 de noviembre de 2014.
☑ Vigente ☞ FICHA TÉCNICA
Decreto Nº 1.407 13 de noviembre de 2014
NICOLÁS MADURO MOROS
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas bolivarianas, por mandato del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en los literales “a” y “b” del numeral 1 del artículo 1º de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, en Consejo de Ministros,
DICTO
El siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE
Artículo 1º. Se modifica el contenido del artículo 4º referente a los órganos y entes que conforman el Sector Público, el cual queda redactado en los términos siguientes:
“Órganos y entes que conforman el Sector Público
1. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional.
2. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Estadal.
3. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Distritos y Distritos Metropolitanos.
4. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley que regula la materia del Poder Público Municipal.
5. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Territorios Federales y Dependencias Federales.
6. Los institutos autónomos o públicos nacionales, estadales, distritales y municipales.
7. El Banco Central de Venezuela y el Sector Público Financiero en general.
8. Las Universidades Públicas.
9. Las sociedades mercantiles en las cuales la República o las demás personas a que se refiere el presente artículo tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social. Quedarán comprendidas además, las sociedades de propiedad totalmente estatal; cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional.
10. Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social.
11. Las personas jurídicas previstas en la ley que regula la materia del poder popular.
12. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social, así como las que se constituyan con la participación de aquéllas.
13. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto.”
Artículo 2º. Se incorpora el numeral 6 en el artículo 5º, referente a Definición, el cual queda redactado en los términos siguientes:
“Definición
1. Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos, de dominio público o de dominio privado, que hayan adquirido o adquieran los órganos y entes que conforman el Sector Público, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan.
2. Los bienes, mercancías o efectos, que se encuentran en el territorio de la República y que no tienen dueño.
3. Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos provenientes de las herencias yacentes.
4. Las mercancías que se declaren abandonadas.
5. Los bienes, mercancías o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme mediante acto administrativo o sentencia definitiva y los que mediante sentencia firme o procedimiento de ley sean puestos a la orden del Tesoro Nacional.
6. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Estado venezolano, que se encuentren en tránsito o que estén permanentemente instalados en el país ante cuyo Gobierno estén acreditados, según las disposiciones en materia del servicio exterior.
Dentro de los Bienes Públicos, se establecen las siguientes categorías:
a. Bienes Nacionales. Son Bienes Nacionales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de la República, de los institutos autónomos y de las empresas del Estado, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones del Estado.
b. Bienes Estadales. Son Bienes Estadales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los estados, de los institutos autónomos y de las empresas estadales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones estadales.
c. Bienes Municipales. Son Bienes Municipales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los municipios, de los institutos autónomos y de las empresas municipales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones municipales.
d. Bienes Distritales. Son Bienes Distritales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los distritos, de los institutos autónomos y de las empresas distritales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones distritales.
No serán catalogados como Bienes Públicos:
1. Los productos que sean adquiridos, concebidos, extraídos o fabricados por las personas, órganos y entes sujetos al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, de conformidad con su naturaleza, funciones, competencias, atribuciones o actividades comerciales, mercantiles, financieras o sociales, con destino a la venta.
2. Los artículos calificados como materiales y suministros según el Clasificador Presupuestario dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto.
3. Los bienes adquiridos con la finalidad de ser donados de forma inmediata.
4. Los bienes adquiridos en ejecución de norma expresa, en cumplimiento de fines institucionales, con el fin de ser enajenados a terceros.”
Artículo 3º. Se modifica la redacción del artículo 13 relativo a Prohibiciones, el cual queda redactado en la forma siguiente:
“Prohibiciones
Ni el Presidente o Presidenta de la República, ni el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República ni los Ministros o Ministras, Viceministros o Viceministras ni el Procurador o Procuradora General de la República, ni los Diputados o Diputadas de la Asamblea Nacional ni los Diputados o Diputadas del Parlamento Andino ni del Parlamento Latinoamericano, ni los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, ni el Fiscal o la Fiscal General de la República, ni el Contralor o Contralora General de la República, ni el Subcontralor o Subcontralora de la República, ni el Defensor o Defensora del Pueblo, ni el Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, ni los Gobernadores o Gobernadoras de los Estados, ni los Diputados o Diputadas de los Consejos Legislativos de los Estados, ni el Contralor o Contralora de los Estados, ni el Procurador o Procuradora Estadal, ni los Alcaldes o Alcaldesas de los Municipios, ni los Alcaldes o Alcaldesas de los Distritos Metropolitanos, ni los Concejales o Concejalas de los Municipios, ni el Síndico Procurador o Síndica Procuradora Municipal, ni el Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela, podrán, por si mismos, ni por medio de personas interpuestas, vender ni comprar Bienes Públicos, ni celebrar con la República, los estados, los municipios o los distritos, dependiendo del nivel al cual pertenezca el funcionario o funcionaria público, contrato de ninguna especie.
Dichas prohibiciones se aplicarán igualmente a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de todas las personas señaladas en el presente artículo, así como a las personas jurídicas en las que todas las personas antes referidas tengan una participación superior al cinco (5%) del capital social o del patrimonio según el caso, antes de adquirirse el derecho real.
Estas prohibiciones rigen hasta doce meses después de que las personas impedidas cesen o renuncien en sus respectivos cargos.
Los actos administrativos o contratos que se suscriban contraviniendo lo dispuesto en el presente artículo, son nulos de pleno derecho sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra índole a que hubiere lugar.”
Artículo 4º. Se incorpora un artículo sobre la Coordinación entre los Integrantes del Sistema de Bienes Públicos, bajo el número 20, el cual queda redactado de la manera siguiente:
“Coordinación entre los Integrantes del Sistema de Bienes Públicos
Artículo 5º. Se reubica el artículo 27, relativo a Unidades de Bienes Públicos, modificando su redacción y quedando enumerado bajo el número 21, el cual se redacta en los términos, siguientes:
“Unidades de Bienes Públicos
Dichas unidades funcionarán bajo los criterios de cooperación y colaboración entre las distintas ramas del Poder Público, fundamentándose esta en las normas, lineamientos, directrices y pautas técnicas dictadas por la Superintendencia de Bienes Públicos, sin perjuicio de la autonomía constitucional de aquellas.
Las disposiciones contempladas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y sus Reglamentos y en las normas que dicte la Superintendencia de Bienes Públicos, relativas al registro, conservación y mantenimiento de Bienes Públicos, serán de observancia obligatoria para los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos, entes públicos no territoriales, demás entes y organismos que conforman estos niveles de gobierno.”
Artículo 6º. Se modifica el artículo 20 referente a Creación, quedando bajo el número 22, redactado en la forma siguiente:
“Creación
La organización, autogestión y funcionamiento de la Superintendencia de Bienes Públicos se establece en el Reglamento interno que a tales efectos se dicte, en observancia a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.”
Artículo 7º. Se incorpora un nuevo artículo, bajo el número 23 referido a Estructura, redactado en los términos siguientes:
“Estructura
La estructura organizativa y funcional de la Superintendencia de Bienes Públicos será establecida por el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, mediante un Reglamento Interno, previa opinión favorable del ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas, el cual será publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.”
Artículo 8º. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 24, referente a Niveles Sustantivos de la Superintendencia de Bienes Públicos, el cual queda redactado del modo siguiente:
“Niveles Sustantivos de la Superintendencia de Bienes Públicos
Artículo 9º. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 25, relativo a Normas Técnicas y Capacitación, el cual queda redactado en los términos siguientes:
“Normas Técnicas y Capacitación
1. Emisión, formulación, evaluación y revisión de las normas e instrumentos complementarios, destinados a regular y controlar las actividades que realizan los órganos y entes del Sector Público respecto a sus Bienes Públicos.
2. Implementación de los Planes y Programas de formación y capacitación de los funcionarios y funcionarios públicos, además de todas aquellas personas naturales o jurídicas que la requieran; de conformidad con las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente.
3. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.”
Artículo 10. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 26, relativo al Registro de Bienes, redactado en la forma siguiente:
“Registro de Bienes
1. Registro, control y seguimiento de los bienes muebles, inmuebles activos intangibles, activos financieros y acciones del Sector Público, sean estos de dominio público o privado, con especificación del órgano y ente que ostente la titularidad de la propiedad, asignación o adscripción de los mismos; los derechos patrimoniales incorporales y los bienes georreferenciados de valor artístico e histórico.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.”
Artículo 11. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 27, referente al Registro de Peritos, el cual queda redactado en los términos siguientes:
“Registro de Peritos
1. Desarrollar y mantener el Registro de acreditación y actualización de Peritos Avaluadores y el Catastro Inmobiliario del Sector Público de conformidad con lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.”
Artículo 12. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 28, relacionado con la Gestión Patrimonial de Bienes, el cual queda redactado en el modo siguiente:
“Gestión Patrimonial de Bienes
1. Normar e implementar procedimientos para regular las medidas en cuanto a la administración de Bienes Públicos, cumpliendo lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, conforme a los actos administrativos que la Superintendencia de Bienes Públicos dicte para su aplicación en actos de adquisición, administración, disposición, registro, supervisión, inscripción, saneamiento, incorporación, desincorporación que determine el control de bienes patrimoniales.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.”
Artículo 13. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 29, referido a la Supervisión y Fiscalización de Bienes Públicos, redactado en la forma siguiente:
“Supervisión y Fiscalización de Bienes Públicos
1. La inspección, supervisión y diagnóstico permanente en cuanto al uso, conservación, mantenimiento, protección, adquisición, disposición, incorporación, enajenación, registro, guarda, control, custodia, administración y ubicación de los Bienes Públicos; la existencia de bienes ocultos, desconocidos o que sean declarados en estado de abandono, pertenecientes a los órganos y entes de la Administración Pública, y los actos y demás actividades respecto a los Bienes Públicos, ejecutados por los órganos y entes del Sector Público. Así mismo, ejercer la potestad investigativa para la tramitación de solicitudes, denuncias y contravenciones ocurridas con ocasión a la ejecución de los actos y actividades en materia de Bienes Públicos.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.”
Artículo 14. Se modifica el artículo 21, quedando bajo el número 30, referido a las competencias, redactado en los términos siguientes:
“Competencias
1. Participar en la formulación de las políticas para la administración, registro y disposición de los Bienes Públicos.
2. Proponer y promover normas legales destinadas al fortalecimiento del Sistema de Bienes Públicos, priorizando la modernización del Estado y los fines sociales que persigue el mismo.
3. Emitir opinión, asesorar y coordinar las actividades de las unidades administrativas competentes del Sector Público, en todo lo conducente al cumplimiento de las políticas y normas en materia de Bienes Públicos, sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la Procuraduría General de la República.
4. Evacuar consultas, interpretar y emitir pronunciamientos institucionales sobre Bienes Públicos, con carácter orientador, sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la Procuraduría General de la República.
5. Dictar las normas e instrucciones técnicas en las materias de su competencia.
6. Establecer, mediante las correspondientes normas técnicas, los procedimientos destinados al registro y disposición de los Bienes Públicos.
7. Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el registro, administración y disposición de Bienes Públicos, en los casos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
8. Remitir al órgano competente del Sistema Nacional de Control Fiscal las comunicaciones y/o expedientes administrativos a que haya lugar, con ocasión del incumplimiento de las normas previstas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
9. Definir los criterios para la racionalización de la construcción, reconstrucción, adaptación, adquisición, identificación, recuento físico, valuación, enajenación, conservación, mantenimiento y aprovechamiento de los inmuebles destinados al funcionamiento de los órganos y entes del Sector Público.
10. Mantener información actualizada acerca de la existencia, valor, ubicación, necesidades y excedentes de los Bienes Públicos y de su estado de conservación y funcionamiento.
11. Acceder a los registros y bases de datos de los órganos y entes que conforman el Sector Público, respecto de los actos de registro, administración y disposición de los Bienes Públicos, con las excepciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, en el marco del Sistema de Bienes Públicos y sin perjuicio de la autonomía de los diferentes niveles políticos territoriales.
12. Mantener relaciones con las dependencias correspondientes de los entes u órganos de los estados, municipios, distritos y distritos metropolitanos, así como de los entes públicos no territoriales, de modo que el registro y disposición de bienes en esas entidades pueda efectuarse en el ámbito del Sistema de Bienes Públicos.
13. Tramitar las denuncias de bienes ocultos o desconocidos, conforme a lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
14. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación o destrucción, de los bienes, mercancías o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme y los que mediante sentencia definitivamente firme o procedimiento de ley, sean puestos a la orden del Tesoro Nacional.
15. Ordenar el remate, venta, donación o destrucción, de los efectos retenidos, embargados o en situación de comiso que estén expuestos a pérdida, deterioro o corrupción, o que sean de difícil administración.
16. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación, permuta o destrucción de mercancías o bienes declaradas legalmente abandonadas o en desuso, con excepción a lo previsto en la norma que rige la materia.
17. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación o destrucción de los bienes propiedad de la República cuya administración le corresponda.
18. Autorizar, previo el cumplimiento de las formalidades presupuestarias de ley, el reintegro de sumas de dinero ingresadas al Tesoro Nacional, derivadas de la disposición de bienes provenientes de retenciones, embargos, incautaciones o comisos, cuando la respectiva medida haya sido declarada sin efecto.
19. Efectuar convenimientos, transacciones o concesión de plazos para el pago de deudas relativas a Bienes Públicos propiedad de la República, previa opinión expresa por parte de la Procuraduría General de la República.
20. Establecer e imponer las sanciones pecuniarias y administrativas a que haya lugar, de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
21. Llevar un registro actualizado de profesionales tasadores de bienes.
22. Emitir opinión en los casos que establezca el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
23. Establecer los lineamientos para el diagnóstico del estado físico, legal y administrativo de los Bienes de los órganos y entes del Sector Público, en el marco de las atribuciones conferidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
24. Crear o eliminar oficinas o dependencias de la Superintendencia de Bienes Públicos en todo el territorio de la República, previa aprobación del ministro o ministra con competencia en materia de finanzas.
25. Las atribuciones que le asignen el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, y las demás que le asignen las leyes.”
Artículo 15. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 32, referente del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, redactado de la manera siguiente:
“Superintendente o Superintendenta de Bienes Públicos
El Superintendente, o la Superintendenta de Bienes Públicos debe ser venezolano o venezolana, mayor de treinta años, profesional universitario, de reconocida solvencia moral, con experiencia en cargos gerenciales o de responsabilidad en el Sector Público o privado, relacionado con las competencias en la materia de Bienes Públicos.”
Artículo 16. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 33, referente a las Inhabilidades del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, redactado en la forma siguiente:
“Inhabilidades
1. Las personas declaradas en quiebra culpable o fraudulenta, en estado de atraso, los administradores o administradoras de la empresa en dicha situación, y los condenados o condenadas por delitos o faltas contra la propiedad, la fe pública, el patrimonio público, dentro de los cinco años siguientes a que se haya cumplido la condena.
2. Haber sido inhabilitado o destituido de cargo público o haber cesado en él por falta grave.”
Artículo 17. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 34, relacionado a las atribuciones del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, redactado en los términos siguientes:
“Atribuciones del Superintendente o Superintendenta de Bienes Públicos
1. Ejercer la dirección, actuar como autoridad y ejecutar las competencias atribuidas a la Superintendencia de Bienes Públicos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
2. Dictar los actos administrativos generales o particulares inherentes a las competencias atribuidas a la Superintendencia de Bienes Públicos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
3. Ordenar e instruir a los órganos y entes del Sector Público, la consignación en el lapso legal establecido y en el formato requerido, de los datos, documentos, informes, libros, normas, archivos físicos, digitales, estadísticos y contables, expedientes, tanto de sus oficinas como de sus sucursales, incluyendo sus sistemas de información, equipos de computación y cualesquiera otra base de datos o información que considere, en los términos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
4. Dictar las medidas preventivas que juzgue necesarias en los ámbitos jurídico, técnico y financiero, para el control, supervisión y fiscalización de los bienes públicos, corregir irregularidades o faltas de cualquier índole que advierta en las operaciones de los órganos y entes del Sector Público, establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, debiendo informar previamente al ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas.
5. Evacuar de manera oportuna y adecuada las consultas que formulen los interesados e interesadas en relación con la actividad de la Superintendencia de Bienes Públicos.
6. Iniciar, sustanciar y decidir los respectivos procedimientos administrativos, de inspección y sancionatorios, en los términos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
7. Asistir técnicamente en materia de bienes públicos, a los órganos y entes del Sector Público, a los efectos de dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
8. Planificar, elaborar y ejecutar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Superintendencia de Bienes Públicos, así como establecer los objetivos y proyectos a cumplir en cada ejercicio presupuestario, de conformidad con los lineamientos emanados del Ejecutivo Nacional.
9. Establecer el Régimen de Personal de la Superintendencia de Bienes Públicos, administrar el talento humano y dictar los actos administrativos de carácter general o particular de naturaleza funcionarial de acuerdo al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento. Asimismo, suscribir los actos referidos a la relación de empleo del personal contratado y obrero al servicio de la Superintendencia de Bienes Públicos.
10. Suscribir los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de la Superintendencia de Bienes Públicos y adquirir o enajenar los bienes y servicios requeridos por ésta.
11. Dictar el Reglamento interno de organización y funcionamiento de la Superintendencia de Bienes Públicos y los manuales de normas y procedimientos, así como las demás regulaciones necesarias para el funcionamiento de la misma.
12. Presentar al ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas, el informe de gestión, así como cualquier otra documentación, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Orgánico del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
13. Ejercer la potestad sancionatoria en los casos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
14 Asumir la administración e intervención de los bienes públicos declarados legalmente en abandono, desuso o privados de su destino útil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
15. Someter a la consideración y autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, las solicitudes de Enajenación y desincorporación de Bienes que sean propiedad, o que se encuentren adscritos a los órganos y entes del Sector Público Nacional.
16. Otorgar la opinión favorable o no a las adquisiciones de bienes inmuebles realizadas por los órganos y entes del Sector Público Nacional.
17. Delegar en funcionarios de la Superintendencia de Bienes Públicos, las funciones, atribuciones o firmas que juzgue necesario, de acuerdo con las normas legales vigentes.
18. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas en materia de mercancías declaradas legalmente abandonadas, conforme lo previsto en la norma especial que regula la materia.
19. Establecer los parámetros para el diseño y mantenimiento de los componentes de organización y funcionamiento del Registro de Peritos y el Registro General de Bienes Públicos, conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
20. Suspender a los Peritos Avaluadores certificados por la Superintendencia de Bienes Públicos, infractores del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
21. Establecer las tarifas máximas que cobrarán los peritos avaluadores por la prestación de los servicios ofertados en materia de bienes públicos, a los órganos y entes del Sector Público.
22. Establecer las directrices para el desarrollo de planes, programas y proyectos destinados a la conservación física, al orden legal y administrativo de los Bienes Públicos.
23. Designar al secretario o secretaria con su respectivo suplente, de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos.
24. Las demás que le atribuya el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.”
Artículo 18. Se modifica el artículo 24, quedando bajo el número 36, relativo al Régimen Presupuestario de la Superintendencia de Bienes Públicos, del modo siguiente:
“Régimen presupuestario de la Superintendencia de Bienes Públicos
Estará a cargo del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos la elaboración, administración, ejecución y el control del presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes Públicos.
El presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes Públicos será financiado con los aportes presupuestarios que le asigne el Ministerio con competencia en materia de finanzas, los ingresos propios que se deriven de la administración y disposición de los Bienes Públicos, los recaudados por conceptos de imposición de sanciones administrativas o pecuniarias conforme a lo que establezca el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, así como cualesquiera otros ingresos que obtenga la Superintendencia de Bienes Públicos en uso de sus atribuciones.”
Artículo 19. Se modifica el artículo 31 referente al Sistema de información, quedando bajo el número 42, del modo siguiente:
“Sistema de Información
1. Indicación de los bienes, acciones y derechos propiedad del Sector Público, sean éstos del dominio público o privado, con especificación del órgano o ente que ostente la titularidad de la propiedad, asignación o adscripción de los mismos; los derechos patrimoniales incorporales y los bienes georreferenciados de valor artístico e histórico.
2. Forma, fecha y valor de adquisición, en caso de no poseer dicho valor señalar un valor referencial de acuerdo a la fecha de adquisición.
3. Estado de conservación, uso y mantenimiento del bien.
4. Ubicación geográfica y georreferenciada del bien.
5. Responsable patrimonial del mantenimiento, conservación y protección del bien.
6. Valor de mercado actualizado del bien.
7. Cualquier otra información que se estime conveniente para la correcta ubicación y clasificación de los Bienes Públicos.
Dicho sistema se denominará Registro General de Bienes Públicos y deberá estar soportado en medios informáticos. Los requisitos de integración, seguridad y control del sistema de información indicado en el presente artículo, se establecerán mediante Providencia Administrativa emitida por la Superintendencia de Bienes Públicos.”
Artículo 20. Se modifica el artículo 33 relativo a la Veracidad y Entrega de la Información, quedando bajo el número 44, de la manera siguiente:
“Veracidad y Entrega de la información
La Superintendencia de Bienes Públicos establecerá los mecanismos y parámetros para la rendición de la información a que se refiere el presente artículo.”
Artículo 21. Se modifica el artículo 39 referente a la incorporación al Patrimonio de la República de los bienes que no tienen dueño, quedando bajo el número 50, en los términos siguientes:
“Incorporación al Patrimonio de la República de los bienes que no tienen dueño
Artículo 24. Se modifica el artículo 40 relativo a la Incorporación al Patrimonio de la República de mercancías abandonadas, quedando bajo el número 51, del modo siguiente:
“Incorporación al patrimonio de la República de mercancías abandonadas
Artículo 25. Se modifica el artículo 41 relativo a la Incorporación al Patrimonio de la República de bienes provenientes de comiso, aprehendidos o embargados, quedando bajo el número 52, de la manera siguiente:
“Incorporación al patrimonio de la República de bienes provenientes de comiso, aprehendidos o embargados
Cuando los bienes, mercancías o efectos retenidos, aprehendidos o embargados estén conformados por productos perecederos o expuestos a deterioro o descomposición, la Superintendencia de Bienes Públicos, mediante Providencia Administrativa, podrá de manera excepcional cuando sea indispensable para la conservación del bien, autorizar su uso o disposición antes de dictarse sentencia en el asunto, sin que sea necesaria la autorización previa por parte de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos.
Se exceptúa de la aplicación de este artículo, los bienes, mercancías o efectos, que sean objeto de comiso, mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme, cuyo procedimiento está previsto en las leyes especiales que regulan la materia.”
Artículo 26. Se modifica el artículo 54 referente a la Designación de Peritos, quedando bajo el número 65, en los términos siguientes:
“Designación de Peritos
1. Valuar los bienes inmuebles objeto de la operación;
2. Verificar los cánones de arrendamiento que los órganos y entes del Sector Público deban cobrar cuando tengan el carácter de arrendadores, o pagar cuando tengan el carácter de arrendatarios; y
3. Realizar los justiprecios que fueren necesarios.”
Artículo 27. Se modifica el artículo 55 relativo a la Acreditación de Peritos, quedando bajo el número 66, del modo siguiente:
“Acreditación de Peritos
Artículo 28. Se modifica el artículo 82 referente a la Adjudicación Directa de Bienes, quedando bajo el número 93, en los términos siguientes:
“Adjudicación directa de bienes
1. La venta o permuta de bienes cuyo adquiriente sea otro órgano o ente del Sector Público.
2. La venta de bienes cuyos adquirientes sean los trabajadores del órgano o ente enajenante, siempre que la enajenación de dichos bienes se realice mediante concurso en igualdad de condiciones entre todos los interesados.
3. Las relativas a la venta o permuta de bienes en producción, cuando el proceso licitatorio pudiere afectar el proceso productivo del bien.
4. La venta o permuta de bienes de cualquier tipo cuando mediante un proceso amplio de oferta pública, se determine la existencia de un solo oferente.
5. La venta o permuta de derechos litigiosos.
En cualquier caso la adjudicación directa de bienes públicos deberá contar con la autorización expresa de la máxima autoridad del respectivo órgano o ente.”
Artículo 29. Se modifica el artículo 92, relativo a las responsabilidades, quedando redactado bajo el número 103, en la forma siguiente:
“De las responsabilidades
Artículo 30. Se modifica el Título VI de los Procedimientos y de los Recursos, contentivo de los artículos 113 al 131, ambos inclusive, en los términos siguientes:
“Del inicio del procedimiento
En el segundo caso, el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos ordenará el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio y notificará a los órganos y entes, así como a los particulares cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos pudieren resultar afectados, concediéndoles un lapso de diez días hábiles para que presenten sus alegatos y argumentos.
Inicio a instancia de parte interesada
1. Fecha expresando el lugar, día, mes y año.
2. Escrito dirigido a el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos.
3. La identificación de la persona y su representante legal, de ser el caso, con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de cédula de identidad o pasaporte.
4. En caso de tratarse de órganos y entes públicos o persona jurídica de derecho privado, deberá constar el número de Registro de Información Fiscal, y la identificación de su representante legal.
5. La dirección del lugar en donde se harán las notificaciones pertinentes.
6. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando la materia objeto de la solicitud.
7. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso.
8. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias.
9. La firma de los interesados.
Remisión de expediente administrativo de las Unidades de administración y custodia de los Bienes Públicos
Asimismo, deberán incorporar al expediente aquellos documentos que tengan en su poder, relacionados directa o indirectamente, con la presunta comisión de hechos considerados como delitos, faltas o irregularidades administrativas, cometidos con ocasión a la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los bienes públicos.
A tal efecto deberán remitir el expediente administrativo a la Superintendencia de Bienes Públicos, dentro de los treinta días hábiles siguientes, a la presunta comisión del hecho, a fin de dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio.
De los errores u omisiones
Admisión de la Solicitud
Del expediente
De la notificación
De la notificación en Prensa
Lapso Probatorio
Dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de los escritos de pruebas, las partes podrán expresar si convienen en algún hecho u oponerse a las pruebas que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes.
Vencido el lapso, dentro de los tres días hábiles siguientes, el funcionario instructor del expediente, admitirá las pruebas que no sean manifiestamente ilegales o impertinentes y ordenará evacuar los medios que lo requieran, para lo cual se dispondrá de diez días hábiles siguientes, prorrogables a instancia de parte por diez días hábiles siguientes.
Acumulación de expedientes
Acceso al expediente
Pronunciamiento
El pronunciamiento de la unidad administrativa correspondiente, deberá ser remitido con el expediente administrativo al Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, a los fines de que decida a través de Providencia Administrativa debidamente motivada, estableciendo en un lapso de veinte días hábiles siguientes, las sanciones a que hubiere lugar.
Notificación de la Decisión
En caso de que el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, establezca una sanción de multa, la persona, órgano o ente infractor deberá dentro de quince días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de notificación, realizar el pago de la multa en las cuentas de la Superintendencia de Bienes Públicos y consignará el recibo de pago dentro de los tres días hábiles siguientes, ante la misma.
Recurso de Reconsideración
En el escrito, el recurrente deberá concretar las razones de hecho o de derecho en que fundamenta su pretensión, conjuntamente con la documentación que estime pertinente.
Inadmisibilidad del Recurso de Reconsideración
Suspensión de efectos
Cálculo de la multa
Para el cálculo de las sanciones comprendidas entre un mínimo y un máximo, se entenderá que lo normalmente aplicable es la mitad de la suma de ambos extremos, pero podrá reducirse hasta el límite inferior o aumentarse hasta el superior, según el mérito de las circunstancias atenuantes o agravantes en atención a la gravedad de la infracción y a los principios de proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y los fines de la norma. Cuando en un mismo caso, aparezcan circunstancias atenuantes como agravantes, deberán compensarse unas con otras.
Circunstancias atenuantes
1. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción se haya cometido sin intencionalidad por parte de quien lo cometió.
2. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción no haya causado grave perjuicio al patrimonio público o a las personas.
3. La reparación del daño por iniciativa de quien cometió el mismo.
Circunstancias agravantes
1. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción se haya cometido intencionalmente.
2. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción haya causado grave perjuicio al patrimonio público o a las personas.
3. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción haya producido ganancias o provecho para quien lo cometió o para sus cómplices si los hubiere.
4. La reincidencia.”
Artículo 31. Se suprimen los artículos 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 y 117, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos.
Artículo 32. Se suprime la Disposición Transitoria Primera del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley de Publicaciones Oficiales, imprímase en un solo texto el Decreto Nº 9.041, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.952, de fecha 26 de junio de 2012, con la reforma aquí sancionada, y en el correspondiente texto íntegro, corríjase e incorpórese donde indica, “Sistema Nacional de Bienes Públicos” por “Sistema de Bienes Públicos”, y “Superintendente Nacional de Bienes Públicos” por “Superintendente o Superintendenta de Bienes Públicos”, la enumeración, el lenguaje de género, los nombres de los Ministerios, entes u órganos, y sustitúyase las firmas, fechas y demás datos de sanción y promulgación.
Dado en Caracas, a los trece días del mes de noviembre de dos mil catorce. Años 204º de la Independencia, 155º de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo de la República, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Decreto Nº 1.407 13 de noviembre de 2014
NICOLÁS MADURO MOROS
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas bolivarianas, por mandato del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en los literales “a” y “b” del numeral 1 del artículo 1º de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, en Consejo de Ministros.
DICTO
El siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY
TÍTULO I
Capítulo I
Objeto
Ámbito de aplicación
Las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica se aplicarán sin perjuicio de las competencias de control, vigilancia y fiscalización que corresponden a la Contraloría General de la República sobre los bienes de la Nación.
Órganos y entes que conforman el Sector Público
1. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional.
2. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Estadal.
3. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Distritos y Distritos Metropolitanos.
4. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley que regula la materia del Poder Público Municipal.
5. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Territorios Federales y Dependencias Federales.
6. Los institutos autónomos o públicos nacionales, estadales, distritales y municipales.
7. El Banco Central de Venezuela y el Sector Público Financiero en general.
8. Las Universidades Públicas.
9. Las sociedades mercantiles en las cuales la República o las demás personas a que se refiere el presente artículo tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social. Quedarán comprendidas además, las sociedades de propiedad totalmente estatal; cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional.
10. Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social.
11. Las personas jurídicas previstas en la ley que regula la materia del poder popular.
12. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social, así como las que se constituyan con la participación de aquéllas.
13. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto.
Capítulo II
Definición
1. Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos, de dominio público o de dominio privado, que hayan adquirido o adquieran los órganos y entes que conforman el Sector Público, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan.
2. Los bienes, mercancías o efectos, que se encuentran en el territorio de la República y que no tienen dueño.
3. Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos provenientes de las herencias yacentes.
4. Las mercancías que se declaren abandonadas.
5. Los bienes, mercancías o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme mediante acto administrativo o sentencia definitiva y los que mediante sentencia firme o procedimiento de ley sean puestos a la orden del Tesoro Nacional.
6. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Estado venezolano, que se encuentren en tránsito o que estén permanentemente instalados en el país ante cuyo Gobierno estén acreditados, según las disposiciones en materia del servicio exterior.
Dentro de los Bienes Públicos, se establecen las siguientes categorías:
a. Bienes Nacionales. Son Bienes Nacionales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de la República, de los institutos autónomos y de las empresas del Estado, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones del Estado.
b. Bienes Estadales. Son Bienes Estadales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los estados, de los institutos autónomos y de las empresas estadales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones estadales.
c. Bienes Municipales. Son Bienes Municipales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los municipios, de los institutos autónomos y de las empresas municipales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones municipales.
d. Bienes Distritales. Son Bienes Distritales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los distritos, de los institutos autónomos y de las empresas distritales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones distritales.
No serán catalogados como Bienes Públicos:
1. Los productos que sean adquiridos, concebidos, extraídos o fabricados por las personas, órganos y entes sujetos al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, de conformidad con su naturaleza, funciones, competencias, atribuciones o actividades comerciales, mercantiles, financieras o sociales, con destino a la venta.
2. Los artículos calificados como materiales y suministros según el Clasificador Presupuestario dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto.
3. Los bienes adquiridos con la finalidad de ser donados de forma inmediata.
4. Los bienes adquiridos en ejecución de norma expresa, en cumplimiento de fines institucionales, con el fin de ser enajenados a terceros.
Clasificación
Son Bienes Públicos del dominio público:
1. Los bienes destinados al uso público, como plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas, caminos y otros.
2. Los bienes que en razón de su configuración natural, construcción o adaptación especial, o bien por su importancia histórica, científica o artística sean necesarios para un servicio público o para dar satisfacción a una necesidad pública y que no puedan ser fácilmente reemplazados en esa función.
3. Los espacios lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República; las costas marinas; el suelo y subsuelo de estos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen.
4. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental.
5. Todos aquellos bienes a los que por ley se confiera tal cualidad.
Los Bienes Públicos del dominio privado, son aquellos Bienes Públicos no incluidos en las categorías de bienes mencionadas en la enumeración anterior, los cuales, siendo propiedad del Estado o de algún ente público, no están destinados al uso público ni afectados a algún servicio público.
Desafectación de Bienes Públicos de dominio público
De igual forma, se procederá en los casos de deslinde del dominio público en que los inmuebles sobrantes pasen al dominio privado.
Afectación de Bienes Públicos de dominio privado
Prerrogativas de los bienes de dominio público
Prerrogativas de los bienes propiedad de la República
Aprovechamiento
Defensa
Prohibiciones
Ni el Presidente o Presidenta de la República, ni el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República ni los Ministros o Ministras, Viceministros o Viceministras ni el Procurador o Procuradora General de la República, ni los Diputados o Diputadas de la Asamblea Nacional ni los Diputados o Diputadas del Parlamento Andino ni del Parlamento Latinoamericano, ni los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, ni el Fiscal o la Fiscal General de la República, ni el Contralor o Contralora General de la República, ni el Subcontralor o Subcontralora de la República, ni el Defensor o Defensora del Pueblo, ni el Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, ni los Gobernadores o Gobernadoras de los Estados, ni los Diputados o Diputadas de los Consejos Legislativos de los Estados, ni el Contralor o Contralora de los Estados, ni el Procurador o Procuradora Estadal, ni los Alcaldes o Alcaldesas de los Municipios, ni los Alcaldes o Alcaldesas de los Distritos Metropolitanos, ni los Concejales o Concejalas de los Municipios, ni el Síndico Procurador o Síndica Procuradora Municipal, ni el Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela, podrán, por si mismos, ni por medio de personas interpuestas, vender ni comprar Bienes Públicos, ni celebrar con la República, los estados, los municipios o los distritos, dependiendo del nivel al cual pertenezca el funcionario o funcionaria público, contrato de ninguna especie.
Dichas prohibiciones se aplicarán igualmente a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de todas las personas señaladas en el presente artículo, así como a las personas jurídicas en las que todas las personas antes referidas tengan una participación superior al cinco (5%) del capital social o del patrimonio según el caso, antes de adquirirse el derecho real.
Estas prohibiciones rigen hasta doce meses después de que las personas impedidas cesen o renuncien en sus respectivos cargos.
Los actos administrativos o contratos que se suscriban contraviniendo lo dispuesto en el presente artículo, son nulos de pleno derecho sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra índole a que hubiere lugar.
Aplicación preferente
Supletoriedad de la ley
1. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental.
2. Los espacios lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República; las costas marinas; el suelo y subsuelo de éstos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen.
3. Los Bienes Públicos empleados directamente para la seguridad y defensa de bienes y personas.
4. El espectro radioeléctrico.
5. Las tierras baldías.
6. Las tierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras y las que por ley le deban pertenecer.
7. Los Bienes Públicos empleados directamente por las Industrias Básicas Pesadas en poder del Estado, en las labores de aprovechamiento y/o transformación de los recursos naturales a su cargo.
8. Los Bienes Públicos enmarcados en procesos de privatizaciones.
9. Los estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como las sustancias químicas, precursoras y esenciales susceptibles de ser desviadas a la fabricación ilícita de drogas.
10. Los haberes de los fondos públicos de prestaciones, pensiones y jubilaciones.
11. Los bienes de valor artístico e histórico propiedad de la República, los estados, los municipios o los distritos, sin perjuicio de que sean incluidos en los registros de bienes establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
TÍTULO II
Capítulo I
Creación
Finalidad
1. Contribuir al desarrollo de la Nación, promoviendo el saneamiento de los Bienes Públicos, a los fines de alcanzar una eficiente gestión en el uso, mantenimiento y disposición de los mismos.
2. Ordenar, integrar y simplificar los procedimientos para la adquisición, registro, administración, disposición y supervisión de los Bienes Públicos en el Sector Público, con el objeto de lograr una gestión eficiente.
Principios
1. La primacía de las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y sus normas reglamentarias y complementarias, dada la especialidad de las mismas, como parte del Sistema de Bienes Públicos, sobre las que en contravención o menoscabo de estas puedan dictarse.
2. La supervisión permanente a cargo del órgano rector, de los actos de adquisición, registro, administración y disposición respecto de los Bienes Públicos, ejecutados por los órganos y entes del Sector Público.
3. La transparencia en los procedimientos de adquisición, registro, administración y disposición de los Bienes Públicos.
4. La vigilancia por parte de los ciudadanos y ciudadanas dentro de las actividades de registro, administración y disposición de los Bienes Públicos, como principio activo de la contraloría social.
5. La eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromisos de gestión, por parte de los órganos y entes que lo conforman, bajo la orientación de las políticas y estrategias establecidas por la Superintendencia de Bienes Públicos.
6. La eficiencia en la utilización de los recursos públicos que le son asignados para el logro de sus metas y objetivos, el cual propenderá a la utilización racional de los recursos humanos, materiales y presupuestarios.
7. La responsabilidad patrimonial en la administración, uso y disposición de los bienes propiedad de los órganos y entes que lo integran, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda a sus funcionarios o funcionarias por su actuación.
Conformación
1. La Superintendencia de Bienes Públicos, como órgano rector.
2. Las máximas autoridades de los órganos y entes que conforman el Sector Público, señalados en el artículo 4° del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
3. Las Unidades encargadas de la administración y custodia de los Bienes Públicos en los órganos y entes del Poder Público Nacional, en los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos y en los entes no territoriales, como responsables patrimoniales.
Coordinación entre los Integrantes del Sistema de Bienes Públicos
Unidades de Bienes Públicos
Dichas unidades funcionarán bajo los criterios de cooperación y colaboración entre las distintas ramas del Poder Público, fundamentándose esta en las normas, lineamientos, directrices y pautas técnicas dictadas por la Superintendencia de Bienes Públicos, sin perjuicio de la autonomía constitucional de aquellas.
Las disposiciones contempladas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y sus Reglamentos y en las normas que dicte la Superintendencia de Bienes Públicos, relativas al registro, conservación y mantenimiento de Bienes Públicos, serán de observancia obligatoria para los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos, entes públicos no territoriales, demás entes y organismos que conforman estos niveles de gobierno.
Capítulo II
Creación
La organización, autogestión y funcionamiento de la Superintendencia de Bienes Públicos se establece en el Reglamento interno que a tales efectos se dicte, en observancia a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
Estructura
La estructura organizativa y funcional de la Superintendencia de Bienes Públicos será establecida por el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, mediante un Reglamento Interno, previa opinión favorable del ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas, el cual será publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Niveles Sustantivos de la Superintendencia de Bienes Públicos
Normas Técnicas y Capacitación
1. Emisión, formulación, evaluación y revisión de las normas e instrumentos complementarios, destinados a regular y controlar las actividades que realizan los órganos y entes del Sector Público respecto a sus Bienes Públicos.
2. Implementación de los Planes y Programas de formación y capacitación de los funcionarios y funcionarias públicos, además de todas aquellas personas naturales o jurídicas que la requieran; de conformidad con las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente.
3. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Registro de Bienes
1. Registro, control y seguimiento de los bienes muebles, inmuebles activos intangibles, activos financieros y acciones del Sector Público, sean estos de dominio público o privado, con especificación del órgano y ente que ostente la titularidad de la propiedad, asignación o adscripción de los mismos; los derechos patrimoniales incorporales y los bienes georreferenciados de valor artístico e histórico.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Registro de Peritos
1. Desarrollar y mantener el Registro de acreditación y actualización de Peritos Avaluadores y el Catastro Inmobiliario del Sector Público de conformidad con lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Gestión Patrimonial de Bienes
1. Normar e implementar procedimientos para regular las medidas en cuanto a la administración de Bienes Públicos, cumpliendo lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, conforme a los actos administrativos que la Superintendencia de Bienes Públicos dicte para su aplicación en actos de adquisición, administración, disposición, registro, supervisión, inscripción, saneamiento, incorporación, desincorporación que determine el control de bienes patrimoniales.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Supervisión y Fiscalización de Bienes Públicos
1. La inspección, supervisión y diagnóstico permanente en cuanto al uso, conservación, mantenimiento, protección, adquisición, disposición, incorporación, enajenación, registro, guarda, control, custodia, administración y ubicación de los Bienes Públicos; la existencia de bienes ocultos, desconocidos o que sean declarados en estado de abandono, pertenecientes a los órganos y entes de la Administración Pública, y los actos y demás actividades respecto a los Bienes Públicos, ejecutados por los órganos y entes del Sector Público. Así mismo, ejercer la potestad investigativa para la tramitación de solicitudes, denuncias y contravenciones ocurridas con ocasión a la ejecución de los actos y actividades en materia de Bienes Públicos.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Competencias
1. Participar en la formulación de las políticas para la administración, registro y disposición de los Bienes Públicos.
2. Proponer y promover normas legales destinadas al fortalecimiento del Sistema de Bienes Públicos, priorizando la modernización del Estado y los fines sociales que persigue el mismo.
3. Emitir opinión, asesorar y coordinar las actividades de las unidades administrativas competentes del Sector Público, en todo lo conducente al cumplimiento de las políticas y normas en materia de Bienes Públicos, sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la Procuraduría General de la República.
4. Evacuar consultas, interpretar y emitir pronunciamientos institucionales sobre Bienes Públicos, con carácter orientador, sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la Procuraduría General de la República.
5. Dictar las normas e instrucciones técnicas en las materias de su competencia.
6. Establecer, mediante las correspondientes normas técnicas, los procedimientos destinados al registro y disposición de los Bienes Públicos.
7. Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el registro, administración y disposición de Bienes Públicos, en los casos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
8. Remitir al órgano competente del Sistema Nacional de Control Fiscal las comunicaciones y/o expedientes administrativos a que haya lugar, con ocasión del incumplimiento de las normas previstas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
9. Definir los criterios para la racionalización de la construcción, reconstrucción, adaptación, adquisición, identificación, recuento físico, valuación, enajenación, conservación, mantenimiento y aprovechamiento de los inmuebles destinados al funcionamiento de los órganos y entes del Sector Público.
10. Mantener información actualizada acerca de la existencia, valor, ubicación, necesidades y excedentes de los Bienes Públicos y de su estado de conservación y funcionamiento.
11. Acceder a los registros y bases de datos de los órganos y entes que conforman el Sector Público, respecto de los actos de registro, administración y disposición de los Bienes Públicos, con las excepciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, en el marco del Sistema de Bienes Públicos y sin perjuicio de la autonomía de los diferentes niveles políticos territoriales.
12. Mantener relaciones con las dependencias correspondientes de los entes u órganos de los estados, municipios, distritos y distritos metropolitanos, así como de los entes públicos no territoriales, de modo que el registro y disposición de bienes en esas entidades pueda efectuarse en el ámbito del Sistema de Bienes Públicos.
13. Tramitar las denuncias de bienes ocultos o desconocidos, conforme a lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
14. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación o destrucción, de los bienes, mercancías o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme y los que mediante sentencia definitivamente firme o procedimiento de ley, sean puestos a la orden del Tesoro Nacional.
15. Ordenar el remate, venta, donación o destrucción, de los efectos retenidos, embargados o en situación de comiso que estén expuestos a pérdida, deterioro o corrupción, o que sean de difícil administración.
16. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación, permuta o destrucción de mercancías o bienes declaradas legalmente abandonadas o en desuso, con excepción a lo previsto en la norma que rige la materia.
17. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación o destrucción de los bienes propiedad de la República cuya administración le corresponda.
18. Autorizar, previo el cumplimiento de las formalidades presupuestarias de ley, el reintegro de sumas de dinero ingresadas al Tesoro Nacional, derivadas de la disposición de bienes provenientes de retenciones, embargos, incautaciones o comisos, cuando la respectiva medida haya sido declarada sin efecto.
19. Efectuar convenimientos, transacciones o concesión de plazos para el pago de deudas relativas a Bienes Públicos propiedad de la República, previa opinión expresa por parte de la Procuraduría General de la República.
20. Establecer e imponer las sanciones pecuniarias y administrativas a que haya lugar, de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
21. Llevar un registro actualizado de profesionales tasadores de bienes.
22. Emitir opinión en los casos que establezca el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
23. Establecer los lineamientos para el diagnóstico del estado físico, legal y administrativo de los Bienes de los órganos y entes del Sector Público, en el marco de las atribuciones conferidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
24. Crear o eliminar oficinas o dependencias de la Superintendencia de Bienes Públicos en todo el territorio de la República, previa aprobación del ministro o ministra con competencia en materia de finanzas.
25. Las atribuciones que le atribuya el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, y las demás que le asignen las leyes.
Deberes de la Superintendencia de Bienes Públicos
1. Cuantificar y cualificar las necesidades y excedentes inmobiliarios del Sector Público Nacional atendiendo a las características de los inmuebles requeridos y disponibles y a su localización
2. Revisar el catastro de la propiedad inmobiliaria del Sector Público Nacional, para determinar la existencia de inmuebles disponibles o, en su defecto, la necesidad de adquirir o construir otros inmuebles; y,
3. Proponer al órgano o ente interesado, los inmuebles disponibles.
Superintendente o Superintendenta de Bienes Públicos
El Superintendente, o la Superintendenta de Bienes Públicos debe ser venezolano o venezolana, mayor de treinta años, profesional universitario, de reconocida solvencia moral, con experiencia en cargos gerenciales o de responsabilidad en el Sector Público o privado, relacionado con las competencias en la materia de Bienes Públicos.
Inhabilidades
1. Las personas declaradas en quiebra culpable o fraudulenta, en estado de atraso, los administradores o administradoras de la empresa en dicha situación, y los condenados o condenadas por delitos o faltas contra la propiedad, la fe pública, el patrimonio público, dentro de los cinco años siguientes a que se haya cumplido la condena.
2. Haber sido inhabilitado o destituido de cargo público o haber cesado en él por falta grave.
Atribuciones del Superintendente o Superintendenta de Bienes Públicos
1. Ejercer la dirección, actuar como autoridad y ejecutar las competencias atribuidas a la Superintendencia de Bienes Públicos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
2. Dictar los actos administrativos generales o particulares inherentes a las competencias atribuidas a la Superintendencia de Bienes Públicos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
3. Ordenar e instruir a los órganos y entes del Sector Público, la consignación en el lapso legal establecido y en el formato requerido, de los datos, documentos, informes, libros, normas, archivos físicos, digitales, estadísticos y contables, expedientes, tanto de sus oficinas como de sus sucursales, incluyendo sus sistemas de información, equipos de computación y cualesquiera otra base de datos o información que considere, en los términos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
4. Dictar las medidas preventivas que juzgue necesarias en los ámbitos jurídico, técnico y financiero, para el control, supervisión y fiscalización de los bienes públicos, corregir irregularidades o faltas de cualquier índole que advierta en las operaciones de los órganos y entes del Sector Público, establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, debiendo informar previamente al ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas.
5. Evacuar de manera oportuna y adecuada las consultas que formulen los interesados e interesadas en relación con la actividad de la Superintendencia de Bienes Públicos.
6. Iniciar, sustanciar y decidir los respectivos procedimientos administrativos, de inspección y sancionatorios, en los términos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
7. Asistir técnicamente en materia de bienes públicos, a los órganos y entes del Sector Público, a los efectos de dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
8. Planificar, elaborar y ejecutar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Superintendencia de Bienes Públicos, así como establecer los objetivos y proyectos a cumplir en cada ejercicio presupuestario, de conformidad con los lineamientos emanados del Ejecutivo Nacional.
9. Establecer el Régimen de Personal de la Superintendencia de Bienes Públicos, administrar el talento humano y dictar los actos administrativos de carácter general o particular de naturaleza funcionarial de acuerdo al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento. Asimismo, suscribir los actos referidos a la relación de empleo del personal contratado y obrero al servicio de la Superintendencia de Bienes Públicos.
10. Suscribir los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de la Superintendencia de Bienes Públicos y adquirir o enajenar los bienes y servicios requeridos por ésta.
11. Dictar el Reglamento interno de organización y funcionamiento de la Superintendencia de Bienes Públicos y los manuales de normas y procedimientos, así como las demás regulaciones necesarias para el funcionamiento de la misma.
12. Presentar al ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas, el informe de gestión, así como cualquier otra documentación, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Orgánico del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
13. Ejercer la potestad sancionatoria en los casos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
14 Asumir la administración e intervención de los bienes públicos declarados legalmente en abandono, desuso o privados de su destino útil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
15. Someter a la consideración y autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, las solicitudes de Enajenación y desincorporación de Bienes que sean propiedad, o que se encuentren adscritos a los órganos y entes del Sector Público Nacional.
16. Otorgar la opinión favorable o no a las adquisiciones de bienes inmuebles realizadas por los órganos y entes del Sector Público Nacional.
17. Delegar en funcionarios de la Superintendencia de Bienes Públicos, las funciones, atribuciones o firmas que juzgue necesario, de acuerdo con las normas legales vigentes.
18. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas en materia de mercancías declaradas legalmente abandonadas, conforme lo previsto en la norma especial que regula la materia.
19. Establecer los parámetros para el diseño y mantenimiento de los componentes de organización y funcionamiento del Registro de Peritos y el Registro General de Bienes Públicos, conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
20. Suspender a los Peritos Avaluadores certificados por la Superintendencia de Bienes Públicos, infractores del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
21. Establecer las tarifas máximas que cobrarán los peritos avaluadores por la prestación de los servicios ofertados en materia de bienes públicos, a los órganos y entes del Sector Público.
22. Establecer las directrices para el desarrollo de planes, programas y proyectos destinados a la conservación física, al orden legal y administrativo de los Bienes Públicos.
23. Designar al secretario o secretaria con su respectivo suplente, de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos.
24. Las demás que le atribuya el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
Funciones, atribuciones y deberes comunes de los órganos y entes que conforman el Sistema de Bienes Públicos
1. Realizar el diagnóstico de los Bienes Públicos.
2. Requerir información a los particulares que ejerzan o hayan ejercido algún derecho sobre Bienes Públicos.
3. Recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía, relacionadas con el manejo y administración de los Bienes Públicos, debiendo mantener la identidad de los denunciantes y el contenido de la denuncia, protegidos por el principio de reserva.
Régimen presupuestario de la Superintendencia de Bienes Públicos
Estará a cargo del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos la elaboración, administración, ejecución y el control del presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes Públicos.
El presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes Públicos será financiado con los aportes presupuestarios que le asigne el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, los ingresos propios que se deriven de la administración y disposición de los Bienes Públicos, los recaudados por conceptos de imposición de sanciones administrativas o pecuniarias conforme a lo que establezca el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, así como cualesquiera otros ingresos que obtenga la Superintendencia de Bienes Públicos en uso de sus atribuciones.
Régimen funcionarial
Lo no contemplado en la materia dentro de dichas normas, será regulado por la Ley del Estatuto de la Función Pública y por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, en lo que le sea aplicable.
Del Estatuto Funcionarial Interno
Comisión de Enajenación de Bienes Públicos
Actuación de los particulares ante el órgano jurisdiccional
Capacitación por parte del órgano rector
TÍTULO III
Capítulo I
Sistema de Información
1. Indicación de los bienes, acciones y derechos propiedad del Sector Público, sean éstos del dominio público o privado, con especificación del órgano o ente que ostente la titularidad de la propiedad, asignación o adscripción de los mismos; los derechos patrimoniales incorporales y los bienes georreferenciados de valor artístico e histórico.
2. Forma, fecha y valor de adquisición, en caso de no poseer dicho valor señalar un valor referencial de acuerdo a la fecha de adquisición.
3. Estado de conservación, uso y mantenimiento del bien.
4. Ubicación geográfica y georreferenciada del bien.
5. Responsable patrimonial del mantenimiento, conservación y protección del bien.
6. Valor de mercado actualizado del bien.
7. Cualquier otra información que se estime conveniente para la correcta ubicación y clasificación de los Bienes Públicos.
Dicho sistema se denominará Registro General de Bienes Públicos y deberá estar soportado en medios informáticos. Los requisitos de integración, seguridad y control del sistema de información indicado en el presente artículo, se establecerán mediante Providencia Administrativa emitida por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Obligación de registro
Veracidad y Entrega de la información
La Superintendencia de Bienes Públicos establecerá los mecanismos y parámetros para la rendición de la información a que se refiere el presente artículo.
Formación del Catastro Georreferenciado
1. Los títulos por los cuales se enajene, modifique, grave o extinga el dominio, posesión y los demás derechos reales de los bienes inmuebles propiedad del Sector Publico.
2. Los contratos de comodato y de arrendamiento sobre los bienes inmuebles propiedad del Sector Público.
3. Las decisiones de ocupación y sentencias relacionadas con los bienes inmuebles propiedad del Sector Público que dicte la autoridad judicial.
4. Los títulos supletorios y justificativos de perpetua memoria promovidos para acreditar la propiedad, la posesión y el dominio del Sector Público sobre bienes inmuebles.
5. Las sentencias judiciales o de árbitros que produzcan alguno de los efectos mencionados en el numeral 1 del presente artículo.
6. Las decisiones, sentencias u actos que incorporen o desincorporen del dominio público determinados bienes inmuebles propiedad del Sector Público.
Obligación de informar
De igual manera, la Superintendencia de Bienes Públicos deberá mantener la debida coordinación y cooperación en las materias de su competencia con los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control Fiscal, con el órgano del Poder Público Nacional competente en materia de Contabilidad Pública, con el órgano del Poder Ejecutivo con competencia en materia de Control Interno, con los órganos y entes con competencia en materia de patrimonio histórico, artístico y cultural y con los órganos y entes competentes en materia de registros estadísticos y conformación de las Cuentas Nacionales y mantendrán el intercambio necesario con dichos órganos y entes, a los fines de procurar la consistencia de los registros y cifras y adecuado, cabal y oportuno registro y control de los Bienes Públicos y su respectivo valor contable.
Empresas de capital mixto minoritario
Obligación de los particulares e instituciones privadas
Transferencia de bienes
Capítulo II
Incorporación al Patrimonio de la República de los bienes que no tienen dueño
Incorporación al patrimonio de la República de mercancías abandonadas
Incorporación al patrimonio de la República de bienes provenientes de comiso, aprehendidos o embargados
Cuando los bienes, mercancías o efectos retenidos, aprehendidos o embargados estén conformados por productos perecederos o expuestos a deterioro o descomposición, la Superintendencia de Bienes Públicos, mediante Providencia Administrativa, podrá de manera excepcional cuando sea indispensable para la conservación del bien, autorizar su uso o disposición antes de dictarse sentencia en el asunto, sin que sea necesaria la autorización previa por parte de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos.
Se exceptúa de la aplicación de este artículo, los bienes, mercancías o efectos, que sean objeto de comiso, mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme, cuyo procedimiento está previsto en las leyes especiales que regulan la materia.
Construcción de bienes
Capítulo III
Propiedad y adscripción de bienes
Responsables de bienes
Quedan a salvo las responsabilidades del usuario final del Bien Público de que se trate, conforme al correcto uso que se haga del bien.
Posesión de bienes
Facultad de la República para retener los bienes que posea
Capítulo IV
Normativa aplicable a la adquisición de bienes inmuebles
Titularidad de los bienes
Modalidades de adquisición
Deber de información
Sin menoscabo de su autonomía constitucional, los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos y entes públicos no territoriales, estarán obligados a informar a la Superintendencia de Bienes Públicos, sobre la adquisición, construcción, reconstrucción o adaptación de los bienes inmuebles de su propiedad.
Visto bueno
Obligatoriedad de avalúos
En todo caso, la adquisición de bienes inmuebles deberá contar con la aprobación escrita de la máxima autoridad del órgano o ente adquirente, con indicación expresa y detallada de los términos y condiciones bajo los cuales se adquiere el bien.
Revisión de avalúos
Designación de Peritos
1. Valuar los bienes inmuebles objeto de la operación;
2. Verificar los cánones de arrendamiento que los órganos y entes del Sector Público deban cobrar cuando tengan el carácter de arrendadores, o pagar cuando tengan el carácter de arrendatarios; y
3. Realizar los justiprecios que fueren necesarios.
Acreditación de Peritos
Presentación de necesidades Inmobiliarias
Sin menoscabo de su autonomía, los órganos y entes del Sector Público distintos del Sector Público Nacional, también participará a la Superintendencia de Bienes Públicos sus necesidades inmobiliarias.
Capítulo V
Plazos
Autorización de la Procuraduría General de la República
Bienes que pueden ser arrendados
Atribuciones de la Superintendencia de Bienes Públicos
Obligatoriedad de avalúos
Comodato de bienes
1. Que el comodatario sea un órgano o ente del Sector Público.
2. Que el bien sea destinado al desarrollo de un programa de interés público.
En ambos casos, el comodato no podrá exceder de quince (15) años, debiendo prever el respectivo contrato de comodato causales de rescisión anticipada, fundadas en el incumplimiento de las obligaciones del comodatario o en razones de interés público, sin perjuicio de la figura de la incorporación prevista en el artículo 124 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
Capítulo VI
Normativa Aplicable para la concesión de Bienes Públicos
Derechos que otorgan las concesiones
Atribuciones de la Superintendencia de Bienes Públicos
1. Velar porque se inscriban en los registros de bienes de las Unidades Administrativas y en el Registro General de Bienes Públicos, los documentos en que conste el derecho de reversión y vigilar que se efectúe ante el registro inmobiliario correspondiente, la inscripción de dicho derecho, haciéndose las notas marginales necesarias.
2. Coordinar con el ente u órgano que corresponda, la imposición de gravámenes sobre los bienes inmuebles destinados o afectos a los fines de la concesión. En este caso los interesados deberán otorgar fianza a favor del ente u órgano respectivo por una cantidad igual a la del valor del bien, a fin de garantizar el derecho de reversión.
Derecho preferente
Capítulo VII
Normativa aplicable para la conservación y mantenimiento
Gastos de conservación, mantenimiento y protección
Mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático
Las Unidades Administrativas de los distintos órganos o entes del Sector Público, en su carácter de responsables por la administración de sus bienes y de los que tengan en custodia, adoptarán las medidas pertinentes a los efectos de que se incluyan en el proyecto de la Ley de Presupuesto correspondiente a cada ejercicio, los créditos necesarios para su mantenimiento y conservación.
Deber de utilidad
Obligación de registro y control
Los funcionarios públicos que tengan competencia en la conservación, mantenimiento y protección de Bienes Públicos, deberán llevar un sistema de registro que evidencie la cronología de los trabajos de mantenimiento y/o reparaciones dados a los bienes, especificando el detalle de los materiales utilizados y costos de los mismos.
Facultades de inspección
Capítulo VIII
Obligación de enajenar
Excepciones
Pérdida, deterioro u obsolescencia de bienes
Modalidades para la enajenación de bienes
1. Venta;
2. Permuta;
3. Dación en pago;
4. Aporte del bien al capital social de sociedades mercantiles del Estado;
5. Donación;
6. Mediante otros tipos de operaciones legalmente permitidas.
La enajenación de Bienes Públicos deberá realizarse conforme a las normas y procedimientos que establezca el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, su Reglamento y las disposiciones que a tal efecto dicte la Superintendencia de Bienes Públicos.
De los Peritos
Fijación del precio para los bienes propiedad del Sector Público Nacional
Venta y Permuta de bienes
Procedimiento para la enajenación de bienes bajo la modalidad de venta o permuta
1. Las características del bien;
2. El precio base fijado para la enajenación del mismo;
3. Las condiciones establecidas para su enajenación y el plazo para la recepción de las ofertas.
Una de dichas publicaciones podrá ser sustituida por una publicación en un medio digital, a tenor de lo dispuesto en la ley que regula la materia sobre mensajes de datos y firmas electrónicas.
Si no se recibieren un mínimo de dos (02) ofertas dentro del plazo que se hubiere señalado, o las mismas no fueren válidas o satisfactorias a juicio del Comité de Licitaciones, podrá procederse a la publicación de un segundo aviso conforme a lo antes indicado.
Los bienes se adjudicarán en propiedad a quien formule, a juicio del Comité de Licitación del órgano o ente la oferta más ventajosa, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en los respectivos pliegos licitatorios.
Si en las oportunidades fijadas en el presente artículo no se recibieran ofertas en tiempo hábil o éstas no fueren satisfactorias, el Comité de licitaciones podrá autorizar la enajenación del bien por un precio distinto al ya fijado, de debiéndose iniciar un nuevo proceso licitatorio.
Prohibiciones
Adjudicación directa de bienes
1. La venta o permuta de bienes cuyo adquiriente sea otro órgano o ente del Sector Público.
2. La venta de bienes cuyos adquirientes sean los trabajadores del órgano o ente enajenante, siempre que la enajenación de dichos bienes se realice mediante concurso en igualdad de condiciones entre todos los interesados.
3. Las relativas a la venta o permuta de bienes en producción, cuando el proceso licitatorio pudiere afectar el proceso productivo del bien.
4. La venta o permuta de bienes de cualquier tipo cuando mediante un proceso amplio de oferta pública, se determine la existencia de un solo oferente.
5. La venta o permuta de derechos litigiosos.
En cualquier caso la adjudicación directa de bienes públicos deberá contar con la autorización expresa de la máxima autoridad del respectivo órgano o ente.
De la autorización para la enajenación de bienes
Cuando los bienes a enajenar fueren acciones u otros títulos valor, no serán necesarias las autorizaciones a que se refiere la Ley en materia de mercados de valores.
Obligación de notificación
TÍTULO IV
Capítulo I
Derechos en Sociedades Mercantiles
Órgano de custodia de los Títulos
Autorización requerida para enajenación de títulos representativos de capital propiedad de la República
Cuando los títulos objeto de venta se coticen en Bolsa, su enajenación se hará de conformidad con las reglas de la respectiva institución bursátil.
Los títulos que no se coticen en Bolsa, se enajenarán mediante subasta pública, a menos que el Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro con competencia en materia de Finanzas, acuerde su adjudicación directa.
Capítulo II
Adquisición de los derechos de propiedad intelectual o industrial
Órgano Competente
Enajenación de los derechos de propiedad intelectual o industrial de la República
Utilización de propiedades incorporales de dominio público
TÍTULO V
Capítulo I
De las responsabilidades
Ministerio Público
Particulares
Acciones penales y civiles
Capítulo II
Imposición de sanciones
1. La naturaleza del acto u omisión.
2. La intencionalidad con la que fue cometido el hecho o la omisión.
3. La gravedad del perjuicio causado al patrimonio público o a las personas.
4. La ganancia o provecho ilegalmente obtenidos como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos del hecho.
5. La reparación del daño por iniciativa de quien cometió el mismo.
6. La reincidencia.
Explotación, uso o aprovechamiento indebido de Bienes Públicos en beneficio propio o de terceros
Faltas graves
1. Quienes realicen procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos, en contravención a lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
2. Quienes habiendo sido autorizados por la Superintendencia de Bienes Públicos para efectuar procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos, incumplan las normas dispuestas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento y las normas e instrucciones dictadas para ello por la Superintendencia de Bienes Públicos.
3. Quienes habiendo sido autorizados por la Superintendencia de Bienes Públicos para efectuar procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos, nieguen injustificadamente la participación de algún interesado.
4. Quienes incumplan el deber de suministrar a la Superintendencia de Bienes Públicos la información requerida de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
5. Quienes a requerimiento de la Superintendencia de Bienes Públicos o en cumplimiento de las normas dispuestas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, suministren o divulguen información falsa.
6. Cuando no informaren oportunamente de la comisión de hechos considerados como delitos, faltas, ilícitos o irregularidades administrativas, cometidas con ocasión a la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los Bienes Públicos.
Responsables Patrimoniales
1. Cuando no advirtieren oportunamente sobre la insuficiencia de los créditos presupuestarios destinados al mantenimiento, conservación y protección de los bienes a su cargo.
2. Cuando incurrieren en acción u omisión que tenga como resultado la falta de adecuado mantenimiento y conservación del bien.
3. Cuando no advirtieren el carácter antieconómico del mantenimiento o reparación del bien.
Incumplimiento de obligaciones contractuales
Los responsables serán sancionados con multa de Un mil Unidades Tributarias (1.000 U.T.) y la Superintendencia de Bienes Públicos declarará la inhabilitación de éstos para participar en nuevos procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos, por los siguientes lapsos:
1. De cuatro a cinco años cuando incurran en prácticas de corrupción.
2. De tres a cuatro años, cuando suministren información falsa, actúen dolosamente, de mala fe o empleen otras prácticas fraudulentas.
3. De dos a tres años cuando retiren ofertas durante su vigencia, o siendo beneficiarios de la adjudicación no suscriban el contrato o no constituyan las fianzas a que hubiere lugar dentro del plazo establecido en los pliegos de condiciones.
4. De dos a tres años cuando ejerzan recursos manifiestamente temerarios contra los actos o procedimientos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, o les sean resueltos por su incumplimiento contratos celebrados con órganos o entes regidos por la misma.
Responsabilidad de peritos avaluadores
En caso de reincidencia, la Superintendencia de Bienes Públicos excluirá al infractor por un lapso de cinco (5) años del Registro de Peritos a que se refiere el Título III, Capítulo VIII del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
El funcionario público que en el ejercicio de sus funciones como avaluador actúe con impericia, negligencia o mala fe, será responsable por los daños y perjuicios que causare al patrimonio público.
Se entiende por mala fe las siguientes circunstancias:
1. Alterar u omitir hechos esenciales del peritaje.
2. Obstaculizar el desarrollo del peritaje.
3. Que el avaluó sea elaborado en distorsión a su precio real del mercado.
TÍTULO VI
Del inicio del procedimiento
En el segundo caso, el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos ordenará el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio y notificará a los órganos y entes, así como a los particulares cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos pudieren resultar afectados, concediéndoles un lapso de diez días hábiles para que presenten sus alegatos y argumentos.
Inicio a instancia de parte interesada
1. Fecha expresando el lugar, día, mes y año.
2. Escrito dirigido a el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos.
3. La identificación de la persona y su representante legal, de ser el caso, con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de cédula de identidad o pasaporte.
4. En caso de tratarse de órganos y entes públicos o persona jurídica de derecho privado, deberá constar el número de Registro de Información Fiscal, y la identificación de su representante legal.
5. La dirección del lugar en donde se harán las notificaciones pertinentes.
6. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando la materia objeto de la solicitud.
7. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso.
8. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias.
9. La firma de los interesados.
Remisión de expediente administrativo de las Unidades de administración y custodia de los Bienes Públicos
Asimismo, deberán incorporar al expediente aquellos documentos que tengan en su poder, relacionados directa o indirectamente, con la presunta comisión de hechos considerados como delitos, faltas o irregularidades administrativas, cometidos con ocasión a la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los bienes públicos.
A tal efecto deberán remitir el expediente administrativo a la Superintendencia de Bienes Públicos, dentro de los treinta días hábiles siguientes, a la presunta comisión del hecho, a fin de dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio.
De los errores u omisiones
Admisión de la Solicitud
Del expediente
De la notificación
De la notificación en Prensa
Lapso Probatorio
Dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de los escritos de pruebas, las partes podrán expresar si convienen en algún hecho u oponerse a las pruebas que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes.
Vencido el lapso, dentro de los tres días hábiles siguientes, el funcionario instructor del expediente, admitirá las pruebas que no sean manifiestamente ilegales o impertinentes y ordenará evacuar los medios que lo requieran, para lo cual se dispondrá de diez días hábiles siguientes, prorrogables a instancia de parte por diez días hábiles siguientes.
Acumulación de expedientes
Acceso al expediente
Pronunciamiento
El pronunciamiento de la unidad administrativa correspondiente, deberá ser remitido con el expediente administrativo al Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, a los fines de que decida a través de Providencia Administrativa debidamente motivada, estableciendo en un lapso de veinte días hábiles siguientes, las sanciones a que hubiere lugar.
Notificación de la Decisión
En caso de que el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, establezca una sanción de multa, la persona, órgano o ente infractor deberá dentro de quince días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de notificación, realizar el pago de la multa en las cuentas de la Superintendencia de Bienes Públicos y consignará el recibo de pago dentro de los tres días hábiles siguientes, ante la misma.
Recurso de Reconsideración
En el escrito, el recurrente deberá concretar las razones de hecho o de derecho en que fundamenta su pretensión, conjuntamente con la documentación que estime pertinente.
Inadmisibilidad del Recurso de Reconsideración
Suspensión de efectos
Cálculo de la multa
Para el cálculo de las sanciones comprendidas entre un mínimo y un máximo, se entenderá que lo normalmente aplicable es la mitad de la suma de ambos extremos, pero podrá reducirse hasta el límite inferior o aumentarse hasta el superior, según el mérito de las circunstancias atenuantes o agravantes en atención a la gravedad de la infracción y a los principios de proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y los fines de la norma. Cuando en un mismo caso, aparezcan circunstancias atenuantes como agravantes, deberán compensarse unas con otras.
Circunstancias atenuantes
1. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción se haya cometido sin intencionalidad por parte de quien lo cometió.
2. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción no haya causado grave perjuicio al patrimonio público o a las personas.
3. La reparación del daño por iniciativa de quien cometió el mismo.
Circunstancias agravantes
1. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción se haya cometido intencionalmente.
2. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción haya causado grave perjuicio al patrimonio público o a las personas.
3. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción haya producido ganancias o provecho para quien lo cometió o para sus cómplices si los hubiere.
4. La reincidencia.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Se derogan los artículos contenidos en el Título I de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 1.660 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 1974; la Ley Orgánica que regula la Enajenación de Bienes del Sector Público no Afectos a las Industrias Básicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.951 Extraordinario, de fecha 07 de enero de 1987 y su Reglamento, dictado mediante Decreto N° 78 de fecha 20 de marzo de 1999, Gaceta Oficial N° 36.668 de fecha 24 de marzo de 1999; así como la Ley de Conservación y Mantenimiento de los Bienes Públicos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.756, de fecha 28 de agosto de 2007.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. La Superintendencia de Bienes Públicos reglamentará mediante Providencia Administrativa, los plazos para la adecuación de los inventarios y registros de los bienes públicos de los distintos órganos y entes que conforman el Sector Público, a las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título III del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
Segunda. Las solicitudes para la enajenación de Bienes Públicos que se encuentren en trámite dentro de la Secretaría Técnica de la Comisión para la Enajenación de Bienes del Sector Público no afectos a las Industrias Básicas, para la entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, pasarán a la Superintendencia de Bienes Públicos, así como los expedientes administrativos y el archivo general de los casos tramitados ante dicha Comisión.
DISPOSICIÓN FINAL
Vigencia
Dado en Caracas, a los trece días del mes de noviembre de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo de la República, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
☞Visualiza la versión original publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
El servicio de envío de los archivos de las Publicaciones Oficiales (Gaceta Oficial de la República, Gaceta Judicial, Gaceta Legislativa y Gaceta Electoral), está reservado exclusivamente a los Mecenas de Pandectas Digital, quienes gracias a su contribución, permiten que la visualización y consulta que estás haciendo de este documento sea de acceso público, libre y totalmente gratuita.
Te invitamos a que te conviertas tú también en Mecenas de este proyecto, y así podrás recibir en tu correo los archivos de las Publicaciones Oficiales que vayamos incorporando a nuestra compilación.
Visítanos en www.patreon.com/pandectasdigital para obtener toda la información sobre ésta y otras de las ventajas de convertirte en Mecenas.
full-width
Decreto Nº 1.407 13 de noviembre de 2014
NICOLÁS MADURO MOROS
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas bolivarianas, por mandato del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en los literales “a” y “b” del numeral 1 del artículo 1º de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, en Consejo de Ministros,
DICTO
El siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE
Artículo 1º. Se modifica el contenido del artículo 4º referente a los órganos y entes que conforman el Sector Público, el cual queda redactado en los términos siguientes:
“Órganos y entes que conforman el Sector Público
1. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional.
2. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Estadal.
3. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Distritos y Distritos Metropolitanos.
4. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley que regula la materia del Poder Público Municipal.
5. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Territorios Federales y Dependencias Federales.
6. Los institutos autónomos o públicos nacionales, estadales, distritales y municipales.
7. El Banco Central de Venezuela y el Sector Público Financiero en general.
8. Las Universidades Públicas.
9. Las sociedades mercantiles en las cuales la República o las demás personas a que se refiere el presente artículo tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social. Quedarán comprendidas además, las sociedades de propiedad totalmente estatal; cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional.
10. Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social.
11. Las personas jurídicas previstas en la ley que regula la materia del poder popular.
12. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social, así como las que se constituyan con la participación de aquéllas.
13. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto.”
Artículo 2º. Se incorpora el numeral 6 en el artículo 5º, referente a Definición, el cual queda redactado en los términos siguientes:
“Definición
1. Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos, de dominio público o de dominio privado, que hayan adquirido o adquieran los órganos y entes que conforman el Sector Público, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan.
2. Los bienes, mercancías o efectos, que se encuentran en el territorio de la República y que no tienen dueño.
3. Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos provenientes de las herencias yacentes.
4. Las mercancías que se declaren abandonadas.
5. Los bienes, mercancías o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme mediante acto administrativo o sentencia definitiva y los que mediante sentencia firme o procedimiento de ley sean puestos a la orden del Tesoro Nacional.
6. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Estado venezolano, que se encuentren en tránsito o que estén permanentemente instalados en el país ante cuyo Gobierno estén acreditados, según las disposiciones en materia del servicio exterior.
Dentro de los Bienes Públicos, se establecen las siguientes categorías:
a. Bienes Nacionales. Son Bienes Nacionales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de la República, de los institutos autónomos y de las empresas del Estado, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones del Estado.
b. Bienes Estadales. Son Bienes Estadales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los estados, de los institutos autónomos y de las empresas estadales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones estadales.
c. Bienes Municipales. Son Bienes Municipales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los municipios, de los institutos autónomos y de las empresas municipales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones municipales.
d. Bienes Distritales. Son Bienes Distritales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los distritos, de los institutos autónomos y de las empresas distritales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones distritales.
No serán catalogados como Bienes Públicos:
1. Los productos que sean adquiridos, concebidos, extraídos o fabricados por las personas, órganos y entes sujetos al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, de conformidad con su naturaleza, funciones, competencias, atribuciones o actividades comerciales, mercantiles, financieras o sociales, con destino a la venta.
2. Los artículos calificados como materiales y suministros según el Clasificador Presupuestario dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto.
3. Los bienes adquiridos con la finalidad de ser donados de forma inmediata.
4. Los bienes adquiridos en ejecución de norma expresa, en cumplimiento de fines institucionales, con el fin de ser enajenados a terceros.”
Artículo 3º. Se modifica la redacción del artículo 13 relativo a Prohibiciones, el cual queda redactado en la forma siguiente:
“Prohibiciones
Ni el Presidente o Presidenta de la República, ni el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República ni los Ministros o Ministras, Viceministros o Viceministras ni el Procurador o Procuradora General de la República, ni los Diputados o Diputadas de la Asamblea Nacional ni los Diputados o Diputadas del Parlamento Andino ni del Parlamento Latinoamericano, ni los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, ni el Fiscal o la Fiscal General de la República, ni el Contralor o Contralora General de la República, ni el Subcontralor o Subcontralora de la República, ni el Defensor o Defensora del Pueblo, ni el Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, ni los Gobernadores o Gobernadoras de los Estados, ni los Diputados o Diputadas de los Consejos Legislativos de los Estados, ni el Contralor o Contralora de los Estados, ni el Procurador o Procuradora Estadal, ni los Alcaldes o Alcaldesas de los Municipios, ni los Alcaldes o Alcaldesas de los Distritos Metropolitanos, ni los Concejales o Concejalas de los Municipios, ni el Síndico Procurador o Síndica Procuradora Municipal, ni el Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela, podrán, por si mismos, ni por medio de personas interpuestas, vender ni comprar Bienes Públicos, ni celebrar con la República, los estados, los municipios o los distritos, dependiendo del nivel al cual pertenezca el funcionario o funcionaria público, contrato de ninguna especie.
Dichas prohibiciones se aplicarán igualmente a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de todas las personas señaladas en el presente artículo, así como a las personas jurídicas en las que todas las personas antes referidas tengan una participación superior al cinco (5%) del capital social o del patrimonio según el caso, antes de adquirirse el derecho real.
Estas prohibiciones rigen hasta doce meses después de que las personas impedidas cesen o renuncien en sus respectivos cargos.
Los actos administrativos o contratos que se suscriban contraviniendo lo dispuesto en el presente artículo, son nulos de pleno derecho sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra índole a que hubiere lugar.”
Artículo 4º. Se incorpora un artículo sobre la Coordinación entre los Integrantes del Sistema de Bienes Públicos, bajo el número 20, el cual queda redactado de la manera siguiente:
“Coordinación entre los Integrantes del Sistema de Bienes Públicos
Artículo 5º. Se reubica el artículo 27, relativo a Unidades de Bienes Públicos, modificando su redacción y quedando enumerado bajo el número 21, el cual se redacta en los términos, siguientes:
“Unidades de Bienes Públicos
Dichas unidades funcionarán bajo los criterios de cooperación y colaboración entre las distintas ramas del Poder Público, fundamentándose esta en las normas, lineamientos, directrices y pautas técnicas dictadas por la Superintendencia de Bienes Públicos, sin perjuicio de la autonomía constitucional de aquellas.
Las disposiciones contempladas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y sus Reglamentos y en las normas que dicte la Superintendencia de Bienes Públicos, relativas al registro, conservación y mantenimiento de Bienes Públicos, serán de observancia obligatoria para los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos, entes públicos no territoriales, demás entes y organismos que conforman estos niveles de gobierno.”
Artículo 6º. Se modifica el artículo 20 referente a Creación, quedando bajo el número 22, redactado en la forma siguiente:
“Creación
La organización, autogestión y funcionamiento de la Superintendencia de Bienes Públicos se establece en el Reglamento interno que a tales efectos se dicte, en observancia a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.”
Artículo 7º. Se incorpora un nuevo artículo, bajo el número 23 referido a Estructura, redactado en los términos siguientes:
“Estructura
La estructura organizativa y funcional de la Superintendencia de Bienes Públicos será establecida por el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, mediante un Reglamento Interno, previa opinión favorable del ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas, el cual será publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.”
Artículo 8º. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 24, referente a Niveles Sustantivos de la Superintendencia de Bienes Públicos, el cual queda redactado del modo siguiente:
“Niveles Sustantivos de la Superintendencia de Bienes Públicos
Artículo 9º. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 25, relativo a Normas Técnicas y Capacitación, el cual queda redactado en los términos siguientes:
“Normas Técnicas y Capacitación
1. Emisión, formulación, evaluación y revisión de las normas e instrumentos complementarios, destinados a regular y controlar las actividades que realizan los órganos y entes del Sector Público respecto a sus Bienes Públicos.
2. Implementación de los Planes y Programas de formación y capacitación de los funcionarios y funcionarios públicos, además de todas aquellas personas naturales o jurídicas que la requieran; de conformidad con las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente.
3. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.”
Artículo 10. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 26, relativo al Registro de Bienes, redactado en la forma siguiente:
“Registro de Bienes
1. Registro, control y seguimiento de los bienes muebles, inmuebles activos intangibles, activos financieros y acciones del Sector Público, sean estos de dominio público o privado, con especificación del órgano y ente que ostente la titularidad de la propiedad, asignación o adscripción de los mismos; los derechos patrimoniales incorporales y los bienes georreferenciados de valor artístico e histórico.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.”
Artículo 11. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 27, referente al Registro de Peritos, el cual queda redactado en los términos siguientes:
“Registro de Peritos
1. Desarrollar y mantener el Registro de acreditación y actualización de Peritos Avaluadores y el Catastro Inmobiliario del Sector Público de conformidad con lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.”
Artículo 12. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 28, relacionado con la Gestión Patrimonial de Bienes, el cual queda redactado en el modo siguiente:
“Gestión Patrimonial de Bienes
1. Normar e implementar procedimientos para regular las medidas en cuanto a la administración de Bienes Públicos, cumpliendo lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, conforme a los actos administrativos que la Superintendencia de Bienes Públicos dicte para su aplicación en actos de adquisición, administración, disposición, registro, supervisión, inscripción, saneamiento, incorporación, desincorporación que determine el control de bienes patrimoniales.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.”
Artículo 13. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 29, referido a la Supervisión y Fiscalización de Bienes Públicos, redactado en la forma siguiente:
“Supervisión y Fiscalización de Bienes Públicos
1. La inspección, supervisión y diagnóstico permanente en cuanto al uso, conservación, mantenimiento, protección, adquisición, disposición, incorporación, enajenación, registro, guarda, control, custodia, administración y ubicación de los Bienes Públicos; la existencia de bienes ocultos, desconocidos o que sean declarados en estado de abandono, pertenecientes a los órganos y entes de la Administración Pública, y los actos y demás actividades respecto a los Bienes Públicos, ejecutados por los órganos y entes del Sector Público. Así mismo, ejercer la potestad investigativa para la tramitación de solicitudes, denuncias y contravenciones ocurridas con ocasión a la ejecución de los actos y actividades en materia de Bienes Públicos.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.”
Artículo 14. Se modifica el artículo 21, quedando bajo el número 30, referido a las competencias, redactado en los términos siguientes:
“Competencias
1. Participar en la formulación de las políticas para la administración, registro y disposición de los Bienes Públicos.
2. Proponer y promover normas legales destinadas al fortalecimiento del Sistema de Bienes Públicos, priorizando la modernización del Estado y los fines sociales que persigue el mismo.
3. Emitir opinión, asesorar y coordinar las actividades de las unidades administrativas competentes del Sector Público, en todo lo conducente al cumplimiento de las políticas y normas en materia de Bienes Públicos, sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la Procuraduría General de la República.
4. Evacuar consultas, interpretar y emitir pronunciamientos institucionales sobre Bienes Públicos, con carácter orientador, sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la Procuraduría General de la República.
5. Dictar las normas e instrucciones técnicas en las materias de su competencia.
6. Establecer, mediante las correspondientes normas técnicas, los procedimientos destinados al registro y disposición de los Bienes Públicos.
7. Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el registro, administración y disposición de Bienes Públicos, en los casos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
8. Remitir al órgano competente del Sistema Nacional de Control Fiscal las comunicaciones y/o expedientes administrativos a que haya lugar, con ocasión del incumplimiento de las normas previstas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
9. Definir los criterios para la racionalización de la construcción, reconstrucción, adaptación, adquisición, identificación, recuento físico, valuación, enajenación, conservación, mantenimiento y aprovechamiento de los inmuebles destinados al funcionamiento de los órganos y entes del Sector Público.
10. Mantener información actualizada acerca de la existencia, valor, ubicación, necesidades y excedentes de los Bienes Públicos y de su estado de conservación y funcionamiento.
11. Acceder a los registros y bases de datos de los órganos y entes que conforman el Sector Público, respecto de los actos de registro, administración y disposición de los Bienes Públicos, con las excepciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, en el marco del Sistema de Bienes Públicos y sin perjuicio de la autonomía de los diferentes niveles políticos territoriales.
12. Mantener relaciones con las dependencias correspondientes de los entes u órganos de los estados, municipios, distritos y distritos metropolitanos, así como de los entes públicos no territoriales, de modo que el registro y disposición de bienes en esas entidades pueda efectuarse en el ámbito del Sistema de Bienes Públicos.
13. Tramitar las denuncias de bienes ocultos o desconocidos, conforme a lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
14. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación o destrucción, de los bienes, mercancías o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme y los que mediante sentencia definitivamente firme o procedimiento de ley, sean puestos a la orden del Tesoro Nacional.
15. Ordenar el remate, venta, donación o destrucción, de los efectos retenidos, embargados o en situación de comiso que estén expuestos a pérdida, deterioro o corrupción, o que sean de difícil administración.
16. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación, permuta o destrucción de mercancías o bienes declaradas legalmente abandonadas o en desuso, con excepción a lo previsto en la norma que rige la materia.
17. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación o destrucción de los bienes propiedad de la República cuya administración le corresponda.
18. Autorizar, previo el cumplimiento de las formalidades presupuestarias de ley, el reintegro de sumas de dinero ingresadas al Tesoro Nacional, derivadas de la disposición de bienes provenientes de retenciones, embargos, incautaciones o comisos, cuando la respectiva medida haya sido declarada sin efecto.
19. Efectuar convenimientos, transacciones o concesión de plazos para el pago de deudas relativas a Bienes Públicos propiedad de la República, previa opinión expresa por parte de la Procuraduría General de la República.
20. Establecer e imponer las sanciones pecuniarias y administrativas a que haya lugar, de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
21. Llevar un registro actualizado de profesionales tasadores de bienes.
22. Emitir opinión en los casos que establezca el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
23. Establecer los lineamientos para el diagnóstico del estado físico, legal y administrativo de los Bienes de los órganos y entes del Sector Público, en el marco de las atribuciones conferidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
24. Crear o eliminar oficinas o dependencias de la Superintendencia de Bienes Públicos en todo el territorio de la República, previa aprobación del ministro o ministra con competencia en materia de finanzas.
25. Las atribuciones que le asignen el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, y las demás que le asignen las leyes.”
Artículo 15. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 32, referente del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, redactado de la manera siguiente:
“Superintendente o Superintendenta de Bienes Públicos
El Superintendente, o la Superintendenta de Bienes Públicos debe ser venezolano o venezolana, mayor de treinta años, profesional universitario, de reconocida solvencia moral, con experiencia en cargos gerenciales o de responsabilidad en el Sector Público o privado, relacionado con las competencias en la materia de Bienes Públicos.”
Artículo 16. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 33, referente a las Inhabilidades del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, redactado en la forma siguiente:
“Inhabilidades
1. Las personas declaradas en quiebra culpable o fraudulenta, en estado de atraso, los administradores o administradoras de la empresa en dicha situación, y los condenados o condenadas por delitos o faltas contra la propiedad, la fe pública, el patrimonio público, dentro de los cinco años siguientes a que se haya cumplido la condena.
2. Haber sido inhabilitado o destituido de cargo público o haber cesado en él por falta grave.”
Artículo 17. Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 34, relacionado a las atribuciones del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, redactado en los términos siguientes:
“Atribuciones del Superintendente o Superintendenta de Bienes Públicos
1. Ejercer la dirección, actuar como autoridad y ejecutar las competencias atribuidas a la Superintendencia de Bienes Públicos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
2. Dictar los actos administrativos generales o particulares inherentes a las competencias atribuidas a la Superintendencia de Bienes Públicos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
3. Ordenar e instruir a los órganos y entes del Sector Público, la consignación en el lapso legal establecido y en el formato requerido, de los datos, documentos, informes, libros, normas, archivos físicos, digitales, estadísticos y contables, expedientes, tanto de sus oficinas como de sus sucursales, incluyendo sus sistemas de información, equipos de computación y cualesquiera otra base de datos o información que considere, en los términos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
4. Dictar las medidas preventivas que juzgue necesarias en los ámbitos jurídico, técnico y financiero, para el control, supervisión y fiscalización de los bienes públicos, corregir irregularidades o faltas de cualquier índole que advierta en las operaciones de los órganos y entes del Sector Público, establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, debiendo informar previamente al ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas.
5. Evacuar de manera oportuna y adecuada las consultas que formulen los interesados e interesadas en relación con la actividad de la Superintendencia de Bienes Públicos.
6. Iniciar, sustanciar y decidir los respectivos procedimientos administrativos, de inspección y sancionatorios, en los términos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
7. Asistir técnicamente en materia de bienes públicos, a los órganos y entes del Sector Público, a los efectos de dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
8. Planificar, elaborar y ejecutar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Superintendencia de Bienes Públicos, así como establecer los objetivos y proyectos a cumplir en cada ejercicio presupuestario, de conformidad con los lineamientos emanados del Ejecutivo Nacional.
9. Establecer el Régimen de Personal de la Superintendencia de Bienes Públicos, administrar el talento humano y dictar los actos administrativos de carácter general o particular de naturaleza funcionarial de acuerdo al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento. Asimismo, suscribir los actos referidos a la relación de empleo del personal contratado y obrero al servicio de la Superintendencia de Bienes Públicos.
10. Suscribir los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de la Superintendencia de Bienes Públicos y adquirir o enajenar los bienes y servicios requeridos por ésta.
11. Dictar el Reglamento interno de organización y funcionamiento de la Superintendencia de Bienes Públicos y los manuales de normas y procedimientos, así como las demás regulaciones necesarias para el funcionamiento de la misma.
12. Presentar al ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas, el informe de gestión, así como cualquier otra documentación, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Orgánico del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
13. Ejercer la potestad sancionatoria en los casos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
14 Asumir la administración e intervención de los bienes públicos declarados legalmente en abandono, desuso o privados de su destino útil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
15. Someter a la consideración y autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, las solicitudes de Enajenación y desincorporación de Bienes que sean propiedad, o que se encuentren adscritos a los órganos y entes del Sector Público Nacional.
16. Otorgar la opinión favorable o no a las adquisiciones de bienes inmuebles realizadas por los órganos y entes del Sector Público Nacional.
17. Delegar en funcionarios de la Superintendencia de Bienes Públicos, las funciones, atribuciones o firmas que juzgue necesario, de acuerdo con las normas legales vigentes.
18. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas en materia de mercancías declaradas legalmente abandonadas, conforme lo previsto en la norma especial que regula la materia.
19. Establecer los parámetros para el diseño y mantenimiento de los componentes de organización y funcionamiento del Registro de Peritos y el Registro General de Bienes Públicos, conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
20. Suspender a los Peritos Avaluadores certificados por la Superintendencia de Bienes Públicos, infractores del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
21. Establecer las tarifas máximas que cobrarán los peritos avaluadores por la prestación de los servicios ofertados en materia de bienes públicos, a los órganos y entes del Sector Público.
22. Establecer las directrices para el desarrollo de planes, programas y proyectos destinados a la conservación física, al orden legal y administrativo de los Bienes Públicos.
23. Designar al secretario o secretaria con su respectivo suplente, de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos.
24. Las demás que le atribuya el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.”
Artículo 18. Se modifica el artículo 24, quedando bajo el número 36, relativo al Régimen Presupuestario de la Superintendencia de Bienes Públicos, del modo siguiente:
“Régimen presupuestario de la Superintendencia de Bienes Públicos
Estará a cargo del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos la elaboración, administración, ejecución y el control del presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes Públicos.
El presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes Públicos será financiado con los aportes presupuestarios que le asigne el Ministerio con competencia en materia de finanzas, los ingresos propios que se deriven de la administración y disposición de los Bienes Públicos, los recaudados por conceptos de imposición de sanciones administrativas o pecuniarias conforme a lo que establezca el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, así como cualesquiera otros ingresos que obtenga la Superintendencia de Bienes Públicos en uso de sus atribuciones.”
Artículo 19. Se modifica el artículo 31 referente al Sistema de información, quedando bajo el número 42, del modo siguiente:
“Sistema de Información
1. Indicación de los bienes, acciones y derechos propiedad del Sector Público, sean éstos del dominio público o privado, con especificación del órgano o ente que ostente la titularidad de la propiedad, asignación o adscripción de los mismos; los derechos patrimoniales incorporales y los bienes georreferenciados de valor artístico e histórico.
2. Forma, fecha y valor de adquisición, en caso de no poseer dicho valor señalar un valor referencial de acuerdo a la fecha de adquisición.
3. Estado de conservación, uso y mantenimiento del bien.
4. Ubicación geográfica y georreferenciada del bien.
5. Responsable patrimonial del mantenimiento, conservación y protección del bien.
6. Valor de mercado actualizado del bien.
7. Cualquier otra información que se estime conveniente para la correcta ubicación y clasificación de los Bienes Públicos.
Dicho sistema se denominará Registro General de Bienes Públicos y deberá estar soportado en medios informáticos. Los requisitos de integración, seguridad y control del sistema de información indicado en el presente artículo, se establecerán mediante Providencia Administrativa emitida por la Superintendencia de Bienes Públicos.”
Artículo 20. Se modifica el artículo 33 relativo a la Veracidad y Entrega de la Información, quedando bajo el número 44, de la manera siguiente:
“Veracidad y Entrega de la información
La Superintendencia de Bienes Públicos establecerá los mecanismos y parámetros para la rendición de la información a que se refiere el presente artículo.”
Artículo 21. Se modifica el artículo 39 referente a la incorporación al Patrimonio de la República de los bienes que no tienen dueño, quedando bajo el número 50, en los términos siguientes:
“Incorporación al Patrimonio de la República de los bienes que no tienen dueño
Artículo 24. Se modifica el artículo 40 relativo a la Incorporación al Patrimonio de la República de mercancías abandonadas, quedando bajo el número 51, del modo siguiente:
“Incorporación al patrimonio de la República de mercancías abandonadas
Artículo 25. Se modifica el artículo 41 relativo a la Incorporación al Patrimonio de la República de bienes provenientes de comiso, aprehendidos o embargados, quedando bajo el número 52, de la manera siguiente:
“Incorporación al patrimonio de la República de bienes provenientes de comiso, aprehendidos o embargados
Cuando los bienes, mercancías o efectos retenidos, aprehendidos o embargados estén conformados por productos perecederos o expuestos a deterioro o descomposición, la Superintendencia de Bienes Públicos, mediante Providencia Administrativa, podrá de manera excepcional cuando sea indispensable para la conservación del bien, autorizar su uso o disposición antes de dictarse sentencia en el asunto, sin que sea necesaria la autorización previa por parte de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos.
Se exceptúa de la aplicación de este artículo, los bienes, mercancías o efectos, que sean objeto de comiso, mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme, cuyo procedimiento está previsto en las leyes especiales que regulan la materia.”
Artículo 26. Se modifica el artículo 54 referente a la Designación de Peritos, quedando bajo el número 65, en los términos siguientes:
“Designación de Peritos
1. Valuar los bienes inmuebles objeto de la operación;
2. Verificar los cánones de arrendamiento que los órganos y entes del Sector Público deban cobrar cuando tengan el carácter de arrendadores, o pagar cuando tengan el carácter de arrendatarios; y
3. Realizar los justiprecios que fueren necesarios.”
Artículo 27. Se modifica el artículo 55 relativo a la Acreditación de Peritos, quedando bajo el número 66, del modo siguiente:
“Acreditación de Peritos
Artículo 28. Se modifica el artículo 82 referente a la Adjudicación Directa de Bienes, quedando bajo el número 93, en los términos siguientes:
“Adjudicación directa de bienes
1. La venta o permuta de bienes cuyo adquiriente sea otro órgano o ente del Sector Público.
2. La venta de bienes cuyos adquirientes sean los trabajadores del órgano o ente enajenante, siempre que la enajenación de dichos bienes se realice mediante concurso en igualdad de condiciones entre todos los interesados.
3. Las relativas a la venta o permuta de bienes en producción, cuando el proceso licitatorio pudiere afectar el proceso productivo del bien.
4. La venta o permuta de bienes de cualquier tipo cuando mediante un proceso amplio de oferta pública, se determine la existencia de un solo oferente.
5. La venta o permuta de derechos litigiosos.
En cualquier caso la adjudicación directa de bienes públicos deberá contar con la autorización expresa de la máxima autoridad del respectivo órgano o ente.”
Artículo 29. Se modifica el artículo 92, relativo a las responsabilidades, quedando redactado bajo el número 103, en la forma siguiente:
“De las responsabilidades
Artículo 30. Se modifica el Título VI de los Procedimientos y de los Recursos, contentivo de los artículos 113 al 131, ambos inclusive, en los términos siguientes:
“Del inicio del procedimiento
En el segundo caso, el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos ordenará el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio y notificará a los órganos y entes, así como a los particulares cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos pudieren resultar afectados, concediéndoles un lapso de diez días hábiles para que presenten sus alegatos y argumentos.
Inicio a instancia de parte interesada
1. Fecha expresando el lugar, día, mes y año.
2. Escrito dirigido a el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos.
3. La identificación de la persona y su representante legal, de ser el caso, con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de cédula de identidad o pasaporte.
4. En caso de tratarse de órganos y entes públicos o persona jurídica de derecho privado, deberá constar el número de Registro de Información Fiscal, y la identificación de su representante legal.
5. La dirección del lugar en donde se harán las notificaciones pertinentes.
6. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando la materia objeto de la solicitud.
7. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso.
8. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias.
9. La firma de los interesados.
Remisión de expediente administrativo de las Unidades de administración y custodia de los Bienes Públicos
Asimismo, deberán incorporar al expediente aquellos documentos que tengan en su poder, relacionados directa o indirectamente, con la presunta comisión de hechos considerados como delitos, faltas o irregularidades administrativas, cometidos con ocasión a la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los bienes públicos.
A tal efecto deberán remitir el expediente administrativo a la Superintendencia de Bienes Públicos, dentro de los treinta días hábiles siguientes, a la presunta comisión del hecho, a fin de dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio.
De los errores u omisiones
Admisión de la Solicitud
Del expediente
De la notificación
De la notificación en Prensa
Lapso Probatorio
Dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de los escritos de pruebas, las partes podrán expresar si convienen en algún hecho u oponerse a las pruebas que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes.
Vencido el lapso, dentro de los tres días hábiles siguientes, el funcionario instructor del expediente, admitirá las pruebas que no sean manifiestamente ilegales o impertinentes y ordenará evacuar los medios que lo requieran, para lo cual se dispondrá de diez días hábiles siguientes, prorrogables a instancia de parte por diez días hábiles siguientes.
Acumulación de expedientes
Acceso al expediente
Pronunciamiento
El pronunciamiento de la unidad administrativa correspondiente, deberá ser remitido con el expediente administrativo al Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, a los fines de que decida a través de Providencia Administrativa debidamente motivada, estableciendo en un lapso de veinte días hábiles siguientes, las sanciones a que hubiere lugar.
Notificación de la Decisión
En caso de que el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, establezca una sanción de multa, la persona, órgano o ente infractor deberá dentro de quince días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de notificación, realizar el pago de la multa en las cuentas de la Superintendencia de Bienes Públicos y consignará el recibo de pago dentro de los tres días hábiles siguientes, ante la misma.
Recurso de Reconsideración
En el escrito, el recurrente deberá concretar las razones de hecho o de derecho en que fundamenta su pretensión, conjuntamente con la documentación que estime pertinente.
Inadmisibilidad del Recurso de Reconsideración
Suspensión de efectos
Cálculo de la multa
Para el cálculo de las sanciones comprendidas entre un mínimo y un máximo, se entenderá que lo normalmente aplicable es la mitad de la suma de ambos extremos, pero podrá reducirse hasta el límite inferior o aumentarse hasta el superior, según el mérito de las circunstancias atenuantes o agravantes en atención a la gravedad de la infracción y a los principios de proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y los fines de la norma. Cuando en un mismo caso, aparezcan circunstancias atenuantes como agravantes, deberán compensarse unas con otras.
Circunstancias atenuantes
1. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción se haya cometido sin intencionalidad por parte de quien lo cometió.
2. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción no haya causado grave perjuicio al patrimonio público o a las personas.
3. La reparación del daño por iniciativa de quien cometió el mismo.
Circunstancias agravantes
1. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción se haya cometido intencionalmente.
2. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción haya causado grave perjuicio al patrimonio público o a las personas.
3. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción haya producido ganancias o provecho para quien lo cometió o para sus cómplices si los hubiere.
4. La reincidencia.”
Artículo 31. Se suprimen los artículos 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 y 117, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos.
Artículo 32. Se suprime la Disposición Transitoria Primera del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la Ley de Publicaciones Oficiales, imprímase en un solo texto el Decreto Nº 9.041, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.952, de fecha 26 de junio de 2012, con la reforma aquí sancionada, y en el correspondiente texto íntegro, corríjase e incorpórese donde indica, “Sistema Nacional de Bienes Públicos” por “Sistema de Bienes Públicos”, y “Superintendente Nacional de Bienes Públicos” por “Superintendente o Superintendenta de Bienes Públicos”, la enumeración, el lenguaje de género, los nombres de los Ministerios, entes u órganos, y sustitúyase las firmas, fechas y demás datos de sanción y promulgación.
Dado en Caracas, a los trece días del mes de noviembre de dos mil catorce. Años 204º de la Independencia, 155º de la Federación y 15º de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo de la República, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Decreto Nº 1.407 13 de noviembre de 2014
NICOLÁS MADURO MOROS
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas bolivarianas, por mandato del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en los literales “a” y “b” del numeral 1 del artículo 1º de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, en Consejo de Ministros.
DICTO
El siguiente,
DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY
TÍTULO I
Capítulo I
Objeto
Ámbito de aplicación
Las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica se aplicarán sin perjuicio de las competencias de control, vigilancia y fiscalización que corresponden a la Contraloría General de la República sobre los bienes de la Nación.
Órganos y entes que conforman el Sector Público
1. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional.
2. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Estadal.
3. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Distritos y Distritos Metropolitanos.
4. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley que regula la materia del Poder Público Municipal.
5. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Territorios Federales y Dependencias Federales.
6. Los institutos autónomos o públicos nacionales, estadales, distritales y municipales.
7. El Banco Central de Venezuela y el Sector Público Financiero en general.
8. Las Universidades Públicas.
9. Las sociedades mercantiles en las cuales la República o las demás personas a que se refiere el presente artículo tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social. Quedarán comprendidas además, las sociedades de propiedad totalmente estatal; cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional.
10. Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social.
11. Las personas jurídicas previstas en la ley que regula la materia del poder popular.
12. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social, así como las que se constituyan con la participación de aquéllas.
13. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto.
Capítulo II
Definición
1. Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos, de dominio público o de dominio privado, que hayan adquirido o adquieran los órganos y entes que conforman el Sector Público, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan.
2. Los bienes, mercancías o efectos, que se encuentran en el territorio de la República y que no tienen dueño.
3. Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos provenientes de las herencias yacentes.
4. Las mercancías que se declaren abandonadas.
5. Los bienes, mercancías o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme mediante acto administrativo o sentencia definitiva y los que mediante sentencia firme o procedimiento de ley sean puestos a la orden del Tesoro Nacional.
6. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Estado venezolano, que se encuentren en tránsito o que estén permanentemente instalados en el país ante cuyo Gobierno estén acreditados, según las disposiciones en materia del servicio exterior.
Dentro de los Bienes Públicos, se establecen las siguientes categorías:
a. Bienes Nacionales. Son Bienes Nacionales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de la República, de los institutos autónomos y de las empresas del Estado, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones del Estado.
b. Bienes Estadales. Son Bienes Estadales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los estados, de los institutos autónomos y de las empresas estadales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones estadales.
c. Bienes Municipales. Son Bienes Municipales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los municipios, de los institutos autónomos y de las empresas municipales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones municipales.
d. Bienes Distritales. Son Bienes Distritales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los distritos, de los institutos autónomos y de las empresas distritales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones distritales.
No serán catalogados como Bienes Públicos:
1. Los productos que sean adquiridos, concebidos, extraídos o fabricados por las personas, órganos y entes sujetos al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, de conformidad con su naturaleza, funciones, competencias, atribuciones o actividades comerciales, mercantiles, financieras o sociales, con destino a la venta.
2. Los artículos calificados como materiales y suministros según el Clasificador Presupuestario dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto.
3. Los bienes adquiridos con la finalidad de ser donados de forma inmediata.
4. Los bienes adquiridos en ejecución de norma expresa, en cumplimiento de fines institucionales, con el fin de ser enajenados a terceros.
Clasificación
Son Bienes Públicos del dominio público:
1. Los bienes destinados al uso público, como plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas, caminos y otros.
2. Los bienes que en razón de su configuración natural, construcción o adaptación especial, o bien por su importancia histórica, científica o artística sean necesarios para un servicio público o para dar satisfacción a una necesidad pública y que no puedan ser fácilmente reemplazados en esa función.
3. Los espacios lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República; las costas marinas; el suelo y subsuelo de estos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen.
4. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental.
5. Todos aquellos bienes a los que por ley se confiera tal cualidad.
Los Bienes Públicos del dominio privado, son aquellos Bienes Públicos no incluidos en las categorías de bienes mencionadas en la enumeración anterior, los cuales, siendo propiedad del Estado o de algún ente público, no están destinados al uso público ni afectados a algún servicio público.
Desafectación de Bienes Públicos de dominio público
De igual forma, se procederá en los casos de deslinde del dominio público en que los inmuebles sobrantes pasen al dominio privado.
Afectación de Bienes Públicos de dominio privado
Prerrogativas de los bienes de dominio público
Prerrogativas de los bienes propiedad de la República
Aprovechamiento
Defensa
Prohibiciones
Ni el Presidente o Presidenta de la República, ni el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República ni los Ministros o Ministras, Viceministros o Viceministras ni el Procurador o Procuradora General de la República, ni los Diputados o Diputadas de la Asamblea Nacional ni los Diputados o Diputadas del Parlamento Andino ni del Parlamento Latinoamericano, ni los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, ni el Fiscal o la Fiscal General de la República, ni el Contralor o Contralora General de la República, ni el Subcontralor o Subcontralora de la República, ni el Defensor o Defensora del Pueblo, ni el Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, ni los Gobernadores o Gobernadoras de los Estados, ni los Diputados o Diputadas de los Consejos Legislativos de los Estados, ni el Contralor o Contralora de los Estados, ni el Procurador o Procuradora Estadal, ni los Alcaldes o Alcaldesas de los Municipios, ni los Alcaldes o Alcaldesas de los Distritos Metropolitanos, ni los Concejales o Concejalas de los Municipios, ni el Síndico Procurador o Síndica Procuradora Municipal, ni el Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela, podrán, por si mismos, ni por medio de personas interpuestas, vender ni comprar Bienes Públicos, ni celebrar con la República, los estados, los municipios o los distritos, dependiendo del nivel al cual pertenezca el funcionario o funcionaria público, contrato de ninguna especie.
Dichas prohibiciones se aplicarán igualmente a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de todas las personas señaladas en el presente artículo, así como a las personas jurídicas en las que todas las personas antes referidas tengan una participación superior al cinco (5%) del capital social o del patrimonio según el caso, antes de adquirirse el derecho real.
Estas prohibiciones rigen hasta doce meses después de que las personas impedidas cesen o renuncien en sus respectivos cargos.
Los actos administrativos o contratos que se suscriban contraviniendo lo dispuesto en el presente artículo, son nulos de pleno derecho sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra índole a que hubiere lugar.
Aplicación preferente
Supletoriedad de la ley
1. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental.
2. Los espacios lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República; las costas marinas; el suelo y subsuelo de éstos; el espacio aéreo continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran, incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados y los componentes intangibles que por causas naturales allí se hallen.
3. Los Bienes Públicos empleados directamente para la seguridad y defensa de bienes y personas.
4. El espectro radioeléctrico.
5. Las tierras baldías.
6. Las tierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras y las que por ley le deban pertenecer.
7. Los Bienes Públicos empleados directamente por las Industrias Básicas Pesadas en poder del Estado, en las labores de aprovechamiento y/o transformación de los recursos naturales a su cargo.
8. Los Bienes Públicos enmarcados en procesos de privatizaciones.
9. Los estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como las sustancias químicas, precursoras y esenciales susceptibles de ser desviadas a la fabricación ilícita de drogas.
10. Los haberes de los fondos públicos de prestaciones, pensiones y jubilaciones.
11. Los bienes de valor artístico e histórico propiedad de la República, los estados, los municipios o los distritos, sin perjuicio de que sean incluidos en los registros de bienes establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
TÍTULO II
Capítulo I
Creación
Finalidad
1. Contribuir al desarrollo de la Nación, promoviendo el saneamiento de los Bienes Públicos, a los fines de alcanzar una eficiente gestión en el uso, mantenimiento y disposición de los mismos.
2. Ordenar, integrar y simplificar los procedimientos para la adquisición, registro, administración, disposición y supervisión de los Bienes Públicos en el Sector Público, con el objeto de lograr una gestión eficiente.
Principios
1. La primacía de las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y sus normas reglamentarias y complementarias, dada la especialidad de las mismas, como parte del Sistema de Bienes Públicos, sobre las que en contravención o menoscabo de estas puedan dictarse.
2. La supervisión permanente a cargo del órgano rector, de los actos de adquisición, registro, administración y disposición respecto de los Bienes Públicos, ejecutados por los órganos y entes del Sector Público.
3. La transparencia en los procedimientos de adquisición, registro, administración y disposición de los Bienes Públicos.
4. La vigilancia por parte de los ciudadanos y ciudadanas dentro de las actividades de registro, administración y disposición de los Bienes Públicos, como principio activo de la contraloría social.
5. La eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas fijados en las normas, planes y compromisos de gestión, por parte de los órganos y entes que lo conforman, bajo la orientación de las políticas y estrategias establecidas por la Superintendencia de Bienes Públicos.
6. La eficiencia en la utilización de los recursos públicos que le son asignados para el logro de sus metas y objetivos, el cual propenderá a la utilización racional de los recursos humanos, materiales y presupuestarios.
7. La responsabilidad patrimonial en la administración, uso y disposición de los bienes propiedad de los órganos y entes que lo integran, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda a sus funcionarios o funcionarias por su actuación.
Conformación
1. La Superintendencia de Bienes Públicos, como órgano rector.
2. Las máximas autoridades de los órganos y entes que conforman el Sector Público, señalados en el artículo 4° del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
3. Las Unidades encargadas de la administración y custodia de los Bienes Públicos en los órganos y entes del Poder Público Nacional, en los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos y en los entes no territoriales, como responsables patrimoniales.
Coordinación entre los Integrantes del Sistema de Bienes Públicos
Unidades de Bienes Públicos
Dichas unidades funcionarán bajo los criterios de cooperación y colaboración entre las distintas ramas del Poder Público, fundamentándose esta en las normas, lineamientos, directrices y pautas técnicas dictadas por la Superintendencia de Bienes Públicos, sin perjuicio de la autonomía constitucional de aquellas.
Las disposiciones contempladas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y sus Reglamentos y en las normas que dicte la Superintendencia de Bienes Públicos, relativas al registro, conservación y mantenimiento de Bienes Públicos, serán de observancia obligatoria para los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos, entes públicos no territoriales, demás entes y organismos que conforman estos niveles de gobierno.
Capítulo II
Creación
La organización, autogestión y funcionamiento de la Superintendencia de Bienes Públicos se establece en el Reglamento interno que a tales efectos se dicte, en observancia a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
Estructura
La estructura organizativa y funcional de la Superintendencia de Bienes Públicos será establecida por el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, mediante un Reglamento Interno, previa opinión favorable del ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas, el cual será publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Niveles Sustantivos de la Superintendencia de Bienes Públicos
Normas Técnicas y Capacitación
1. Emisión, formulación, evaluación y revisión de las normas e instrumentos complementarios, destinados a regular y controlar las actividades que realizan los órganos y entes del Sector Público respecto a sus Bienes Públicos.
2. Implementación de los Planes y Programas de formación y capacitación de los funcionarios y funcionarias públicos, además de todas aquellas personas naturales o jurídicas que la requieran; de conformidad con las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente.
3. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Registro de Bienes
1. Registro, control y seguimiento de los bienes muebles, inmuebles activos intangibles, activos financieros y acciones del Sector Público, sean estos de dominio público o privado, con especificación del órgano y ente que ostente la titularidad de la propiedad, asignación o adscripción de los mismos; los derechos patrimoniales incorporales y los bienes georreferenciados de valor artístico e histórico.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Registro de Peritos
1. Desarrollar y mantener el Registro de acreditación y actualización de Peritos Avaluadores y el Catastro Inmobiliario del Sector Público de conformidad con lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Gestión Patrimonial de Bienes
1. Normar e implementar procedimientos para regular las medidas en cuanto a la administración de Bienes Públicos, cumpliendo lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, conforme a los actos administrativos que la Superintendencia de Bienes Públicos dicte para su aplicación en actos de adquisición, administración, disposición, registro, supervisión, inscripción, saneamiento, incorporación, desincorporación que determine el control de bienes patrimoniales.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Supervisión y Fiscalización de Bienes Públicos
1. La inspección, supervisión y diagnóstico permanente en cuanto al uso, conservación, mantenimiento, protección, adquisición, disposición, incorporación, enajenación, registro, guarda, control, custodia, administración y ubicación de los Bienes Públicos; la existencia de bienes ocultos, desconocidos o que sean declarados en estado de abandono, pertenecientes a los órganos y entes de la Administración Pública, y los actos y demás actividades respecto a los Bienes Públicos, ejecutados por los órganos y entes del Sector Público. Así mismo, ejercer la potestad investigativa para la tramitación de solicitudes, denuncias y contravenciones ocurridas con ocasión a la ejecución de los actos y actividades en materia de Bienes Públicos.
2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Competencias
1. Participar en la formulación de las políticas para la administración, registro y disposición de los Bienes Públicos.
2. Proponer y promover normas legales destinadas al fortalecimiento del Sistema de Bienes Públicos, priorizando la modernización del Estado y los fines sociales que persigue el mismo.
3. Emitir opinión, asesorar y coordinar las actividades de las unidades administrativas competentes del Sector Público, en todo lo conducente al cumplimiento de las políticas y normas en materia de Bienes Públicos, sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la Procuraduría General de la República.
4. Evacuar consultas, interpretar y emitir pronunciamientos institucionales sobre Bienes Públicos, con carácter orientador, sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la Procuraduría General de la República.
5. Dictar las normas e instrucciones técnicas en las materias de su competencia.
6. Establecer, mediante las correspondientes normas técnicas, los procedimientos destinados al registro y disposición de los Bienes Públicos.
7. Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el registro, administración y disposición de Bienes Públicos, en los casos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
8. Remitir al órgano competente del Sistema Nacional de Control Fiscal las comunicaciones y/o expedientes administrativos a que haya lugar, con ocasión del incumplimiento de las normas previstas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
9. Definir los criterios para la racionalización de la construcción, reconstrucción, adaptación, adquisición, identificación, recuento físico, valuación, enajenación, conservación, mantenimiento y aprovechamiento de los inmuebles destinados al funcionamiento de los órganos y entes del Sector Público.
10. Mantener información actualizada acerca de la existencia, valor, ubicación, necesidades y excedentes de los Bienes Públicos y de su estado de conservación y funcionamiento.
11. Acceder a los registros y bases de datos de los órganos y entes que conforman el Sector Público, respecto de los actos de registro, administración y disposición de los Bienes Públicos, con las excepciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, en el marco del Sistema de Bienes Públicos y sin perjuicio de la autonomía de los diferentes niveles políticos territoriales.
12. Mantener relaciones con las dependencias correspondientes de los entes u órganos de los estados, municipios, distritos y distritos metropolitanos, así como de los entes públicos no territoriales, de modo que el registro y disposición de bienes en esas entidades pueda efectuarse en el ámbito del Sistema de Bienes Públicos.
13. Tramitar las denuncias de bienes ocultos o desconocidos, conforme a lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
14. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación o destrucción, de los bienes, mercancías o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme y los que mediante sentencia definitivamente firme o procedimiento de ley, sean puestos a la orden del Tesoro Nacional.
15. Ordenar el remate, venta, donación o destrucción, de los efectos retenidos, embargados o en situación de comiso que estén expuestos a pérdida, deterioro o corrupción, o que sean de difícil administración.
16. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación, permuta o destrucción de mercancías o bienes declaradas legalmente abandonadas o en desuso, con excepción a lo previsto en la norma que rige la materia.
17. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación o destrucción de los bienes propiedad de la República cuya administración le corresponda.
18. Autorizar, previo el cumplimiento de las formalidades presupuestarias de ley, el reintegro de sumas de dinero ingresadas al Tesoro Nacional, derivadas de la disposición de bienes provenientes de retenciones, embargos, incautaciones o comisos, cuando la respectiva medida haya sido declarada sin efecto.
19. Efectuar convenimientos, transacciones o concesión de plazos para el pago de deudas relativas a Bienes Públicos propiedad de la República, previa opinión expresa por parte de la Procuraduría General de la República.
20. Establecer e imponer las sanciones pecuniarias y administrativas a que haya lugar, de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
21. Llevar un registro actualizado de profesionales tasadores de bienes.
22. Emitir opinión en los casos que establezca el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
23. Establecer los lineamientos para el diagnóstico del estado físico, legal y administrativo de los Bienes de los órganos y entes del Sector Público, en el marco de las atribuciones conferidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
24. Crear o eliminar oficinas o dependencias de la Superintendencia de Bienes Públicos en todo el territorio de la República, previa aprobación del ministro o ministra con competencia en materia de finanzas.
25. Las atribuciones que le atribuya el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, y las demás que le asignen las leyes.
Deberes de la Superintendencia de Bienes Públicos
1. Cuantificar y cualificar las necesidades y excedentes inmobiliarios del Sector Público Nacional atendiendo a las características de los inmuebles requeridos y disponibles y a su localización
2. Revisar el catastro de la propiedad inmobiliaria del Sector Público Nacional, para determinar la existencia de inmuebles disponibles o, en su defecto, la necesidad de adquirir o construir otros inmuebles; y,
3. Proponer al órgano o ente interesado, los inmuebles disponibles.
Superintendente o Superintendenta de Bienes Públicos
El Superintendente, o la Superintendenta de Bienes Públicos debe ser venezolano o venezolana, mayor de treinta años, profesional universitario, de reconocida solvencia moral, con experiencia en cargos gerenciales o de responsabilidad en el Sector Público o privado, relacionado con las competencias en la materia de Bienes Públicos.
Inhabilidades
1. Las personas declaradas en quiebra culpable o fraudulenta, en estado de atraso, los administradores o administradoras de la empresa en dicha situación, y los condenados o condenadas por delitos o faltas contra la propiedad, la fe pública, el patrimonio público, dentro de los cinco años siguientes a que se haya cumplido la condena.
2. Haber sido inhabilitado o destituido de cargo público o haber cesado en él por falta grave.
Atribuciones del Superintendente o Superintendenta de Bienes Públicos
1. Ejercer la dirección, actuar como autoridad y ejecutar las competencias atribuidas a la Superintendencia de Bienes Públicos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
2. Dictar los actos administrativos generales o particulares inherentes a las competencias atribuidas a la Superintendencia de Bienes Públicos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
3. Ordenar e instruir a los órganos y entes del Sector Público, la consignación en el lapso legal establecido y en el formato requerido, de los datos, documentos, informes, libros, normas, archivos físicos, digitales, estadísticos y contables, expedientes, tanto de sus oficinas como de sus sucursales, incluyendo sus sistemas de información, equipos de computación y cualesquiera otra base de datos o información que considere, en los términos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
4. Dictar las medidas preventivas que juzgue necesarias en los ámbitos jurídico, técnico y financiero, para el control, supervisión y fiscalización de los bienes públicos, corregir irregularidades o faltas de cualquier índole que advierta en las operaciones de los órganos y entes del Sector Público, establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, debiendo informar previamente al ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas.
5. Evacuar de manera oportuna y adecuada las consultas que formulen los interesados e interesadas en relación con la actividad de la Superintendencia de Bienes Públicos.
6. Iniciar, sustanciar y decidir los respectivos procedimientos administrativos, de inspección y sancionatorios, en los términos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
7. Asistir técnicamente en materia de bienes públicos, a los órganos y entes del Sector Público, a los efectos de dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
8. Planificar, elaborar y ejecutar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Superintendencia de Bienes Públicos, así como establecer los objetivos y proyectos a cumplir en cada ejercicio presupuestario, de conformidad con los lineamientos emanados del Ejecutivo Nacional.
9. Establecer el Régimen de Personal de la Superintendencia de Bienes Públicos, administrar el talento humano y dictar los actos administrativos de carácter general o particular de naturaleza funcionarial de acuerdo al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento. Asimismo, suscribir los actos referidos a la relación de empleo del personal contratado y obrero al servicio de la Superintendencia de Bienes Públicos.
10. Suscribir los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de la Superintendencia de Bienes Públicos y adquirir o enajenar los bienes y servicios requeridos por ésta.
11. Dictar el Reglamento interno de organización y funcionamiento de la Superintendencia de Bienes Públicos y los manuales de normas y procedimientos, así como las demás regulaciones necesarias para el funcionamiento de la misma.
12. Presentar al ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas, el informe de gestión, así como cualquier otra documentación, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Orgánico del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
13. Ejercer la potestad sancionatoria en los casos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
14 Asumir la administración e intervención de los bienes públicos declarados legalmente en abandono, desuso o privados de su destino útil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
15. Someter a la consideración y autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, las solicitudes de Enajenación y desincorporación de Bienes que sean propiedad, o que se encuentren adscritos a los órganos y entes del Sector Público Nacional.
16. Otorgar la opinión favorable o no a las adquisiciones de bienes inmuebles realizadas por los órganos y entes del Sector Público Nacional.
17. Delegar en funcionarios de la Superintendencia de Bienes Públicos, las funciones, atribuciones o firmas que juzgue necesario, de acuerdo con las normas legales vigentes.
18. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas en materia de mercancías declaradas legalmente abandonadas, conforme lo previsto en la norma especial que regula la materia.
19. Establecer los parámetros para el diseño y mantenimiento de los componentes de organización y funcionamiento del Registro de Peritos y el Registro General de Bienes Públicos, conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
20. Suspender a los Peritos Avaluadores certificados por la Superintendencia de Bienes Públicos, infractores del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
21. Establecer las tarifas máximas que cobrarán los peritos avaluadores por la prestación de los servicios ofertados en materia de bienes públicos, a los órganos y entes del Sector Público.
22. Establecer las directrices para el desarrollo de planes, programas y proyectos destinados a la conservación física, al orden legal y administrativo de los Bienes Públicos.
23. Designar al secretario o secretaria con su respectivo suplente, de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos.
24. Las demás que le atribuya el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
Funciones, atribuciones y deberes comunes de los órganos y entes que conforman el Sistema de Bienes Públicos
1. Realizar el diagnóstico de los Bienes Públicos.
2. Requerir información a los particulares que ejerzan o hayan ejercido algún derecho sobre Bienes Públicos.
3. Recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía, relacionadas con el manejo y administración de los Bienes Públicos, debiendo mantener la identidad de los denunciantes y el contenido de la denuncia, protegidos por el principio de reserva.
Régimen presupuestario de la Superintendencia de Bienes Públicos
Estará a cargo del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos la elaboración, administración, ejecución y el control del presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes Públicos.
El presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes Públicos será financiado con los aportes presupuestarios que le asigne el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas, los ingresos propios que se deriven de la administración y disposición de los Bienes Públicos, los recaudados por conceptos de imposición de sanciones administrativas o pecuniarias conforme a lo que establezca el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, así como cualesquiera otros ingresos que obtenga la Superintendencia de Bienes Públicos en uso de sus atribuciones.
Régimen funcionarial
Lo no contemplado en la materia dentro de dichas normas, será regulado por la Ley del Estatuto de la Función Pública y por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, en lo que le sea aplicable.
Del Estatuto Funcionarial Interno
Comisión de Enajenación de Bienes Públicos
Actuación de los particulares ante el órgano jurisdiccional
Capacitación por parte del órgano rector
TÍTULO III
Capítulo I
Sistema de Información
1. Indicación de los bienes, acciones y derechos propiedad del Sector Público, sean éstos del dominio público o privado, con especificación del órgano o ente que ostente la titularidad de la propiedad, asignación o adscripción de los mismos; los derechos patrimoniales incorporales y los bienes georreferenciados de valor artístico e histórico.
2. Forma, fecha y valor de adquisición, en caso de no poseer dicho valor señalar un valor referencial de acuerdo a la fecha de adquisición.
3. Estado de conservación, uso y mantenimiento del bien.
4. Ubicación geográfica y georreferenciada del bien.
5. Responsable patrimonial del mantenimiento, conservación y protección del bien.
6. Valor de mercado actualizado del bien.
7. Cualquier otra información que se estime conveniente para la correcta ubicación y clasificación de los Bienes Públicos.
Dicho sistema se denominará Registro General de Bienes Públicos y deberá estar soportado en medios informáticos. Los requisitos de integración, seguridad y control del sistema de información indicado en el presente artículo, se establecerán mediante Providencia Administrativa emitida por la Superintendencia de Bienes Públicos.
Obligación de registro
Veracidad y Entrega de la información
La Superintendencia de Bienes Públicos establecerá los mecanismos y parámetros para la rendición de la información a que se refiere el presente artículo.
Formación del Catastro Georreferenciado
1. Los títulos por los cuales se enajene, modifique, grave o extinga el dominio, posesión y los demás derechos reales de los bienes inmuebles propiedad del Sector Publico.
2. Los contratos de comodato y de arrendamiento sobre los bienes inmuebles propiedad del Sector Público.
3. Las decisiones de ocupación y sentencias relacionadas con los bienes inmuebles propiedad del Sector Público que dicte la autoridad judicial.
4. Los títulos supletorios y justificativos de perpetua memoria promovidos para acreditar la propiedad, la posesión y el dominio del Sector Público sobre bienes inmuebles.
5. Las sentencias judiciales o de árbitros que produzcan alguno de los efectos mencionados en el numeral 1 del presente artículo.
6. Las decisiones, sentencias u actos que incorporen o desincorporen del dominio público determinados bienes inmuebles propiedad del Sector Público.
Obligación de informar
De igual manera, la Superintendencia de Bienes Públicos deberá mantener la debida coordinación y cooperación en las materias de su competencia con los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control Fiscal, con el órgano del Poder Público Nacional competente en materia de Contabilidad Pública, con el órgano del Poder Ejecutivo con competencia en materia de Control Interno, con los órganos y entes con competencia en materia de patrimonio histórico, artístico y cultural y con los órganos y entes competentes en materia de registros estadísticos y conformación de las Cuentas Nacionales y mantendrán el intercambio necesario con dichos órganos y entes, a los fines de procurar la consistencia de los registros y cifras y adecuado, cabal y oportuno registro y control de los Bienes Públicos y su respectivo valor contable.
Empresas de capital mixto minoritario
Obligación de los particulares e instituciones privadas
Transferencia de bienes
Capítulo II
Incorporación al Patrimonio de la República de los bienes que no tienen dueño
Incorporación al patrimonio de la República de mercancías abandonadas
Incorporación al patrimonio de la República de bienes provenientes de comiso, aprehendidos o embargados
Cuando los bienes, mercancías o efectos retenidos, aprehendidos o embargados estén conformados por productos perecederos o expuestos a deterioro o descomposición, la Superintendencia de Bienes Públicos, mediante Providencia Administrativa, podrá de manera excepcional cuando sea indispensable para la conservación del bien, autorizar su uso o disposición antes de dictarse sentencia en el asunto, sin que sea necesaria la autorización previa por parte de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos.
Se exceptúa de la aplicación de este artículo, los bienes, mercancías o efectos, que sean objeto de comiso, mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme, cuyo procedimiento está previsto en las leyes especiales que regulan la materia.
Construcción de bienes
Capítulo III
Propiedad y adscripción de bienes
Responsables de bienes
Quedan a salvo las responsabilidades del usuario final del Bien Público de que se trate, conforme al correcto uso que se haga del bien.
Posesión de bienes
Facultad de la República para retener los bienes que posea
Capítulo IV
Normativa aplicable a la adquisición de bienes inmuebles
Titularidad de los bienes
Modalidades de adquisición
Deber de información
Sin menoscabo de su autonomía constitucional, los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos y entes públicos no territoriales, estarán obligados a informar a la Superintendencia de Bienes Públicos, sobre la adquisición, construcción, reconstrucción o adaptación de los bienes inmuebles de su propiedad.
Visto bueno
Obligatoriedad de avalúos
En todo caso, la adquisición de bienes inmuebles deberá contar con la aprobación escrita de la máxima autoridad del órgano o ente adquirente, con indicación expresa y detallada de los términos y condiciones bajo los cuales se adquiere el bien.
Revisión de avalúos
Designación de Peritos
1. Valuar los bienes inmuebles objeto de la operación;
2. Verificar los cánones de arrendamiento que los órganos y entes del Sector Público deban cobrar cuando tengan el carácter de arrendadores, o pagar cuando tengan el carácter de arrendatarios; y
3. Realizar los justiprecios que fueren necesarios.
Acreditación de Peritos
Presentación de necesidades Inmobiliarias
Sin menoscabo de su autonomía, los órganos y entes del Sector Público distintos del Sector Público Nacional, también participará a la Superintendencia de Bienes Públicos sus necesidades inmobiliarias.
Capítulo V
Plazos
Autorización de la Procuraduría General de la República
Bienes que pueden ser arrendados
Atribuciones de la Superintendencia de Bienes Públicos
Obligatoriedad de avalúos
Comodato de bienes
1. Que el comodatario sea un órgano o ente del Sector Público.
2. Que el bien sea destinado al desarrollo de un programa de interés público.
En ambos casos, el comodato no podrá exceder de quince (15) años, debiendo prever el respectivo contrato de comodato causales de rescisión anticipada, fundadas en el incumplimiento de las obligaciones del comodatario o en razones de interés público, sin perjuicio de la figura de la incorporación prevista en el artículo 124 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.
Capítulo VI
Normativa Aplicable para la concesión de Bienes Públicos
Derechos que otorgan las concesiones
Atribuciones de la Superintendencia de Bienes Públicos
1. Velar porque se inscriban en los registros de bienes de las Unidades Administrativas y en el Registro General de Bienes Públicos, los documentos en que conste el derecho de reversión y vigilar que se efectúe ante el registro inmobiliario correspondiente, la inscripción de dicho derecho, haciéndose las notas marginales necesarias.
2. Coordinar con el ente u órgano que corresponda, la imposición de gravámenes sobre los bienes inmuebles destinados o afectos a los fines de la concesión. En este caso los interesados deberán otorgar fianza a favor del ente u órgano respectivo por una cantidad igual a la del valor del bien, a fin de garantizar el derecho de reversión.
Derecho preferente
Capítulo VII
Normativa aplicable para la conservación y mantenimiento
Gastos de conservación, mantenimiento y protección
Mantenimiento preventivo, correctivo y sistemático
Las Unidades Administrativas de los distintos órganos o entes del Sector Público, en su carácter de responsables por la administración de sus bienes y de los que tengan en custodia, adoptarán las medidas pertinentes a los efectos de que se incluyan en el proyecto de la Ley de Presupuesto correspondiente a cada ejercicio, los créditos necesarios para su mantenimiento y conservación.
Deber de utilidad
Obligación de registro y control
Los funcionarios públicos que tengan competencia en la conservación, mantenimiento y protección de Bienes Públicos, deberán llevar un sistema de registro que evidencie la cronología de los trabajos de mantenimiento y/o reparaciones dados a los bienes, especificando el detalle de los materiales utilizados y costos de los mismos.
Facultades de inspección
Capítulo VIII
Obligación de enajenar
Excepciones
Pérdida, deterioro u obsolescencia de bienes
Modalidades para la enajenación de bienes
1. Venta;
2. Permuta;
3. Dación en pago;
4. Aporte del bien al capital social de sociedades mercantiles del Estado;
5. Donación;
6. Mediante otros tipos de operaciones legalmente permitidas.
La enajenación de Bienes Públicos deberá realizarse conforme a las normas y procedimientos que establezca el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, su Reglamento y las disposiciones que a tal efecto dicte la Superintendencia de Bienes Públicos.
De los Peritos
Fijación del precio para los bienes propiedad del Sector Público Nacional
Venta y Permuta de bienes
Procedimiento para la enajenación de bienes bajo la modalidad de venta o permuta
1. Las características del bien;
2. El precio base fijado para la enajenación del mismo;
3. Las condiciones establecidas para su enajenación y el plazo para la recepción de las ofertas.
Una de dichas publicaciones podrá ser sustituida por una publicación en un medio digital, a tenor de lo dispuesto en la ley que regula la materia sobre mensajes de datos y firmas electrónicas.
Si no se recibieren un mínimo de dos (02) ofertas dentro del plazo que se hubiere señalado, o las mismas no fueren válidas o satisfactorias a juicio del Comité de Licitaciones, podrá procederse a la publicación de un segundo aviso conforme a lo antes indicado.
Los bienes se adjudicarán en propiedad a quien formule, a juicio del Comité de Licitación del órgano o ente la oferta más ventajosa, previo cumplimiento de las condiciones establecidas en los respectivos pliegos licitatorios.
Si en las oportunidades fijadas en el presente artículo no se recibieran ofertas en tiempo hábil o éstas no fueren satisfactorias, el Comité de licitaciones podrá autorizar la enajenación del bien por un precio distinto al ya fijado, de debiéndose iniciar un nuevo proceso licitatorio.
Prohibiciones
Adjudicación directa de bienes
1. La venta o permuta de bienes cuyo adquiriente sea otro órgano o ente del Sector Público.
2. La venta de bienes cuyos adquirientes sean los trabajadores del órgano o ente enajenante, siempre que la enajenación de dichos bienes se realice mediante concurso en igualdad de condiciones entre todos los interesados.
3. Las relativas a la venta o permuta de bienes en producción, cuando el proceso licitatorio pudiere afectar el proceso productivo del bien.
4. La venta o permuta de bienes de cualquier tipo cuando mediante un proceso amplio de oferta pública, se determine la existencia de un solo oferente.
5. La venta o permuta de derechos litigiosos.
En cualquier caso la adjudicación directa de bienes públicos deberá contar con la autorización expresa de la máxima autoridad del respectivo órgano o ente.
De la autorización para la enajenación de bienes
Cuando los bienes a enajenar fueren acciones u otros títulos valor, no serán necesarias las autorizaciones a que se refiere la Ley en materia de mercados de valores.
Obligación de notificación
TÍTULO IV
Capítulo I
Derechos en Sociedades Mercantiles
Órgano de custodia de los Títulos
Autorización requerida para enajenación de títulos representativos de capital propiedad de la República
Cuando los títulos objeto de venta se coticen en Bolsa, su enajenación se hará de conformidad con las reglas de la respectiva institución bursátil.
Los títulos que no se coticen en Bolsa, se enajenarán mediante subasta pública, a menos que el Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro con competencia en materia de Finanzas, acuerde su adjudicación directa.
Capítulo II
Adquisición de los derechos de propiedad intelectual o industrial
Órgano Competente
Enajenación de los derechos de propiedad intelectual o industrial de la República
Utilización de propiedades incorporales de dominio público
TÍTULO V
Capítulo I
De las responsabilidades
Ministerio Público
Particulares
Acciones penales y civiles
Capítulo II
Imposición de sanciones
1. La naturaleza del acto u omisión.
2. La intencionalidad con la que fue cometido el hecho o la omisión.
3. La gravedad del perjuicio causado al patrimonio público o a las personas.
4. La ganancia o provecho ilegalmente obtenidos como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos del hecho.
5. La reparación del daño por iniciativa de quien cometió el mismo.
6. La reincidencia.
Explotación, uso o aprovechamiento indebido de Bienes Públicos en beneficio propio o de terceros
Faltas graves
1. Quienes realicen procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos, en contravención a lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
2. Quienes habiendo sido autorizados por la Superintendencia de Bienes Públicos para efectuar procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos, incumplan las normas dispuestas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento y las normas e instrucciones dictadas para ello por la Superintendencia de Bienes Públicos.
3. Quienes habiendo sido autorizados por la Superintendencia de Bienes Públicos para efectuar procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos, nieguen injustificadamente la participación de algún interesado.
4. Quienes incumplan el deber de suministrar a la Superintendencia de Bienes Públicos la información requerida de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.
5. Quienes a requerimiento de la Superintendencia de Bienes Públicos o en cumplimiento de las normas dispuestas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, suministren o divulguen información falsa.
6. Cuando no informaren oportunamente de la comisión de hechos considerados como delitos, faltas, ilícitos o irregularidades administrativas, cometidas con ocasión a la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los Bienes Públicos.
Responsables Patrimoniales
1. Cuando no advirtieren oportunamente sobre la insuficiencia de los créditos presupuestarios destinados al mantenimiento, conservación y protección de los bienes a su cargo.
2. Cuando incurrieren en acción u omisión que tenga como resultado la falta de adecuado mantenimiento y conservación del bien.
3. Cuando no advirtieren el carácter antieconómico del mantenimiento o reparación del bien.
Incumplimiento de obligaciones contractuales
Los responsables serán sancionados con multa de Un mil Unidades Tributarias (1.000 U.T.) y la Superintendencia de Bienes Públicos declarará la inhabilitación de éstos para participar en nuevos procesos de Oferta Pública que tengan por objeto la disposición de Bienes Públicos, por los siguientes lapsos:
1. De cuatro a cinco años cuando incurran en prácticas de corrupción.
2. De tres a cuatro años, cuando suministren información falsa, actúen dolosamente, de mala fe o empleen otras prácticas fraudulentas.
3. De dos a tres años cuando retiren ofertas durante su vigencia, o siendo beneficiarios de la adjudicación no suscriban el contrato o no constituyan las fianzas a que hubiere lugar dentro del plazo establecido en los pliegos de condiciones.
4. De dos a tres años cuando ejerzan recursos manifiestamente temerarios contra los actos o procedimientos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, o les sean resueltos por su incumplimiento contratos celebrados con órganos o entes regidos por la misma.
Responsabilidad de peritos avaluadores
En caso de reincidencia, la Superintendencia de Bienes Públicos excluirá al infractor por un lapso de cinco (5) años del Registro de Peritos a que se refiere el Título III, Capítulo VIII del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
El funcionario público que en el ejercicio de sus funciones como avaluador actúe con impericia, negligencia o mala fe, será responsable por los daños y perjuicios que causare al patrimonio público.
Se entiende por mala fe las siguientes circunstancias:
1. Alterar u omitir hechos esenciales del peritaje.
2. Obstaculizar el desarrollo del peritaje.
3. Que el avaluó sea elaborado en distorsión a su precio real del mercado.
TÍTULO VI
Del inicio del procedimiento
En el segundo caso, el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos ordenará el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio y notificará a los órganos y entes, así como a los particulares cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos pudieren resultar afectados, concediéndoles un lapso de diez días hábiles para que presenten sus alegatos y argumentos.
Inicio a instancia de parte interesada
1. Fecha expresando el lugar, día, mes y año.
2. Escrito dirigido a el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos.
3. La identificación de la persona y su representante legal, de ser el caso, con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de cédula de identidad o pasaporte.
4. En caso de tratarse de órganos y entes públicos o persona jurídica de derecho privado, deberá constar el número de Registro de Información Fiscal, y la identificación de su representante legal.
5. La dirección del lugar en donde se harán las notificaciones pertinentes.
6. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando la materia objeto de la solicitud.
7. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso.
8. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias.
9. La firma de los interesados.
Remisión de expediente administrativo de las Unidades de administración y custodia de los Bienes Públicos
Asimismo, deberán incorporar al expediente aquellos documentos que tengan en su poder, relacionados directa o indirectamente, con la presunta comisión de hechos considerados como delitos, faltas o irregularidades administrativas, cometidos con ocasión a la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los bienes públicos.
A tal efecto deberán remitir el expediente administrativo a la Superintendencia de Bienes Públicos, dentro de los treinta días hábiles siguientes, a la presunta comisión del hecho, a fin de dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio.
De los errores u omisiones
Admisión de la Solicitud
Del expediente
De la notificación
De la notificación en Prensa
Lapso Probatorio
Dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de los escritos de pruebas, las partes podrán expresar si convienen en algún hecho u oponerse a las pruebas que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes.
Vencido el lapso, dentro de los tres días hábiles siguientes, el funcionario instructor del expediente, admitirá las pruebas que no sean manifiestamente ilegales o impertinentes y ordenará evacuar los medios que lo requieran, para lo cual se dispondrá de diez días hábiles siguientes, prorrogables a instancia de parte por diez días hábiles siguientes.
Acumulación de expedientes
Acceso al expediente
Pronunciamiento
El pronunciamiento de la unidad administrativa correspondiente, deberá ser remitido con el expediente administrativo al Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, a los fines de que decida a través de Providencia Administrativa debidamente motivada, estableciendo en un lapso de veinte días hábiles siguientes, las sanciones a que hubiere lugar.
Notificación de la Decisión
En caso de que el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, establezca una sanción de multa, la persona, órgano o ente infractor deberá dentro de quince días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de notificación, realizar el pago de la multa en las cuentas de la Superintendencia de Bienes Públicos y consignará el recibo de pago dentro de los tres días hábiles siguientes, ante la misma.
Recurso de Reconsideración
En el escrito, el recurrente deberá concretar las razones de hecho o de derecho en que fundamenta su pretensión, conjuntamente con la documentación que estime pertinente.
Inadmisibilidad del Recurso de Reconsideración
Suspensión de efectos
Cálculo de la multa
Para el cálculo de las sanciones comprendidas entre un mínimo y un máximo, se entenderá que lo normalmente aplicable es la mitad de la suma de ambos extremos, pero podrá reducirse hasta el límite inferior o aumentarse hasta el superior, según el mérito de las circunstancias atenuantes o agravantes en atención a la gravedad de la infracción y a los principios de proporcionalidad y adecuación con el supuesto de hecho y los fines de la norma. Cuando en un mismo caso, aparezcan circunstancias atenuantes como agravantes, deberán compensarse unas con otras.
Circunstancias atenuantes
1. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción se haya cometido sin intencionalidad por parte de quien lo cometió.
2. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción no haya causado grave perjuicio al patrimonio público o a las personas.
3. La reparación del daño por iniciativa de quien cometió el mismo.
Circunstancias agravantes
1. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción se haya cometido intencionalmente.
2. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción haya causado grave perjuicio al patrimonio público o a las personas.
3. Que el hecho o la omisión constitutivo de la infracción haya producido ganancias o provecho para quien lo cometió o para sus cómplices si los hubiere.
4. La reincidencia.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Se derogan los artículos contenidos en el Título I de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 1.660 Extraordinario, de fecha 21 de junio de 1974; la Ley Orgánica que regula la Enajenación de Bienes del Sector Público no Afectos a las Industrias Básicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.951 Extraordinario, de fecha 07 de enero de 1987 y su Reglamento, dictado mediante Decreto N° 78 de fecha 20 de marzo de 1999, Gaceta Oficial N° 36.668 de fecha 24 de marzo de 1999; así como la Ley de Conservación y Mantenimiento de los Bienes Públicos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.756, de fecha 28 de agosto de 2007.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. La Superintendencia de Bienes Públicos reglamentará mediante Providencia Administrativa, los plazos para la adecuación de los inventarios y registros de los bienes públicos de los distintos órganos y entes que conforman el Sector Público, a las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título III del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.
Segunda. Las solicitudes para la enajenación de Bienes Públicos que se encuentren en trámite dentro de la Secretaría Técnica de la Comisión para la Enajenación de Bienes del Sector Público no afectos a las Industrias Básicas, para la entrada en vigencia del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, pasarán a la Superintendencia de Bienes Públicos, así como los expedientes administrativos y el archivo general de los casos tramitados ante dicha Comisión.
DISPOSICIÓN FINAL
Vigencia
Dado en Caracas, a los trece días del mes de noviembre de dos mil catorce. Años 204° de la Independencia, 155° de la Federación y 15° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo de la República, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Decreto Nº 1.407 13 de noviembre de 2014
El Vicepresidente Ejecutivo de la República, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO
La Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO
El Ministro del Poder Popular de Planificación, RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO
El Ministro del Poder Popular para Economía, Finanzas y Banca Pública, RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
El Ministro del Poder Popular para la Defensa, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
La Ministra del Poder Popular para el Comercio, ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA
El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Industrias, JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN
El Ministro del Poder Popular para el Turismo, ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA
El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, JOSÉ LUIS BERROTERÁN NÚÑEZ
El Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ
El Ministro del Poder Popular para la Educación, HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO
La Ministra del Poder Popular para la Salud, NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA
El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS
El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas, HAIMAN EL TROUDI DOUWARA
El Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, GIUSEPPE ÁNGELO CARMELO YOFFREDA YORIO
El Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA
El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ
La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, JACQUELINE COROMOTO FARÍA PINEDA
El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO
El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS
El Ministro del Poder Popular para la Cultura, REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ
El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS
La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ
La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR
El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO
La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, MARÍA IRIS VARELA RANGEL
Órganos y entes que conforman el Sector Público
El Vicepresidente Ejecutivo de la República, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, CARLOS ALBERTO OSORIO ZAMBRANO
La Ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO
El Ministro del Poder Popular de Planificación, RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO
El Ministro del Poder Popular para Economía, Finanzas y Banca Pública, RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
El Ministro del Poder Popular para la Defensa, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
La Ministra del Poder Popular para el Comercio, ISABEL CRISTINA DELGADO ARRIA
El Encargado del Ministerio del Poder Popular para Industrias, JOSÉ DAVID CABELLO RONDÓN
El Ministro del Poder Popular para el Turismo, ANDRÉS GUILLERMO IZARRA GARCÍA
El Ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, JOSÉ LUIS BERROTERÁN NÚÑEZ
El Ministro del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MELÉNDEZ
El Ministro del Poder Popular para la Educación, HÉCTOR VICENTE RODRÍGUEZ CASTRO
La Ministra del Poder Popular para la Salud, NANCY EVARISTA PÉREZ SIERRA
El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, JESÚS RAFAEL MARTÍNEZ BARRIOS
El Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras Públicas, HAIMAN EL TROUDI DOUWARA
El Ministro del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, GIUSEPPE ÁNGELO CARMELO YOFFREDA YORIO
El Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA
El Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, ASDRÚBAL JOSÉ CHÁVEZ JIMÉNEZ
La Ministra del Poder Popular para la Comunicación y la Información, JACQUELINE COROMOTO FARÍA PINEDA
El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, ELÍAS JOSÉ JAUA MILANO
El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, YVÁN JOSÉ BELLO ROJAS
El Ministro del Poder Popular para la Cultura, REINALDO ANTONIO ITURRIZA LÓPEZ
El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, ANTONIO ENRIQUE ÁLVAREZ CISNEROS
La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ
La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, ANDREÍNA TARAZÓN BOLÍVAR
El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, JESSE ALONSO CHACÓN ESCAMILLO
La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, MARÍA IRIS VARELA RANGEL
☞Visualiza la versión original publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
El servicio de envío de los archivos de las Publicaciones Oficiales (Gaceta Oficial de la República, Gaceta Judicial, Gaceta Legislativa y Gaceta Electoral), está reservado exclusivamente a los Mecenas de Pandectas Digital, quienes gracias a su contribución, permiten que la visualización y consulta que estás haciendo de este documento sea de acceso público, libre y totalmente gratuita.
Te invitamos a que te conviertas tú también en Mecenas de este proyecto, y así podrás recibir en tu correo los archivos de las Publicaciones Oficiales que vayamos incorporando a nuestra compilación.
Visítanos en www.patreon.com/pandectasdigital para obtener toda la información sobre ésta y otras de las ventajas de convertirte en Mecenas.
Te invitamos a que te conviertas tú también en Mecenas de este proyecto, y así podrás recibir en tu correo los archivos de las Publicaciones Oficiales que vayamos incorporando a nuestra compilación.
Visítanos en www.patreon.com/pandectasdigital para obtener toda la información sobre ésta y otras de las ventajas de convertirte en Mecenas.
![Normas que Establecen la Clasificación de los Espacios o Establecimientos de Salud de la Red de Atención Integral del Sistema Público Nacional de Salud <span face=""b612" , sans-serif"><span style="color: black; font-weight: normal;"><i>[</i></span><span style="color: #04ff00;"><b><i>Vigente</i></b></span><span style="color: black; font-weight: normal;"><i>]</i></span></span>](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhheiI5-4ZDcs-xemgnDnjmxQKHLmpdBcMvCj8LTmLK81Dr-ENvslBYlwISZf3awO74Fxp4ZO76wYiu0p8PxKeyNfZBxu5iS0iPt_GWhim7yfn7lNdvL9KeJoaIO4laDTMAyK4xg3kO0Vc/w100/MPPS_opt4x4.jpg)
![Código Orgánico Tributario <span face=""b612" , sans-serif"><span style="color: black; font-weight: normal;"><i>[</i></span><span style="color: #04ff00;"><b><i>Vigente</i></b></span><span style="color: black; font-weight: normal;"><i>]</i></span></span>](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhm2wrYpAyvnOmkY7Y7qU5DdgcZ8Ilaqsh07Rwa2Fl6mSnnh66f-EVVbwt-NTDOlkJaQNm5oGRb_LCggDoxvLB2-_JxB8OIuQop9fjS3cY16hq9uQDiytwT4Inivxz3HAknYZcLMI56wws/w100/ANC_opt4x4.jpg)
![Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial <span face=""b612" , sans-serif"><span style="color: black; font-weight: normal;"><i>[</i></span><span style="color: #04ff00;"><b><i>Vigente</i></b></span><span style="color: black; font-weight: normal;"><i>]</i></span></span>](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsBK4q93bBA7A-xxLjoSiwG9CGWwiG8VtwzlRvdKLaIK1Qq28WD2BkyZVNKe241zLniUqAS9eByWuFtXthM6JWc96RSocXgeYLJjKKPW__ZuR1EzE776N3BJeGKmm7smSiIJevSxwf1sU/w100/Escudo+Nacional_opt4x4.jpg)
![](https://www.pinterest.com/pin/create/button/?url=https://pandectasdigital.blogspot.com/2016/06/decreto-con-rango-valor-y-fuerza-de-ley.html&media=https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsBK4q93bBA7A-xxLjoSiwG9CGWwiG8VtwzlRvdKLaIK1Qq28WD2BkyZVNKe241zLniUqAS9eByWuFtXthM6JWc96RSocXgeYLJjKKPW__ZuR1EzE776N3BJeGKmm7smSiIJevSxwf1sU/s1600/Escudo+Nacional_opt4x4.jpg&description=Ley Orgánica de Bienes Públicos <span face=""b612" , sans-serif"><span style="color: black; font-weight: normal;"><i>[</i></span><span style="color: #04ff00;"><b><i>Vigente</i></b></span><span style="color: black; font-weight: normal;"><i>]</i></span></span>){kind=link}