Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.747 Extraordinario de fecha 22 de mayo de 2023.
☑ Vigente ☞ FICHA TÉCNICA
LA ASAMBLEA NACIONALDE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Decreta
la siguiente,
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS, DERECHOS E INTERESES DE LA REPÚBLICA Y SUS ENTIDADES EN EL EXTRANJERO
CAPÍTULO IDISPOSICIONES GENERALES
ObjetoArtículo 1°. Esta Ley tiene por objeto proteger los activos, derechos e intereses en el extranjero, pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela y sus entidades, frente a cualquier actuación o acto jurídico celebrado o ejecutado por personas o entidades que se atribuyan o pretendan atribuirse ilegítimamente su representación, en virtud de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas de carácter punitivo o restrictivo impuestas contra el país, así como, con ocasión de actos jurídicos no imputables a la República o sus entidades, por la ausencia de la capacidad jurídica conforme al derecho venezolano de quienes los celebren o ejecuten.
FinalidadArtículo 2°. Esta Ley tiene por finalidad:
1. Proteger el patrimonio del pueblo venezolano frente a cualquier intento o acción de expolio, protagonizado desde el extranjero, con o sin la participación de personas o entidades venezolanas.
2. Generar certeza jurídica a quienes detentan derechos que comportan obligaciones a cargo de la República o sus entidades, contra actuaciones fraudulentas celebradas al amparo de actos emitidos o administrados por poderes públicos extranjeros destinados al desconocimiento del poder público venezolano o sus entidades.
3. Garantizar el desarrollo armónico de la economía nacional, con el objeto de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica y tecnológica del país.
4. Proteger los derechos humanos del pueblo venezolano frente a las consecuencias negativas de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, ilegal e ilegítimamente adoptadas contra el país, en violación del derecho internacional.
Ámbito de aplicaciónArtículo 3°. Las disposiciones de esta Ley son aplicables en relación con los activos, derechos e intereses en el extranjero que pertenezcan a la República Bolivariana de Venezuela o sus entidades, independientemente del lugar donde se encuentren ubicados y del nivel de participación accionaria de la República o sus entidades en ellos.
También son aplicables las disposiciones de esta Ley a los activos, derechos e intereses de la República Bolivariana de Venezuela y sus entidades, ubicados en el territorio nacional, que pudieran resultar o resultaren afectados por actuaciones o actos jurídicos celebrados o ejecutados en el extranjero al amparo de medidas coercitivas unilaterales, sobrecumplimiento u otras medidas de carácter punitivo o restrictivo impuestas contra el país, o por actos jurídicos no imputables a la República o sus entidades, por ausencia de la capacidad jurídica conforme al derecho venezolano de quienes los celebren o ejecuten.
Interés general y orden públicoArtículo 4°. La extinción del dominio sobre los bienes y efectos patrimoniales relacionados o derivados de actividades ilícitas es materia de interés general.
Las disposiciones de esta Ley son de orden público.
Principio de interpretaciónArtículo 5°. En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se adoptará la que más favorezca la protección del patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela y sus entidades ubicados en el extranjero.
CAPÍTULO IIMEDIDAS DE PROTECCIÓN
Desconocimiento de actos jurídicosArtículo 6°. Se desconoce de manera absoluta y desde su origen cualquier actuación o acto jurídico celebrado o ejecutado por personas o entidades que se atribuyan o pretendan atribuirse ilegítimamente la representación de la República o sus entidades, al amparo del reconocimiento ilícito o ilegítimo que hicieren entidades, poderes o autoridades extranjeras, de alguna autoridad, potestad, función o capacidad negocial no otorgada conforme al derecho venezolano.
Ninguna autoridad administrativa o judicial venezolana ejecutará u ordenará ejecutar acto jurídico alguno celebrado o ejecutado por las personas o entidades a las que refiere este artículo, debiendo tomar, en cada caso, las medidas administrativas y judiciales necesarias para la protección de los activos, derechos e intereses de la República y sus entidades que pudieran resultar afectados.
Inexistencia e invalidezArtículo 7°. Se declara nula y en consecuencia ineficaz cualquier actuación, negociación, oferta, acuerdo, compromiso o acto de administración, enajenación o disposición en torno a cualquier activo, derecho o interés de la República o sus entidades, por parte de personas que usurpen, pretendan usurpar o se atribuyan la representación de la República o sus entidades, en contravención de lo previsto en la Constitución y la ley.
Las actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación o disposición a que hace referencia este artículo no generan efectos jurídicos ni comprometen patrimonialmente a la República Bolivariana de Venezuela ni a sus entidades.
Nulidad de pleno derechoArtículo 8°. La nulidad, ineficacia e invalidez de las actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación odisposición sobre activos, derechos o intereses de la República o sus entidades a las que hace referencia esta Ley operan de pleno derecho y sin necesidad de pronunciamiento o declaratoria judicial.
Deber de protecciónArtículo 9°. La nulidad, ineficacia e invalidez de las actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de enajenación o disposición sobre activos, derechos o intereses de la República o sus entidades a las que hace referencia esta Ley operan de pleno derecho y sin necesidad de pronunciamiento o declaratoria judicial.
Rol de la Procuraduría General de la RepúblicaArtículo 10. Corresponde a la Procuraduría General de la República ejercer las acciones para defender el patrimonio de la República frente a cualquier actuación, negociación, oferta, acuerdo, compromiso o acto de administración, enajenación o disposición que intente o sea realizado por personas que se atribuyan o pretendan atribuírsela representación de la República, en contravención de lo previsto en la Constitución y la ley.
La Procuraduría General de la República, en su rol de órgano superior de consulta del Ejecutivo Nacional, deberá ejercer el control y supervisión de las consultorías jurídicas y demás unidades a cuyo cargo esté la defensa judicial o la asesoría jurídica de las entidades nacionales, a los fines de garantizar el cumplimiento del objeto de esta Ley.
Registro de sujetos infractoresArtículo 11. El Ejecutivo Nacional creará y administrará un Registro de las personas y entidades, nacionales o extranjeras, que pretendan ejecutar o realicen actos jurídicos en contravención de las disposiciones de esta Ley o contribuyan en los esquemas fraudulentos mediante los cuales se intente su simulación. Dichas personas y entidades no podrán contratar con el Estado venezolano, ni podrá otorgárseles ventaja o beneficio alguno, en el marco de procesos de negociación o reestructuración de acreencias.
Toda persona en ejercicio de funciones públicas o en cumplimiento de actividades que involucren bienes o intereses patrimoniales de la República o sus entidades, está en la obligación de informar al órgano o ente responsable de la administración del Registro, de la existencia de actuaciones, situaciones o hechos que contravengan las disposiciones de esta Ley.
Responsabilidades por usurpación de funcionesArtículo 12. Toda persona que, usurpando o atribuyéndose la representación de la República o sus entidades en contravención de lo previsto en la Constitución y la ley, participe de cualquier modo en actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación odisposición sobre cualquier activo, derecho o interés de la República o sus entidades ubicados en el extranjero o en el territorio nacional, será sancionada penalmente conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.
Los bienes y efectos de personas a que hace referencia este artículo serán objeto del procedimiento de extinción de dominio, de conformidad con la ley que regula la materia.
Responsabilidad por participaciónArtículo 13. Toda persona que participe directa o indirectamente, en actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación o disposición sobre cualquier activo, derecho o interés de la República o sus entidades ubicados en el extranjero, en acuerdo, apoyo o por mandato de personas o entidades que actúen atribuyéndose o pretendiendo atribuirse ilegítimamente la representación de la República o sus entidades, en contravención de lo previsto en la Constitución y la ley, serán sancionados con prisión de quince (15) a veinte (20) años.
En la misma pena incurrirán quienes ejecuten o colaboren en la ejecución de actos mediante los cuales se pretenda el desconocimiento de los Poderes Públicos del Estado venezolano, con fines de simular la celebración o ejecución de actos jurídicos mediante los cuales se afecten o pretendan afectar bienes o intereses de la República o de sus entidades.
Las conductas previstas en este artículo se considerarán como actividades ilícitas de delincuencia organizada y estarán sujetas al procedimiento de extinción de dominio, de conformidad con la ley que regula la materia.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. A los fines de generar plena certeza jurídica, se declaran inexistentes y sin efecto jurídico las figuras fraudulentas utilizadas para usurpar o pretender usurpar la representación de la República o sus entidades.
SEGUNDA. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil veintitrés. Años 213° de la Independencia, 164° de la Federación y 24° de la Revolución Bolivariana.
JORGE RODRÌGUEZ GÒMEZPresidente de la Asamblea Nacional
PEDRO INFANTE APARICIOPrimer Vicepresidente
AMÉRICA PÉREZ DÁVILASegunda Vicepresidenta
ROSALBA GIL PACHECOSecretaria
MARÍA ALEJANDRA HERNÁNDEZSubsecretaria
Promulgación de la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veintitrés. Años 213° de la Independencia, 164° de la Federación y 24° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,(L.S.)NICOLAS MADURO MOROSPresidente de la República Bolivariana de Venezuela
Refrendado
La Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZEl Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVEEl Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, YVÁN EDUARDO GIL PINTOEl Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, REMIGIO CEBALLOS ICHASOEl Ministro del Poder Popular para la Defensa y Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, VLADIMIR PADRINO LÓPEZEl Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura, FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERASLa Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZEl Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZEl Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, ANTONIO JOSÉ MORALES RODRÍGUEZEl Ministro del Poder Popular para el Turismo, ALÍ ERNESTO PADRÓN PAREDESEl Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDOLa Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana, GREICYS DAYAMNI BARRIOS PRADAEl Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, JUAN CARLOS LOYO HERNÁNDEZEl Ministro del Poder Popular para la Alimentación, CARLOS AUGUSTO LEAL TELLERÍAEl Ministro del Poder Popular de Petróleo, PEDRO RAFAEL TELLECHEA RUIZEl Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, WILLIAM MIGUEL SERANTES PINTOEl Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación, RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETOLa Ministra del Poder Popular para la Salud, MAGALY GUTIERREZ VIÑALa Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, CLARA JOSEFINA VIDAL VENTRESCALa Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, DIVA YLAYALY GUZMÁN LEÓ NEl Ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas, RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRESEl Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte y Vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial, MERVIN ENRIQUE MALDONADO URDANETALa Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, CELSA SIRLEY BAUTISTA ONTIVEROSEl Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, FRANCISCO ALEJANDRO TORREALBA OJEDAEl Ministro del Poder Popular para la Cultura, ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAKLa Ministra del Poder Popular para la Educación, YELITZE DE JESUS SANTAELLA HERNÁNDEZLa Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología y Vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, GABRIELA SERVILIA JIMÉNEZ RAMÍREZLa Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, SANDRA OBLITAS RUZZAEl Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, JOSUÉ ALEJANDRO LORCA VEGAEl Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDIEl Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRATEl Ministro del Poder Popular para el Transporte, RAMÓN CELESTINO VELASQUEZ ARAGUAYANEl Ministro del Poder Popular de Obras Públicas, RAÚL ALFONZO PAREDESEl Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES
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Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.747 Extraordinario de fecha 22 de mayo de 2023.
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Decreta
la siguiente,
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS, DERECHOS E INTERESES DE LA REPÚBLICA Y SUS ENTIDADES EN EL EXTRANJERO
CAPÍTULO IDISPOSICIONES GENERALES
ObjetoArtículo 1°. Esta Ley tiene por objeto proteger los activos, derechos e intereses en el extranjero, pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela y sus entidades, frente a cualquier actuación o acto jurídico celebrado o ejecutado por personas o entidades que se atribuyan o pretendan atribuirse ilegítimamente su representación, en virtud de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas de carácter punitivo o restrictivo impuestas contra el país, así como, con ocasión de actos jurídicos no imputables a la República o sus entidades, por la ausencia de la capacidad jurídica conforme al derecho venezolano de quienes los celebren o ejecuten.
FinalidadArtículo 2°. Esta Ley tiene por finalidad:
1. Proteger el patrimonio del pueblo venezolano frente a cualquier intento o acción de expolio, protagonizado desde el extranjero, con o sin la participación de personas o entidades venezolanas.
2. Generar certeza jurídica a quienes detentan derechos que comportan obligaciones a cargo de la República o sus entidades, contra actuaciones fraudulentas celebradas al amparo de actos emitidos o administrados por poderes públicos extranjeros destinados al desconocimiento del poder público venezolano o sus entidades.
3. Garantizar el desarrollo armónico de la economía nacional, con el objeto de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica y tecnológica del país.
4. Proteger los derechos humanos del pueblo venezolano frente a las consecuencias negativas de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, ilegal e ilegítimamente adoptadas contra el país, en violación del derecho internacional.
Ámbito de aplicaciónArtículo 3°. Las disposiciones de esta Ley son aplicables en relación con los activos, derechos e intereses en el extranjero que pertenezcan a la República Bolivariana de Venezuela o sus entidades, independientemente del lugar donde se encuentren ubicados y del nivel de participación accionaria de la República o sus entidades en ellos.
También son aplicables las disposiciones de esta Ley a los activos, derechos e intereses de la República Bolivariana de Venezuela y sus entidades, ubicados en el territorio nacional, que pudieran resultar o resultaren afectados por actuaciones o actos jurídicos celebrados o ejecutados en el extranjero al amparo de medidas coercitivas unilaterales, sobrecumplimiento u otras medidas de carácter punitivo o restrictivo impuestas contra el país, o por actos jurídicos no imputables a la República o sus entidades, por ausencia de la capacidad jurídica conforme al derecho venezolano de quienes los celebren o ejecuten.
Interés general y orden públicoArtículo 4°. La extinción del dominio sobre los bienes y efectos patrimoniales relacionados o derivados de actividades ilícitas es materia de interés general.
Las disposiciones de esta Ley son de orden público.
Principio de interpretaciónArtículo 5°. En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se adoptará la que más favorezca la protección del patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela y sus entidades ubicados en el extranjero.
CAPÍTULO IIMEDIDAS DE PROTECCIÓN
Desconocimiento de actos jurídicosArtículo 6°. Se desconoce de manera absoluta y desde su origen cualquier actuación o acto jurídico celebrado o ejecutado por personas o entidades que se atribuyan o pretendan atribuirse ilegítimamente la representación de la República o sus entidades, al amparo del reconocimiento ilícito o ilegítimo que hicieren entidades, poderes o autoridades extranjeras, de alguna autoridad, potestad, función o capacidad negocial no otorgada conforme al derecho venezolano.
Ninguna autoridad administrativa o judicial venezolana ejecutará u ordenará ejecutar acto jurídico alguno celebrado o ejecutado por las personas o entidades a las que refiere este artículo, debiendo tomar, en cada caso, las medidas administrativas y judiciales necesarias para la protección de los activos, derechos e intereses de la República y sus entidades que pudieran resultar afectados.
Inexistencia e invalidezArtículo 7°. Se declara nula y en consecuencia ineficaz cualquier actuación, negociación, oferta, acuerdo, compromiso o acto de administración, enajenación o disposición en torno a cualquier activo, derecho o interés de la República o sus entidades, por parte de personas que usurpen, pretendan usurpar o se atribuyan la representación de la República o sus entidades, en contravención de lo previsto en la Constitución y la ley.
Las actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación o disposición a que hace referencia este artículo no generan efectos jurídicos ni comprometen patrimonialmente a la República Bolivariana de Venezuela ni a sus entidades.
Nulidad de pleno derechoArtículo 8°. La nulidad, ineficacia e invalidez de las actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación odisposición sobre activos, derechos o intereses de la República o sus entidades a las que hace referencia esta Ley operan de pleno derecho y sin necesidad de pronunciamiento o declaratoria judicial.
Deber de protecciónArtículo 9°. La nulidad, ineficacia e invalidez de las actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de enajenación o disposición sobre activos, derechos o intereses de la República o sus entidades a las que hace referencia esta Ley operan de pleno derecho y sin necesidad de pronunciamiento o declaratoria judicial.
Rol de la Procuraduría General de la RepúblicaArtículo 10. Corresponde a la Procuraduría General de la República ejercer las acciones para defender el patrimonio de la República frente a cualquier actuación, negociación, oferta, acuerdo, compromiso o acto de administración, enajenación o disposición que intente o sea realizado por personas que se atribuyan o pretendan atribuírsela representación de la República, en contravención de lo previsto en la Constitución y la ley.
La Procuraduría General de la República, en su rol de órgano superior de consulta del Ejecutivo Nacional, deberá ejercer el control y supervisión de las consultorías jurídicas y demás unidades a cuyo cargo esté la defensa judicial o la asesoría jurídica de las entidades nacionales, a los fines de garantizar el cumplimiento del objeto de esta Ley.
Registro de sujetos infractoresArtículo 11. El Ejecutivo Nacional creará y administrará un Registro de las personas y entidades, nacionales o extranjeras, que pretendan ejecutar o realicen actos jurídicos en contravención de las disposiciones de esta Ley o contribuyan en los esquemas fraudulentos mediante los cuales se intente su simulación. Dichas personas y entidades no podrán contratar con el Estado venezolano, ni podrá otorgárseles ventaja o beneficio alguno, en el marco de procesos de negociación o reestructuración de acreencias.
Toda persona en ejercicio de funciones públicas o en cumplimiento de actividades que involucren bienes o intereses patrimoniales de la República o sus entidades, está en la obligación de informar al órgano o ente responsable de la administración del Registro, de la existencia de actuaciones, situaciones o hechos que contravengan las disposiciones de esta Ley.
Responsabilidades por usurpación de funcionesArtículo 12. Toda persona que, usurpando o atribuyéndose la representación de la República o sus entidades en contravención de lo previsto en la Constitución y la ley, participe de cualquier modo en actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación odisposición sobre cualquier activo, derecho o interés de la República o sus entidades ubicados en el extranjero o en el territorio nacional, será sancionada penalmente conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.
Los bienes y efectos de personas a que hace referencia este artículo serán objeto del procedimiento de extinción de dominio, de conformidad con la ley que regula la materia.
Responsabilidad por participaciónArtículo 13. Toda persona que participe directa o indirectamente, en actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación o disposición sobre cualquier activo, derecho o interés de la República o sus entidades ubicados en el extranjero, en acuerdo, apoyo o por mandato de personas o entidades que actúen atribuyéndose o pretendiendo atribuirse ilegítimamente la representación de la República o sus entidades, en contravención de lo previsto en la Constitución y la ley, serán sancionados con prisión de quince (15) a veinte (20) años.
En la misma pena incurrirán quienes ejecuten o colaboren en la ejecución de actos mediante los cuales se pretenda el desconocimiento de los Poderes Públicos del Estado venezolano, con fines de simular la celebración o ejecución de actos jurídicos mediante los cuales se afecten o pretendan afectar bienes o intereses de la República o de sus entidades.
Las conductas previstas en este artículo se considerarán como actividades ilícitas de delincuencia organizada y estarán sujetas al procedimiento de extinción de dominio, de conformidad con la ley que regula la materia.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. A los fines de generar plena certeza jurídica, se declaran inexistentes y sin efecto jurídico las figuras fraudulentas utilizadas para usurpar o pretender usurpar la representación de la República o sus entidades.
SEGUNDA. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil veintitrés. Años 213° de la Independencia, 164° de la Federación y 24° de la Revolución Bolivariana.
JORGE RODRÌGUEZ GÒMEZPresidente de la Asamblea Nacional
PEDRO INFANTE APARICIOPrimer Vicepresidente
AMÉRICA PÉREZ DÁVILASegunda Vicepresidenta
ROSALBA GIL PACHECOSecretaria
MARÍA ALEJANDRA HERNÁNDEZSubsecretaria
Promulgación de la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veintitrés. Años 213° de la Independencia, 164° de la Federación y 24° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,(L.S.)NICOLAS MADURO MOROSPresidente de la República Bolivariana de Venezuela
Refrendado
La Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZEl Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVEEl Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, YVÁN EDUARDO GIL PINTOEl Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, REMIGIO CEBALLOS ICHASOEl Ministro del Poder Popular para la Defensa y Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, VLADIMIR PADRINO LÓPEZEl Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura, FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERASLa Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZEl Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZEl Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, ANTONIO JOSÉ MORALES RODRÍGUEZEl Ministro del Poder Popular para el Turismo, ALÍ ERNESTO PADRÓN PAREDESEl Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDOLa Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana, GREICYS DAYAMNI BARRIOS PRADAEl Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, JUAN CARLOS LOYO HERNÁNDEZEl Ministro del Poder Popular para la Alimentación, CARLOS AUGUSTO LEAL TELLERÍAEl Ministro del Poder Popular de Petróleo, PEDRO RAFAEL TELLECHEA RUIZEl Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, WILLIAM MIGUEL SERANTES PINTOEl Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación, RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETOLa Ministra del Poder Popular para la Salud, MAGALY GUTIERREZ VIÑALa Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, CLARA JOSEFINA VIDAL VENTRESCALa Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, DIVA YLAYALY GUZMÁN LEÓ NEl Ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas, RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRESEl Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte y Vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial, MERVIN ENRIQUE MALDONADO URDANETALa Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, CELSA SIRLEY BAUTISTA ONTIVEROSEl Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, FRANCISCO ALEJANDRO TORREALBA OJEDAEl Ministro del Poder Popular para la Cultura, ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAKLa Ministra del Poder Popular para la Educación, YELITZE DE JESUS SANTAELLA HERNÁNDEZLa Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología y Vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, GABRIELA SERVILIA JIMÉNEZ RAMÍREZLa Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, SANDRA OBLITAS RUZZAEl Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, JOSUÉ ALEJANDRO LORCA VEGAEl Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDIEl Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRATEl Ministro del Poder Popular para el Transporte, RAMÓN CELESTINO VELASQUEZ ARAGUAYANEl Ministro del Poder Popular de Obras Públicas, RAÚL ALFONZO PAREDESEl Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES
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LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS, DERECHOS E INTERESES DE LA REPÚBLICA Y SUS ENTIDADES EN EL EXTRANJERO
CAPÍTULO IDISPOSICIONES GENERALES
ObjetoArtículo 1°. Esta Ley tiene por objeto proteger los activos, derechos e intereses en el extranjero, pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela y sus entidades, frente a cualquier actuación o acto jurídico celebrado o ejecutado por personas o entidades que se atribuyan o pretendan atribuirse ilegítimamente su representación, en virtud de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas de carácter punitivo o restrictivo impuestas contra el país, así como, con ocasión de actos jurídicos no imputables a la República o sus entidades, por la ausencia de la capacidad jurídica conforme al derecho venezolano de quienes los celebren o ejecuten.
FinalidadArtículo 2°. Esta Ley tiene por finalidad:
1. Proteger el patrimonio del pueblo venezolano frente a cualquier intento o acción de expolio, protagonizado desde el extranjero, con o sin la participación de personas o entidades venezolanas.
2. Generar certeza jurídica a quienes detentan derechos que comportan obligaciones a cargo de la República o sus entidades, contra actuaciones fraudulentas celebradas al amparo de actos emitidos o administrados por poderes públicos extranjeros destinados al desconocimiento del poder público venezolano o sus entidades.
3. Garantizar el desarrollo armónico de la economía nacional, con el objeto de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica y tecnológica del país.
4. Proteger los derechos humanos del pueblo venezolano frente a las consecuencias negativas de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, ilegal e ilegítimamente adoptadas contra el país, en violación del derecho internacional.
Ámbito de aplicaciónArtículo 3°. Las disposiciones de esta Ley son aplicables en relación con los activos, derechos e intereses en el extranjero que pertenezcan a la República Bolivariana de Venezuela o sus entidades, independientemente del lugar donde se encuentren ubicados y del nivel de participación accionaria de la República o sus entidades en ellos.
También son aplicables las disposiciones de esta Ley a los activos, derechos e intereses de la República Bolivariana de Venezuela y sus entidades, ubicados en el territorio nacional, que pudieran resultar o resultaren afectados por actuaciones o actos jurídicos celebrados o ejecutados en el extranjero al amparo de medidas coercitivas unilaterales, sobrecumplimiento u otras medidas de carácter punitivo o restrictivo impuestas contra el país, o por actos jurídicos no imputables a la República o sus entidades, por ausencia de la capacidad jurídica conforme al derecho venezolano de quienes los celebren o ejecuten.
Interés general y orden públicoArtículo 4°. La extinción del dominio sobre los bienes y efectos patrimoniales relacionados o derivados de actividades ilícitas es materia de interés general.
Las disposiciones de esta Ley son de orden público.
Principio de interpretaciónArtículo 5°. En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se adoptará la que más favorezca la protección del patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela y sus entidades ubicados en el extranjero.
CAPÍTULO IIMEDIDAS DE PROTECCIÓN
Desconocimiento de actos jurídicosArtículo 6°. Se desconoce de manera absoluta y desde su origen cualquier actuación o acto jurídico celebrado o ejecutado por personas o entidades que se atribuyan o pretendan atribuirse ilegítimamente la representación de la República o sus entidades, al amparo del reconocimiento ilícito o ilegítimo que hicieren entidades, poderes o autoridades extranjeras, de alguna autoridad, potestad, función o capacidad negocial no otorgada conforme al derecho venezolano.
Ninguna autoridad administrativa o judicial venezolana ejecutará u ordenará ejecutar acto jurídico alguno celebrado o ejecutado por las personas o entidades a las que refiere este artículo, debiendo tomar, en cada caso, las medidas administrativas y judiciales necesarias para la protección de los activos, derechos e intereses de la República y sus entidades que pudieran resultar afectados.
Inexistencia e invalidezArtículo 7°. Se declara nula y en consecuencia ineficaz cualquier actuación, negociación, oferta, acuerdo, compromiso o acto de administración, enajenación o disposición en torno a cualquier activo, derecho o interés de la República o sus entidades, por parte de personas que usurpen, pretendan usurpar o se atribuyan la representación de la República o sus entidades, en contravención de lo previsto en la Constitución y la ley.
Las actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación o disposición a que hace referencia este artículo no generan efectos jurídicos ni comprometen patrimonialmente a la República Bolivariana de Venezuela ni a sus entidades.
Nulidad de pleno derechoArtículo 8°. La nulidad, ineficacia e invalidez de las actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación odisposición sobre activos, derechos o intereses de la República o sus entidades a las que hace referencia esta Ley operan de pleno derecho y sin necesidad de pronunciamiento o declaratoria judicial.
Deber de protecciónArtículo 9°. La nulidad, ineficacia e invalidez de las actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de enajenación o disposición sobre activos, derechos o intereses de la República o sus entidades a las que hace referencia esta Ley operan de pleno derecho y sin necesidad de pronunciamiento o declaratoria judicial.
Rol de la Procuraduría General de la RepúblicaArtículo 10. Corresponde a la Procuraduría General de la República ejercer las acciones para defender el patrimonio de la República frente a cualquier actuación, negociación, oferta, acuerdo, compromiso o acto de administración, enajenación o disposición que intente o sea realizado por personas que se atribuyan o pretendan atribuírsela representación de la República, en contravención de lo previsto en la Constitución y la ley.
La Procuraduría General de la República, en su rol de órgano superior de consulta del Ejecutivo Nacional, deberá ejercer el control y supervisión de las consultorías jurídicas y demás unidades a cuyo cargo esté la defensa judicial o la asesoría jurídica de las entidades nacionales, a los fines de garantizar el cumplimiento del objeto de esta Ley.
Registro de sujetos infractoresArtículo 11. El Ejecutivo Nacional creará y administrará un Registro de las personas y entidades, nacionales o extranjeras, que pretendan ejecutar o realicen actos jurídicos en contravención de las disposiciones de esta Ley o contribuyan en los esquemas fraudulentos mediante los cuales se intente su simulación. Dichas personas y entidades no podrán contratar con el Estado venezolano, ni podrá otorgárseles ventaja o beneficio alguno, en el marco de procesos de negociación o reestructuración de acreencias.
Toda persona en ejercicio de funciones públicas o en cumplimiento de actividades que involucren bienes o intereses patrimoniales de la República o sus entidades, está en la obligación de informar al órgano o ente responsable de la administración del Registro, de la existencia de actuaciones, situaciones o hechos que contravengan las disposiciones de esta Ley.
Responsabilidades por usurpación de funcionesArtículo 12. Toda persona que, usurpando o atribuyéndose la representación de la República o sus entidades en contravención de lo previsto en la Constitución y la ley, participe de cualquier modo en actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación odisposición sobre cualquier activo, derecho o interés de la República o sus entidades ubicados en el extranjero o en el territorio nacional, será sancionada penalmente conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.
Los bienes y efectos de personas a que hace referencia este artículo serán objeto del procedimiento de extinción de dominio, de conformidad con la ley que regula la materia.
Responsabilidad por participaciónArtículo 13. Toda persona que participe directa o indirectamente, en actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación o disposición sobre cualquier activo, derecho o interés de la República o sus entidades ubicados en el extranjero, en acuerdo, apoyo o por mandato de personas o entidades que actúen atribuyéndose o pretendiendo atribuirse ilegítimamente la representación de la República o sus entidades, en contravención de lo previsto en la Constitución y la ley, serán sancionados con prisión de quince (15) a veinte (20) años.
En la misma pena incurrirán quienes ejecuten o colaboren en la ejecución de actos mediante los cuales se pretenda el desconocimiento de los Poderes Públicos del Estado venezolano, con fines de simular la celebración o ejecución de actos jurídicos mediante los cuales se afecten o pretendan afectar bienes o intereses de la República o de sus entidades.
Las conductas previstas en este artículo se considerarán como actividades ilícitas de delincuencia organizada y estarán sujetas al procedimiento de extinción de dominio, de conformidad con la ley que regula la materia.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. A los fines de generar plena certeza jurídica, se declaran inexistentes y sin efecto jurídico las figuras fraudulentas utilizadas para usurpar o pretender usurpar la representación de la República o sus entidades.
SEGUNDA. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil veintitrés. Años 213° de la Independencia, 164° de la Federación y 24° de la Revolución Bolivariana.
JORGE RODRÌGUEZ GÒMEZPresidente de la Asamblea Nacional
PEDRO INFANTE APARICIOPrimer Vicepresidente
AMÉRICA PÉREZ DÁVILASegunda Vicepresidenta
ROSALBA GIL PACHECOSecretaria
MARÍA ALEJANDRA HERNÁNDEZSubsecretaria
Promulgación de la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veintitrés. Años 213° de la Independencia, 164° de la Federación y 24° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,(L.S.)NICOLAS MADURO MOROSPresidente de la República Bolivariana de Venezuela
Refrendado
La Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZEl Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVEEl Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, YVÁN EDUARDO GIL PINTOEl Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, REMIGIO CEBALLOS ICHASOEl Ministro del Poder Popular para la Defensa y Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, VLADIMIR PADRINO LÓPEZEl Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura, FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERASLa Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZEl Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZEl Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, ANTONIO JOSÉ MORALES RODRÍGUEZEl Ministro del Poder Popular para el Turismo, ALÍ ERNESTO PADRÓN PAREDESEl Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDOLa Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana, GREICYS DAYAMNI BARRIOS PRADAEl Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, JUAN CARLOS LOYO HERNÁNDEZEl Ministro del Poder Popular para la Alimentación, CARLOS AUGUSTO LEAL TELLERÍAEl Ministro del Poder Popular de Petróleo, PEDRO RAFAEL TELLECHEA RUIZEl Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, WILLIAM MIGUEL SERANTES PINTOEl Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación, RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETOLa Ministra del Poder Popular para la Salud, MAGALY GUTIERREZ VIÑALa Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, CLARA JOSEFINA VIDAL VENTRESCALa Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, DIVA YLAYALY GUZMÁN LEÓ NEl Ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas, RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRESEl Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte y Vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial, MERVIN ENRIQUE MALDONADO URDANETALa Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, CELSA SIRLEY BAUTISTA ONTIVEROSEl Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, FRANCISCO ALEJANDRO TORREALBA OJEDAEl Ministro del Poder Popular para la Cultura, ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAKLa Ministra del Poder Popular para la Educación, YELITZE DE JESUS SANTAELLA HERNÁNDEZLa Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología y Vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, GABRIELA SERVILIA JIMÉNEZ RAMÍREZLa Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, SANDRA OBLITAS RUZZAEl Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, JOSUÉ ALEJANDRO LORCA VEGAEl Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDIEl Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRATEl Ministro del Poder Popular para el Transporte, RAMÓN CELESTINO VELASQUEZ ARAGUAYANEl Ministro del Poder Popular de Obras Públicas, RAÚL ALFONZO PAREDESEl Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES
4. Proteger los derechos humanos del pueblo venezolano frente a las consecuencias negativas de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, ilegal e ilegítimamente adoptadas contra el país, en violación del derecho internacional.
Ámbito de aplicación
Artículo 3°. Las disposiciones de esta Ley son aplicables en relación con los activos, derechos e intereses en el extranjero que pertenezcan a la República Bolivariana de Venezuela o sus entidades, independientemente del lugar donde se encuentren ubicados y del nivel de participación accionaria de la República o sus entidades en ellos.
También son aplicables las disposiciones de esta Ley a los activos, derechos e intereses de la República Bolivariana de Venezuela y sus entidades, ubicados en el territorio nacional, que pudieran resultar o resultaren afectados por actuaciones o actos jurídicos celebrados o ejecutados en el extranjero al amparo de medidas coercitivas unilaterales, sobrecumplimiento u otras medidas de carácter punitivo o restrictivo impuestas contra el país, o por actos jurídicos no imputables a la República o sus entidades, por ausencia de la capacidad jurídica conforme al derecho venezolano de quienes los celebren o ejecuten.
Interés general y orden público
Artículo 4°. La extinción del dominio sobre los bienes y efectos patrimoniales relacionados o derivados de actividades ilícitas es materia de interés general.
Las disposiciones de esta Ley son de orden público.
Principio de interpretación
Artículo 5°. En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se adoptará la que más favorezca la protección del patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela y sus entidades ubicados en el extranjero.
CAPÍTULO II
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Desconocimiento de actos jurídicos
Artículo 6°. Se desconoce de manera absoluta y desde su origen cualquier actuación o acto jurídico celebrado o ejecutado por personas o entidades que se atribuyan o pretendan atribuirse ilegítimamente la representación de la República o sus entidades, al amparo del reconocimiento ilícito o ilegítimo que hicieren entidades, poderes o autoridades extranjeras, de alguna autoridad, potestad, función o capacidad negocial no otorgada conforme al derecho venezolano.
Ninguna autoridad administrativa o judicial venezolana ejecutará u ordenará ejecutar acto jurídico alguno celebrado o ejecutado por las personas o entidades a las que refiere este artículo, debiendo tomar, en cada caso, las medidas administrativas y judiciales necesarias para la protección de los activos, derechos e intereses de la República y sus entidades que pudieran resultar afectados.
Inexistencia e invalidez
Artículo 7°. Se declara nula y en consecuencia ineficaz cualquier actuación, negociación, oferta, acuerdo, compromiso o acto de administración, enajenación o disposición en torno a cualquier activo, derecho o interés de la República o sus entidades, por parte de personas que usurpen, pretendan usurpar o se atribuyan la representación de la República o sus entidades, en contravención de lo previsto en la Constitución y la ley.
Las actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación o disposición a que hace referencia este artículo no generan efectos jurídicos ni comprometen patrimonialmente a la República Bolivariana de Venezuela ni a sus entidades.
Nulidad de pleno derecho
Artículo 8°. La nulidad, ineficacia e invalidez de las actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación o
disposición sobre activos, derechos o intereses de la República o sus entidades a las que hace referencia esta Ley operan de pleno derecho y sin necesidad de pronunciamiento o declaratoria judicial.
Deber de protección
Artículo 9°. La nulidad, ineficacia e invalidez de las actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de enajenación o disposición sobre activos, derechos o intereses de la República o sus entidades a las que hace referencia esta Ley operan de pleno derecho y sin necesidad de pronunciamiento o declaratoria judicial.
Rol de la Procuraduría General de la República
Artículo 10. Corresponde a la Procuraduría General de la República ejercer las acciones para defender el patrimonio de la República frente a cualquier actuación, negociación, oferta, acuerdo, compromiso o acto de administración, enajenación o disposición que intente o sea realizado por personas que se atribuyan o pretendan atribuírsela representación de la República, en contravención de lo previsto en la Constitución y la ley.
La Procuraduría General de la República, en su rol de órgano superior de consulta del Ejecutivo Nacional, deberá ejercer el control y supervisión de las consultorías jurídicas y demás unidades a cuyo cargo esté la defensa judicial o la asesoría jurídica de las entidades nacionales, a los fines de garantizar el cumplimiento del objeto de esta Ley.
Registro de sujetos infractores
Artículo 11. El Ejecutivo Nacional creará y administrará un Registro de las personas y entidades, nacionales o extranjeras, que pretendan ejecutar o realicen actos jurídicos en contravención de las disposiciones de esta Ley o contribuyan en los esquemas fraudulentos mediante los cuales se intente su simulación. Dichas personas y entidades no podrán contratar con el Estado venezolano, ni podrá otorgárseles ventaja o beneficio alguno, en el marco de procesos de negociación o reestructuración de acreencias.
Toda persona en ejercicio de funciones públicas o en cumplimiento de actividades que involucren bienes o intereses patrimoniales de la República o sus entidades, está en la obligación de informar al órgano o ente responsable de la administración del Registro, de la existencia de actuaciones, situaciones o hechos que contravengan las disposiciones de esta Ley.
Responsabilidades por usurpación de funciones
Artículo 12. Toda persona que, usurpando o atribuyéndose la representación de la República o sus entidades en contravención de lo previsto en la Constitución y la ley, participe de cualquier modo en actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación o
disposición sobre cualquier activo, derecho o interés de la República o sus entidades ubicados en el extranjero o en el territorio nacional, será sancionada penalmente conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.
Los bienes y efectos de personas a que hace referencia este artículo serán objeto del procedimiento de extinción de dominio, de conformidad con la ley que regula la materia.
Responsabilidad por participación
Artículo 13. Toda persona que participe directa o indirectamente, en actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación o disposición sobre cualquier activo, derecho o interés de la República o sus entidades ubicados en el extranjero, en acuerdo, apoyo o por mandato de personas o entidades que actúen atribuyéndose o pretendiendo atribuirse ilegítimamente la representación de la República o sus entidades, en contravención de lo previsto en la Constitución y la ley, serán sancionados con prisión de quince (15) a veinte (20) años.
En la misma pena incurrirán quienes ejecuten o colaboren en la ejecución de actos mediante los cuales se pretenda el desconocimiento de los Poderes Públicos del Estado venezolano, con fines de simular la celebración o ejecución de actos jurídicos mediante los cuales se afecten o pretendan afectar bienes o intereses de la República o de sus entidades.
Las conductas previstas en este artículo se considerarán como actividades ilícitas de delincuencia organizada y estarán sujetas al procedimiento de extinción de dominio, de conformidad con la ley que regula la materia.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. A los fines de generar plena certeza jurídica, se declaran inexistentes y sin efecto jurídico las figuras fraudulentas utilizadas para usurpar o pretender usurpar la representación de la República o sus entidades.
SEGUNDA. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil veintitrés. Años 213° de la Independencia, 164° de la Federación y 24° de la Revolución Bolivariana.
JORGE RODRÌGUEZ GÒMEZ
Presidente de la Asamblea Nacional
PEDRO INFANTE APARICIO
Primer Vicepresidente
AMÉRICA PÉREZ DÁVILA
Segunda Vicepresidenta
ROSALBA GIL PACHECO
Secretaria
MARÍA ALEJANDRA HERNÁNDEZ
Subsecretaria
Promulgación de la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veintitrés. Años 213° de la Independencia, 164° de la Federación y 24° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
(L.S.)
NICOLAS MADURO MOROS
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Refrendado
La Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
El Ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, YVÁN EDUARDO GIL PINTO
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, REMIGIO CEBALLOS ICHASO
El Ministro del Poder Popular para la Defensa y Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, VLADIMIR PADRINO LÓPEZ
El Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información y Vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura, FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS
La Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ
El Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ
El Ministro del Poder Popular de Comercio Nacional, ANTONIO JOSÉ MORALES RODRÍGUEZ
El Ministro del Poder Popular para el Turismo, ALÍ ERNESTO PADRÓN PAREDES
El Ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO
La Ministra del Poder Popular de Agricultura Urbana, GREICYS DAYAMNI BARRIOS PRADA
El Ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, JUAN CARLOS LOYO HERNÁNDEZ
El Ministro del Poder Popular para la Alimentación, CARLOS AUGUSTO LEAL TELLERÍA
El Ministro del Poder Popular de Petróleo, PEDRO RAFAEL TELLECHEA RUIZ
El Ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, WILLIAM MIGUEL SERANTES PINTO
El Ministro del Poder Popular de Planificación y Vicepresidente Sectorial de Planificación, RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO
La Ministra del Poder Popular para la Salud, MAGALY GUTIERREZ VIÑA
La Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, CLARA JOSEFINA VIDAL VENTRESCA
La Ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, DIVA YLAYALY GUZMÁN LEÓ N
El Ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas, RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES
El Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte y Vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial, MERVIN ENRIQUE MALDONADO URDANETA
La Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, CELSA SIRLEY BAUTISTA ONTIVEROS
El Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, FRANCISCO ALEJANDRO TORREALBA OJEDA
El Ministro del Poder Popular para la Cultura, ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK
La Ministra del Poder Popular para la Educación, YELITZE DE JESUS SANTAELLA HERNÁNDEZ
La Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología y Vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, GABRIELA SERVILIA JIMÉNEZ RAMÍREZ
La Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, SANDRA OBLITAS RUZZA
El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, JOSUÉ ALEJANDRO LORCA VEGA
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI
El Ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
El Ministro del Poder Popular para el Transporte, RAMÓN CELESTINO VELASQUEZ ARAGUAYAN
El Ministro del Poder Popular de Obras Públicas, RAÚL ALFONZO PAREDES
El Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES
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